Sobre la crisis del Estado mexicano

Raquel Gutiérrez Aguilar

En el presente trabajo presentaré, inicialmente, lo que entiendo por “crisis de Estado”. Después de ello analizaré algunos elementos de la modificación en la relación estatal mexicana ocurrida en las últimas dos décadas, sin ninguna pretensión de ser exhaustiva. Para ello, comenzaré por un esquema del tipo de relaciones sociales que cristalizaron en la etapa tardía de la forma estatal posrevolucionaria PRIísta –entre 54 y 82 aproximadamente-, a fin de lograr dibujar el más reciente proceso de degradación, erosión y desmantelamiento del conjunto de vínculos, acuerdos y creencias de tal forma estatal, acaecido bajo la ofensiva neoliberal del capital.

La hipótesis central que se argumentará en las siguientes páginas consiste en que para dar cuenta del complejo trastocamiento-involución en la relación estatal mexicana, se requiere indagar y registrar las más generales transformaciones sociales que se han producido durante el despliegue de la ofensiva neoliberal del capital, centrando la mirada en la manera cómo se han modificado las relaciones entre las personas, y entre ellas y la riqueza social. De igual forma es importante analizar y evaluar si, como producto de tales transformaciones, se ha producido otra “cristalización” de las relaciones entre las fuerzas sociales que tenga visos de alcanzar cierta estabilidad. Es decir, se trata de registrar la variación en un tipo peculiar de relaciones que se entablan entre las personas que componen una sociedad a fin de entender cómo se produce, regula, modifica o conserva la relación conflictiva entre ellas, y entre ellas y las cosas –la riqueza-.

1. Sobre el enunciado “crisis del Estado mexicano”

La idea de crisis alude, ante todo, a una noción de cambio. Puede quedar relacionada con un cambio abrupto y radical –como en la noción de cambio revolucionario, o en la teoría de la crisis del capitalismo como colapso; o puede referirse más bien a una modificación o trastocamiento paulatino, crónico o cíclico, de los pilares básicos de una configuración social dada. En todo caso, la idea de cambio o transformación sustancial, es la connotación compartida por cualquier significado de la expresión crisis que uno elija –expresión que, por otro lado, ha sufrido en las últimas tres décadas un vaciamiento de significado.

Por su parte, el Estado, o más bien, la relación estatal en una sociedad atravesada por múltiples contradicciones como la mexicana, voy a entenderla como la cristalización de una relación de fuerzas específica que se asienta en un entramado –históricamente construido- de instituciones y normas, así como en un sistema de creencias. Pensar al Estado, ante todo como cristalización de una relación de fuerzas implica entonces privilegiar la compresión del tipo de relaciones conflictivas que atraviesan al conjunto social. Y la relación básica entre las personas en la sociedad contemporánea es el antagonismo, es decir, entenderé al Estado mexicano como cristalización del equilibrio antagónico de fuerzas alcanzado en una confrontación social anterior.

Cualquier Estado, entendido de la manera anterior, y en particular el mexicano, incluye como rasgos decisivos dentro de sí una específica relación “mando-obediencia” y una “forma de circulación interna del mando^¹” –rasgos encarnados en el sistema de instituciones y normas, que se funda en el sistema de creencias-.

Por lo demás, la estabilidad de un Estado se apoya, entre otras cosas, en el reconocimiento social general de la cadena de mando y de su modo de circulación interna, es decir, en la fuerza institucional, normativa y, sobre todo, subjetiva-social, de la relación mando-obediencia específica de tal cristalización de una relación de fuerzas.

Considero entonces que hablar de la “crisis del Estado mexicano”, o de la transformación en la relación estatal, exige intentar dar cuenta de los cambios y transformaciones, paulatinos y abruptos de la relación de fuerzas sociales previa, cristalizada en un orden normativo e institucional y encarnado en la sociedad a través de un sistema de creencias, que ha sucedido en los últimos años en nuestro país. En términos más inmediatos y más cercanos, considero que para hablar de “crisis del Estado mexicano”, necesitamos indagar en los rasgos principales de las modificaciones en las relaciones sociales que se suelen llamar “neoliberalismo”.

Para fines analíticos y sin ningún afán de presentar una lista exhaustiva de las transformaciones en las relaciones sociales, conexas con lo que llamaré “ofensiva neoliberal” del capital, voy a considerar tres ejes básicos:

La modificación en el “uso de la fuerza de trabajo”, que regula la relación social básica entre el capital y el trabajo y que determina las maneras aceptables –histórica y socialmente, ie, aceptadas- de organizar la producción de riqueza, su control, distribución, disfrute y usufructo.
El desmantelamiento, saqueo y despojo de lo que, durante un periodo de tiempo, fue considerado público y/o colectivo.
La privatización del espacio y tiempo de la política, entendida ésta como conjunto muchas veces contradictorio, de normas, instituciones y creencias que regulan y dan sentido a la convivencia social.

