De un modo más o menos silencioso, "como se hacen las cosas malas", desde hace algunos años se ha ido tendiendo una red de acuerdos destinados a definir una situación de dominio absoluto al capital transnacional a nivel mundial. El movimiento subrepticio ha reptado a través de los Tratados de Libre Comercio, el desarrollo de la Organización de Comercio Internacional, y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE). Se ha definido con un perfil bajo en el interior de acuerdos que ya definen el comportamiento de diversos países con relación al capital extranjero, como han sido los casos de México, Chile y Nicaragua, y ya en una etapa más avanzada, viene a ser ahora discutido por primera vez como un todo en la ASEAN y en el interior de la Comunidad Europea. En estos últimos lugares se ha dado quizás por primera vez la ocasión de que sus cláusulas se hayan hecho públicas, y de pronto nos encontramos con el escándalo. "Golpe de estado contra el Estado", titula Le Monde Diplomatique en su edición de marzo, en uno de los muchos artículos que reúne para la discusión del problema.

El nuevo tratado de nivel mundial es impulsado por los grupos transnacionales, y tiene como objetivo construir el escenario legal que garantice la seguridad de sus movimientos y el establecimiento de su hegemonía por encima de todo otro sistema comunitario, incluídos los estados. Con ello se abre paso al colofón de la globalización con agenda corporativa diseñando un nuevo sistema de dominio mundial que echa por tierra destinos democráticos y derechos sociales. La aprobación de este "Acuerdo" implicaría un giro no sólo en las tendencias económicas, sino también en el nivel de las realidades sociales y políticas. Con el AMI muchas normas básicas que definían la vida sindical y las esperanzas en establecer regímenes de sustentabilidad ambiental se vendrían abajo. Demasiados temas claves de las políticas nacionales quedarían al arbitrio de las corporaciones multinacionales. La agresividad de los intereses económicos con el AMI prevalecería sobre los intereses de los trabajadores, y los intereses sociales en general, afectando áreas como la educación, la salud, y las propias concepciones sobre el desarrollo.

El AMI crea un panorama jurídico en donde los gobiernos y las sociedades pierden todos sus derechos, y sólo contraen obligaciones frente al poder del capital, que se arma de una panoplia de medidas coercitivas. Ya hemos vivido ensayos de lo que esto puede significar, cuando un poder extraño se ha arrogado derechos al uso de represalias financieras o comerciales, en el caso del sabotaje a Chile, en los tiempos de Allende, el ya legendario bloqueo a Cuba, y las sanciones más globalizantes a Irak. Ahora todo eso con el AMI se levanta en virtud, y se torna aplicable a cualquier país de la tierra. Con el AMI los inversionistas extranjeros pueden llevar a cualquier país donde vieran amagadas sus prerrogativas, a juicio e imponerle fuertes sanciones financieras.

En Octubre pasado, en un foro realizado bajo el amparo de la UNCTAD, los representantes de las transnacionales no tuvieron reparos en señalar que lo que pretendían con la imposición de este Acuerdo de Inversiones, era asegurarse una situación a favor de los inversionistas extranjeros, no sujeta a ninguna obligación. En esa reunión hubo quienes propusieron crearle un marco de contensión a las empresas Multinacionales, pero en vez vino a surgir un concepto inverso, en donde las multinacionales le ponían reglas a los estados, e incluso movilizaban los marcos legales de tal manera que los acuerdos de liberación de mercados en numerosos países deberían suponerse como una aceptación del AMI. Con esto, también un supuesto de las políticas de desarrollo se caía, el que definía la relación del país con la empresa extranjera en función de los intereses del país. Ahora sólo valdrían los intereses de la empresa. Esto puede tener tremendas consecuencias para los países más débiles que quedarían más expuestos que ahora a su explotación extensiva e intensiva, e incluso hasta el extremo de su destrucción. Hasta ahora, alcanzar este Acuerdo es un objetivo de máxima prioridad para los EEUU.

El Gobierno norteamericano ve el MAI, o AMI , como una continuación lógica de los tratados Bilaterales de Inversión que vino empujando desde comienzos de los años 80.

Estos tratados estaban orientados a apoyar la competitividad internacional de las compañías norteamericanas. Pretendían facilitar y proteger sus inversiones en el extranjero, obligar a los países a aceptar ciertas orientaciones de mercado, e imponer una legislación favorable a los intereses de las compañías. El TLC, el sistema de Cooperación de Asia y el Pacífico, la Iniciativa de las Américas, se encuentran en esta línea, y como experiencia se ponen en la base de las discusiones que sobre el AMI se están dando ahora en la OCDE y en la OMC. También en acuerdos más pequeños como los que se organizaron en Chile entre el Fondo de Inversiones Multilaterales del BID y la Fundación Chile (acuerdo en cuyo comunicado público no se dice una palabra de lo que había de fondo). Al sistema bilateral han accedido países de la antigua URSS, algunos de Africa, como el Congo, y en América Latina, Ecuador, Honduras y Nicaragua. En total alrededor de 30. Otros 10 están en antesala. Esta situación se ha visto retratada en cifras crecientes de flujos de capital hacia países emergentes desde 1996 en adelante. Alentados por la apertura de mercados de valores y las privatizaciones . (Asia absorbía hasta 1997 más del 56% de esos flujos).

El AMI es una monstruosidad jurídica que echa por tierra toda una evolución en materia de soberanía popular (él mismo en verdad se alza como soberanía divina). Observe Ud. por ejemplo, la latitud de la definición que da de "inversión";"todo tipo de activo detenido o controlado directamente o indirectamente por un inversionista"; aprecie que queda de la famosa declaración del documento de las Naciones Unidas su que establecía aquel "derecho inalienable" de cada estado para regular las inversiones

Su pretensión de convertirse en supernorma de referencia en materia constitucional y de tratados, todos los cuales se volverían subsidiarios; ésa invulnerabilidad del inversionista contra quien el estado no puede impetrar obligación alguna; la necesidad de que el Estado de cuenta puntual de las reglas que pudieran limitar al inversionistas, y que se verá con el tiempo obligado a abolir (como pasó con México en relación a sus leyes agrarias); y esa imposibilidad de llegar a imponerle nuevas reglas de aquí a la eternidad...

Es lamentable que hasta aquí el mundo haya estado recibiendo todo esto en estado de somnolencia. Sólo ha habido observaciones de los de la ASEAN que no aceptan cláusulas "que no sean comerciales", por ejemplo sociales o contra la corrupción, o las propuestas de Canadá y Francia, sobre cláusulas precisamente sociales y hasta culturales. Pero el problema es más profundo. Hay cuestiones de fondo, y muy alarmantes, que tocan a sistemas de convivencia, al ambiente, a los derechos del trabajador, y a la cuestión tan urgente de la democracia y de la soberanía.

El proyecto del AIM, con muchos de sus sistemas ya en marcha, es como dice Pierre Bourdieu, el discurso fuerte del neoliberalismo y el movimiento de una utopía que tiene como norte "una explotación sin límites".