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Mayo 2019

La llegada al poder de la izquierda en México, retos y contradicciones

Jesús Arenas Larai

Introducción

Sin duda, el actual presidente de México tiene una larga trayectoria política, desde ser candidato a gobernador de su estado natal en Tabasco, como ser militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que actualmente está en peligro de extinción, en el cual al interior de éste, trató de reformarlo pero como el mismo AMLO declaró: se percataron de que era imposible. Su llegada a la presidencia ya ha comenzado a generar polémicas, contradicciones y retos; estos parecen notarse en tres sentidos primordiales. En primer lugar, tanto actores políticos de partidos de derecha o de centro inclinados a la derecha, o aquéllos que en un inicio eran de izquierda opositores de los partidos hegemónicos y que concluyeron con una fuerte decadencia tanto en la práctica como ideológicamente, convirtiéndose en lo que en sus inicios repudiaban. Un segundo, de los que van a actuar de acuerdo a su conciencia o percepción, algunos académicos se refieren a ellos como “la sociedad civil”, los “ciudadanos” o lo que algunos denominan como “gente común”. Y uno tercero, dentro de la sociología o en la teoría política, que tiene que ver con el debate, sobre qué tan posible es que el gobierno actual logre reducir las desigualdades que persisten actualmente.

Este debate académico ha persistido con experiencias en gobiernos de izquierda que han logrado consolidarse en países de Latinoamérica, como Néstor Carlos Kirchner (2003 - 2007) y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en Argentina (2007 - 2015), Luis Inácio Lula da Silva en Brasil (2003 - 2011), José Alberto Mujica Cordano en Uruguay (2010 - 2015), Rafael Vicente Correa Delgado en Ecuador (2007 - 2017). Gobiernos que han sido criticados por intelectuales como Pierre Gaussnes, Raúl Zibechi, entre otros. También de gobiernos como el de Fidel Alejandro Castro Ruz como primer ministro y presidente en Cuba (1959 - 2011), Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela (1993 – 2013), Juan Evo Morales Ayma en Bolivia (2006 - ). Que han tenido buenas referencias de intelectuales como: Enrique Dussel, Armando Bartra entre otros. Ante este panorama surge una interrogante primordial ¿Cuáles son las expectativas del gobierno de giro a la izquierda de AMLO, de acuerdo a las experiencias de gobiernos progresistas en otros países de América Latina?

Críticas de los gobiernos de “giro a la izquierda” o progresistas

Para Pierre Gaussens, existe la desconfianza de lo que denomina como gobiernos de “giro a la izquierda”, ya que para él, éstos no buscan mejorar las condiciones de su población, incluso podría afirmar que dichos gobiernos han dañado a sus naciones. Él ve que el mejoramiento de las condiciones no puede darse desde la lógica de ganar elecciones y posicionarse en el gobierno. Desde las estructuras del Estado, poder cambiar las situaciones actuales no parece una opción, ya que el sistema capitalista termina por presionar a estos gobiernos o bien, adoptan las mismas políticas neoliberales, posicionándose una nueva élite política que repite las mismas prácticas burguesas, que sólo podría diferenciarse de los gobiernos de centro o de derecha en los discursos.

También se mantiene escéptico porque las experiencias después del año de 1848, de los que en su momento se denominaban como: movimientos socialistas, nacionalistas, nacionalistas culturales, marxistas. A pesar de tener sus debates y fuertes discusiones, sobre cuáles eran los mejores caminos para lograr el éxito de sus respectivas luchas, para Gaussens (2018) las estrategias de éstos se reducían a “…conquistar el poder del Estado para luego transformar el mundo…” (p.48). Posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial (de 1945 a 1968), estos movimientos antisistémicos lograron consolidarse con bastante éxito en Europa del Este y Cuba (comunistas), Europa del Oeste y América Latina (socialdemócratas) y Estados independizados en Asia y África (p.55).

Después de que estos gobiernos se consolidaron, perdieron legitimidad, ya que terminaron por ser absorbidos y doblegados por las políticas de los países imperialistas. El llamado “Socialismo Real” demostró que la transformación por la vía de la llamada “Reforma” fue todo un fracaso y a pesar de utilizar el discurso de la “Democracia”ii en sus intentos de legitimar nuevamente a sus gobiernos (incluso autoritarios), terminaron por evidenciar las fuertes contradicciones entre lo que proponían y lo que practicaban. Ahora en el siglo XXI, resurgen los llamados gobiernos progresistas en América Latina, los cuales han conquistado el poder, pero autores como Gaussens, se mantienen escépticos, recordando los fracasos que implicaba el “tomar el poder para cambiar el mundo” y que parecen repetirse en estos gobiernos.

Gobiernos que sin duda han logrado legitimarse en el discurso de la democracia y en el proceso electoral, pero que también lo que podría denominarse como “legitimidad de origen”, no basta para que un gobierno se sustente, ya que al perpetuar las mismas prácticas neoliberales carecerían de “legitimidad de gobierno”, proceso en el que precisamente nos encontramos en México, si bien el proceso electoral le permitió a AMLO consolidarse en la presidencia, así como diputados y senadores del partido político MORENA aseguraron su lugar en los escaños, obteniendo la mayoría en el Congreso de la Unión, la pregunta que surge es precisamente si dicho proceso es suficiente. En opinión de Machado y Zibechi (2017) “…la democracia electoral ha sido creada para blindar los intereses de los grandes propietarios y garantizar la centralidad del Estado ante la sociedad, no para dar cauce a las necesidades de los oprimidos” (p.10).

El primero de julio de 2018 en México, se llevaron a cabo las elecciones que lograron consolidar a la izquierda en el poder, comenzando una etapa incierta, llena de esperanzas y posiblemente de desilusiones también y, se suman nuevas interrogantes de las que destaca una principal: ¿Se puede cambiar el mundo tomando el poder? Pregunta sumamente complicada de responder. Parece que el país se encontraba aletargado y que los llamados gobiernos progresistas (izquierdas institucionales) se posicionaban en varios países de Latinoamérica, pero nosotros veíamos esa ausencia, esa desesperanza provocada por la continuidad partidista del PRI, que no hacía más que implementar políticas neoliberales que parecían excluirnos o incluso llegar al punto de aniquilarnos; después de una alternancia con el PAN, parece que resurge la esperanza, pero durante los 12 años de gobierno se presentó un panorama desolador y no sólo eso, también un ambiente de violencia extremadamente hostil, por lo que el panorama se tornó agresivamente fatalista.

Ahora, parece que la esperanza (concepto que un partido político redujo a eslogan) parece resurgir nuevamente como un sentimiento fuertemente vivo, ¡Por fin llega al poder la izquierda en México!, pero esto también conlleva a grandes peligros que pueden terminar en una gran desilusión. En Brasil por ejemplo, Aguirre (2009) observa que la llegada de Lula al poder provocó sentimientos de esperanza, pero trascurriendo su mandato las políticas implementadas no distaban mucho de las de sus antecesores, por sus prácticas de carácter neoliberal (p.56). Recientemente, con la llegada al poder del gobierno de ultraderecha de Bolsonaro, se demuestra que los gobiernos de izquierda no sólo pueden provocar una fuerte desilusión, además pueden desembocar posteriormente en la instalación de gobiernos autoritarios mucho más agresivos.

