Septiembre 2018
Septiembre 2018
MéxicoEl Gobierno de Reconciliación y el programa ilimitado del capital en México
José Luis Ríos Vera
10/09/2018
Desde la campaña presidencial, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a la “Reconciliación Nacional”. Con la aplastante derrota electoral del bloque oligárquico, las clases y sectores dominantes se le han sumado a gran velocidad, bajo su consigna de “reconciliación por México”[1], como se aprecia de modo diáfano en el video “Yo creo en México”[2].
Conforme al curso que ha tomado el actual periodo de transición, el gobierno de “reconciliación nacional”, tiende a constituirse como una amalgama pluriclasista con predominio de la oligarquía dominante. En su proceso de desenvolvimiento, toca a la crítica social y al movimiento obrero-popular reflexionar y exhibir las contradicciones existentes dentro de este bloque pluriclasista (intereses y proyectos opuestos), observar los movimientos en el campo de la relación de fuerzas, así como prestar atención en los periodos de agudización de contradicciones y tensiones entre éstas y de sus episodios de crisis.
El nuevo pacto social enarbolado por el gobierno electo para el periodo 2018-2024, implica alianzas de clase que suponen significativas concesiones y compromisos con las clases dominantes, las cuales delimitan los alcances del bienestar y la justicia social que proclama el proyecto neodesarrollista. Para el nuevo gobierno, hasta hoy, “financiar el desarrollo” con justicia social está subordinado a la hegemonía neoliberal: estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal, predominio financiero[3], rechazo a la reforma hacendaria progresiva, “facilidades” a la inversión, TLCAN y la propia continuidad de la reforma energética, etc. Sobre esta base, no se perciben hasta hoy problemas de inestabilidad de la hegemonía política concentrada en el bloque en el poder. Como señaló AMLO en su Carta a los inversionistas[4], la inversión pública pretende estimular como “capital semilla” a la iniciativa privada (local-trasnacional) para que ésta asuma el papel de “motor de la economía”, haciendo de México un “paraíso de la inversión” (Alfonso Romo).
La lucha popular en la defensa de los derechos laborales, sociales y colectivos, exige gran organización y fortalecimiento frente a una clase dominante que no ha dudado en imprimir su sello en cualquier espacio o instancia que el nuevo gobierno mantiene o abre en aras de la “estabilidad económica” y la “conciliación de todas las clases sociales” (AMLO).
Los grandes capitales, amparados por una poderosa narrativa mediática, se han visto obligados –ante las nuevas condiciones– a saltar directamente a la escena política. Con el nuevo dominio partidista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las Cámaras, aunado a la conformación del equipo del gobierno electo, al tiempo del desmoronamiento significativo de la representación política que el bloque oligárquico concentraba bajo el otrora bloque de partidos PRI, PAN, PRD, –ahora más ocupados por su supervivencia–, la oligarquía dominante está obligada a aceptar la nueva composición de fuerzas al interior del régimen partidista, y sobre esa base, buscar por todos los medios imponer su agenda[5]. De ahí los juicios mediáticos contra distintos miembros que AMLO ha designado para ocupar posiciones clave del futuro gobierno (Hacienda, Pemex, CFE, Energía), o que próximamente designará.
Como se ha registrado en la “renegociación” del TLCAN 2.0, el programa económico de las clases dominantes del capital en México (locales-extranjeros), es la salvaguarda del globalismo, de la dependencia económica (inversiones, tecnología, mercados), de la integración subordinada al bloque “América del Norte”. A este programa se añade el mantenimiento de la hegemonía de la política económica neoliberal, ligada a un patrón de producción volcado a la exportación y constituido por grandes monopolios de propiedad trasnacional. Así también, en este programa sobresalen sus imperativos de impulso de infraestructura para acelerar la acumulación, el despojo de recursos (territorio, agua, energéticos, etc.,[6]), la distribución regresiva de la riqueza, la disciplina corporativa del mundo del trabajo, la superexplotación y precarización de la fuerza de trabajo, el predominio financiero, en otros términos, la continuidad de esta agresiva modalidad de acumulación y reproducción del capital.
