Marzo 2019

Venezuela resiste, tras cuatro años de sanciones estadounidenses

Profesora Aymara Gerdel

“6 Órdenes Ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden político, económico, social y militar en Venezuela”

Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la Administración Bush logró la aprobación en el Congreso Estadounidense de la Ley Patriota[1], esta ley sentó las bases jurídicas para desarrollar guerras preventivas y declarar a escala global “la guerra total al terrorismo”. La Ley Patriota es un instrumento jurídico de carácter extraterritorial, que ha permitido extender a otros países la aplicación de las leyes estadounidenses.

El reconocido escritor Thierry Meyssan, ha denunciado que “Desde el año 2001, el Tesoro estadounidense se ha convertido en una potencia política que trabaja en coordinación con el Pentágono. El Tesoro se ha dotado, en efecto, de poderes sorprendentes mediante la creación de una jurisprudencia que permite extender a otros países la aplicación de las leyes de EEUU bajo el pretexto de que ciertas transacciones internacionales se efectúan en dólares estadounidenses[2]”.

El Departamento del Tesoro Estadounidense cuenta con un Agencia de Inteligencia Financiera encargada de planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales en apoyo a los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos, denominada Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC).

La OFAC puede sancionar a Individuos, Entidades, Barcos y Aeronaves designados o identificados en listas derivadas de programas asociados a Leyes, Reglamentos y Órdenes Ejecutivas. Según la OFAC las Sanciones son consecuencia o efecto de una conducta que amenaza la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EEUU y son utilizadas para “prevenir” que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE.UU. y sus objetivos de seguridad nacional.

Bajo este andamiaje sustentado en la Ley Patriota, y con el pretexto de luchar contra el terrorismo mediante ataques preventivos que amenacen la Seguridad Nacional del país norteamericano ha desarrollado un acabado sistema de presiones que pretende imponer un orden político, económico, militar y social en América y el mundo.  Entre los países sancionados por la OFAC a la fecha destacan: Belarús, Irán, Burundi, Rusia, Cuba, Siria, Libia, Nicaragua, Corea del Norte, el Líbano, Liberia, Somalia, Sudan, Ucrania, Yemen y Zimbabue[3]. Todos países con abundantes recursos energéticos, y víctimas de intervenciones militares y golpes de estado con participación estadounidense.

Seis Órdenes Ejecutivas[4]

El próximo 8 de marzo se cumplirán 4 años desde que el expresidente estadounidense Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 y declaró a su país en emergencia nacional, respecto de la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación en Venezuela[5] a su seguridad nacional y su política exterior. Posteriormente la Administración Trump ha emitido cinco órdenes ejecutivas adicionales, sancionando a 77 individuos, 32 entidades y dos embarcaciones.

La primera orden ejecutiva promulgada por la Administración Trump fue emitida el 24 de agosto del año 2017 (Orden Ejecutiva 13.808), la cual sanciona a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) afectando la emisión de nueva deuda y el traspaso o negociación de deuda antigua en Estados Unidos, también prohíbe el pago de dividendos y operaciones capital asociadas a CITGO.

El 19 de marzo del año 2018 el presidente Trump mediante la Orden Ejecutiva 13.827, prohíbe las transacciones con cualquier moneda digital o ficha digital venezolana (EEUU prohíbe transar con Petros) a toda persona o entidad estadounidense, las órdenes ejecutivas también se prohíben cualquier intento o forma de evasión de las mismas. Posteriormente, emite cuatro sanciones individuales dirigidas a funcionarios del estado venezolano argumentando en ella “mala gestión económica y corrupción”.

Seguidamente, luego de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela (resultando reelecto el Presidente Nicolás Maduro), Washington emite nuevas sanciones mediante la Orden Ejecutiva 13.835, de fecha 21 de mayo del año 2018, en esta oportunidad las sanciones prohíben la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense.

En Septiembre del 2018, EEUU también aplica sanciones a personas físicas y jurídicas (entidades), entre los individuos sancionados destacan: el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y la Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, entre otros altos funcionarios del Gobierno Bolivariano.

