Colombia: la guerra y la redefinición de la seguridad hemisférica y del Estado paramilitar.

Jorge Lora Cam

La guerra al igual que los movimientos sociales avanzan entre establecimientos, restablecimientos y reconfiguraciones políticas. El terrorismo estatal centralizado y el paramilitar establecido en regiones andino amazónicas, con su particular dinámica étnico-clasista en Colombia han obligado a las FARC y al ELN a continuar con una estrategia de poder centrada en la lucha armada. Lo importante aquí es ver más allá, la violencia estatal imperial como un recurso recolonizador global y una amenaza permanente sobre Latinoamérica desde México, Colombia y Perú y las bases militares distribuidas estratégicamente en toda la región.

A partir del examen de la situación de los sujetos en Colombia y el Plan Estados Unidos-Colombia, conocido oficialmente como Plan Colombia, lanzado en 1999 por Pastrana y Clinton, que en el 2002 se transformó en guerra total contra el terrorismo y con Uribe en un genocidio con un costo de 6 mil millones de dólares, destinado a terminar con la lucha armada de las FARC-EP-ELN. Al igual que en Perú de los años 90, las fuerzas armadas y policiales colombianas llegan a superar los 400 mil hombres organizados en siete divisiones con una fuerza de despliegue rápido y fuerzas especiales antiterroristas. Solo en el 2007 recibió como donación aviones Black Hawk de Estados Unidos y compró 13 aviones caza israelís y 25 Aviones supertucano de Brasil que se suman a los aviones de inteligencia, aviones turbohélice de ataque a tierra, helicópteros de transporte, lanchas rápidas, etc.(1) y todo un complejo tecnológico que probablemente solo comparte con Israel.

El fracaso de la globalización neoliberal frente a la resistencia no impide la prosecución de la recolonización por otros medios, explica los planes geoestratégicos para gran parte de América Latina: Puebla-Panamá, México, Colombia II/Patriot/Victoria. La recolonización implica en lo urgente controlar los sectores más rentables que no domina totalmente a través de la DEA y las trasnacionales, como la producción y tráfico de cocaína y los hidrocarburos; y restablecer la hegemonía y amenazar a los desafiantes Chávez, Ortega, Correa y Morales. Es más que eso. En la parte que sigue veremos cómo la situación andino-amazónica tiene enorme potencialidad revolucionaria al articular la defensa de las civilizaciones originarias con la reidentificación indígena y afro americana con una perspectiva antineoliberal; pero sin embargo su viabilidad queda reducida debido internamente a la prolongación del conflicto, a su aislamiento como proyecto político-militar y al reposicionamiento del conservadurismo. Es la resistencia contra la homogenización imperial, logrando la conjunción de viejos y nuevos sujetos, es la violencia política anticolonial y democrática popular contra la farsa de la democracia, una postura autonómica respecto al Estado y al poder asociada a la lucha por la autonomía y la soberanía popular. En fin, es el combate contra la colonialidad del poder y del saber y contra la recolonización, a pesar de que los elementos que aportan están fragmentados entre los pueblos de varios países y cuando los Estados Unidos pretenden que Colombia en su conjunto sea una base militar al modo israelí, en la contención del proyecto socialista venezolano y la rebeldía en Ecuador y Bolivia: el síndrome terrorista.

La política colonial de las potencias occidentales está vigente y tiene una dimensión global, de modo particular los Estados Unidos enfatizan en la hemisférica dedicada a su patio trasero y otra más específica sobre otros países y regiones. Los poderosos –como es obvio-siempre se apoyan y son el principal obstáculo para la constitución de sujetos históricos en nuestra América. Los pueblos están atentos a las paradojas y contradicciones de la política norteamericana bajo conducción demócrata y republicana, más de lo que sugieren en su contienda por la alternancia. Por un lado estamos presenciando un cambio fundamental en el mapa de la seguridad hemisférica. Las fuerzas en tensión se dan en los Estados Unidos respecto a cómo mantener una hegemonía regional que formalmente no se contraponga a la "defensa de la democracia y los derechos humanos", y al mismo tiempo que no implique convertir a las fuerzas armadas andinas en actor político privilegiado en la dominación regional. Tarea difícil de resolver en las actuales circunstancias, cuando la guerra fría ya no es el pretexto, excepto los duros remanentes que acechan cotidianamente desde Venezuela, Cuba y Colombia. Y, lo que es mas grave aun, la conformación de un frente con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua que neutralice al menos a Brasil, Argentina y organismos multilaterales como la OEA. La solución la dieron con el proyecto geoestratégico de "guerra al terrorismo". Su implementación en México podría conducir a la generalización de la violencia, mostrando que las dictaduras y las democracias constitucionales solo son formas alternativas para preservar los intereses del imperio, con sus empresas y bancos, propios o sometidos, a los que se agregan los medios de comunicación como instrumentos de dominio, de colonización y sometimiento.

Para los Estados Unidos se trata de desactivar la fuerza y las potencialidades de la resistencia en el espacio andino-amazónico, comenzando con Venezuela y las FARC-ELN, definidos como el principal enemigo a vencer en América y mantener el control bajo amenaza de Ecuador y Bolivia. Los objetivos estratégicos son los inmensos recursos minero-petroleros de la mencionada macro región. La Amazonía representa 44 por ciento de América del Sur y está llena de biodiversidad, petróleo, maderas y aguas. El 19 por ciento de la inversión norteamericana está en América Latina, después de Europa (55 por ciento). El apoyo de Estados Unidos a Inglaterra en el conflicto de las Malvinas (1982), a pesar de ser miembro de la oea y el tiar, lo mismo que Argentina, mostró de qué lado están. Precisamente a raíz de este hecho y el conato de moratoria por parte del presidente mexicano José López Portillo en el mismo año se instaura el Diálogo Interamericano con objeto de desestructurar y redefinir a las fuerzas armadas de los países de la región e incluso los estados nacionales. Esta decisión iba acompañada del "proyecto democracia" tan familiar a los intelectuales latinoamericanos de izquierda. La doctrina de seguridad nacional y las recurrentes crisis políticas e ideológicas han revertido contra sus patrocinadores. A Colombia –como a Israel- se están transfiriendo las más altas tecnologías de guerra para derrotar a las guerrillas, expandir el conflicto y crear espacios territoriales tranfronterizos, azuzar desmembramientos territoriales e impulsar a la burguesía a través de la narcopolítica que alimenta la financierización de la economía. El uso de las tecnociencias en la guerra propagandística, sicológica y de contrainformación son el cemento del miedo como instrumento de combate.

Hace una década cuando las FARC aun desataban sus ofensivas los militares fueron reducidos para permitir el ingreso de los paramilitares con mayor experiencia y la participación de una fuerza multinacional, debían reorientarse a la lucha antidrogas y a reemplazar a las policías; pero, además, se planeaba exacerbar conflictos para dar lugar a la necesidad de fuerzas trasnacionales pacificadoras. Esto explicaría el conflicto Perú-Ecuador, donde Montesinos solo habría cumplido con las directivas teniendo siempre detrás al inefable representante norteamericano Luigi Enaudi, embajador, alto funcionario en problemas internacionales y experto en dominación sobre latinoamerica. Y es que siempre fue peligrosa una posible alianza cívico-militar, como la que existe hoy en Venezuela. Al mismo tiempo armaban a Ecuador ante una eventual guerra contra las FARC y el ELN.

El Pentágono tiene el proyecto de creación del Comando de las Américas para la seguridad continental en reemplazo del Comando Sur con sede en Miami. Después del ataque a las torres gemelas en Nueva York. Pero el desafío mayor sería enfrentar una coalición del tipo: Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba con el posible respaldo de Argentina y Brasil.

