agosto 2010
agosto 2010
AVATARES DEL PODER CONSTITUYENTE EN BOLIVIA JORGE LORA CAM
Advertimos que la complejidad del proceso boliviano y ecuatoriano iría en aumento, lo mismo que las demandas y conflictos, que ahora serían multidimensionales y al interior mismo del poder gubernamental, entre el poder constituyente y el constituido. En Bolivia, en la segunda mitad del 2010, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), cumpliendo el plazo establecido de 180 días después de establecida la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proceso histórico se acelera para objetivar la Constitución en leyes y llevarlas al plano concreto. Avanza con tal rapidez la reforma del Estado que sin pausa camina de la hegemonía política hacia el control institucional y jurídico del país.
En medio de una incruenta lucha en torno a los poderes avanzan los cambios en el poder judicial, como instrumento del poder total. Las acciones en torno al objetivo del poder absoluto se basa en la judicialización y criminalización de la política y se abren cotidianamente procesos judiciales a gobernadores, alcaldes y consejeros. Se han ido los alcaldes cochabambinos Víctor Valderrama de Punata y Héctor Cartagena de Quillacollo por violación y malversación de fondos, se enjuicia y es destituido el alcalde de Sucre por racismo, es amenazado con suspensión el alcalde de Potosí, el gobernador de Santa Cruz es imputado por desacato y otras acusaciones, continua bajo presunción de corrupción el Gobernador de Tarija y el Gobernador del Beni es enjuiciado por los gastos no autorizados para el referendo y se anuncian nuevos procesos.
Análogamente se dictan un conjunto de leyes orgánicas: del Órgano Electoral Plurinacional, del Régimen Electoral, Ley del Organo Judicial, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Y se anuncian otras mas. Aunque todas las acciones y leyes propenden a la control completo del territorio, de la violencia y de la vida política, y por tanto a la centralización, requisito de la construcción estatal, solo la última desató polémicas a partir de dos ámbitos: desde los sectores del nuevo poder constituyente frente al constituido y desde una derecha desarticulada y desarmada donde un sector institucional - Gobernador y algunos legisladores- reclama competencias efectivas, mayores recursos y no judicializar la política y otro -el Comité Cívico y otros legisladores- insiste en reformar la Constitución para dar cabida a los estatutos autonómicos. Esta derecha empresarial -junto a las trasnacionales- todavía forma parte del poder económico y político constituido con sus latifundios, empresas, medios de comunicación, corporaciones y Comités Cívicos.
El costo del intento secesionista de las poderosas Logias les está resultando caro, de una oferta de poder compartido están procesando un sometimiento total al nuevo Estado. Más de 100 intelectuales y políticos orgánicos, empresarios y operadores del golpe están fuera del país, haciendo notar su ausencia en la orfandad de ideas de los que quedaron a cargo. A su manera, los campesinos y clase media ilustrada en el poder ejecutivo -con la anuencia de una Asamblea Plurinacional pretenden imponer su ideología conservadora al movimiento societal constituyente, persuadiéndolos, amenazándolo o reprimiéndolos. Se edifica una implacable jaula de hierro burocrática a expensas del abandono de sus originarios ideales inspirados en Zavaleta, Negri y Zarate Wilka.
Aun no se ha debatido colectivamente a fondo la nueva CPE y extemporaneamente hay reacciones de diversa índole respecto a las leyes derivadas. Para muchos analistas la CPE no es ni plurinacional ni autonomista. Todo lo contrario pretende construir un Estado nacional y centralista. Creemos que la caracterización solamente retórica de la sociedad y Estado bolivianos por un lado y la ausencia de una definición clara de la sociedad y Estado que se busca han limitado la elaboración de la CPE y sus procedentes. No se partió de una investigación integral de lo que es la Bolivia a cambiar. Veamos. Si partimos del reconocimiento de Bolivia como país indígena (62% o más de la población es indígena), producto de la preexistencia de naciones y pueblos originarios y que se expresa en un 70% de municipios con mayoría de población indígena ¿Por qué lo indígena es juridicamente visto como entidades diferenciadas en 36 nacionalidades que merecen una legalidad aparte? ¿O es que se presupone que el nuevo Estado es mestizo aliado a los indigenas quechuaymaras que otorga derechos a las otras 34 étnias?. ¿Por qué la autonomía municipal con un ayuntamiento reformado no se constituyo en la base autónómica?