Esta es la desilusión que incluso en los gobiernos progresistas es latente y que puede terminar en manifestaciones como la de Argentina en 2001, donde se escuchaba fuerte la consigna ¡Que se vayan todos!, toda la clase política, refiriéndose a los integrantes de su parlamento. Movimiento que surgió durante el periodo en el que Cristina Kirchner era senadora. México llegó tarde a este posicionamiento de los gobiernos progresistas, pero particularmente, me parece que si bien nuestro contexto es distinto al de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, etc., debemos estar atentos manteniendo una actitud crítica, porque si bien la llegada de AMLO a la presidencia puede significar un gobierno y políticas menos agresivas que la de sus antecesores, también es evidente que se encuentra dirigiendo dentro de un sistema neoliberal y con ello también, una posible crisis del sistema político como rescata Aguirre Rojas (2009) “…dentro de este contexto de la etapa terminal que hoy vive el capitalismo como sistema histórico, y de la crisis global de todas sus estructuras, se desarrolle también una crisis total de dicha actividad de la política moderna…” (pp.81-82).

Es precisamente una de las pruebas cruciales que tiene AMLO y que de alguna manera, no sólo carga con la crítica de los partidos de centro y de derecha que le antecedieron. También una crítica latente que se ha hecho a los gobiernos de inclinación a la izquierda que le han antecedido en otros países de América Latina, gobiernos que realizaron prácticas políticas fetichizadas y que al no lograr romper con las viejas estructuras de poder, terminan por desilusionar a sus representados. Incluso terminan por provocar el repudio de esta nueva élite política, posiblemente ocasionado en parte por la utilización de discursos vacíos, que en un inicio pueden ser fuertemente rebeldes, subversivos y radicales, pero que posteriormente en la práctica, sólo sirvieron para despojar incluso de los reclamos a aquellas clases desprotegidas, ocasionando un rechazo y escepticismo de los políticos y gobiernos de carácter progresista, por lo que, parece ser que incluso los gobiernos progresistas son síntoma de la crisis del capitalismo.

Discursos oficiales que las nuevas élites parecen entender perfectamente, ya que en sus orígenes surgen de aquellos movimientos sociales y subversivos en sus respectivos países, pero que es precisamente una vez que estos mandatarios al estar dentro del escenario político, utilizan, pero también despojan del lenguaje a aquellos movimientos originarios, lenguaje que parece ser desgastado e inutilizable, precisamente por esa desvirtuación del político. Para Machado y Zibechi (2017) a excepción del EZLN, las luchas rebeldes, populares e indígenas, a través de los procesos electorales, llevaron al poder a dirigentes como Lula y Evo Morales (p.7-8). Si revisamos la trayectoria de AMLO, éste no pertenecía a algún movimiento social o incluso a algún partido obrero.

En su caso, siempre ha permanecido dentro de la actividad política en distintas funciones desde sus inicios en el PRI y posteriormente fundador del PRD, partido con el que sufrió un fraude electoral en 2006 y que a pesar de las críticas emitidas en su famoso discurso en el que peyorativamente se refirió al IFE como “al diablo con sus instituciones”, siempre se mantuvo en un marco apegado a las normas, por lo cual también sufrió críticas por mantener una actitud pasiva ante la indignación y efervescencia social por el fraude. Él se ha declarado abiertamente como un progresista, teniendo un enorme índice de aceptación en el contexto urbano, a diferencia de otros dirigentes que surgen de contextos indígenas-rurales, pero que sin duda es un estratega político que domina ese lenguaje urbano y que dentro de sus discursos, si se analiza detenidamente, se hace notar que muy difícilmente podría desapegarse de la dinámica neoliberal en la que se encuentra inmerso.

Autores que ven la posibilidad de cambio en las izquierdas latinoamericanas

Uno de los intelectuales reconocido internacionalmente, que ha sido estudioso de los “sistemas-mundo” y de los “movimientos antisistémicos”, es Immanuel Wallerstein, quien ha estudiado históricamente las problemáticas que han tenido movimientos socialistas o nacionalistas al momento de la conquista del poder o incluso dificultades de gobiernos socialdemócratas o comunistas posteriores al periodo de posguerra, que lograron “conquistar el poder estatal”, sin duda su estudio ha sido el referente de muchísimos autores, que incluso se han apoyado en sus conceptos para argumentar una crítica hacia la instauración de gobiernos progresistas como es el caso de Aguirre Rojas y Gaussens.

Pero el propio Wallerstein, no descarta el hecho de que los actuales “sistemas-mundo” se encuentren en una de las etapas terminales de su vida y con ello la posible instauración de un nuevo “sistema-mundo”; claro que este nuevo modelo no es posible sin la participación o presión de lo que él denomina como movimientos antisistémicos e incluso, podríamos decir que de la presión ciudadana también. Estos últimos, por ser quienes han posibilitado el éxito de la instauración precisamente de estos gobiernos progresistas, para Wallerstein (2015) estos fenómenos ya se están evidenciando en tiempos actuales, donde los cambios a nivel institucional irán evolucionando a través de las distintas estrategias de organización, que utilizaran los distintos bandos, lucha que continuará al menos hasta el 2050 (p.43).

Como lo resalta, los cambios no implican simplemente la acción de los nuevos gobiernos, sino la participación que provoque el hecho de transformar o visualizar las necesidades, implementando las “reformas” necesarias en los nuevos “sistemas-mundos”. Es como si sugiriera que no basta con el proceso de la democracia representativa, en la que nos encontramos inmersos, sino la implicación de una democracia participativa. Para Wallerstein, parece que el capitalismo se encuentra precisamente en una “crisis” y una manifestación de esta crisis es la instauración de estos gobiernos que pueden autodenominarse como de “izquierda” “socialdemócratas” “socialistas” “comunistas” o en nuestro caso “progresistas”, estos como manifestación de dicha crisis.

Pero, si bien rescata el hecho de que estos gobiernos podrían implementar políticas “menos agresivas”, aún no es suficiente, por lo que debemos estar atentos, pero no sólo eso, también la necesidad de implicarnos políticamente o al menos eso sugiere, ya que a pesar de que éste haya manifestado que la llegada de AMLO al poder abre la esperanza no sólo para los mexicanos, sino para la izquierda Latinoamericana, parece no ser capaz, ya que muestra una actitud pasiva ante los modelos económicos imperialistas. Esto, porque no ve un interés por parte de AMLO de sumarse al esfuerzo de crear instituciones latinoamericanas independientes de Estados Unidos y Canadá (Wallerstein, 2018). Si bien el sociólogo Norteamericano en un inicio reconoce en AMLO una manifestación de las crisis “sistema-mundo” actuales y posiblemente la instauración de un nuevo “sistema-mundo”, no ve consolidada una alternativa radical que termine definitivamente con ese viejo sistema. Y aunque los “movimientos antisistémicos” parecen jugar un papel de presión hacia estos gobiernos, también es necesaria la visión y participación crítica de los ciudadanos para lograr presionar a estos gobiernos “menos agresivos”.