Estados Unidos redefine su geoestrategia militar para América Latina. La devolución de las instalaciones de la zona del Canal de Panamá ha afectado la capacidad de vigilancia y de intervención del Comando Sur sobre el continente, particularmente respecto al control de la insurgencia y el tráfico de drogas. En Panamá había catorce bases militares con diez mil soldados. De la Base Rodman salían dos mil vuelos al año y ahora se han reducido a una tercera parte. Los puestos de comando del Southcom se trasladan a Puerto Rico, donde la base Roosevelt se convierte en el centro del Comando de Operaciones Especiales (complementadas por la base Viequez y Guantánamo) y en Centroamérica la base Soto Cano permanece en Honduras, albergando aviones y tripulación que antes estaba en Panamá. La estructura de monitoreo y vigilancia parece estar consolidada: en Virginia, Texas y Puerto Rico se han instalado radares Rothr con capacidad de dos mil millas de alcance en un rango de cien a cien mil pies de altitud. Está interconectado con el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, y forma un triángulo de monitoreo con Fort Bliss en Houston (inteligencia electrónica y fotografía aérea). El problema radica en la capacidad de respuesta en operaciones militares de intervención rápida.

Para superar dicha situación: a) Se han instalado los fol, sistemas de instalaciones avanzadas que suministran información de inteligencia a los países apoyados por Estados Unidos y proveen de dos mil marines (y se vienen construyendo puertos, aeropuertos), y en Manta (Ecuador) para vigilar las costas del Pacífico. b) Varios peligros vislumbran los Estados Unidos, todos asociados a intentos de ruptura y autonomización, desde Venezuela con el imprevisible Hugo Chávez; Ecuador, con Correa, la conaie y el Parlamento Popular; Perú, insubordinado ante las trasnacionales mineras y la chilenización de la economía; Bolivia, con Evo Morales y la permanente ruptura colonial de los movimientos sociales y una actitud levantisca ante los abusos de las trasnacionales; e incluso Chile, con un gobierno socialdemócrata neoliberal difícil de digerir. c) Uso de instalaciones para entrenamiento militar en Misiones (Argentina) y en el Chaco Boliviano. También están las bases de la dea en Salta, un centro antidroga en Pedro Juan Caballero, Paraguay. Se prepara en las Malvinas una base Estados Unidos-Inglaterra-Argentina con capacidad para tres mil soldados. En julio de 2000, los Estados Unidos presionaban a Argentina para que apoyara su geoestrategia bélica colaborando en inteligencia militar. d) En Colombia, la existencia de un sistema de radares de control del espacio aéreo, en la isla San Andrés, La Guajira, Vichada, San José de Guaviare, Leticia y Tres Esquinas. Un batallón entrenado que opera desde la base de Tolemaida en Melgar. En cuanto a instalaciones aéreas, la base de Tres Esquinas en Caquetá es la sede del Comando Específico de Oriente y alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Sur. En cuanto al espacio marítimo, existe una base fluvial en Puerto Leguízano, que vigila más de 8 mil kilómetros de los 55 ríos navegables. Los panameños permiten la permanencia de 3 mil 300 efectivos norteamericanos y el despliegue de una fuerza conjunta de dos mil hombres en la frontera con Colombia. e) El cinturón de seguridad está respaldado por Ecuador y Perú. En Ecuador está la base de Manta y la Escuela de Combate en Selva en El Coca, y en Perú por lo menos la de Santa Lucía, en el Ucayali, y Nanay en Iquitos (33 asesores de Estados Unidos y lanchas rápidas); con su Escuela de Combate Fluvial, protegen las zonas fronterizas. La solución del conflicto Perú-Ecuador, apuntaba al control por los ejércitos de ambos países del Alto y Bajo Putumayo. Fujimori, mostrando su fidelidad a Estados Unidos, movilizó tropas con el ánimo de amedrentar a los guerrilleros colombianos. Ahora entre rejas, se autoconcebía experto en contrainsurgencia.

El pretexto para la intervención era el tema del narcotráfico; sin embargo, el argumento se deslegitimaba al saber que la cocaína sólo representa 17 por ciento de las drogas que se producen en el mundo, que ocupan una porción de 60 por ciento del narcovalor de cada dólar que circula en el mundo. La América profunda sólo se queda 0.63 por ciento de los beneficios, mientras que 88.22 por ciento (unos 500 mil millones de dólares) de las ganancias circulan en el mundo desarrollado. De ahí la imposibilidad de golpear rotundamente la narcoeconomía, pues eso significaría atacar al propio Wall Street. En Colombia se contabilizan 160 mil hectáreas, ocupando el primer lugar en la producción de coca, pasta y cocaína.

Frente a lo que los Estados Unidos consideran amenazas a su seguridad había que acompañar a las normativas supranacionales implicadas en los TLC un nuevo tipo de planes estratégicos de militarización, de control y disciplinamiento, que subsumen los criterios económicos en los de seguridad como la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida o Plan México complementados por el relanzamiento del Plan Puebla-Panamá. La militarización de México esta sustentada en la lucha contra el narcotráfico. Megaproyectos que asegurarían el control de las cuencas petrolíferas, los flujos de migrantes y drogas y de infraestructura para el saqueo a través de la Iniciativa para la integración de la infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA. La invención de la flexible categoría "terrorismo doméstico" que califica a los actos que parecen dirigidos a influir en la política de un gobierno se criminaliza cualquier lucha social que altere la estabilidad de la política recolonizadora, base de una guerra multidimensional en todos los frentes.

El objetivo central antes de los megaproyectos neoliberales era contener las insurgencias latinoamericanas, particularmente las centroamericanas y andinas, en particular la revolución venezolana y la potencial ecuatoriana y boliviana. La política está orientada contra quienes pretenden constituirse en sujetos históricos. Se trataba de reestructurar la región para el ingreso de las trasnacionales. Estamos hablando de una de las mayores inversiones que se hayan hecho para estos fines: seis mil millones de dólares, de los cuales estados Unidos aporta directamente mil 300 millones, cuatro mil el gobierno colombiano, y la diferencia la Unión Europea y la banca mundial. Según el Plan Colombia, se gastarán 600 millones en la creación de tres batallones de aviones, radares, detectores terrestres y satelites estadounidenses. Estos batallones recibirán 60 helicópteros Huey y Black Hawk (con equipos de visión nocturna y blindaje). Asimismo, 96 millones están destinados para programas policiales con objeto de militarizar el país. También hay 341 millones para la marina y la aviación (recordando el Golfo Pérsico): barcos cañoneros Piraña y asesores guardacostas, el ejército y la marina de Miami. El resto (200 millones) están orientados a la reestructuración del gobierno y para el desarrollo alternativo. Los gobiernos europeos, más sofisticados y sutiles, darán mil millones para programas sociales. Mientras, el bm y el fmi aportarán un crédito por cinco mil millones al gobierno colombiano.

En los 586 kilómetros de frontera Ecuador-Colombia se encuentran los guerrilleros, las fuerzas armadas de Colombia y Ecuador, paramilitares, narcotraficantes, la cia-dea-fbi, de ahí que se haya decidido militarizarla. En ese centro de gravedad estratégico, como lo llaman las fuerzas armadas ecuatorianas, existen 12 mil efectivos de ese ejército. En la base de Manta podrán aterrizar y decolar aviones Galaxy, C-130, C-140, que pueden transportar 300 efectivos armados y equipados. Nos referimos a la intervención de una fuerza internacional del tipo Afganistán, que complemente su accionar con la base colombiana de Tres Esquinas. La masacre del 2008 de Raúl Reyes y un grupo guerrillero y visitantes extranjeros se inscribe en ese contexto.

El objetivo cada vez es más ambicioso, se trata del férreo control del hemisferio desde las instituciones, el poder político y las elecciones, los medios de comunicación y la cultura popular; la vida económica, la protección de las inversiones de sus trasnacionales y organismos financieros, la orientación productiva hacia los transgénicos y agrocombustibles, el comercio exterior y la deuda externa; redes de transporte, recursos naturales y biodiversidad.