Posteriormente, el 01 de noviembre del año 2018 mediante la Orden Ejecutiva 13.850, Washington sanciona el sector aurífero de la economía venezolana y engrosa la lista de altos funcionarios del Gobierno venezolano sancionados.

La más reciente orden ejecutiva fue emitida el 28 de enero del año 2019 (Orden Ejecutiva 13.857), en ella se establecen más sanciones a PDVSA, en esta oportunidad las sanciones bloquearían 7.000 millones de dólares en activos de la estatal petrolera en adición a una perdida estimada de 11.000 millones de dólares en sus exportaciones durante los próximos años. Sumado a lo anterior, el Departamento de Estado certificó al Diputado Guaidó “para recibir y controlar bienes” provenientes de cuentas bancarias a nombre del Gobierno Venezolano y del Banco Central, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados Unidos.

77 Sanciones Individuales[6]

La Orden Ejecutiva 13.692 también conocida como “Programa Venezuela”, generó el marco jurídico para aplicar 77 sanciones individuales de las 90 sanciones impuestas por la OFAC a ciudadanos Venezolanos durante los últimos cuatro años[7]. Es decir que el 85% del total de las sanciones derivan del mencionado programa.

Cabe destacar que el 79% de los sancionados por la OFAC a través del  “Programa Venezuela” son dirigidas a hombres, asimismo el 58% de los sancionados desempeñan cargos de alto Gobierno asociados al Poder Ejecutivo y el 36% son miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en consecuencia vinculados al sector Seguridad y Defensa.

El escritor venezolano José Negrón, recientemente denunció una serie de operaciones encubiertas dirigidas por Gina Haspel (Oficial de Inteligencia de EEUU y actual Directora de la CIA) desde el Pentágono para intentar quebrar la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Negrón afirma: “Su objetivo es organizar y alimentar un ejército paralelo que se está preparando desde Colombia[8]” para una posible intervención militar en Venezuela.

Lo cierto es que el “Programa Venezuela” ha establecido “presuntas sanciones” de forma selectiva a funcionarios con altos cargos que desempeñan responsabilidades estratégicas en materia de Seguridad y Defensa. Buscando quebrar la unidad de la FANB y del pueblo Venezolano que sigue respaldando al proyecto Bolivariano. En respuesta a estas acciones, la FANB emitió la siguiente declaración:

El Ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López, rechazó las sanciones impuestas por Washington calificándolas de injerencistas: “Que lo sepa el mundo entero y muy especialmente el imperio norteamericano, con sus aliados internos y externos, no nos intimidaran con sanciones  de ninguna naturaleza[9]”.

Desde que Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 hasta la actualidad, la OFAC a través del Programa Venezuela ha “sancionado” a los siguientes cargos: Ministro de la Defensa (PADRINO LÓPEZ, Vladimir), Ministro de Relaciones Interiores y Justicia (REVEROL TORRES, Néstor Luis), Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz (IZQUIERDO TORRES, Gerardo), Comandante General del Ejercito Bolivariano (SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael), Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (RIVERO MARCANO, Sergio José).

Asimismo la OFAC en tres (03) oportunidades en los últimos cuatro años ha sancionado a funcionarios que han estado al frente de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), se trata de los funcionarios (BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio; GONZALEZ LOPEZ, Gustavo Enrique y CRISTOPHER  FIGUERA, Manuel Ricardo). Además, de sancionar al Primer Comisionado del SEBIN (RODRIGUEZ MUCURA, Hildemaro José) presuntamente por “reprimir la democracia y cometer fraude contra personas”.

De igual forma la OFAC ordenó sanciones en tres (03) oportunidades a funcionarios que han ocupado el cargo de Director General de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalando a: (PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo; PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo y GARCIA DUQUE, Franklin Horacio), todos oficiales de la FANB. Además de apuntar a la lista al Director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al Comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela: (BASTARDO MENDOZA, Rafael Enrique y HERNANDEZ DALA, Iván Rafael), respectivamente.