A partir de estos tres ejes analíticos buscaré los elementos de variación en la relación estatal mexicana, como lugar por excelencia de existencia de una “totalidad social ilusoria”.

Así, las preguntas pertinentes que considero insoslayable responder si se ha de hablar de crisis del Estado mexicano son dos:

¿Qué configuración social se ha destejido, demolido o destruido a través y en medio de la ofensiva neoliberal del capital?

¿Qué se ha construido en su reemplazo como elemento regulador de la cohesión social y hasta qué punto se ha estabilizado una forma de circulación interna de la relación de mando?

Los tres ejes destacados para entender la ofensiva neoliberal del capital que hemos presenciado en las últimas décadas en la sociedad mexicana, nos permiten indagar en las respuestas a las interrogantes anteriores; pues son los soportes básicos para entender cualquier correlación social de fuerzas históricamente situada. Para entender "la crisis del Estado mexicano" debemos indagar, entonces, en las respuestas a las siguientes tres preguntas:

cómo se organiza la relación entre las clases sociales de productores y las clases sociales que organizan el trabajo de los otros y usufructúan de él
qué destino se da a los excedentes de la riqueza social y cómo se entabla, en general, la relación de la sociedad con la riqueza natural y social.
cómo se organiza y regula la convivencia social, cómo se dirimen los conflictos dentro de esa sociedad, de qué manera se configura, cómo circula y en qué descansa la relación mando-obediencia entre distintos contingentes sociales.

Brevemente sobre el Estado PRI-ista pos-revolucionario y pre-neoliberal

En primer lugar, e insisto, sin pretender abarcar integralmente la temática, paso revista a algunos rasgos de la sociedad mexicana entre la mitad del siglo XX y 1982 –sexenio de De la Madrid-, para poder dar cuenta de las modificaciones posteriores.

La mexicana pos-revolucionaria era una sociedad ordenada en un modelo estatal corporativo altamente estratificado y jerárquico. Es decir, la cristalización de la relación de fuerzas pos-revolucionaria se sostenía ante todo en un complejo sistema de equilibrios entre múltiples entramados corporativos con intereses muchas veces antagónicos, altamente complicado y lleno de símbolos, donde la figura presidencial jugaba un lugar privilegiado en términos justamente, de conservación del equilibrio del sistema en su conjunto. Notar que con la palabra equilibrio no se quiere expresar ningún juicio de valor positivo, sino solamente describir un rasgo esencial de la configuración del sistema de mando obediencia mexicano y de su entramado institucional y normativo^².

El Estado mexicano posrrevolucionario y preneoliberal era absolutamente contradictorio con un estado liberal en términos políticos. No se fundaba en el reconocimiento de un conjunto de derechos individuales a ser regulados, ni guiaba sus pasos en la habilitación de espacios políticos y/o económicos para la “participación” o el “progreso” –real o retórico- centrado en el “individuo”. Más bien, se componía de una serie de cuerpos estratificados altamente jerarquizados –sector obrero, cámaras empresariales, bloque campesino, “sector popular”, etc.- cuyos distintos intereses, perspectivas y visiones eran regulados mediante el conjunto de actividades administrativas y de gobierno que se entendían como política. En este sentido, en el viejo estado mexicano, la noción de política conjugaba de manera tensa y a veces contradictoria, elementos de las dos distintas definiciones clásicas de ese término: política como “arte de gobierno”, es decir, como habilidad para guiar y conducir al conjunto social; y política como “saber organizado para la regulación de la convivencia^³”.

No entro en detalles sobre esta forma estatal pues ha sido ampliamente estudiada desde distintas visiones políticas y posturas académicas. Menciono simplemente algunos pilares de la estabilidad de la anterior forma cristalizada de las relaciones de fuerza en la sociedad mexicana, en relación a las tres grandes líneas que se trastocan en el periodo neoliberal:

El uso de la fuerza de trabajo en el México pre-neoliberal, se basaba en el férreo control sindical-charril del sector obrero que combinaba la administración de los “contratos colectivos” y la serie de derechos laborales consagrados en la propia Constitución Mexicana, por un lado; con los múltiples mecanismos de “soborno social^⁴” a nivel federal y local, por otro –Infonavit, Fonacot, prestaciones diversas al interior del centro de trabajo que ampliaban las posibilidades de consumo y las expectativas de ascenso social. Estos dos elementos dieron cuerpo a una específica economía de la protesta y la sumisión que marca la forma de muchos de los grandes conflictos sociales mexicanos entre 1950 y 1980. Tal dispositivo social de múltiples prerrogativas económicas colectivas administradas de manera vertical se ha desmantelado en los últimos 20 años, perviviendo sin embargo el aparato charril de control de la fuerza de trabajo que se apoya cada vez más sólo en sus aspectos gangsteriles y arbitrarios. Y por lo mismo, menos estables^⁵.