En resumen, se trata de un proyecto de apoyo multinacional para destruir las guerrillas y recrear el buen clima social para las trasnacionales; es el neoliberalismo militarizado como requisito de las inversiones. Faltaría calcular el apoyo a los países vecinos y otros que quieran colaborar en esta aventura. El presupuesto considera todos los ámbitos: desde el estímulo artificial de la economía, hasta el tratamiento a viudas y desplazados, pasando por el apoyo a la integración de la oposición. Las enseñanzas centroamericanas, del Golfo Pérsico y contra Yugoslavia serán aplicadas en este espacio andino. No por nada el estratega militar será Barry McCaffrey, famoso por aniquilar a iraquíes en retirada en la Guerra del Golfo. La importación de alimentos norteamericanos arruinó la agricultura y la sustitución de cultivos campesinos como la coca, conducirá a los cultivos terratenientes (1.3 por ciento de la población rural es propietaria de 48 por ciento de la tierra). Más de la mitad del total de la población son pobres y 60 por ciento está en el desempleo o el subempleo (56 por ciento en la economía informal). Con el Plan Colombia se invertirán 700 de cada mil dólares en objetivos militares.

La pregunta central es: ¿por qué la resistencia anticolonial colombiana ha sido desplazada por el proyecto socialista venezolano, configurándose en el mayor peligro en América Latina para las pretensiones imperiales? La guerra civil no había representado un escollo para la economía o para la gobernabilidad, a tal grado que el crecimiento económico fue uno de los más altos de América Latina. El movimiento permanecía aislado en el monte, mientras la ciudad continuaba con sus ritmos normales de vida cotidiana, y eso era porque los gobiernos se negaban a reconocer su existencia, buscaban su derrota total. En los años ochenta, las FARC-ELN deciden ganar opinión pública con propaganda armada en acciones como la toma de la embajada de la República Dominicana y el asalto al Palacio de Justicia. Con la caída de la Unión Soviética y los cambios en la política internacional cubana, todos los poderes esperaban su claudicación. El presidente César Gaviria (1990-1994) decretó la guerra integral, tomando como centro el paramilitarismo —expresión concentrada del terrorismo de Estado—, que por su beligerancia provocó muchos equívocos y excesos en el accionar guerrillero. Pareciera que mientras que para Uribe y sus amigos su apuesta es por la derrota total de las FARC-ELN, para los Estados Unidos ahora solo es un pretexto –la narcoguerrilla que afecta a su seguridad-para su guerra preventiva.

Es falso que las FARC sean un grupo de guerrilla de los narcotraficantes; no sólo su nacimiento es anterior sino que quienes se articularon con ellos fueron los grupos de poder: políticos, empresarios, funcionarios y sus aliados internacionales. La disposición a la negociación por parte de la guerrilla siempre fue traicionada por los gobernantes. Antes fueron los asesinatos masivos de líderes "legalizados"; ahora, que terminaron las negociaciones por la paz, 75 por ciento de los recursos destinados al Plan Colombia consisten en gastos militares.

Quizá en la explicación de las causas de la violencia esté el secreto de su permanencia y crecimiento. Se ha dicho que no existen espacios democráticos donde resolver los conflictos, que el Estado no tiene legitimidad, que hay una acumulación de contradicciones críticas no resueltas, que son patéticas las secuelas del neoliberalismo: mayor desigualdad, pobreza y exclusión; que las instituciones de la justicia son precarias e ineficientes, que existe una subcultura de la violencia para dirimir diferencias, que hay intereses en el poder para mantener el conflicto y no eliminar el narcotráfico, etc. En realidad es un conflicto con múltiples causas internas y externas, entre las que destacan en el actual momento histórico la quiebra de la agricultura y el endeudamiento externo en lo interno, y el narcotráfico y el contrabando de armas en lo externo.

Colombia fue autosuficiente en producción alimentaria hasta inicios de los noventa; con una alta población empleada, la economía campesina generaba autosuficiencia e ingresos rurales. Con el neoliberalismo se redujo sensiblemente el área sembrada y miles de campesinos se convirtieron en desempleados, emigrantes, colonizadores y en cultivadores de coca y amapola. Hoy Colombia es un país importador de alimentos, con 38 por ciento de población rural que vive en un campo que no ha tenido una reforma agraria, mientras los latifundios crecen. La agricultura usa unos cuatro millones de hectáreas, donde se ubican los paramilitares terratenientes cultivando palma aceitera, mientras que 30 millones se dedican a la ganadería extensiva. La cuestión agraria —junto a la exclusión política, la inequidad y la violencia estatal como respuesta a las demandas— es una de las causas fundamentales de la permanencia de la violencia.

Por otro lado, la crisis aumenta. La deuda externa equivale a 42 por ciento del PIB y el presupuesto es deficitario en 54 por ciento, lo que cotidianamente deslegitima al Estado. Por su parte, el narcotráfico genera enormes cantidades de dinero, controlados fuera del país, que permiten también que éste se intercambie por armas. Como bien señala Guillermo Pérez, la desestructuración del Estado produce violencia, la criminalidad global organizada suministra dinero y armas, y el modelo neoliberal manos místicas o mercenarias para empuñar esas armas. (2)

El neoliberalismo y la guerra tienen más complejas y estrechas conexiones. La contrarreforma agraria del narcoparamilitarismo surge por la necesidad del lavado de dinero, de la prospección de grandes yacimientos petrolíferos y la necesidad de implementar megaproyectos que articulen la dominación. Para ello el paramilitarismo es un modelo de seguridad e inversión que se dirige a desplazar campesinos y eliminar a toda oposición por cualquier medio. De ahí que existan dos millones de desplazados. Entre 1966-1988 se han asesinado a casi treinta mil personas por motivos políticos, y ahora con el paramilitarismo cada tres días se asesina a un dirigente sindical. Esta estrategia de poder impide una oposición política legal.

Mientras más se privatiza el país, es mayor la violencia paramilitar. De ahí que las trasnacionales petroleras, que sufrieron 79 atentados en 1999, hayan tenido el liderazgo al proponer el Plan Colombia. La Occidental —del consorcio Columbia Business Partnership, que incluye a Occidental, Texaco, bp, Caterpillar Bechtel y Pfizer— quiere transferir sus gastos de seguridad al Estado, pues mantiene una base militar en sus instalaciones. En 1999 se inicia una ofensiva que dura hasta hoy, aumentaron de 20 promedio a 34 misiones militares norteamericanas y las compras de armas llegaron a 68 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los tres principales clientes directos de los Estados Unidos.

Lo central de esta estrategia es el reposicionamiento geoeconómico en la región ante el creciente descontento popular en el espacio andino-amazónico, y surge en defensa de la maltrecha institucionalidad colombiana, de la oligarquía y de sus aliados paramilitares en el control del narcotráfico. Ello implica pacificar la región para consolidar las políticas neoliberales y avanzar hacia el ALCA. Está claro que no existe un "Plan Estados Unidos" para desarticular las estructuras criminales de la mafia del narcotráfico, ni menos desarticular las enormes fuerzas armadas que disponen de 5 por ciento del PIB. Recordemos que al presidente Samper los narcotraficantes le financiaron la campaña electoral y que Gaviria cogobernó con los cárteles.

Pero para Uribe esta estrategia pasa por la derrota de las FARC-EP, fuerzas que han tenido enorme crecimiento. Pasaron de tener 3 mil 600 hombres en 32 frentes en 1986 a siete mil hombres y 60 frentes en 1995. Un lustro después tienen 300 frentes y 18 mil hombres distribuidos en todas las regiones y departamentos de Colombia.

La oposición en este país no sólo son las FARC-EP; también están las organizaciones pluralistas como el Frente Social y Político o la llamada Alternativa Política Colectiva. De tales convergencias hacen parte varios movimientos y partidos; entre los mismos está el Polo Democrático, Vía Alterna, de los exguerrilleros Antonio Navarro y Gustavo Petro. Otros partidos nuevos son el Partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt y el Partido Visionario (neoliberal) de Antanas Mockus. Con el presidente Uribe el espectro de enemigos aumenta y ahora incluye a los organismos de defensa de los derechos humanos, los universitarios, los ecologistas, la izquierda legal, etcétera. El problema radica en que estos contendores comparten la condena a las FARC-ELN.