Dentro de los intelectuales que se ha manifestado abiertamente a favor de los gobiernos de izquierda en América Latina, podemos encontrar a Enrique Dussel, que incluso éste se encontraba en eventos demostrando apoyo a AMLO antes de que fuera presidente, la postura de este pensador sirve para evidenciar que existen también grandes intelectuales que ven en los gobiernos de izquierda la posibilidad de un mundo distinto y más justo. Para Dussel (2011), existen en América Latina algunos dirigentes que no “fetichizan el poder” tales como: Fidel Castro, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Lula, Chávez, Evo, etc., y anteriormente al triunfo de AMLO, él ya evidenciaba la necesidad de un gobierno de izquierda en nuestro país (p.192).

Actualmente, el filósofo argentino imparte conferencias o cátedras por parte del partido MORENA, lo que denominan como “educación política”, algo que llama la atención es que a pesar de hacer referencias sobre los gobiernos de izquierda en sus escritos, recientemente se ha notado por mantener una postura crítica a pesar de la llegada AMLO al poder, ya que ha reconocido varios problemas e incluso ausencia de elementos que él ha propuesto en su teoría, Dussel logra rescatar que aún el Estado no ha proporcionado los elementos jurídicos e institucionales para establecer un modelo que permita las condiciones de una “democracia participativa”; sólo mediante estos elementos se logrará una participación que no se quede en el plano voluntario, sino institucional (Dussel, 2018).

Y es que a pesar de que en el ejercicio de las “Consultas populares”, si bien se percibe una “participación política voluntaria” que a menudo se ha establecido específicamente para ciertos temas emergentes o de agenda Ejecutiva (ejecutada por un partido político), dista mucho de que esta práctica llegue a un modelo de “participación política obligada”, implícita de manera constitucionaliii, para ser ejecutada de manera eficaz dentro de las estructuras del Estado. Un ejemplo que retoma Dussel, fue la reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en donde se creaban el “poder ciudadano” y el “poder electoral”, el cual desde el Estado, posibilitaban las condiciones de participación ciudadana e incluso la facultad de fiscalizar a los otros tres poderes. Para que esto se logre, es necesario pasar de las “potentias” (organizaciones comunitarias) a las “potestas” (organizaciones comunitarias o ciudadanas institucionalizadas). Dussel (2011) plantea que: “Las estructuras institucionales son mediaciones o instrumentos para la reproducción y desarrollo de la vida […] El conjunto de estas mediaciones de legitimidad es la constitución y el sistema de las leyes” (p.187).

Retomando este ejemplo, las consultas populares distan por mucho de ser un verdadero modelo de democracia participativa y fiscalizador de los otros poderes. Y parece que la articulación entre la presión ciudadana hacia los nuevos gobiernos de la que sugiere Wallerstein, y de la articulación entre democracia representativa y democracia participativa que plantea Dussel, como verdadero modelo de un ejercicio de “poder obediencial”, en el cual se debe pasar de un Estado en el que “los que mandan, mandan mandando” a uno en el que “los que mandan, manden obedeciendo”, hasta el momento no se percibe o al menos no se tiene contemplada una verdadera agenda que implique las reformas donde el ciudadano participe de manera directa.

Armando Bartra, parece ser uno de los intelectuales que más optimismo tiene sobre el nuevo gobierno de izquierda o progresista en México, a pesar de que éste no centra su estudio sobre la articulación entre democracia directa y participativa, plantea que si bien uno de los problemas radica en los “modos de producción” (formas capitalistas) que desembocan en crisis, el problema más severo radica en el “modo de conducción”, es decir, que nuestros dirigentes a lo largo de sus mandatos en lugar de contrarrestar este tipo de políticas neoliberales y agresivas tanto para la población, pero también ecológicamente por su carácter extractivista, han incluso mantenido una actitud de entreguistas, doblegándose ante las políticas económicas de empresas transnacionales, descuidando la implementación de políticas públicas, que consoliden el desarrollo económico al interior del país:

México llegó tarde al pos-neoliberalismo Latinoamericano, tenemos 20 años de experiencias de gobiernos de izquierda, llamados progresistas algunos [...] Llegamos dos décadas tarde, donde ya van de bajada ¡caramba!, si hubiéramos podido lograr esto en el seis (2006), si hubiéramos podido lograr esto en el doce (2012), nos hubiera tocado la oleada, íbamos para arriba junto con Evo, con Lula, con los Kirchner, junto con Correa, ahora nos tocó con Macri, llegamos tarde, pero llegamos (Bartra, 2018: Mesa de reflexión).

Bartra ve en la agenda actual de AMLO, un modo de conducción distinto que incluso argumenta ya se percibe, pero ciertamente opuesta a esta idea en la opinión de Dussel, lo que realmente se necesita es una “reforma profunda” y no una “reforma aparente”. Él no visualiza un cambio radical en la estructura, porque eso implicaría un proceso de revolución (no en sentido armado). Realmente lo que sucederá, posiblemente sea un cambio en la conducción del mismo sistema, pero manteniéndonos escépticos, pues se necesita una reforma del Estado ya que la simple voluntad no es suficiente, porque si el Estado está mal diseñado hasta el más honesto es corruptible. Dussel (2018), retoma el dicho de que las ratas se cambian de barco, pero el barco sigue navegando ahora infestado de ratas (refiriéndose a los políticos “infiltrados”) y éstas no cambian, seguirán buscando la oportunidad.

Un análisis de los elementos del sistema político mexicano con enfoque sobre el quehacer del ejecutivo, similitudes y rupturas con el gobierno de AMLO

Una de las incertidumbres que persiste actualmente, es si la transición de un gobierno de izquierda sea lo suficientemente fuerte para lograr los cambios en las estructuras estatales, necesarias para tener impacto socialmente; si la instauración de un gobierno progresista logre no sólo implementar políticas distintas a las de los gobiernos anteriores, si bien AMLO plantea algunas acciones en las que se percibe a un ejecutivo fuerte, visto por ejemplo cuando instituciones como el INE se retractan de la investigación hacia el partido MORENA por el “modus operandi” de la recaudación de capital para los damnificados por el sismo del 19S, así como recientemente el poder judicial no polemizó más sobre el tema de la austeridad de altos funcionarios.