La reunión realizada el 21 de julio por personalidades indígenas ex-masistas (Lino Vilca, Felix Loayza) y otros viejos dirigentes como Filemón Escobar, Felipe Quispe y otros no menos destacados y vilipendiados precedida por la convocatoria de los indianistas kataristas del semanario Pukara y las marchas de la CIDOB y el MST (con el apoyo de la también indianista CONAMAQ y la Fejuve de El Alto), muestran que incluso muchos quechuaymaras están descontentos por la continuidad del Estado colonial, con la expropiación y usurpación de liderazgo natural del MAS y la ausencia de una democracia intercultural basada en genuinos liderazgos originarios.
La Federación de Trabajadores Campesinos de las 4 provincias de la Chiquitanía, organización masista, para exigir con bloqueos que de una vez despegue del Mutún, la reconducción del saneamiento de tierras que está favoreciendo intereses privados y concesionando a empresas extranjeras yacimientos de niquel dentro de la franja de 50 Km. en las que los extranjeros no pueden poseer tierras.
La critica atraviesa desde la intelectualidad de izquierda internacional hasta la oposición cruceña. La percibimos cuando Boaventura de Souza Santos enfatiza en que la democracia intercultural reconoce derechos colectivos de los pueblos como condición de los derechos individuales y que hay derechos como el referido a la autodeterminación o al autogobierno que se jercen solamente de manera colectiva. O cuando Bartolomé Clavero a partir del reconocimiento constitucional de una autonomía indígena de caracter territorial cuestiona que en la Ley del Organo Judicial Plurinacional el principio de competencia sea estrictamente personal, que las consultas indígenas no son vinculantes y que se quiera reducir lo étnico a un censo y llega a decir que esta ley -y las otras- solo tiene la apariencia plurinacional. O, finalmente, cuando los ideólogos cruceños dicen que estas leyes son aparentemente autonomistas. Estamos observando variadas contradicciones, entre las viejas demandas indianistas aun presentes y una sociedad cada vez más mestiza; entre la utopía del Pachacuti y la presencia eurocéntrica, estadocéntrica y uninacional, entre los autonomistas radicales o secesionistas y el poder central. De allí las protestas constantes de los líderes de los movimientos sociales y de los cada vez más débilitados Comités Cívicos que no están satisfechos con las soluciones dadas por la CPE ni con la forma concentrada de la toma de decisiones por políticos mayoritariamente blancomestizos.
De otro lado hay temas cerrados al debate. No es circunstancial que una zona que permanece cercada, sacralizada, que silencia a todos los sujetos es la que tiene que ver con la propiedad de la tierra y el uso de los recursos naturales. Pero hay otros asuntos menores que vienen desgastando al Gobierno. La hegemonía política frente la oposición ahora también se extiende al entorno palaciego. No puede haber gente que piense por sí misma y discrepe con el grupo hegemónico entre los otros grupos en competencia.
Un rasgo del sexenio radica en que la salida de funcionarios ha conllevado y conlleva que éstos casi en su totalidad se conviertan en enemigos del régimen. El 16 de julio fue destituido el Viceministro de Gobierno Torrico, al parecer como corolario de la renuncia de Ministro Alfredo Rada, utilzando como pretexto el haber contratado a un individuo de origen alemán Dirk Schmidt como informante y operador en conflictos, como lo hizo al persuadir y desestimular el cerco campesino a Santa Cruz del 2008 o el intento de hacerlo con la marcha del MST, imputándolo por estar implicado en acciones sediciosas. El 8 de julio es capturado Schmidt y se inicia un periodo de acusaciones y contra acusaciones entre el Ministro de Gobierno y Gustavo Torrico.