De acuerdo con un documento de la onu-Colombia desde fines de 1999 hasta un año después aumentaron las hectáreas de coca sembrada en ese país (de 103 mil a 162 mil), no obstante haberse fumigado una cantidad similar al incremento. Sin embargo, según la ocde, de los 500 mil millones de dólares de ganancias del narcotráfico, Colombia recibe 2 o 3 por ciento de lo que se queda en Estados Unidos. La represión a esta actividad apenas toca a los 500 empresarios que manejan la comercialización en Estados Unidos. Tres décadas de lucha contra los productores muestran su fracaso. De ahí que, como venimos sosteniendo, el Plan Colombia sea parte del proyecto imperial de los Estados Unidos para reposicionarse militarmente y garantizar su dominación política, económica y social en la región andino-amazónica. Buscan el control estratégico de las riquezas naturales y recursos energéticos de la región. En esta guerra se encuentra en juego el negocio de armas, el narcotráfico, el petróleo, las privatizaciones, la tenencia de la tierra, la biodiversidad, los proyectos interoceánicos que favorecen a Estados Unidos.

Las FARC nacieron el 20 de julio de 1964 con una proclama, "Programa agrario de los guerrilleros del Sur", reclamando democracia y reforma agraria. Ante la violenta respuesta de la oligarquía contra el campesinado, es hoy un verdadero ejército guerrillero al servicio del pueblo colombiano, que ha modificado sus concepciones teóricas, sus estrategias y sus relaciones con el mundo. Respecto a los cultivos, proponen un plan piloto de sustitución en Cartagena de Chairá, preservando la biodiversidad, la reforestación y la legalización del consumo de psicotrópicos en el mundo. En este como en todos los temas de discusión FARC-EP-gobierno, los primeros muestran mayor capacidad teórica y política.

Las FARC debutaron oficialmente en 1966, como resistencia campesina marxista, a diferencia del M-19, que surgió en 1972 ante un fraude electoral, y el ELN-EPL, que expresan el descontento de intelectuales urbanos. La violencia se potenció con los 16 años de gobierno del Frente Nacional, llegando la pobreza rural al final de la alianza, en 1974, al 67.5 por ciento de la población. Las FARC asumieron el papel de dirección estatal, resolviendo desde los problemas primarios de educación, salud, cultura, precios, transporte, seguridad, hasta la pavimentación de calles, obras de drenaje, etc., y en los ochenta defendió a los cultivadores de coca contra los narcoterratenientes, que además debían pagar impuestos, apareciendo los paramilitares. En el 2000 castigaban con destitución, multas y expropiación a funcionarios corruptos, cobraban impuestos a quienes tuviesen un patrimonio superior al millón de dólares y establecieron su propio sistema de justicia.

En 1985 establecieron negociaciones de paz con Belisario Betancourt y fundaron la Unión Patriótica, lo que terminó con cuatro mil asesinatos de miembros de esta agrupación política.

En 1998 las reiniciaron y en el 2002 se terminan sin haber discutido a plenitud el primer punto de la agenda, el de desarrollo y empleo, que implicaba tratar el modelo neoliberal, lo que para Estados Unidos y los sectores oligárquicos de Colombia no tenía lugar. El Plan Colombia es un proyecto bélico que se contradecía con la agenda e incluso mientras se daban los debates se fortalecía la base militar Tres Esquinas, a pocos kilómetros del Caguán. Las demandas de libertad y participación siempre quedaron como tales. Y un plan piloto para sustituir cultivos en Chairá, municipio de Cartagena, elaborado entre los pobladores y las FARC y que costaría sólo diez millones de dólares fue desechado por el gobierno y los Estados Unidos, mostrando que eso es lo que menos les interesa.

Colombia es un país donde hay tres millones de desplazados internos y otros dos millones externos, lo que responde a una estrategia diseñada y dirigida por los terratenientes al principio ejecutada por militares y policías y más tarde por los paramilitares. Estos últimos en los ochenta aparecen como el mas (Muerte a los Secuestradores), asociados a los cárteles de las drogas y las Cooperativas de Seguridad Privada (Convivir), concebidas por el ex presidente César Gaviria y perfeccionadas por el ex gobernador de Antioquia y actual presidente, Álvaro Uribe.

Desde hace años se prepara una intervención y las condiciones no se han propiciado. El 26 de octubre de 1998 se firmó un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador después de una guerra que, como todo hecho en el que se involucran los Estado Unidos, tiene oscuros trasfondos que algún día se conocerán con mayor claridad. El objetivo era preparar y acelerar la intervención en Colombia y las fuerzas armadas de ambos países en conflicto tenían la misión de participar bajo la coerción y el aval del tiar y la oea. El secretario del Departamento de Estado para Asuntos de América Latina, Peter Romero, anunció que el nuevo papel de esos ejércitos era controlar la frontera colombiana. Los políticos y empresarios de ambos países, lo mismo que las empresas argentinas y trasnacionales norteamericanas, se beneficiaron con la venta de armas. Conocido el affaire Montesinos-Fujimori en los negocios de la guerra y de las armas —entre otros— ahora sabemos que el conflicto fue una construcción que proporcionó legitimidad a los poderes de Perú y Ecuador de entonces.

Mientras tanto, en menor dimensión que en Afganistán, los pobladores fronterizos huyen del escenario de la invasión. De hecho, Colombia tiene más desplazados que Kosovo tras la guerra de los Balcanes y ahora los norteamericanos se proponen utilizar el modelo salvadoreño: armar, entrenar y dirigir a las fuerzas armadas colombianas y de los países vecinos. El Salvador recibió un millón de dólares diarios y Colombia recibirá dos y medio. Colombia también tiene el privilegio de ser el segundo país en el mundo en recibir ayuda militar norteamericana. Se calcula que hay más de 300 asesores norteamericanos, principalmente en Tres Esquinas. Los escuadrones de la muerte son un caro subproducto que en 125 carnicerías en 1999 dejaron un saldo de miles de muertos y 300 mil desplazados (parte del millón 600 mil).

Las relaciones entre militares y paramilitares han sido suficientemente documentadas desde sus inicios. En septiembre de 1999 la Comisión Colombiana de Juristas informó que los asesinatos políticos aumentaron 20 por ciento, de los que 80 por ciento han sido cometidos por paramilitares. En este año fueron asesinados 39 sindicalistas (en los últimos trece años suman 2 mil 700 los sindicalistas víctimas de amenazas de muerte, secuestros, represión y atentados por parte de los paramilitares). Estos agresores saben que tienen herido de muerte al movimiento sindical, pues entre 1991 y 1994 han desaparecido más de mil 44 organizaciones con 95 mil 229 trabajadores, 10 por ciento de los obreros sindicalizados.

En Colombia los indígenas de Chimila de Magdalena y los emberra de Murri están cercados en su propio territorio. Las trasnacionales están imponiendo su modelo de globalización. El pueblo u’wa, al lado de miles de campesinos del Arauca, Norte de Santander y Boyacá se enfrentan a La Occidental Petroleum, gigantesca trasnacional petrolera. El entrenamiento de tropas para vigilar el oleoducto significa una intervención directa en el conflicto y le da un sangriento cariz, pues con una inversión de 94 millones de dólares los asesores pueden llevar 60 helicópteros artillados de alta tecnología. Y es que Colombia ya es el proveedor número siete de petróleo a Estados Unidos. El odio al imperialismo en esta zona ha provocado la aparición en el 2003 de combatientes suicidas en atentados dinamiteros.