En otro sentido, también se ha hecho notar la innegable influencia que tiene dentro del Congreso de la Unión, que a pesar de que se argumente que son poderes totalmente autónomos, se nota una fuerte presencia del ejecutivo, aunque éste es necesario para la estabilidad de un Estado, como recalca Jorge Carpizo (1994). En los sistemas políticos contemporáneos se necesita del predominio de un ejecutivo, esta premisa aplica igual sean países capitalistas, socialistas o comunistas (p.19). A pesar de que esta observación haya tenido lugar en el siglo pasado, analizada en el periodo donde el PRI mantenía su hegemonía política, incluso antes de que se diera la primera alternancia con el PAN, vale la pena rescatar algunas de sus observaciones que parecen tener vigencia. Incluso, ante el posicionamiento de un presidente con una trayectoria de izquierda como lo es AMLO, valdría la pena repensar si las estructuras del sistema presidencial cambiarán o se reproducirán las mismas, que en el análisis de Carpizo identifica que el presidente:

  1. Es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las grandes centrales obreras, campesinas y profesionales.

  2. El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente, las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que seguramente están así frustrando su carrera política.

  3. La integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia por elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está interesado.

  4. La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco central, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como las amplias facultades que tiene en materia económica.

  5. La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él.

  6. La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación (Carpizo, 1994: 25).

Dentro de clasificaciones de Carpizo, se pueden encontrar algunas similitudes actuales a pesar de que el ejecutivo sea de inclinación progresista, incluso podríamos afirmar que la descripción resulta muy cercana aunque con sus respectivos matices, y que el poder ejecutivo hace notar su influencia ya sea por vía constitucional o metaconstitucional, aunque a diferencia de los gobiernos del PRI y el PAN, que tenían una presencia muy marcada sobre los otros poderes, es innegable la fortaleza del nuevo presidente. Incluso a pesar de que en las gubernaturas de los distintos estados existe una diversidad de partidos políticos en los gobiernos, no logran mostrar un contrapeso real al ejecutivo, aunque esto ya lo había visualizado Daniel Cosío (1974) afirmando que: “En la escala del poder civil oficial, el último peldaño lo ocupa el presidente municipal, el gobernador del estado el intermedio, y el superior el presidente de la República” (p.26). Ante este panorama, no se quiere demostrar que el partido MORENA sea “el nuevo PRI o PAN”, pero sí que el ejecutivo se rige bajo estructuras ya existentes, y que si bien se han mostrado algunos cambios, éstos no han sido profundos, apenas lo son muy graduales.

La diferencia con el actual gobierno es que éste no ejerce su influencia de manera coercitiva, incluso podríamos afirmar que el hecho de que exista apertura en los medios públicos y el propio interés de éstos por cubrir las noticias, es lo que otorga legitimidad al actual gobierno y a pesar de que éste ha sido cuestionado tanto por la propia derecha e incluso por la izquierda inclinada hacia abajo, éste parece tener un nivel de aceptación público muy alto. Lo que demuestra que nos encontramos con un poder ejecutivo más fuerte, incluso que el de sus antecesores. Aspecto que de manera inmediata podría mostrarnos elementos positivos que lo hacen diferenciarse de los gobiernos anteriores, que se notaban mucho más agresivos y represivos, pero también esto puede desembocar en escenarios más pesimistas, como el hecho de mantener una actitud acrítica por un exceso de confianza y optimismo hacia este nuevo gobierno por parte de la ciudadanía.

Nos encontramos con un ejecutivo fuerte, lo ha demostrado desde su legitimidad de origen, ante esto todavía es cuestionable su legitimidad de gobierno por estar en un periodo prácticamente de inicio, pero como ya se ha analizado, se nota también la influencia que este ejecutivo tiene sobre los demás poderes. Si bien desde autores federalistas como Hamilton, han visualizado la necesidad un ejecutivo fuerte, ya que de lo contrario un ejecutivo débil mostraría a un gobierno débil (Carpizo, 1994: 19). La otra cara es que también las resoluciones de las problemáticas, recaen en un individuo. Lo cual ha sido estudiado en temas como “Gobierno, Gobernanza o Gobernabilidad” que incluso tienen que ver con la ética. En este sentido ante las problemáticas sociales e históricas, pero también las emergentes y, para la resolución de todos estos problemas actuales, pareciera que debemos mantener una actitud de “confianza” en las decisiones de AMLO. Pero me parece que ante este panorama, es preciso hacer tres cuestionamientos esenciales.

Una comparación entre el congreso de 1997 y la conformación de la actual legislatura, ¿hegemonía partidista o congreso progresista fuerte?

Para Javier Santiago (1999), el sistema presidencialista está marcado por cuatro etapas: el primer periodo de 1916-1934, en el que el gobierno de Abelardo Rodríguez marcó el fin del caudillismo revolucionario y con ello, el nacimiento del sistema presidencialista. El segundo periodo de 1934-1952, la época del establecimiento del sistema presidencial, entre el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta el de Miguel Alemán, en la que para el autor se expulsó definitivamente al caudillismo; esto lo hace notar con la expulsión de Plutarco Elías Calles y la transformación del PNR a PRM.

La tercera etapa de 1952-1988, caracterizada por el fuerte poder presidencial y del partido hegemónico, aunque en 1977 por ejemplo, se caracterizó por ser una fecha en la que se promovió la competencia electoral equitativa, lo que detonó en la presencia de partidos políticos. Finalmente, la cuarta etapa marcada desde 1988 en adelante, describiéndola por tres facetas: 1.- decadencia del antiguo régimen, 2.- gestación de un nuevo régimen 3.- sistema de partidos. Para él, el congreso conformado en 1997, resalta el declive del partido hegemónico, en donde rescata que a pesar de que existían ciertos rasgos del antiguo régimen, ya se notaba una diversidad mayor de partidos en el Congreso de la Unión:

…las fuerzas dentro de la cámara de Diputados quedaron de la siguiente forma: el PRI con 239 diputados (47.8%), frente a 261 (52.2%) del resto de los partidos. Estos últimos distribuidos de la siguiente manera: PAN 121, PRD 125, PT 7 y PVEM 8. Con posterioridad, dos diputados del PRI renunciaron y se pasaron al PRD, con lo que el porcentaje de curules de aquél, disminuyó a 47.4%. En las elecciones últimas, sólo se eligieron los 32 senadores de representación proporcional, que durarán en su cargo tres años. De ellos le correspondieron al PRI 13, al PAN 9, al PRD 8, al PVEM uno y al PT uno. El total de legisladores por partido quedó de la siguiente manera: PAN 33, PRI 77, PRD 16, PT Y PVEM uno cada uno (Santiago, 1999: 60).

Posiblemente la LVII Legislatura es el ejemplo de lo que implicaba ser una oposición. Ésta tiene un precedente histórico ya que fue en la cámara baja donde por primera vez en 1997 logran posicionarse con la mayoría de escaños diversos partidos de izquierda, como el PRD y de centro como el PAN (evidentemente la legitimidad de estos partidos era mayor que la actual). Cabe resaltar que el papel de esta legislatura no fue menor, ya que la mayoría de los escaños siempre eran obtenidos por el PRI, aunque uno de los principales problemas a los que se tuvo que enfrentar la LVII Legislatura, fue el hecho de que las iniciativas que presentaban no eran aprobadas por la cámara de senadores, pero a su vez uno de los problemas que se enfrentó el ejecutivo, fue que las iniciativas que eran presentadas por este poder no eran aprobadas por la cámara baja; hay críticas que exponen que dicha situación impedía tratar o acelerar el proceso de atención de temas emergentes y del cumplimiento de la agenda legislativa, pero también 1997 fue el año en que se presenció lo que podría ser el ejemplo de un contrapeso de poderes.