Paralelamente es capturado Valentín Mejillones Acapari Amauta aymara -mallku y guía espirutual- que entregó el bastón de mando a Evo Morales el 2006 con 240 kilos de cocaina, desvirtuando otra vez -antes lo hizo el grupo Pukara- al falso indianismo y su creativa ritualización. Al mismo tiempo, una abogada declara a la prensa que el Presidente de YPFB Nano Vincenti estudió con Rhozas en Hungría y que habría indicios de que fue llevado a Bolivia por un hermano de García Linera y que después se habría comprometido con el golpismo separatista. Oscuros casos -entre otros- que muestran una maquiavélica forma de hacer política contra la oposición de izquierda y derecha y entre ellos mismos. Si la oposición de derecha no estuviese fraccionada y la de izquierda también, además de empobrecida, la deslegitimación gubernamental sería contundente. No obstante, la ingobernabilidad sigue siendo una amenaza.
En el campo popular, el poder constituyente y las demandas de los movimientos son diversas y complementarias: la Conamaq quedo silenciada en medio de pugnas internas entre una mayoría crítica y otro sector oficialista; la CIDOB conquistó la mayoría de sus 13 demandas demostrando mayor madurez que el Ejecutivo y lo más importante que sus peticiones eran justas y que las acusaciones eran falsas. Tampoco se pueden negar las discutibles intromisiones de intereses particulares en los reclamos.
Existen temas problemáticos e interconectados:
- La descolonización considerada como libre determinación ejercida mediante la autonomía de los pueblos y naciones indígenas no se limita a ella sino que debe atravesar toda la economía, política, sociedad e institucionalidad con decisiva participación y presencia de representantes indígenas en todos los niveles, cambiando mentalidades y comportamientos políticos.
- Refundar al Estado implica reconstituir los pueblos, con territorios y recursos, destruyendo latifundios construidos sobre las tierras indígenas. La reconstrucción del país debió hacerse desde los municipios indígenas y considerando solo tres macroetnias Quechuaymara, Tupi-Guaraní y los pueblos amazónicos confederados. Lo que no significa que los derechos indígenas sedan iguales para nacionalidades y pueblos indígenas. Las autonomía indígena y regional no debieron institucionalizarse como temas aparte pues estos cambios deben atravesar todas las políticas.
Tal como vienen resolviéndose estos problemas el Estado se separa cada vez más de la sociedad y es visto cada vez más como una entidad extraña al pueblo.
Pero además puso al descubierto que el Gobierno jamás expulsaría a la USAID mientras mantenga diversos compromisos y continue buscando buenas relaciones con los Estados Unidos. Más bien a raíz del conflicto sabemos que en el 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente del MAS fue financiada por USAID y que ahora mismo tiene más de 13 proyectos conjuntos con el Gobierno centrados en Desarrollo Integral, Desarrollo Sostenible y Salud. La marcha del Movimiento Sin Tierra, que lleva dos semanas, es silenciada por todos, derecha y Gobierno, porque toca puntos neurálgicos del poder ellos luchan por una verdadera revolución agraria y por los sueños del campesinado desheredado: tierra-territorio, desarrollo integral comunitario, agua, biodiversidad y medio ambiente, soberanía alimentaria y producción agroecológica, energía para necesidades locales, educación, salud, vivienda, vías de comunicación. Lo que parece más proximo al tan pregonado bien vivir.