El principal interés de las clases dominantes para el próximo periodo de gobierno consiste en salvaguardar esta modalidad de acumulación predominante en el capitalismo dependiente mexicano, esto es, el “modelo económico de desarrollo” hasta hoy vigente. La oligarquía se contrapone a aquellas modificaciones que puedan trastocar los principales ciclos, estructuras y políticas económicas que establecen y dinamizan esta modalidad de acumulación. Al mismo tiempo, el capital despliega y busca imponer sus ilimitados intereses.
¿Hasta qué punto el gobierno de reconciliación nacional, podrá modificar la forma de reproducción del capital predominante desde hace más de tres décadas?¿Cómo podrá construir fuerzas políticas para inclinar la balanza de poder hacia la construcción de una nueva modalidad de acumulación del capital, según el discurso del nuevo gobierno, “incluyente”, de “bienestar general”, con “justicia social”, “democrática”?
La convocatoria de AMLO hacia el establecimiento de una “nueva forma de régimen político” –más allá de la reorganización del aparato burocrático de Estado y de su “nuevo estilo de gobernar”–, en esencia, estaría vinculado indisolublemente a la construcción de un nuevo patrón de reproducción del capitalismo mexicano y sus inescindibles relaciones políticas que lo conforman. En sentido estricto, difícilmente podrá emanar una “nueva forma de régimen político” si el proceso de reproducción del capital en el que se sustentan las relaciones de poder clasistas no experimenta sustantivas transformaciones.
¿Un gobierno de raigambre pluriclasista puede construir la capacidad de transformar el patrón de reproducción del capital vigente? Si atendemos a la reciente experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina, la respuesta es bastante pesimista. Las clases dominantes, la lumpenburguesía –según la ingeniosa noción acuñada por Günder Frank– es apátrida, profundamente dependiente, no tiene proyecto de país, y por lo mismo, carece de conciencia nacional. Si en un primer momento estos gobiernos progresistas lograron construir amplias alianzas de clase, lo hicieron bajo el predominio neoliberal, lo que frenó el viraje estructural a favor de las clases explotadas. Y cuando se presentaron tiempos decisivos –a partir de la crisis mundial de 2008 y sus impactos en las economías latinoamericanas– la oligarquía no dudó en la contraofensiva autoritaria y en el desmantelamiento de los avances “progresistas” en la política social y de bienestar. El papel de los recientes golpes de Estado en América Latina vinculados a la nueva panoplia de recursos de excepción de las oligarquías (judiciales, mediáticos, de desestabilización económica, etc.,), es un espejo en el que podría reconocerse el nuevo gobierno si este optara por cambiar la balanza de poder en contra de la oligarquía en México.[7]
Conocidos o no estos escenarios (de excepción), lo cierto es que el nuevo gobierno mexicano se ha inclinado por la “estabilidad económica”, la “reconciliación nacional” y “un gobierno para todos”, lo que supone que su objetivo de la “cuarta transformación histórica de México” no contempla grandes cuestionamientos al capital, sino que, como señaló Alfonso Romo, ésta se construirá “de la mano con la inversión privada”[8].
Si bien es cierto que el futuro presidente de México nunca ha proclamado como horizonte un gobierno de los trabajadores, sino uno que represente “a pobres y a ricos” (AMLO), no causa sorpresa la prematura alianza de clase con empresarios –“matrimonio” le llama Alfonso Romo, futuro Jefe de Oficina de la Presidencia–. Sin embargo, sí es de hacer notar que esta alianza implica –como ya viene ocurriendo– que el gobierno de “unidad nacional” otorgará sustantivas concesiones a las fracciones dominantes.