La importancia de la LVII Legislatura, consiste en el surgimiento de una nueva manera en que los poderes ejecutivo y legislativo se relacionan; existen momentos en los que hay reconocimiento y cautela por parte del presidente Ernesto Zedillo, hacia el poder legislativo concentrado en la cámara de Diputados, y una actitud por parte de Porfirio Muñoz Ledo, similar a la actual, hablaba de reconstituir la cámara baja evitando los excesos de poder que era hegemónico. Hay que mencionar que las demandas y los discursos eran muy semejantes a los que se difunden actualmente, demandas que caracterizan a la izquierda institucional. Ricardo Espinoza (1999), rescata muy bien la manera en que Muñoz Ledo externaba sus exigencias a Ernesto Zedillo:

…las cámaras del Congreso tienen las atribuciones suficientes, de carácter presupuestal, fiscal y legislativo para “enderezar” el rumbo de la política económica y social, para hacer posible la mejoría del salario y del ingreso y promover el crecimiento y el empleo. Con ese propósito, anunció que se convocaría a los actores económicos y sociales a un “foro nacional”, como un mecanismo para establecer el diálogo inteligente y mutuamente respetuoso con el ejecutivo federal […] En ese sentido se inauguraba una nueva etapa en la historia de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo (p.177).

Se notaba en aquel periodo que existía la posibilidad de una presión real entre poderes, lo que daba un sentimiento de esperanza, pero a lo que en su momento advirtió Javier Santiago (1999): “Es un error, que peca de exceso de optimismo, pensar que el bloque opositor por sí solo logrará transformar el andamiaje institucional autoritario por otro democrático” (p.63). En este sentido acertó, ya que posteriormente se va a caracterizar por existir una alternancia partidista en el año 2000, pero con esto no la instauración de un régimen democrático, sino de una breve hegemonía por parte del PAN durante doce años y posteriormente el regreso de un candidato del PRI en 2012, cada uno de estos periodos caracterizados por el dominio del ejecutivo hacia el Congreso de la Unión.

En 2018 logra posicionarse un gobierno de izquierda con el apoyo de un partido político relativamente nuevo (MORENA), no sólo es el ejecutivo quién obtiene la victoria por dicho partido, también en el poder legislativo logra obtener la mayoría de escaños tanto en la cámara de Diputados, como en la de Senadores. En la cámara baja la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo 308 lugares, divididos de la siguiente manera: MORENA-191, PT-61, Encuentro Social-56. La coalición “Por México al Frente” obtuvo 129 Escaños divididos entre: PAN-81, Movimiento Ciudadano-27, PRD-21. Finalmente la coalición “Todos por México” obtuvo 63 escaños desglosados de la siguiente manera: PRI-45, PV-16, Nueva Alianza-2.

En la cámara de Senadores, la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo 69 lugares divididos de la siguiente manera: MORENA-55, Encuentro Social-8, PT-6. La coalición “Por México al Frente” obtuvo 38 escaños divididos entre: PAN-23, PRD-8, Movimiento Ciudadano-7. Finalmente la coalición “Todos por México” obtuvo 21 escaños desglosados de la siguiente manera: PRI-14, PV-6, Nueva Alianza-1 (El Financiero, 2018). Nos damos cuenta que existe un predominio claro por parte del partido MORENA, a lo que después del análisis de Javier Santiago, conviene analizar si después de 1988 hasta la actualidad, existan otras etapas del presidencialismo, ya que posteriormente a 1997, donde el PRI pierde su hegemonía, actualmente también la pierde el PAN.

Pero ante el predominio actual de un presidente y partido de izquierda, hay ciertas características que dificultan la clasificación, porque comparte características de la segunda y tercera etapa del sistema presidencialista de Javier Santiago, caracterizadas por la fuerte influencia que tiene el ejecutivo en el Congreso de la Unión, y también la hegemonía partidista (al menos la mayoría relativa) que existe al interior de éste. Si bien tanto el actual poder ejecutivo como el legislativo son progresistas y tanto la implementación de las políticas de gobierno tienen sus propios matices y diferencias, menos autoritarias, promovidas por un discurso de inclusión, así como los temas de agenda legislativa, se notan de mayor apertura y beneficio social. Es evidente que en esencia la estructura es la misma, un sistema presidencialista hegemónico que ya ha dado demostraciones de su fortaleza, y que evidentemente no tiene un contrapeso ni institucional, ni siquiera del poder judicial, esta característica puede ser positiva para algunos académicos, como lo es también negativo para otros.

Actores controversiales en el equipo de Andrés Manuel López Obrador

Se ha argumentado que un dirigente de Estado tiene como función la diplomacia y la de establecer acuerdos con los demás actores que cumplen un papel dentro del sistema político mexicano, incluso la importancia de establecer buenas relaciones con otros jefes de Estado y diplomáticos, pero también es cierto que hay ciertas inclinaciones, coincidencias o, discrepancias y diferencias entre los distintos actores políticos, que nos permiten visualizar el tipo de proyecto e incluso las luchas entre clases políticas. Un ejemplo de estos disentimientos se pudieron notar cuando la que en su momento fue declarada Gobernadora del Estado de Puebla, Martha Erika Alonso, invitó al mandatario a su toma de protesta, pero como es bien sabido AMLO rechazó dicho llamamiento. En un caso de política exterior, esto también se notó cuando AMLO mostró su postura de no intervención en los asuntos que competían a Venezuela, para lograr así el respeto de su soberanía. En este tipo de asperezas se puede notar una lucha de las clases políticas, como lo refiere Pierre Gaussens (2018): “Dicha lucha es altamente simbólica porque se da en lo político por el control de la acumulación merced al dominio sobre el Estado, entendido como el productor del capital simbólico (el poder de todos los poderes)” (pp. 146-147).

AMLO tiene dominado recientemente el capital simbólico, pero también dentro de los nuevos difundidores de éste, resaltan nombres como el de Pablo Gómez, quién a pesar de ser el diputado más longevo de la actual LXIV Legislatura, en la cámara de Diputados, ha sido uno de los oradores más elocuentes y críticos dentro de toda su trayectoria política, también conocido por ser uno de los sobrevivientes de la masacre que vivieron los estudiantes de la generación de 1968. Porfirio Muñoz Ledo, quien en el congreso de 1997 se caracterizó por ser uno de los principales críticos y contrapesos (como presidente de la cámara de Diputados) del presidente Ernesto Zedillo, o políticos como Gerardo Fernández Noroña, quien fue un duro crítico y opositor del Gobierno de Felipe Calderón cuando fue diputado por el PT, y del Gobierno de Peña Nieto que pese haber culminado su periodo de legislador se caracterizó por ser un fuerte activista. Existen algunos otros políticos que en algún momento se han distinguido por ser opositores de la clase política conservadora y que hoy se encuentran dentro del equipo de AMLO, tales como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal (éste en algún momento llegó a tener fuertes diferencias por no ser el elegido como el candidato de MORENA para la Jefatura de la CDMX) y Marcelo Ebrard (quien tuvo una investigación sobre la Línea 12 del metro), pero se caracterizan por ser más diplomáticos y menos activistas.