Las etnias del Putumayo saben que pueden ser víctimas de la invasión definida como Plan Colombia, que va acompañado de un Plan de Contingencia y el Plan Ecuador. Desde 1998 Carlos Castaño, líder paramilitar colombiano, declaraba que 75 ecuatorianos participaban en los operativos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta zona fronteriza del Putumayo (Colombia, Ecuador, Perú), se espera sea un escenario de la guerra. Allí también se utilizaría el destructivo hongo Oxyporum fusaryum.

Recordemos que los norteamericanos en América Central gastaron 15 mil millones de dólares a favor de la Contra de Nicaragua y de los ejércitos guatemalteco y salvadoreño, los cuales asesinaron a 75 mil salvadoreños, 50 mil nicaragüenses y 200 mil guatemaltecos, consiguiendo las negociaciones de paz, que para muchos exguerrilleros fue un triunfo político. Con las FARC se espera que sea distinto, pues ellas tienen en la memoria un acuerdo fallido de paz (1984-1990), cuando cinco mil activistas y tres candidatos presidenciales de la Unión Patriótica cayeron asesinados.

Existen intereses estratégicos demasiado privados, como los que portan los proyectos de las trasnacionales para la explotación petrolera, el control de la parte noroeste de la Amazonía con su biodiversidad y multitud de recursos naturales; el control de la confluencia de la intercomunicación fluvial de Sudamérica y la carretera marginal de la selva; protección de las inversiones petroleras de Venezuela, Colombia (Norte de Santander, donde se encuentra Catatumbo y Gibraltar, territorio u’wa) y Ecuador. Y por último, protección de empresas eléctricas como Endesa y Ibedrola; de telecomunicaciones: Telefónica de España; de seguridad social: bbv, Banco Santander. Tampoco hay que olvidar que la mitad de los efectivos militares venezolanos están en la frontera con Colombia. La estrategia militar de estos tiempos no incluye a soldados norteamericanos, sino a los ejércitos latinoamericanos dirigidos por un negocio privado de mercenarios denominado Outsourcing (como Dyn Corp, Inc y Recursos Profesionales Militares, Inc.). Personajes como Montesinos, que controlan las fuerzas armadas son indispensables en este trágico ajedrez.

En este país la guerra civil está logrando la máxima tensión. Bush y la administración en Washington declaran abiertamente que la guerra es contra el terrorismo de las FARC-ELN y Álvaro Uribe Vélez, el nuevo presidente, busca deslegitimar a los grupos guerrilleros en lo interno y externo, delimitando a los actores como militares-paramilitares y terroristas y excluyendo a los Estados Unidos y al Ejecutivo colombiano. Poco le interesan los derechos humanos y está decidido a terminar con las mediaciones, con objeto de polarizar la lucha y obligar a todas las fuerzas sociales a tomar posición siguiendo el estilo de Bush. Pretende criminalizar a las organizaciones y la protesta social, cerrar ong y organizaciones civiles, incrementar la guerra social contra sindicatos y trabajadores, limitar las garantías y libertades civiles. El Pentágono trabaja en planificación, logística y entrenamiento, apoyado por la firma Military Professional Resources Inc y la trasnacional Dyn Corp, ambas con su casa matriz en Virginia, que además dirigen a los batallones contrainsurgentes y a los paramilitares. Ya no necesitan encubrir demasiado su papel en la guerra.

El programa contrainsurgente de Álvaro Uribe constituye el intento más global, violento, totalitario y complejo de los proyectos antisubversivos en las cuatro décadas de lucha armada. Él forma parte del ultraderechista Partido Liberal y representa la colonialidad del poder de los terratenientes de hace siglos. Su gobierno está integrado por ex funcionarios de la banca internacional, organismos multilaterales y trasnacionales; cuenta con un equipo de asesores en el que participan desde la cia hasta ex guerrilleros del M-19 y el EPL. Es el tercer receptor de ayuda militar norteamericana del planeta y expresa la centralidad de Colombia en el proyecto recolonizador de América Latina.

El Plan de Seguridad Democrática, como el gobierno de Uribe ha denominado a su proyecto genocida, consiste en lo siguiente: 1) Un programa económico de guerra, que consiste en aumentar impuestos a los sectores populares y reducir salarios para complementar el financiamiento principal de la guerra por los Estados Unidos. Reducción de gastos sociales y achicar la administración pública, cuando al mismo tiempo crecen las fuerzas armadas y los nuevos organismos militares o paramilitares. Dar seguridad a la inversión extranjera para atraer mayores capitales externos. 2) Una estrategia de seguridad integral que involucra a toda la sociedad, al Estado y a la sociedad civil: a los empresarios, campesinos, población urbana. Creación de "zonas de rehabilitación", o sea, zonas de genocidio. Creación de Fuerzas Especiales Antiterroristas, contratación de un millón de informantes y formación de batallones campesinos (25 mil al inicio) para la guerra de masas contra masas. Conformación de una fuerza de 400 mil miembros, la mitad nuevos: 45 mil en brigadas móviles y 110 mil entre nuevos agentes y carabineros. Fin de los derechos humanos y las libertades públicas, represión a los organismos que los defiendan, desaparición de organismos públicos orientados a estos fines y reformas judiciales para modificar los castigos y la impunidad. Reestructuración de las fuerzas armadas potenciando la inteligencia, la tecnología de guerra y fortalecimiento de ellas. 3) Negociar con las redes paramilitares insertándolas en el esquema contrainsurgente con la condición de fuerzas legalizadas. Por otro lado con campañas cívico-militares legitimar a las fuerzas armadas. 4) El control de los medios y de la desinformación. Un ejemplo es la denuncia de los secuestros y atentados y no de las cotidianas desapariciones y asesinatos de dirigentes populares. 5) Formación de frentes locales de seguridad en barrios y el comercio, redes de vigilantes en carreteras y campos coordinados por la fuerza pública. 6) Busca acabar con el liderazgo guerrillero en dos años y con los cultivos ilícitos en cuatro (desde el 2000 hasta el primer semestre de 2002 se fumigaron 212 mil hectáreas). (3)

En lo que va de la aplicación de estas medidas, en Medellín la Comuna 13 ha sido declarada de "rehabilitación y consolidación". Se empadronó a los habitantes, apresaron a 200 en seis días y se les judicializó, violando todos sus derechos. En la Procuraduría de Sucre se detuvo a más de 500 personas. En otros lugares se están realizando allanamientos. Hay 170 asesores militares y 228 civiles norteamericanos. Los bombardeos, ametrallamiento y operaciones de despliegue rápido de zonas rurales son hechos cotidianos. El presupuesto de ayuda norteamericana es de 538 millones para el 2003, de los cuales más de 70 por ciento son para los militares y policías, y se esperan más de 150 millones adicionales para la defensa. A raíz del atentado de febrero a un club exclusivo —no reivindicado por las FARC— Uribe inició los acuerdos de colaboración antiterrorista con Centroamérica y buscará formar una fuerza multilateral regional. Existe una base en Bahía Málaga, cinco Puestos Avanzados de Control en Isla San Andrés, Riocha en la Guajira, Marandua en el departamento de Vichada, San José de Guabirare y en Tres Esquinas; y presencia norteamericana en al menos 30 puntos más: Larandia, Tolemaida, Tateyé, Puerto Legízamo, Leticia, Araracuara, Mitú, Puerto Inárida, Barranco de Minas, Arauca, TAME, Tumaco, Juanchaco, Barrancabermeja, Cartagena, etc, etc. Además, está rodeada de bases militares, entre otras: en Sudamérica (Manta, en Ecuador; Santa Lucia en Perú y los proyectos de grandes bases en Alcántara, en Brasil y otra en la Patagonia, Argentina), Centroamérica (Panamá, Sotocano en Honduras, Liberia en Costa Rica, Comalapa en El Salvador), en el Caribe, (reina Beatriz en Aruba, Curacao, Puerto Rico, Guantánamo).