En el lado urbano la FEJUVE de El Alto se indignó tanto por la manipulación y manoseo de los movimientos indígenas que acusó al gobierno de capitalista neoliberal y discute un pedido de renuncia de Evo y el Vicepresidente. Más grave aun es el pedido de renuncia de la Presidencia y Vicepresidencia por la Asamblea Permanente Democrática -organización de residentes bolivianos en varios países- por traición a la patria apoyandose en el Art. 124 de la Constitución y el Referendum vinculante del 2004 al permitr la exportación de hidrocarburos a Chile, ceder los derechos marítimos y entrega de las aguas del Silala al mismo país. Los maestros y los fabriles están forjando una alianza contra la aprobación de la Ley Laboral centrada -según sus dirigentes- en la flexibilidad laboral. Las invasiones de tierras agrícolas viene en aumento a pesar de la amenaza gubernamental en boca de la Ministra de Desarrollo Agrario y Tierras, de reprimir a los invasores de acuerdo con el principio de defensa de la propiedad privada establecida en la Constitución. En la Constitución no hay una defensa de los derechos históricos, ancestrales, de los pueblos indígenas, que debería ser el inicio de la descolonización frente a terratenientes y trasnacionales.
Sin embargo, tampoco podemos dejar de señalar que en un proceso sin orientación socializante surge cada vez más dentro del liderazgo del campo popular el interés privado. Muchos líderes convertidos en burócratas o en empresarios querran enriquecerse y otros pensaran que no pueden quedarse atras. Las ONG han sido y son la escuela de esta racionalidad. Y es que el MAS al mismo tiempo que desecha o posterga sus demandas fundacionales, se apropia del proyecto neoliberal de la derecha y lo hace suyo. Allí radicaría la explicación de esta descomposición y también de la lucha por una reorientación. Para los indianistas-kataristas lo que ocurre es que no hay descolonización entendida como autodeterminación
"Simplemente que las poblaciones desposeídas del dominio, del control, de su propia realidad, lo retomen: llegan a ser naciones independientes en la política autonómica del actual gobierno que habla de 36 naciones originarias !no tienen territorio comunitario de origen las naciones aymara o quechua"!.
Tema complejo pues el saneamiento agrario en tierras bajas beneficia a terratenientes, ganaderos y madereros a expensas de los pueblos indigenas que continuan desmembrados y expoliados. Y en tierras altas la política del INRA se ubica entre los intereses terratenientes y mineros por un lado y los pobladores por otro, al favorecer el extractivismo quedan indefinidos e insostenibles los territorios y predios indígenas. El indigenismo neoliberal o multiculturalismo trata la diversidad como minorías preservando el Estado nacional, mientras que los indígenas demandan que la pluralidad se exprese institucionalmente en una unidad relacional, que reconstruya no sólo los mejores aportes de la cultura indígena, sino también de la mestiza que incluye a la criolla. Dicha unidad relacional sólo podrá basarse en una nueva cultura socialista en construcción que reconozca los derechos de los pueblos preexistentes.
Surgen muchas interrogantes y la pregunta central parece ser: ¿El Estado que se pretende construir no será acaso el Estado-nación mestizo aliado a la macroétnia quechuaymara y a la clase dominante?, Pero hay otras no menos importantes ¿Será la Constitución demasiado revolucionaria o excesivamente plurinacional? En ese mismo sentido ¿el Gobierno no estará reproduciendo bajo nuevas formas al Estado colonial?. Si no ha sido desechado el contenido neoliberal, ¿cuán consevadora o revolucionaria es la nueva CPE?. No podemos dejar de pensar que dentro del nucleo dirigente conviven y deciden defensores del viejo régimen con renovadores del mismo. Y que además con un poder consolidado muchos del segundo grupo pasan a engrosar el primero.