No solo se ha apropiado una “nueva” clase política del capital simbólico, sino que una vez posicionados en las estructuras de poder se ha optado por reproducirlo, como menciona Gaussens (2018): “…no existe herencia cultural que sea a la vez herencia material. Para toda la burguesía, la economía de los bienes simbólicos se apoya sobre los bienes materiales” (p.152). Con el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II, como director del Fondo de Cultura Económica, podemos percibir que la actual administración tiene la capacidad de reproducir un nuevo capital cultural (a través también de Educal y de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura), o al menos esto se ha mostrado recientemente con la intensión de acercar la literatura, la filosofía, las ciencias, etc., por medio del acceso de libros hacia la población (que ciertamente comparto esta idea). Pero también aunque el nuevo director prefiera leer a José Revueltas que a Octavio Paz, es inevitablemente que en proyectos como la difusión de la “Cartilla Moral”, se establezcan criterios de autores, que en este caso pasan a ser oficiales (preguntándonos en el futuro próximo: ¿Qué será ahora contrahistoria y contramemoria?), cuestionándonos inevitablemente si en este nuevo proyecto se reducirá a una parte ortodoxa reproductiva y aprensiva de textos, o de cuestionamientos y posturas críticas hacia éstos.

Existe una peculiaridad en la actual administración, ya que existen fuertes contradicciones, si bien es cierto que AMLO ha logrado apropiarse del capital simbólico, este no parece ser un capital distinto al de sus antecesores; incluso podríamos afirmar que sigue siendo el mismo, el actual ejecutivo antes de ser presidente de la República se caracterizaba por marcar una distancia y fuertes críticas a la clase política acusándolos peyorativamente como “la mafia del poder”, pero existen varios acercamientos con esta clase política “vieja”, hechos que se han suscitado desde “la casa de la transición”, donde se daban reuniones, por ejemplo con José Antonio Meade, o la que se dio en Chiapas con Manuel Velazco, algunos políticos que se adhirieron a su equipo como el senador Napoleón Gómez Urrutia, quién fue un ex líder minero y quién tiene una investigación por extorsión, o Julio Cesar Villareal Guajardo quién tiene una de las principales financieras y que se la ha ligado al Salinismo (por haber adquirido varias concesiones en dicho gobierno).

Posiblemente el nombramiento más polémico fue el de Manuel Barttlet, como Presidente de la Comisión Federal de Electricidad, (porque se le relaciona con “la caída del sistema” en la elección de 1988); los Clouthier han sido los más contundentes críticos y opositores a dicho nombramiento (Delgado, 2018). La participación e integración en las funciones públicas de este tipo de políticos se justifican bajo un discurso de que se les requiere por su experiencia y preparación, como bien rescata Gaussens (2018): “…la burguesía oligárquica tiende por su lado a intensificar su uso de la escuela; convirtiendo su capital económico en capital cultural y sus títulos de propiedad en títulos escolares” (p.153). Una manera en que la clase política persiste y se consolida en el “nuevo” sistema o gobierno es precisamente bajo lo que Weber (2019) denominaría como los “tecnócratas”, aquellos políticos profesionales que viven de la política. Y es precisamente donde a través de su educación y títulos, logran consolidarse en todos estos puestos “ejecutivos”. Tan efectivo es este argumento que incluso han logrado permanecer y consolidarse políticamente a pesar de las transiciones partidistas.

Podríamos decir que AMLO comenzó por ser un político el cual representaba a una clase distinta, incluso podríamos afirmar que existía una lucha entre dos elites, una que quería conservar su estancia en el poder y otra que buscaba posicionarse en éste (aunque el poder no se toma). Posterior al primero de diciembre, se esperaría al menos la llegada de una clase política distinta y con ello posiblemente el control de todos los capitales, (económico, social, cultural y simbólico); pero en este caso particular podríamos decir que lo que ha sucedido es una articulación de una clase política “vieja” y de la clase política “nueva”, y con ello la articulación de sus respectivos capitales simbólicos, por lo que podría llevarnos a dos conclusiones: la primera, es que resulta difícil distinguir en donde empieza el capital simbólico de una clase política y donde termina el de la otra; y la segunda, es que no existe una nueva clase sino la continuidad de la misma, posiblemente no en los principales puestos (en algunos casos sí), pero que está latente y que busca la oportunidad nuevamente de apropiarse de dicho capital (simbólico).

Empresarios implicados en la “4T”

No se puede percibir la clase política sin la clase empresarial, han existido académicos que argumentan incluso que los políticos necesitan de “mecenas” que ayuden con la parte económica a la clase política y, en ese sentido podríamos decir que lo que ha sucedido actualmente es simplemente la llegada de una nueva clase o elite empresarial que sustituye a la anterior (hasta cierto punto). Esta relación entre empresarios y AMLO, se empezó a percibir durante el periodo de campaña con mayor constancia (aunque persistía desde antes), reluciendo dos nombres, Miguel Torruco actual Secretario de Turismo, quién fue su asesor desde que el actual ejecutivo era candidato a la presidencia y Alfonso Romo, que de igual manera actualmente forma parte de su equipo como Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Pero no son los únicos nombres con quien se le ha relacionado a AMLO. Durante el periodo de campaña recibió críticas no sólo por la cercanía de Torruco (por ser muy cercano a Slim), sino de muchos otros empresarios que saltan a relucir por su relación directa o indirecta con esa vieja elite empresarial. Minoría que el actual ejecutivo denominaba como “la mafia del poder”, el periodista Arturo García rescata algunos nombres de empresarios que congeniaban con AMLO, desde periodos de campaña entre los que destacan:

Esteban Moctezuma Barragán, cercano a Ricardo Salinas Pliego (de Tv Azteca); Marcos Fastlich, suegro de Emilio Azcarraga (Televisa); Susana Harp, sobrina de Alfredo Harp Helú (de Banamex) y Javier Jiménez Espriú, cuñado de Pascual Gutiérrez Saldívar (del Grupo Idesa). También hay acaudalados representantes de otras entidades, como el bajacaliforniano Jaime Bonilla y el coahuilense Armando Guadiana Tijerina, entre otros (Rodríguez, 2018: 6-7).