Los guerrilleros han respondido con un repliegue táctico canalizando sus fuerzas a las ciudades, trasladando el conflicto a otro espacio, realizando acciones contra las fuerzas armadas y paramilitares, generando reacciones gubernamentales sumamente violentas. Otras acciones exitosas son contra miembros del poder económico y político, como los secuestros a personalidades: Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, Gechem Turbay, gobernador de Antioquia y su consejero de paz y varios parlamentarios, entre otros (entre los que se cuentan 200 militares) que se pretende canjear por sus presos. Y finalmente, acciones contra la economía, buscando su deterioro y promover levantamientos populares.

La presencia de las fuerzas guerrilleras se da en la mitad del país, por lo menos en 500 de los mil 150 municipios y desarrollan acciones militares en todo el territorio. Han mostrado capacidad para tomar cuarteles, cárceles y derribar aviones y helicópteros. Cuentan con una red de radios de Resistencia Bolivariana que llega a todo el territorio.

Es una situación parecida a la peruana de inicios de los noventa, con la diferencia de que la capacidad de fuego y creatividad de las FARC-ELN es mucho mayor. Estamos ante un verdadero ejército de revolucionarios que disputa la hegemonía en condiciones internas y externas desfavorables. Si el Estado logra aislarlos podría darle golpes muy duros e incluso derrotarlos. Su capacidad de desarrollo en el pueblo está en función del despertar de la conciencia anticolonial provocada por la intervención, pues las condiciones objetivas tienden a agravarse.

Transcurridos 8 años del Plan Colombia –paz-prosperidad y fortalecimiento estatal, el saldo en vidas se calcula en 100,000 personas, 4 millones de campesinos desplazados, expropiándoseles 5 millones de hectáreas para dedicarlas a la palma aceitera y la caña dulce que se agregan a las 157 mil Has. dedicadas a la coca. En términos de sujetos es la alianza de los viejos y nuevos terratenientes, oligarquía y contrainsurgentes, militares y paramilitares; sintetizado en un plan de Acción integral para la seguridad democrática, una ofensiva cívico-militar centrada en zonas prioritarias por sus recursos energéticos. El Plan Colombia, el Banco Mundial, el Estado y el narcolavado –mil millones de dólares anuales- se juntan para convertir a Colombia en una potencia en biocombustibles; llegando inclusive a ofertar tierras a inversionistas asiáticos –Malasia- para producir palma aceitera convirtiendo parte de Colombia en un desierto verde. (4)

En un artículo del 2005 Gustavo Duncan sostiene: "…la cuestión de los grupos de autodefensa dejó de ser un problema de criminalidad y se convirtió en el problema político de principal magnitud en Colombia, en el sentido en que existen unos grupos armados que han construido formas de Estado regionales que amenazan cualquier proyecto democrático de estado" (5). Este nuevo diseño de Estado articula militarmente a terratenientes, narcotraficantes, rentistas, burguesía comisionista, clase política en todos los espacios, desde lo micro hasta lo macro, todos los poderes: judicial, militar, congresal, local. MANCUSO Y CASTAÑO se ufanan de controlar el 35% del Congreso. Y también de las Fuerzas Armadas, ahora ya no dependen de terratenientes y narcos, están a su nivel sobre ellos organizando la economía, la política y la violencia regional.

Las trasnacionales, los organismos multilaterales, fuerzas extranjeras y embajadas, las financieras, ONGs, actúan concertadamente con paramilitares internos y externos para cerrar el sistema de estado e implementar nuevas generaciones de proyectos neoliberales como el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

La reelección de Uribe con una creciente oposición y deslegitimación interna y un entorno de mas gobiernos progresistas y de izquierda en Latinoamérica limitaran el apoyo norteamericano y desarrollarán las contradicciones a niveles de una confrontación mayor.

Las FARC, ELN, los trabajadores obreros y campesinos, los estudiantes, las organizaciones de resistencia, los partidos y frentes solo les resta el camino militar con apoyo sindical, electoral y otras formas de resistencia para desestructurar este neoliberalismo militarizado. La tarea es ardua, de otra manera podría consolidarse un Estado contrainsurgente con oposición marginal como en Perú. El Plan Colombia fue un fracaso, el Plan Patriota diseñado para potenciar aun más al anterior y también los Planes Consolidación y Victoria (2002-2007) fueron derrotados por la lucha militar y política de las fuerzas insurgentes, que están en el campo, los sindicatos, universidades y barrios, pero también debido al desenvolvimiento de la lucha de clases, sindical, étnica, ecológica y otras expresadas en los movimientos sociales; así como por las confrontaciones dentro de las clases dominantes principalmente por el reparto del botín derivado de la ayuda extranjera (tercer país que recibe ayuda militar de los Estados Unidos en el mundo( 6,000 millones el la I etapa del Plan Colombia) y nativa (20% de impuesto para la guerra), de las expropiaciones y apropiaciones de las distintas mafias, pero también por motivos más específicamente políticos. La confrontación entre parapolíticos y con los paramilitares, y entre ellos mismos, entre industriales y terratenientes más o menos beneficiados por las privatizaciones y por las concepciones respecto a la guerra. Las instituciones también son un botín, siempre fueron y son corruptas y trabajan para una narcodemocracia que clientelarmente y usando la violencia dominaba la parapolítica y la narcopolítica hasta que el juego de la legalización desató contradicciones, repatriaciones y denuncias que les iba quitando algo de legitimidad dentro de las propias clases medias que son su sostén. Sin embargo, Uribe entre el 2005-2007, con las FARC desgastadas por ataques que provenían de todos lados, utilizó todos los recursos a su alcance para deslegitimar a la guerrilla. La misma estrategia que en Perú, donde la guerra de los medios dio sus frutos. La prensa escrita, la TV, la radio y el internet pasaron al control de contenidos por el Estado poniendo en movimiento la guerra sicológica, la criminalización y el miedo. La deslegitimación fue creciendo, junto a la politización oficial de los paramilitares y la creación de partidos regionales. Se construyó un nuevo sistema político centrado en Uribe y su proyecto reeleccionista.

La Ley de Justicia y Paz de 2005 de acuerdo con José Aristizábal trató de integrar a los sectores más fuertes del paramilitarismo a la vida legal y política del país eludiendo su extradición a los Estados Unidos y la amenaza de su enjuiciamiento por la Corte Penal Internacional, ocultando los vínculos con la clase política. En realidad, la clase política subordinada al imperio intentaba que fuese más que eso, se trataba de que conserven su poder y sus negocios con los narcotraficantes. Los debates y resistencias, sin embargo sacaron el escándalo a la luz pública mostrando las relaciones entre el Presidente, su hermano, el Vicepresidente, los poderes constituidos, las empresas trasnacionales y con el proyecto neoliberal en su conjunto. (6)

Vale la pena volver una y otra vez a la historia y es lo que hace Héctor Mondragón para entender el paramilitarismo. A fines de los 40, después del asesinato de Gaitán junto a 200 mil campesinos y dos millones de desplazados, al amparo de las fuerzas armadas tropas ilegales asesinas –los pájaros- asolaban los campos bajo la dirección de los gamonales, dando lugar a la aparición de las guerrillas. Después fueron legalizadas. Por decreto 3398 de 1965 que ordenaba crear las juntas de autodefensa y en 1968 se convirtió en la Ley 48. Cada batallón del ejercito integrados con las trasnacionales y gamonales debían crear Juntas de autodefensa. Desde mediados de los 70 ingresa la mafia en estas juntas que coincide con la colonización como forma de evitar la reforma agraria. Los campesinos colonos se refugiaron en el cultivo de marihuana y coca que luego despertó el apetito de los gamonales y sus esbirros. El asesinato y desplazamiento de campesinos se había hecho cultura y vida cotidiana, ahora les tocaba a los colonos.