Cabe resaltar, únicamente como un ejemplo, que algunos de los grandes conflictos obreros en la época del llamado “milagro mexicano” –en particular la lucha de la Tendencia Democrática, a principios de los años 70´s-, tuvieron como fondo la defensa de cierta prerrogativa obrera –mediada por representantes sindicales más o menos corporativizados- en la decisión de los asuntos nacionales más importantes. Es decir, la participación política obrera en el México preneoliberal se llevaba a cabo de manera corporativa y no directa, muchas veces a través de representantes antidemocráticos totalmente ajenos al control de la base trabajadora, aunque pese a todo, tales dirigentes “charros” no podían autonomizarse completamente de sus “representados”: tal relación habilitó durante décadas un terreno –complejo y arbitrario aunque real- de participación e influencia política de los trabajadores mexicanos en asuntos de su incumbencia^⁶.

El espacio en el presente artículo no me permite tocar el tema de las variadísimas modalidades del uso de la fuerza de trabajo en el campo o en centros de trabajo más pequeños. Sin embargo, me interesa dejar sentado que no pretendo reducir la noción de “portador de fuerza de trabajo” a obrero asalariado formal y sindicalizado. Señalo pues, una ausencia en este texto.

En relación al destino de la riqueza social, algunos rasgos de la forma estatal pre-neoliberal son los siguientes. La riqueza social y los bienes colectivos naturales y sociales en el México anterior al sexenio de De la Madrid bifurcaban su destino de manera tensa y conflictiva. Una parte de esa riqueza se destinó a la “construcción del patrimonio público de la nación” –de manera muy amplia y compleja, por ejemplo, construcción de la UNAM, del IPN, del conjunto de museos nacionales, del sistema de salud pública, etc.- dando lugar asimismo a la consolidación de una abultada y conservadora burocracia cuya retribución económica resultaba aceptable; y sólo otra parte proporcionalmente menor de la riqueza social se destinaba al enriquecimiento directo de las élites empresariales agrícolas, industriales y financieras. Los límites y proporciones entre uno y otro destino de la riqueza, es decir, el tamaño de los montos para la construcción de lo público y para el enriquecimiento privado, se mantuvieron en tensión durante varias décadas siendo continuo objeto de disputa social. Muchos de los conflictos sociales regionales entre los 40´s y 80´s, más allá de su disímil forma, expresan tal contenido. Además, en México como en pocos países del mundo más allá del bloque socialista, se mantuvo durante varias décadas del siglo XX, una defensa tan arraigada de la propiedad pública –energía, agua, minerales, etc.- o “colectiva” –tierra- y, en general, de los recursos básicos del país.

Por otro lado, las formas de participación política en el Estado mexicano pre-neoliberal no pasaban por la democracia procedimental formal hoy tan cara –en ambos sentidos del término- y simultáneamente tan decadente. Más bien, el viejo Estado mexicano, básicamente PRIísta, consistía en un complejo mosaico de influencias, potestades y prerrogativas local y estatalmente organizado, que se articulaba sólo posteriormente en el ámbito federal, mediante caminos completamente extra-parlamentarios. Esta forma política resulta más parecida, antes que a un Estado moderno, a un mecanismo vivo de regulación de competencias entre lo público, lo colectivo y lo privado que habilitaba simultáneamente cierta posibilidad de intervención acotada de la población en la regulación del asunto público de su incumbencia, con la facultad de decisión vertical de múltiples caudillos estratificados jerárquicamente que, sin embargo, debían vehiculizar el gasto público y dar respuesta a ciertas necesidades de la población. Esta forma confusa de lealtades, protestas, obligaciones y exigencias, que bien podríamos denominar “autonomías tuteladas^⁷”, pese a lo contradictorio del término, fue durante varias décadas la manera en la cual la sociedad mexicana reguló la convivencia social.