Si bien esta clase empresarial no tenía la relación directa con los gobiernos anteriores (PRI y PAN), si es una clase que no está desapegada en su totalidad de aquellos vínculos, incluso se percibe un alto grado de cercanía con aquellas viejas elites, entonces no se nota un cambio ni en la clase política (capital simbólico), ni en la clase económica (capital económico), ya que persiste esa inminente relación. En el caso de la relación entre Alfonso Romo y AMLO, ha sido muy cuestionada ya que al primero se le ha relacionado con Pedro Aspe (quien trabajó en el gobierno de Salinas), y fue de igual manera quién apoyó activamente a Vicente Fox (uno de los principales detractores actuales tanto de Romo como de AMLO), justamente resulta polémico porque fue en este periodo donde Romo desprestigió la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Esta pragmática relación entre la “nueva elite política” que tiene relaciones con la “nueva elite económica”, pareció consolidarse cuando Alfonso Romo declaró que: “la luna de miel con empresarios se ha convertido en matrimonio” (citado de Zavala: 2018), luego de que AMLO sostuviera una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (por más de tres horas) por la tarde del 16 de Agosto de 2018, relación que parece se mantendrá fuerte ya que el 18 de Febrero de 2019 en una reunión con dicho consejo, el presidente de la República comentó entre otras cosas que “se hará valer el estado de derecho” y que “México tiene la posibilidad de convertirse en potencia económica” (El Sol de México). Al menos esto nos sugiere una posición en la que AMLO, hará todo lo que se encuentre entre sus medios (que como ejecutivo son muchos) para mantener esta relación estable.

Otro de los empresarios polémicos con los que López Obrador tiene relación (ahora directa) es con Ricardo Salinas Pliego, según Linares y Rodríguez (2019), éste se ha beneficiado en cada administración de los Gobiernos federales, desde la época de Salinas de Gortari hasta la administración de la Cuarta Transformación, incluso se ha llegado a afirmar que es el empresario favorito de AMLO, resaltan las contradicciones inmediatamente, principalmente porque este es dueño de una de las dos televisoras con más presencia en el país “Tv Azteca”. Pero esta relación parece ser más abierta, ya que se distingue claramente de la relación con Televisa, ya que en el Upfront 2018-2019, evento privado de la principal televisora del país que se llevó acabo el 26 de octubre de 2018, algunos medios de comunicación difundieron las expresiones de AMLO acerca de la televisora en la que afirmaba que: “La empresa es extraordinaria para el país” (Martínez, 2018), y también de un modo agridulce expresó que: “Televisa se respeta porque es mexicana, y aunque fuera un vino agrio, si es mexicano se toma” (Valenzuela, 2018).

Una de las diferencias que se pueden notar al menos en el último periodo, es que la relaciones eran mejor con la televisora Tv Azteca que con Televisa. El periodista Carlos Loret de Mola, con frecuencia hablaba peyorativamente del presidente, relación que al menos en las últimas campañas se tornó distinta con la televisora Tv Azteca, en donde si recordamos se le abrieron los espacios a AMLO por medio de entrevistas realizadas por el periodista Javier Alatorre, en el que se notaba claramente la diferencia de trato. Probablemente esta diferencia entre la relación brindada por parte de las televisoras y los reporteros (más allá de la amistad de Alatorre y Beatriz Gutiérrez), puede explicarse por la utilidad tanto para AMLO como para Ricardo Salinas Pliego, ya que para los periodistas Linares y Rodríguez (2019):

… el presidente López Obrador anunció que Banco Azteca sería una de las instituciones financieras que realizarían la dispersión de recursos para sus programas sociales insignia, los depósitos directos a los beneficiarios con el argumento de evitar la intermediación con fines político-electorales o clientelares […] La intención es que el llamado Banco del Bienestar llegue a 7 mil puntos de atención valiéndose de la infraestructura del Banco del Ejército, las 430 sucursales que tenían Bansefi y el apoyo de Banco Azteca. Así con esa adjudicación directa, se inició la dispersión de recursos por todo el país y el primer negocio para Salinas Pliego en este sexenio (p.7).

Resalta el hecho de que todos los empresarios ya mencionados han tenido relación con expresidentes, algunos empresarios la han tenido con más de un exmandatario. Desde los gobiernos como el de Salinas de Gortari, Vicente Fox y Calderón, en algunos casos empresarios que mantienen una relación con la actual administración han mostrado rupturas con los exmandatarios, pero lo que se percibe es que no existe una clase empresarial “nueva”, ya que existe una relación directa o indirecta, que se sigue manteniendo constante, si bien en esta nueva administración y en la clase empresarial, no han resaltado los grandes escándalos como fue el caso de “la Casa Blanca”, o el de “la Gran Estafa” u “Odebretch”, algunos de estos empresarios en el pasado si se han beneficiado de privatizaciones, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, también se notan las relaciones que tuvo Alfonso Romo con Vicente Fox, y qué decir de la cercanía que tiene Miguel Torruco con Carlos Slim. La conformación del equipo y asesores de AMLO, al menos por el momento, tiene latente el estigma del pasado de varios de sus colaboradores, lo que dificultad en gran medida romper o crear al menos por ahora esquemas o medidas distintas a las de sus predecesores.

Matices y retos en las políticas económicas en el gobierno de AMLO

Una de las contradicciones en los gobiernos progresistas es precisamente la implementación de las políticas en materia económica; muchos de estos gobiernos implementan políticas Keynesianas y éstas, en una primera impresión, podrían verse de manera positiva, ya que apuestan por un desarrollo económico, implementando políticas como el incremento del salario mínimo (tal como sucedió recientemente), lo que se traducirá en un mayor poder adquisitivo de la población. Pero con ello, también un mayor consumo de mercancías de diversas empresas que en su mayoría son extranjeras; ahora bien, la implementación de este tipo de políticas pueden servir como válvulas de escape de problemas de fondo mucho más peligrosos y también estar pensadas al corto plazo.

Si bien en el momento inmediato existe un “alivio” en el bolsillo (aunque no suficiente), el panorama a largo plazo puede ser desastroso, y el “bienestar social” puede ser sólo aparente, ya que puede existir un grado alto de dependencia; ahora no solamente de las economías exteriores, sino de las economías y manufacturas extranjeras, en el constante consumo incluso, se puede fortalecer la economía que es ajena a la nacional, existiendo con ello un grado alto de dependencia. Algo que ha sido muy polémico en el inicio de esta administración, es la construcción del “Tren Maya”, argumentando que esto potenciará el desarrollo de la parte sur del país, más allá del debate que se desata por la preocupación de la destrucción ecológica, al menos en el discurso se percibe que está enfocado siempre en “promover el turismo”, algo que no es novedad y que este tipo de políticas ya se han implementado.

Otra de las posturas que caracterizaban a los gobiernos socialistas, era el hecho de implementar inversión manufacturera, para potenciar su desarrollo industrial, para que de esta manera pudieran convertirse en países industrializados, y pasar de ser simples consumidores, para convertirse en productores y exportadores, gozando de cierto grado de autonomía industrial, que conlleva a cierta sustentabilidad nacional (a excepción claro, de los Tratados de Libre Comercio, Aranceles y demás impuestos). En el caso mexicano, ya se ha manifestado que parte del proyecto es restaurar las refinerías existentes (que ciertamente se encuentran en condiciones precarias) y crear otras dos, esto con la intención de ser competidores a las exigencias de los mercados internacionales en el sector energético.