El problema que aparece es que justamente fueron los intereses de las clases dominantes, establecidos bajo la hegemonía neoliberal, la causa principal de la hecatombe electoral y de su representación política en el bloque partidista PRI-PAN-PRD, en la pasada elección. Así, si las relaciones del nuevo gobierno con las clases propietarias son “muy cercanas”, y las concesiones muy significativas, la pregunta es: ¿cómo, dónde y con qué solidez el nuevo gobierno establecerá la alianza con las clases trabajadoras y populares, más allá de una mera fuente de legitimidad? ¿Cómo va a incorporar los conjuntos de intereses de las clases populares en su llamado gobierno de unidad? ¿El nuevo gobierno mexicano podrá encausar un viraje estructural, es decir, un cambio en el patrón de acumulación del capital mucho más favorable a las clases populares al tiempo que hace prevalecer la hegemonía neoliberal? Es ésta una de las contradicciones principales que estará atravesando a este gobierno.
Tomando en consideración el apetito voraz del capital, y a sólo dos meses antes de la toma de posesión de la investidura presidencial, se registra ya el programa ilimitado del capital dirigido a preservar la hegemonía neoliberal del actual bloque en el poder y orientado a subordinar, tutelar y minimizar el carácter “social” (educación y salud) y “nacional” que también contempla –hasta ahora pálidamente– el proyecto Morenista.
En este sentido, las voces de la oligarquía imperante en México, tales como Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, Grupo Monterrey, empresarios particulares, empresas principales (locales y extranjeras), representantes del sector privado, consultores, bancos, fondos de inversión internacionales, calificadoras, empujan con fuerza sus intereses, demandas y declaraciones influyentes, difundidas a diario por la prensa, tales como: “México no se puede reinventar cada seis años”; “se requiere un balance entre continuidad y cambio”; “La nueva administración debe cuidar la Reforma Energética”; “Sin TLCAN bajará la calificación de deuda de México”; El Nuevo Aeropuerto “es la cabeza de la logística de los futuros 50 años”; etc., etc.
A continuación señalamos una serie irrefrenable de demandas e intereses que el capital defiende e impulsa, muchas veces creando “espacios de diálogo” en distintos encuentros, “foros”, “mesas de análisis” abiertas (y a puertas cerradas también) con el gobierno electo–, y ello, dentro de estos primeros dos meses posteriores a la elección presidencial.
–Continuidad de reformas estructurales (energética, educativa, telecomunicaciones…)
–Política energética pro-mercado (asociación con capitales trasnacionales, continuación de subastas y licitaciones petroleras y eléctricas, respeto a la inversión extranjera, rechazo a la modernización y construcción de nuevas refinerías, eliminación de estímulos fiscales al precio de gasolina, liberalización de precios e importación de gasolinas, vigilancia de la política energética, control de finanzas de Pemex, etc.)
–Estabilidad Macroeconómica y finanzas públicas “sanas”: equilibrio fiscal, continuidad de política monetaria, autonomía de Banxico, cambio flexible, disminución de la deuda, austeridad y reducción del gasto público, conservación de nota crediticia, cancelación de programas sociales o en su caso revaloración sobre la “viabilidad técnica” de las propuestas de campaña de AMLO;
–Sistema financiero sólido y con libre competencia[9];
–Crecimiento económico;
–Influencia en políticas públicas (salud, educación, alimentación, cultura, infraestructura[10]);
–Certeza jurídica a las inversiones;
–Comisión Fiscal de Vigilancia “sobre los Programas asistenciales de AMLO”;
–Revisión de líneas de crédito con el FMI;
–Defensa del Libre comercio, protección del TLCAN: fortalecimiento de núcleos manufactureros exportadores (fomento de la “política industrial”) centrados en los encadenamientos de valor de “América del Norte”; impulso a las exportaciones, fomento a las empresas; aumento de contenido nacional en las exportaciones “sin romper con tratados comerciales”;
–Política comercial centrada en Estados Unidos, y diversificación comercial “complementaria”;