Este conjunto de elementos son aspectos y rasgos del Estado mexicano posrevolucionario y preneoliberal entendido como cristalización de una relación de fuerzas. A partir de tal cristalización, se configuró en el tiempo un entramado normativo e institucional y un sistema de creencias, en el cual nos constituimos como sociedad durante varias décadas. Tal dispositivo normativo, institucional y de creencias ha sido golpeado, disuelto, subordinado y/o modificado en las últimas dos décadas de ofensiva neoliberal.

Hemos presenciado pues una sistemática ofensiva contra la antigua forma estatal que, sin embargo, no termina de desaparecer; aunque lo que queda en pié son, cada vez con mayor nitidez, sólo sus rasgos más autoritarios, negativos, ridículos y violentos. En este sentido, el proyecto liberal de modernización estatal, conexo con las reformas económicas, parece haberse detenido tras una breve temporada de modificaciones sustantivas, permaneciendo una tensión entre las viejas prácticas políticas cada vez más corporativas y mafiosas y un deslucido "estado de derecho" liberal utilizado como argumento para la contención policial y monetaria del descontento.

El Estado mexicano actual en crisis

Vale la pena resumir todo lo anterior en la siguiente formulación: la ofensiva más contundente y brutal contra la forma estatal posrrevolucionaria PRIísta no provino del ámbito popular, sino que se implementó desde la derecha^⁸, desde las élites financieras, empresariales y políticas. El embate ha sido sistemático y profundo, sin que, en mi lectura, las élites políticas neoliberales hasta la fecha hayan sido capaces de consolidar una nueva forma estatal liberal realmente seductora, auténticamente “hegemónica”. Más bien, según esta postura, el segmento empresarial fuertemente ligado al mercado externo y al capital transnacional, y la derecha política que ha aglutinado en torno a sí –segmentos importantes del PRIísmo y el PAN-, ha sido más capaz de desmantelar y corroer los pilares de la vieja forma de dominación antes que de crear una nueva configuración, estable y a largo plazo, de dominación estatal.

Quizá el momento de mayor capacidad de irradiación y seducción de la sociedad por el Estado hacia el proyecto neoliberal, ocurrió durante el sexenio de Salinas de Gortari, cuando los términos básicos de las creencias del viejo régimen fueron puestas en duda y sistemáticamente atacadas. El incipiente momento hegemónico salinista -simultáneo a lo que ocurría en la Argentina de Menem, en la Bolivia de Sánchez de Lozada, en el Perú de Fujimori, con todas sus diferencias y similitudes- fue muy efímero. A esta brevedad contribuyó enormemente, qué duda existe, la aparición del EZLN en 1994 y la movilización popular que se desató tras la aparición del zapatismo. Cabe aquí, entonces, la siguiente pregunta:

¿Qué clase de configuración social se ha construido durante los últimos 12 años?

Utilizando los mismos tres ejes de análisis bosquejados para dibujar esquemáticamente la anterior correlación de fuerzas, revisemos brevemente los cambios neoliberales de las últimas dos décadas:

La transformación drástica de las formas de uso de la fuerza de trabajo. En los últimos 20 años, sobre todo a partir de la implementación del modelo exportador de mercancías, la fuerza de trabajo mexicana ha estado sometida a una constante presión hacia su abaratamiento, precarización y desprotección. Por otro lado, en los últimos años también el todavía significativo sector de trabajadores de empresas y servicios del estado (PEMEX, CFE, LFC, IMSS, ISSSTE, etc.) se ha visto agredido por una constante presión a la baja de sus derechos y prerrogativas laborales.

Tras la política inicial de “desincorporación”, venta o remate de las empresas anteriormente públicas llevada a cabo durante el Salinato (1988-94) que consistió en un amplio movimiento de traspaso de recursos públicos al sector empresarial privado y que se llevó a cabo a partir de una resistencia obrera o popular^⁹ altamente corporativizada, las élites han dirigido sus esfuerzos hacia la apropiación de las empresas públicas consideradas estratégicas por el conjunto de la sociedad mexicana. Esta disputa entre la conservación de la propiedad pública y los esfuerzos de apropiación privada de la riqueza sobre todo energética, en 2005 continúa abierta y constituye uno de los puntos en torno a los cuales se va produciendo una importante confrontación social. Hasta ahora, sin embargo, la lenta erosión de las empresas públicas continúa aunque de manera menos acelerada. En este sentido, considero que si bien las modificaciones liberales son más lentas, el sentido general de los acontecimientos y las políticas continúa siendo el mismo.