La actual administración tiene uno de los mayores retos, para potenciar e impulsar la economía nacional, un ejemplo es que la principal empresa de este país PEMEX, en una entrevista que fue realizada a Guadalupe Correa, nos explica que:

…es la compra de gas condensado robado a Pemex que viene de la Cuenca de Burgos y que lo pasan por la frontera, por Brownsville, La Compañía [el nombre que tomaban los Zetas y el CDG cuando operaban conjuntamente a comienzos de los 2000] que al final lo compran empresas como Shell o Conoco Philips. Hubo tres juicios que obviamente no le fueron favorables a Petróleos Mexicanos, pero estamos viendo para quién están trabajando estas empresas criminales: para empresas transnacionales que al final se benefician del crimen (citado en Heras, 2018).

Lo que percibimos ante esta situación, es un panorama realmente desolador y que el problema de robo de combustibles ciertamente no es un fenómeno que tenga sus indicios recientemente, sino que éste se dio durante el gobierno de Salinas de Gortari con la firma del TLC, aunque de manera más gradual, un robo y desvió de tipo “hormiga”, pero que curiosamente en el periodo de gobierno de Felipe Calderón, empezó a visualizarse un incremento significativo que finalmente desembocó en un problema que se volvió prácticamente incontrolable durante el mandato de Enrique Peña Nieto, de esto podemos rescatar que:

Según las estimaciones presentadas por el gobierno federal, del combustible que se le roba a Pemex, 20% se sustrae mediante tomas clandestinas. Este robo detonó a partir del sexenio de Vicente Fox, con una frecuencia de casi una toma clandestina diaria. Pero fue en el de Peña Nieto cuando se desbordó hasta llegar, este año, a más de 40 tomas por día con mayor incidencia en Puebla, Hidalgo y Guanajuato (Pérez, 8: 2018).

Todo este problema que se da en las distintas escalas y jerarquías dentro de la paraestatal, sin duda afectan una de las principales empresas nacionales, en la que participan desde los empresarios, contratistas, transportistas, concesionarios, etc., creándose una estructura tan complicada, en la que hasta el crimen organizado y empresas transnacionales tienen participación. También se ha afirmado que la empresa ya no genera el mayor número de ingresos del país, siendo ahora el sector manufacturero quién aporta el mayor ingreso. Independientemente de si esto se debe a la grave situación en la que se encuentra Pemex, el actual gobierno ha tomado medidas para combatir el fenómeno que actualmente es conocido como “Huachicol”, poniendo mayor énfasis en el combate al robo de combustible por medio de los ductos.

Pareciera que aquella “Guerra contra el Narco” que Felipe Calderón declaró en su sexenio y en la que destinó gran parte de los recursos federales al equipamiento del ejército y de la policía federal, desatendiéndose la inversión en otros sectores como fue el de salud y el educativo, agravó la situación, viviéndose índices de violencia insoportables, parece que ahora sólo cambió el nombre a “combate del huachicol” (que precisamente el crimen organizado ha expandido su mercado ahora al robo y venta de combustibles a gran escala) y que parecen existir algunas similitudes estratégicas, ejemplo de esto es la polémica creación de una Guardia Nacional. Si bien es evidente la urgencia de combatir el huachicol, esta guerra al menos hasta el momento, parece que se está perdiendo. También nos resulta primordial cuestionarnos si la construcción de megaproyectos como el “Tren Maya” logrará potencializar el desarrollo económico o será necesario buscar otras alternativas que logren potencializar el desarrollo social (más allá de programas como “jóvenes construyendo el futuro”). Ya que la implementación de políticas Keynesianas de momento, parece mostrar un panorama optimista provocado por los resultados de corto plazo, pero lo que desconocemos es el impacto que estas políticas podrían tener al largo plazo.

Conclusiones

Es evidente que es muy apresurado establecer un juicio inmediato, si el gobierno de AMLO significa el mejoramiento de las condiciones sociales o logrará erradicar las grandes problemáticas que existen tanto a nivel social y también estatal. Al menos de esto, existen dos opiniones que se enfrentan y una que parece entrelazar a ambas: primero, el escepticismo de la instauración de gobiernos progresistas, en donde la aplicación de políticas económicas del tipo keynesianas que apuestan por la inversión de capital destinado a proyectos que generen el “bienestar social” en el trasfondo, no logren ser suficientes. Estas políticas económicas podrían incluso perjudicar y hacer daño, esto a partir de las experiencias e investigaciones realizadas en países en donde se han logrado consolidar los gobiernos progresistas, bajo este esquema se encuentran investigadores escépticos como Aguirre Rojas, Zibechi, Gaussenes entre otros.

También existen autores como Armando Bartra, que ven una posibilidad real de cambio en estos gobiernos y la esperanza de ese mismo cambio con la llegada de la izquierda institucional en México. Y en su momento Dussel, que a pesar de mantenerse firme en la idea de que para lograr el cambio se necesita de la toma del poder estatal, actualmente no ve la posibilidad de un cambio profundo que implique cambiar radicalmente las estructuras estatales, involucrando una participación ciudadana institucionalizada. Y la tercera, donde autores como Wallerstein, que parecen no confiar totalmente en los gobiernos de izquierda, pero sí ven en ellos la manifestación de crisis de los actuales “sistemas-mundo”, que pueden posibilitar un cambio en los tiempos próximos y además también, la posibilidad de la participación y presión por parte de la ciudadanía hacia éstos.

Lo que parecer ser evidente al menos entre estas tres posturas, es la participación ciudadana, así como el sentido crítico de ésta ante el nuevo gobierno, ya que si bien es innegable que la llegada de AMLO al poder abre un sentimiento de esperanza y optimismo que aún se encuentra vivo. Pero también uno de los riesgos es que al mantener un tipo confianza ciega, ésta pueda desencadenar en el peligro de una decepción que pueda desembocar en la llegada de actores políticos con políticas mucho más agresivas (como sucedió en Brasil y Argentina por mencionar algunos casos), en ese sentido, la situación que actualmente se vive en México debe ser vista como apenas el inicio de un proceso, en el cual la llegada de AMLO no es más que la manifestación de la urgencia de un cambio, y la visualización de diversos problemas vigentes en nuestro país. De ahí que no sólo se tenga que estar atento únicamente a las acciones del ejecutivo, sino también a las distintas movilizaciones sociales y emergentes, que cumplen con tener una posición crítica ante dicho gobierno, necesarias para evidenciar las problemáticas, de las cuales su solución pueda encontrarse más allá de la implementación de estas políticas keynesianas o de la atención mediante las estructuras del Estado, pero que precisamente nos permitan vislumbrar la necesidad de estar atentos, demandantes, propositivos y activos de las muchas otras formas de atención de dichos problemas.

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Notas

i Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas del Complejo Regional Sur de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo: j.88_@hotmail.com.

ii Término también utilizado por los gobiernos liberales.

iii Aunque en la CPEUM en el Art. 35, Fracción VIII, estipula la participación ciudadana, carecemos de un sistema estatal que haga posible dicha participación. Aunque existen las “potentia”, carecen las “potestad” para hacer efectivo dicho derecho.

01.05.2019


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