El Estado estaba en el centro y la dirección del mismo se la repartieron desde 1958 entre liberales y conservadores, los gamonales disponían de los fondos públicos, de la inversión social y los contratos de comisiones por compras y concesiones del Estado. Estado, mafias, trasnacionales y gamonales estaban entrelazados por intereses y el uso de la violencia. Primero fueron las mafias del café y las esmeraldas, la apropiación de fondos públicos, el robo de combustibles. La descentralización regional y el neoliberalismo fueron totalmente funcionales al dominio de estos señores de la guerra y el saqueo de los recursos naturales.

Los Estados Unidos junto a la oligarquía crearon un sistema electoral y de violencia que descansan en la preservación de las diferencias, en las adhesiones colectivas y en las redes colectivas de dominio social. Desde 1959 deciden impedir por cualquier medio la existencia de otro país socialista, crean la Escuela contrainsurgente de Tolemaida y rediseñan la estrategia paramilitar y terrorista. Y más tarde, en 1987, con la colaboración de los ejércitos de narcotraficantes como los de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha llegaron entrenadores mercenarios israelís, ingleses y sudafricanos para formar cuerpos paramilitares, seleccionando lo más negro de los escuadrones de la muerte nativos.(7) Los grandes hacendados de Magdalena Medio, los exportadores de bananas a través de UNIBAN (y con el apoyo norteamericano, según versión del mercenario) trajeron a Fair Klein a entrenar entre otros a los criminales Castaño. Los datos encontrados en una computadora de un lugarteniente del jefe paramilitar Jorge 40 implicaban a líderes uribistas de Sucre.

El 15 de mayo de 2007 Salvatore Mancuso compareció ante la Fiscalía de Medellín y allí reveló sus nexos con el Vicepresidente, el Ministro de Defensa y varios generales, entre ellos Alejo del Río responsable de centenares de asesinatos. Reveló que el Jefe militar de Antioquia, cuando Álvaro Uribe era Gobernador, lo apoyó en la masacre de Ituango. Y agrega que en su nómina tenía a los principales jefes militares del departamento. Más tarde los medios denunciaron el Pacto de la Costa Atlántica entre paramilitares para impulsar el proyecto político de Mancuso. Hoy están judicializdos y encarcelados 15 congresistas y funcionarios a los que se sumarían otros 17 poniendo en total evidencia las relaciones de Uribe con los paramilitares y la parapolítica y su complicidad y auspicio en innumerables crímenes. Falta conocer las relaciones con el capitalismo global, principalmente el mafioso. En sus aspectos generales los planes Plan Colombia/IRA/Plan Patriota esta asociado a la desregulación de los flujos de capital, la transformación estatal y el control de la oferta. Confluyen intereses metropolitanos, políticos y corporaciones, Wall Street y paraísos fiscales, DEA-CIA para lograr que el 85% continúe deslizándose al centro de poder mundial.

Con la llegada de Uribe –como recién sabemos- la parapolítica ocupa centralidad en la política estatal. Los jefes políticos tradicionales regionales acordaron con los paramilitares la refundación fascista del país dándoles los poderes ejecutivos, congresales y municipales. El proyecto ideal de Uribe y los sectores lúcidos de la derecha era construir la Nueva Colombia y para ello liberar mediante la guerra zonas guerrilleras, modernizarlas económica y políticamente, llevar riqueza a la región y la legitimación y consolidación del nuevo modelo político al servicio de la oligarquía renovada y de las trasnacionales, sin subversión y sin riesgo. (8)

Pero la realidad fue más dura y cuando estos señores de la guerra adquirieron fuerza y disputaron otros espacios los propios gamonales se hicieron jefes paramilitares. En el Congreso exageraron en sus pretensiones y definieron exoneraciones tributarias, legalizaron los avasallamientos del neogamonalismo y despojaron a los trabajadores de sus derechos, legalizaron los saqueos, permitieron adjudicar tierras amazónicas para decicarlas a los agrocombustibles. Y para las elecciones de octubre de 2007 se desato una gran ambición en medio de su crisis, los paramilitares tenían una mayoría de representantes en 5 coaliciones gubernamentales, avalando 29,000 candidatos a los municipios. Treinta candidatos fueron asesinados, mas de 100 secuestrados y otros amenazados. La tercera generación de paramilitares no estuvo conforme con los acuerdos de paz y continua en sus acciones criminales.

Las guerras entre jefes paramilitares están salvando al país. En La Meta, en Bogotá, en Magdalena, Sucre, Bolivar, Medellín, Córdoba, Urabá los enfrentamientos no cesan. (9)

En los países y regiones donde la derecha tiene el poder se va imponiendo el militarismo y el paramilitarismo: a Colombia le siguen Perú, Guatemala, México y las regiones de Santa Cruz, Guayaquil. Coincidentemente países y regiones indígenas o de afrodescendientes donde impera el racismo criollo, la acumulación por desposesión y narcoeconomía y están bajo la influencia norteamericana con presencia del BM-BID, Comando Sur, USAID, la CIA, la DEA y las ONG.

El paramilitarismo es una forma de engaño, de confusión, encubrimiento, falsificación y ocultamiento de la realidad; de eludir responsabilidades, fingir identidades, disfrazar acciones, evitar esclarecimientos, obstruir la justicia. De ese modo se ataca toda forma de expresión de la resistencia, usando los medios de comunicación, la guerra sicológica, la criminalización y el miedo.

De las elecciones de mayo de 2006 y octubre de 2007 a la invasión sobre el Ecuador.

El 28 de mayo de 2006 es reelecto Uribe con el 62% (siete millones) de los votos frente a un 22%(2 millones 600 mil) del candidato del Polo Democrático, con una abstención del 55%. Varios son los factores que determinaron este triunfo donde uno de cada 4 colombianos votaron por Uribe. El primero quizás sea el aprovechamiento de todo el poder político que logró concentrar y de los medios para hacer una enorme campaña mesiánica con recursos estatales mostrando el crecimiento económico Aprovecho de la inseguridad pública y los temores de la población para ganarse a los sectores medios y manipular el gasto social en políticas asistencialistas. En sus años de Gobierno logro construir un frente de partiditos y una federación de caciques, unificando incluso a líderes de la derecha tras su proyecto, transformando en políticos a los paramilitares.

Las clases medias e incluso algunos pobres están satisfechas por que la devaluación del dólar frente al peso permitió todo tipo de mercancías; proceso que en gran parte se dio debido al ingreso de narcodólares que se calcula en 5,000 millones anuales, a los ingresos por los altos precios de las materias primas y por las privatizaciones (3,800 millones). Ingresos que permiten bajar el impuesto a la renta y destinar mayores recursos a la campaña política y a las fuerzas armadas, con sus 400 mil efectivos. Uribe esta empeñado en privatizar ECOPETROL, la salud pública; en favorecer a las trasnacionales mineras como Billington y Glencore; en la reducción de impuestos a los medios de comunicación más poderosos como Caracol y RCN; alza de precios para el etanol producido por su aliado Ardilla Lulle y otras medidas que van tejiendo relaciones de poder.

En las elecciones de octubre de 2007, para alcaldes y gobernadores la derecha uribista perdió posiciones. En Bogotá volvieron a ser derrotados por el Polo Democrático mientras que en Medellín y Cali también perdieron. Sin embargo, hay discrepancias acerca de los resultados, según algunos analistas el uribismo alcanzó 17 gobernadores y trece alcaldes de capitales de 32. Para otros (Simona Bruno) perdieron casi todas las gubernaturas a excepción de Sucre (con un presunto fraude), Amazonas y Magdalena Aliados del uribismo participaron como nuevas organizaciones políticas. Ello tiene que ver con la llamada democratización de las fuerzas electorales tomada del prototipo peruano, donde Fujimori abrió ese espectro para ganar posiciones frente a los partidos tradicionales. Cientos de candidatos cercanos a los paramilitares fueron inhabilitados y otros renunciaron.