–Sostenimiento de la “integración laboral de América del Norte”: rechazo a las demandas de EU y Canadá (de Democracia y Justicia laboral, y mejores condiciones salariales y de contratación en México)
–Desarrollo y Promoción del Turismo (Ecoturismo, pueblos mágicos, turismo de salud);
–Políticas de fomento a obras de infraestructura: Continuidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); respeto a las “inversiones irreversibles” de constructoras en el NAIM; modernización de red ferroviaria, puertos, aeropuertos, carreteras; Tren Maya (“con recursos distintos” de los que se destinan a la promoción turística); canal ferroviario del Istmo de Tehuantepec[11]; Participación e impulso de construcción de gasoductos, oleoductos, hidroeléctricas y desarrollo de Megaproyectos;
–Crecimiento del “mercado de energías limpias”;
–Profundización de la Reforma Laboral (Ley Secundaria)
–Flexibilización laboral, liberalización de la subcontratación y tercerización; defensa de sindicatos de protección;
–Incremento de la productividad laboral;
–Política salarial “suficiente” y “responsable”;
–Estímulo a la formación de “capital humano especializado”;
–Reforma fiscal: deducibilidad del 100% de prestaciones laborales; reducción de impuestos a la nómina, IVA en alimentos y medicinas; disminución del ISR;
–Reforma del sistema de pensiones;
–Rechazo a una reforma fiscal recaudatoria, redistributiva y progresiva;
–Combate a la economía informal;
–Desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE[12]);
–Educación: establecimiento de cuotas en universidades públicas, impulso a las universidades particulares, crecimiento de modelos de autonomía y autogestión escolar en la educación básica (privatización); mayor integración de los modelos de enseñanza y “calidad” del aprendizaje y de los contenidos de planes de estudio con las necesidades del mundo corporativo; Aprovechamiento de la capacidad de las universidades existentes y rechazo a creación de nuevas Universidades;
–Empleo y Contratación de Jóvenes “con subsidio del gobierno”;
–Subvenciones e impulso del agronegocio, de los transgénicos[13];
–Crecimiento de la Megaminería;
–Representación (directa-indirecta) del empresariado en posiciones clave del gobierno (Banxico, Hacienda, Pemex, CNBV, etc.);
–Respeto al “orden institucional” y Estado de Derecho;
–Contrapesos al poder ejecutivo y al Congreso “para reducir incertidumbre”;
–Combate a la inseguridad y pacificación social;
Como se advierte, el capital se juega la reproducción de sus condiciones materiales de existencia. Y para ello concentra igualmente una amplia gama de intereses políticos, por medio de los cuales pueda preservar la hegemonía política.
Como vemos, es un desafío la construcción y el impulso de la organización política de los trabajadores y desposeídos. Y es que, una vez que la “rebelión ciudadana” se manifestase en las urnas como lo hizo, pareciera que ésta se ha perdido de la escena política a la espera del cumplimiento de las promesas de “trasformación nacional” encabezadas por AMLO. Como se aprecia en este programa ilimitado del capital y las relaciones “sumamente cercanas”[14] que mantiene con el nuevo gobierno, no habrá transformación histórica que se presente por sí misma. Resta a las clases trabajadoras y populares fortalecer sus organizaciones y fuerzas políticas en la lucha por la defensa de sus intereses y necesidades en el plano de todas las relaciones sociales, las que incluyen evidentemente sus relaciones con la naturaleza y el territorio.
Notas
[1]No solamente se adhirió la clase empresarial a la “reconciliación” enarbolada por el próximo gobierno. Los otros candidatos presidenciales, representantes políticos de todas las fuerzas partidistas, expresidentes del país, entre los que destaca Carlos Salinas de Gortari, intelectuales conservadores, medios de comunicación, el clero, y muchos otros sectores dominantes, hicieron suyas las palabras “reconciliación por México”.
[2] El reparto que da vida al breve video (2 minutos) se conforma por un pequeño grupo de la oligarquía mexicana saludando la “democracia” y al nuevo gobierno: Blanca Treviño (Softtek), M. Aramburuzabala (Tresalia), D. Servitje (Bimbo), Antonio del Valle (Grupo Kaluz), C. Danel (Gentera), José Antonio Fernández (Femsa), Claudio X. González (Mexicanos Primero), E. Tricio (Lala) y Alejandro Ramírez (Cinépolis).