En terminos de clase la apuesta parece ser por la burguesía trasnacional y nacional aliada a la clase media urbano-rural ¿no estamos ante una continuación del proyecto original del MNR? Y en terminos territoriales por lo antes dicho ¿ es posible conciliar nacionalismo y neoliberalismo? ¿ello explica la necesidad de declarar incapacidad de decisión indígena sobre los recursos naturales?. En un Estado pobre la necesidad de recursos obliga a la centralización, ¿será por eso que no hay un autonomismno auténtico?. La respuesta podría depender de como consideremos al Estado moderno en construcción, liberal radical o posmodernidad tardía, o quizas liberalismo social -como llamaba Salinas de Gortari al neoliberalismo. Hay que discutirlo, es el tema que debe ocupar un lugar especial en la reflexión.
El MAS procesa un error de concepción fundacional sobre su carácter que tiene varios componentes, uno de ellos es pensar que el 63% de la votación de diciembre de 2009 es masista, principalmente indígena. Y esto solo en parte es así; por Evo Morales votaron masistas y no masistas, indígenas, mestizos, blancos, campesinos y obreros, ciudadanos y plebeyos, etc. Por Morales votaron quienes quieren un cambio y no quieren volver a ser gobernados por la derecha, pero también votaron quienes no encontraban otra alternativa de apariencia más o menos radical. Otro error es creer que realmente él representa a los intereses indígenas sin distinguir las diferencias entre Oriente, Occidente y el Chaco. Entre quechuas y aymaras, tupi-guaranís y amazónicos.
Lo que sí sabe es quienes son más y quienes menos, cuánto representan electoralmente, cuáles son sus demandas materiales más urgentes y cómo las necesidades pueden ser manipuladas conociendo la tradición patriarcal, patrimonialista, clientelar y corporativa de la manipulación política. También conoce -y aun más sus acompañantes- las politicas oenegeistas de intervención sobre las necesidades y el tratemiento a los conflictos. Con estos criterios está manejando los nuevos movimientos, con exito inmediato sobre algunos y postergando soluciones a otros de mayor envergadura.
Hoy puede conquistar a sectores de la CONAMAQ ofreciéndoles las tierras del oriente y a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) maquinarias o equipos agrícolas o perforadoras de pozos, pero deja de lado la solución al problema agrario y la autonomía indígena. En los objetivos, metodos y prácticas podemos observar que no hay diferencias con la política de la derecha que luchaba por la autonomía enmascarando la defensa de la propiedad de la tierra y el MAS lucha por la descolonización ocultando su verdadera lucha por reformas. Lo cierto es que han sido dejados a un lado las políticas que podrían sentar las bases del cambio: la construcción de la economía solidaria, la economía comunitaria, la reforma agraria e indiustrialización, la soberanía nacional, la autonomía indígena y el mandar obedeciendo, los problemas de género, la promoción de nuevos líderes indígenas honestos y concientes, la educación popular, la ética política; colocándo en su lugar el extractivismo, las soluciones individualistas a la pobreza, la erosión del poder de los movimientos, alimenta el clientelismo y el caciquismo.
En esta coyuntura se sintetiza lo que afirmamos a lo largo de varios años: en Bolivia no hay una descolonización sino una reconfiguración del proyecto neoliberal y en este nuevo momento político que se avecina se vislumbran reconfiguraciones del movimiento societal y del poder, donde se abren nuevas posibilidades de cambio desde dentro y desde fuera del Estado. Los viejos conflictos (autonomías, agenda de octubre, etc.) se juntaran con los nuevos (desde implementar y acatar la Constitución hasta trascenderla) y la territorialización de los mismos marcaran la época.
NOTAS:
- Boaventura de Souza Santos, "La democracia intercultural", Nueva Crónica I Quincena Julio 2010, p.13.
- Bolivia: la hora de la verdad del desarrollo constitucional", Nueva Crónica, I Quincena julio 2010, p.4.
- Daniela Espinoza, La suerte de USAID divide al Gobierno, Pulso 18 al 24 de julio 2010, pp. 18-19.
- Pedro Portugal, Perspectivas indianistas-Kataristas, Le Monde Diplomatique 27, junio-julio 2010. P. 9.
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