Todo esto es un montaje asociado al Plan Colombia, Plan Patriota y Consolidación y Victoria que va derrumbándose. Sin embargo, el entramado del poder se reconstituye permanentemente, acumula y concentra fuerzas para acompañar la contrarrevolución que se enfrenta a los luchadores por la libertad y la autodeterminación de los pueblos en diversos espacios. En Colombia utilizando la fuerza y el consenso; las elecciones, la ley y la guerra; con todos los medios a disposición la propaganda es diseñada y sistemática; la distorsión de la memoria y el consumismo acompañan un conjunto de programas de socialización de la denuncia, recurren a la religiosidad y al conservadurismo familiar. Desde el Gobierno con el aparato paramilitar consiguieron aplicar el proyecto neoliberal con la violencia y legitimidad de la geoestrategia de globalización que va precarizándose; la acumulación por desposesión impone la relación de violencia e induce a la guerra para destruir los movimientos sociales y ganar legitimidad pacificando el país. La ley y la justicia son enarboladas para encubrir y justificar sus propios crímenes, mientras aumentan los asesinatos selectivos, la desaparición y la tortura. Con dos mil dirigentes sindicales asesinados para liquidar los derechos laborales, con las privatizaciones y despidos masivos, con el fin de los hospitales públicos y la privatización de la educación, con el exterminio del liderazgo indígena y de afrodescendientes los movimientos sociales en este contexto son defensivos, reactivos, espontáneos, fragmentarios y desconfiados, evitando mayores relaciones y compromisos con otras fuerzas sociales. A pesar de la gran represión con saqueos, desplazamientos forzados y aniquilamiento étnico han resistido a los proyectos neoliberales como el Plan Colombia y los otros, como al TLC.

El movimiento indígena –con un supuesto 1.5% de la población- se debate entre la defensa y autonomía territorial y la participación en el sistema político. Ambigüedad que lo condujo a establecer alianzas con la derecha y al fracaso electoral, pero también a la reflexión y acercamiento a campesinos, afrodescendientes y otros sectores en lucha.

Es innegable la monstruosa eficacia de esta política contrainsurgente de disputa por el territorio y los recursos naturales, probada en Perú donde el terrorismo de Estado quedó como una política permanente, las clases medias e incluso populares rechazan la resistencia armada y los movimientos comienzan a reconstruirse después de tres lustros, con breves interrupciones antineoliberales. Estados Unidos después impulsa el Modelo Perú en Colombia y con estas experiencias ahora se impone con el calderonismo en México con el poco creativo nombre de Plan México que con una frondosa ayuda militar norteamericana el gabinete de seguridad nacional tiene como tarea y desafío articular la defensa del TLC, a la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte, al Plan Puebla Panamá, al control de fronteras, al paramilitarismo en Chiapas, a la narcopolítica en todos los Estados. La visita del ilegítimo Calderon a Colombia en noviembre del 2006 y las relaciones entre el Secretario de Defensa Medina Mora con destacados implementadores del Estado delincuencial colombiano como Juan Manuel Santos, el Ministro de Defensa de Colombia y con Francisco Santos el Vicepresidente colombiano, y con Luis Osorio el embajador en México no dejan dudas de que es el camino latinoamericano que con matices de grado se implementa en Medio Oriente. (10)

El Plan México significa hacer de México un espacio de guerra, un Estado corporativo de las trrasnacionales, un súbdito militar del imperialismo, al que podría imponérsele una etapa más del neoliberalismo y participar en agresiones, pero lo más importante es que aumentará la contrainsurgencia con bases FOL y la militarización de la sociedad, presencia del paramilitarismo auspiciado por el Pentágono, las desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones, torturas, encierros, la criminalización de las luchas. Hoy mismo hay 500 presos políticos y en el sexenio de Fox más de 100 desaparecidos.

La liberación de dos rehenes en poder de las FARC, Clara Rojas y Consuelo González, en enero del 2008 constituyó un triunfo legitimador del Gobierno venezolano y de las guerrillas. No olvidemos que el avance de Uribe se baso en un elaborado plan mediático de deslegitimación y derrota militar sobre las FARC y al ELN. El pueblo quería la paz y Uribe -unificando a los poderosos y a las clases medias, a los partidos y políticos- se la ofrecía a expensas de numerosas víctimas. La centralización presidencialista del poder ejecutivo, el control del Congreso, el fortalecimiento y subordinación al Comando Sur de las Fuerzas Armadas, desarrollo de la estructura paramilitar, subsidios de los narcopolíticos y control absoluto de los medios se convirtieron en una reedición combinada de la lucha antisubversiva en Perú y en Antioquia, donde como Gobernador experimentó el corporativismo militarista como forma de gobierno. La reelección fue una concesión popular para que termine esa tarea.

El corolario de todo esto fue la liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC que terminó en la impune invasión de territorio ecuatoriano en una operación relámpago –con el apoyo logístico norteamericano del Comando Sur y sus bases en Colombia y Ecuador- para asesinar al principal representante de las negociaciones de la guerrilla: el comandante Raúl Reyes con el objeto de recuperar legitimidad para las fuerzas armadas y contener los avances programáticos por la paz regional en Venezuela y Ecuador y su difusión en la región. Bases satelitales, censores remotos, detectores de señales radioeléctricas, aviones espías, bombas inteligentes son herramientas que ya posee Colombia para combatir a la guerrilla y expandirse a los países vecinos cuando así lo decidan los Estados Unidos. Antes recibió la colaboración de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, pero esta la respuesta del Presidente Correa fue digna. Poco se dijo de la previa captura en la frontera Perú-Ecuador de 7 de 12 integrantes de la Coordinadora Continental Bolivariana-Capítulo Perú, que luego de participar en su II Congreso, volvían a sus lugares. Fueron acusados de terroristas que habían viajado a recibir entrenamiento militar, como –según la inteligencia militar peruana- lo vienen haciendo los reservistas de Umala en Bolivia.

No obstante, su futuro depende la flexibilidad estratégica de los pueblos en resistencia en base a sus luchas y las experiencias para revertir la situación.

Todo esto se da en una coyuntura económica favorable a Colombia, pues no solo son ingresan los dólares del Plan Colombia, del narcotráfico, de las privatizaciones (hidroeléctricas, minas, aeropuertos) y de las remesas de los millones de expulsados por la violencia y el desempleo, sino también los derivados de los altos precios de las materias primas que posee ese país: petróleo, minerales, productos agrícolas y derivados como el café, flores, aceites, etc. Como en casi toda América Latina se aprecia la moneda pero aumentan los desequilibrios externos e internos y hay escasez de ahorro por que continúan las privatizaciones y salidas de capital. Frente a una crisis global el futuro económico de Colombia es totalmente incierto. La inestabildad política es potencialmente tan grande como la económica y social.

NOTAS

1. Raúl Zibechi, "Los frutos del Plan Colombia", http://alainet.org , 14 de marzo de 2008.
2. Guillermo Pérez Flores, "Las claves internacionales del conflicto colombiano", Vía Alterna, Colombia, febrero de 2001.
3. Luis Alberto Matta, "Poder estatal, movimiento popular y conflicto social-armado en Colombia", www.rebelión.org, 11 de febrero de 2003.
4. Alberto Pinzón Sánchez, El Plan Colombia II, conferencia en el Círculo Simón Bolívar de Milán, Italia, 13 de noviembre 2007.
5. Gustavo Duncan, "Reflexiones y propuestas sobre el fenómeno paramilitar", www.redvolataire.org, 27-10-2005.
6. Jürg Schiess, entrevista con José Aristizábal, www.lainsignia.org, 19 de mayo de 2007.
7. Pablo Beltrán, "construyamos nación con paz", Revista Si Futuro, julio 2007.
8. Gloria Inés Ramirez, "Paramilitarismo, autodefensa y Estado", www.rebelion.org, 24-10-2007.
9. Héctor Mondragón, "Los gamonales en armas (o el fascismo criollo)", ALAI 19 de abril de 2007.
10. Carlos Fazio, "El espejo colombiano", La Jornada, México 22 de octubre de 2007.

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