[3] Como señala Guillermo Almeyra: la burguesía, Morena y el nuevo presidente “comparten no sólo los valores capitalistas y la confianza en las instituciones del capital sino también la aceptación plena de este capitalismo dirigido por el capital financiero internacional”. Ver, “¿Dónde estamos actualmente?” Rebelión.org, 20/07/2018, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244353
[4] EL FINANCIERO, 4/04/2018. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-pide-a-inversionistas-confiar-en-el
[5] Según uno de los empresarios más influyentes de México, Claudio X. González Laporte, aunque Morena dominará el Congreso, no será como en los tiempos del “partido hegemónico” con el PRI, “porque ahora hay organismos internacionales, firmas calificadoras e instituciones que observan que se cuide y preserve la estabilidad macroeconómica”. El Universal, 20/8/2018, http://www.eluniversal.com.mx/cartera/amlo-no-podra-serenar-al-pais-de-un-dia-otro-claudio-x-gonzalez
[6] Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) existen en la actualidad “4 mil concesiones en las que se han entregado los territorios de los pueblos originarios para la explotación de sus recursos por grandes empresas”. La Jornada, 28/08/2018, p. 20. https://www.jornada.com.mx/2018/08/28/politica/020n2pol
[7] A este respecto, Alfonso Romo señaló: “López Obrador sabe que mercados pueden afectar su agenda”, El Financiero, 06/07/2018, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-se-preven-cambios-en-reforma-energetica-asegura-romo
[8] En este mismo sentido se refiere el presidente del “banco de casa” (Banorte), Carlos Hank González, cuando señala que “Banorte construye puentes que acercan a los empresarios de todas las regiones del país con el equipo de transición del próximo gobierno, para pensar juntos en la transformación que queremos para México”. La Jornada (en línea), 20/8/2018,
[9] Ver el “decálogo” de la Asociación de Bancos de México para el próximo gobierno, El Economista, 4/04/2018, https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/ABM-emite-decalogo-para-el-desarrollo-economico-de-Mexico--20180404-0052.html
[10] Ver la Agenda México 2030 del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), organismo que aglutina a 50 empresas multinacionales con presencia en México, donde están expuestas más de 100 propuestas de política pública, con énfasis en fomento de infraestructura ligado al objetivo de convertir a México en “el quinto país exportador a nivel mundial para 2030”. http://ceeg.mx/new/wp-content/uploads/2016/12/Agenda_CEEG_2017-con-carta.pdf
[11] Estos dos últimos proyectos, junto con la plantación de un millón de árboles en el sureste del país, programas prioritarios del gobierno electo, obedecen a “viejos” proyectos de corte empresarial de los gobiernos de Fox y Calderón en la primera década del presente siglo. Ver www.sputnik.org: “Las zonas económicas especiales no sacarán adelante a México", 17/07/2018,
https://mundo.sputniknews.com/politica/201807171080471232-mexico-amlo-eeuu-desafios-tlc/
[12] Llama la atención que el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) impulsado por el gobierno próximo, se inscribe sobre las propias bases del proyecto en curso de las ZEE del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, empujado por el ex secretario de Hacienda –hoy canciller– Luis Videgaray, y coordinado por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Si bien el “objetivo” de las ZEE es el “impulso del desarrollo” de regiones marginadas, la realidad es que se trata del impulso de nuevas geografías para la explotación de recursos humanos y naturales por los capitales locales y trasnacionales, sin más resultado que la reproducción del subdesarrollo.
[13] Víctor Villalobos Arámbula, el próximo titular del gobierno de AMLO en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), es “uno de los principales promotores de transgénicos y defensor de los intereses de las trasnacionales de los agronegocios en México”, ver Silvia Ribeiro, “Nuevo proyecto para terminar el campesinado”. Desinformemonos.org, 17/07/2018. https://desinformemonos.org/nuevo-proyecto-terminar-campesinado/
[14] Así lo refieren las 50 empresas multinacionales constituidas en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), cuando declara que el CEEG trabaja “en forma sumamente cercana con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para aterrizar nuestras propuestas…”. La Jornada (en
línea),7/09/2018,
https://www.alainet.org/es/articulo/195237
(Volver a página inicial)