Curiosamente, el Tesoro de EEUU a través de su oficina de inteligencia financiera ha sancionado a tres (03) jefes de las Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) del país Bolivariano, (02) dos de la Región Central y uno de la Región Andina. Asimismo, se ha incluido al Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de la región capital en la lista de sancionados. Todos oficiales activos de la FANB.

Al parecer, el Departamento del Tesoro Estadounidense considera una amenaza los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos al alto mando militar y a las fuerzas de orden público del Estado venezolano.

Por otro lado, la OFAC ha sancionado a los cinco (05) rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos (02) Ministros de Comunicación e Información (VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio y RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge Jesús), diez (10) altos funcionarios del Poder Judicial (predominantemente vinculados a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) y entre ellos el Presidente del TSJ (MORENO PEREZ, Maikel José). Además del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela (SAAB HALABI, Tarek William).

Igualmente, fueron sancionados el Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela (MADURO MOROS, Nicolás), y en dos (02) oportunidades los dos últimos vicepresidentes (EL AISSAMI MADDAH, Tareck Zaidan y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína), así como nueve (09) constituyentitas, entre ellos (CABELLO RONDON, Diosdado) también Vice-Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre otros.

Lo antes expuesto evidencia que las sanciones son principalmente dirigidas al cargo que ocupan los funcionarios en ejercicio, es decir, son sanciones selectivas dirigidas no hacia al individuo sino al cargo que ocupan con el objetivo erosionar las bases del Estado venezolano y promover su desintegración.

6 Órdenes Ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden político, económico, social y militar en Venezuela.

Tras cuatro años de Sanciones Estadounidenses Venezuela resiste y sigue buscando alternativas ante la crisis. Revisar los casos de países sancionados como Irán, Cuba o Corea del Norte quienes han logrado sobrellevar las sanciones de EE.UU por décadas es vital para la experiencia venezolana, además de motorizar los esquemas de cooperación Sur-Sur, y profundizar las alianzas con China y Rusia que promueven un mundo multipolar, representan hoy una alternativa ante la hostilidad externa que asedia a Venezuela.

 “”El fin del socialismo llegó a nuestro hemisferio”, dijo Trump, durante su discurso en la Universidad de la Florida, el pasado 18 de febrero[10]”, en él hizo referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países incluidos en la denominada “Troika de la Tiranía” por su Asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Cuba ha soportado casi sesenta años de bloqueo económico y sanciones, Venezuela lleva cuatro años resistiendo el ciclo de sanciones estadounidenses y una probable intervención militar, y Nicaragua pronto será denominada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de EEUU” con la promoción de una inminente ley sancionatoria denominada Ley NicAct. Estos tres países son los principales promotores de la integración latinoamericana y caribeña.

Cada presidente estadounidense se ha destacado por tener en su haber una guerra, intervención militar y/o golpe militar. ¿Será América Latina y el Caribe el escenario de guerra del Gobierno de Donald Trump?

[1] (Pub. L.N° 107-56, 115 Stat. 272)

[2] https://www.voltairenet.org/article205003.html

[3]https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

[4]https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/program_tags.aspx?from=singlemessage

[5]https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/hoja-informativa-orden-presidencial-de-venezuela

[6] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

[7] La OFAC también sancionó a dos individuos por el programa SDNTK[7](Sanciones Extraordinarias al Narcotráfico en el extranjero) y dos aeronaves de bandera venezolana. Los individuos, entidades, y aeronaves mencionados están reseñados en la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC.

[8]https://mundo.sputniknews.com/firmas/201902051085245863-ejercito-conflicto-guerra-washington-caracas/?from=singlemessage

[9]http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/01/06/alto-mando-militar-de-venezuela-rechazo-agresiones-de-eeuu/

[10] https://actualidad.rt.com/actualidad/306286-eeuu-bolton-troika-venezuela-nicaragua-cuba

https://cvechina.wordpress.com/2019/02/24/984/







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