La política partidaria, la democracia formal-procedimental, la reducción del discurso democrático al discurso electoral y, en general, los cambios políticos implementados por los gobiernos liberales durante los últimos 20 años en México, en alianza con ciertas fuerzas de izquierda, ha secuestrado cualquier posibilidad de intervención ciudadana en el asunto público^¹⁰. En términos muy generales y a riesgo de presentar una tendencia de forma demasiado grosera, considero que la modernización del sistema político mexicano emprendido en los últimos años y sobre todo, la serie de "reformas democráticas" implementadas desde el Estado han compartido el objetivo de convertir a la población civil, a los ciudadanos de a pié, en irresponsables e impotentes civiles. En irresponsables civiles pues cada vez más se presenta la política como asunto de expertos del cual está excluida de forma absoluta la sociedad llana, y se teje la normatividad correspondiente que asegura que la mediación partidaria sea la única forma legal de actividad y participación política.

En impotentes civiles porque se ha armado un escenario pseudo-democrático de "diálogo y disuasión", sobre todo en torno a las comisiones parlamentarias cuya acotada relevancia no tiene más de 15 años de existir, en las que es posible hablar y simular, pero no decidir. La impotencia social, dado el sentido que pretendo adjudicar a la expresión, corre paralela a la creciente esclerosis del sistema de representación política por la vía de la partidización total del ámbito de la decisión pública. De esta manera, cualquier lucha relevante que ponga a discusión o cuestione las decisiones políticas sobre cuestiones públicas tiene que llevarse a cabo por vías extra-institucionales. El "Estado de derecho" pues, se ha exhibido una y otra vez como un corsé para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos de su incumbencia. Las luchas más relevantes producidas en México durante la última década, todas han terminado en conflicto, en procesos judiciales y/o en represión: Atenco, huelga de la UNAM, movilización de "El campo no aguanta más", etc.

En síntesis, se han diluido y/o cerrado los anteriores cauces para la participación política mediada de diversos segmentos y corporaciones sociales habilitados bajo regímenes PRIístas pre-neoliberales, sin que hasta la fecha más allá de la parafernalia electoral -eficaz temporalmente para garantizar la dominación política pero de ninguna manera hegemónica- se hayan reemplazado tales usos por mecanismos de democracia procedimental y partidaria modernos. El sistema partidario existente hoy -incluido por supuesto el PRD-, se percibe socialmente más como un dispositivo que dificulta, entorpece e inhibe cualquier participación social en la decisión sobre el asunto público más allá del momento electoral. Y justamente en confrontación a ello se viene produciendo el esfuerzo zapatista por promover "otra política" a través de "la otra campaña".

Considero pues, que en México se está produciendo un auténtico y generalizado fenómeno de disolución social^¹¹ entendida como erosión y aflojamiento de los rasgos básicos que produjeron la peculiar “identidad nacional mexicana”, fundamento material y humano real de la relación estatal que hemos delineado.

Una muestra sensible de ello es la importancia e impacto de la persistente y creciente expulsión de fuerza de trabajo, esto es, la presión hacia la migración de una parte creciente de la población mexicana hacia Estados Unidos, que erosiona la idea de nación como espacio inmediato del desarrollo de la vida social. México ocupa uno de los primeros lugares del mundo en términos absolutos y proporcionales de expulsión de la población nacida en su territorio y la velocidad de la migración se ha acelerado brutalmente en el sexenio de Fox. ¿Qué efecto puede tener en la subjetividad social la percepción de ser segmentos sobrantes?

Otros síntomas de este terrible proceso de “disolución social” a partir del debilitamiento de la relación estatal mexicana son tanto los aberrantes niveles de exclusión que soporta un mayoritario segmento de la población mexicana tanto urbana como rural, así como la creciente fuerza de las mafias cuyo envalentonamiento y descaro es sólo comparable a la voracidad financiera de las élites y sus cada vez más visibles linajes hereditarios de mando.

En esa dirección, la erosión de la relación estatal mexicana va siendo cada vez más, también una crisis de la propia nación, del sentimiento de pertenencia a un grupo humano con el que se comparte un destino mítico. De ahí que la resolución de la llamada crisis estatal comience a poner en el tapete, una vez más, la cuestión de la reconstitución de la propia nación -y no sólo de la relación estatal.

México D.F., abril de 2006

* Raquel Gutiérrez Aguilar, “Sobre la crisis del Estado mexicano”, en Crisis del Estado y luchas sociales. Coord. Jorge Fuentes Morúa, Telésforo Nava Vásquez. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Casa del Tiempo, 2007.

Sobre la crisis del Estado mexicano*

Raquel Gutiérrez Aguilar