Septiembre 2018

A cuatro años de Ayotzinapa, y ante las decenas de miles de desaparecidos en México:

¿Cómo luchar contra la desaparición forzada?

Azalea AMD

PRAXIS en América Latina

Crisis humanitaria en el país

Actualmente México experimenta una de sus peores crisis en derechos humanos: diariamente se denuncian y registran por docenas las torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y demás violencias padecidas por su población, sin que autoridades locales o federales se ocupen seriamente en atender, investigar, sancionar, prevenir y erradicar. Impera un estado de impunidad que ya coloca al país, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, en la posición número uno a nivel latinoamericano y en la posición número cuatro a nivel mundial.1

El índice de incidencia de violencias múltiples y violaciones a derechos humanos se ha disparado en los últimos diez años, sin que ello signifique que las décadas precedentes han estado exentas de éstas; sin embargo, es notable el aumento desde 2006 a la fecha. De entre todas las violaciones a derechos humanos, la desaparición forzada constituye una de las formas más crueles y que mayor impunidad genera, toda vez que la persona desaparecida es llevada al margen de la ley, con lo cual es convertida en blanco de todas las violencias y violaciones a derechos humanos posibles sin que haya consecuencias para el perpetrador, que en este caso es el Estado, porque la evidencia del crimen —es decir, la víctima— es intencionalmente ocultada, negada, desaparecida.

“El responsable de la desaparición forzada es el gobierno de México. La desaparición forzada es una política y terrorismo de Estado que tiene a la justicia secuestrada y desaparecida igual que a nuestros familiares. La corrupción y la impunidad son los pilares con que se sostiene” (Rosario Ibarra de Piedra, Nuevo León. Lidera el Comité Eureka. Busca a su hijo desde 1975).

Por otro lado, para las familias de las personas desaparecidas se genera un impacto psicosocial que afecta todas las dimensiones de su vida, impacto que se prolonga en el tiempo e incluso trasciende generaciones, ya que el paradero de su familiar es desconocido; las autoridades les niegan información y acceso a la justicia; los medios de comunicación estigmatizan y criminalizan a la persona desaparecida, lo mismo que a sus familias para legitimar la práctica; la sociedad se desmoviliza y desintegra ante el temor de sufrir la misma suerte, con lo que el Estado garantiza el control social para el cual fue diseñada dicha estrategia de terror.

“Durante el gobierno de Duarte fuimos negados, hostigados, criminalizados y amenazados; a más de ocho meses del nuevo gobierno, no vemos un cambio satisfactorio” (Aracely Salcedo Jiménez, Veracruz. Busca a su hija desde 2012)

Cifras sin rostro de la desaparición forzada en México

“Yo no sólo busco a mis cuatro hijos desaparecidos. Busco a los miles y miles de hijos de las madres que están sufriendo lo mismo que yo”.—María Herrera Magdaleno, Michoacán. Busca a sus cuatro hijos desde 2008.

A partir de la lamentable desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, esta violación a los derechos humanos volvió a visibilizarse en el país como una práctica que no ha dejado de suceder y que encuentra sus antecedentes a partir de la década de los sesenta.

A pesar de la persistencia de la desaparición forzada, las dependencias oficiales siguen sin ofrecer cifras reales y confiables sobre los altos índices de esta práctica represiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México (2017), señala que los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas remitieron oficios que van de 1995 a agosto de 2015, con 57 mil 861 registros de personas reportadas como desaparecidas; sin embargo, en 2016, tras la solicitud de la CNDH para precisar dichas cifras, las instancias locales actualizaron la información y aclararon que son 24 mil 928 las personas desaparecidas, sin indicar los motivos de la disminución de los casos. Por otro lado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta con 33 mil 482 casos de 2007 a junio de 20172.

El informe de la CNDH señala que los estados con el mayor número de casos son: Tamaulipas (5 mil 563), Estado de México (2 mil 984), Jalisco (2 mil 523), Sinaloa (2 mil 385), Nuevo León(2 mil 374), Chihuahua (mil 933), Coahuila (mil 620), Sonora (mil 288), Guerrero (mil 155), Puebla (mil 80) y Michoacán (mil 29). Las inconsistentes cifras oficiales además están deshumanizadas, ya que ni siquiera presentan los nombres de las personas desaparecidas: son simples registros numéricos.

En los últimos diez años, numerosas desapariciones han acontecido por acción inicial de agentes policiales en coordinación con el crimen organizado; por tanto, dichas desapariciones deben ser calificadas como forzadas, pues la delincuencia organizada actúa con el pleno conocimiento de las autoridades municipales, estatales y federales, las cuales son omisas, permiten y consienten su ocurrencia, protegen a los perpetradores y presentan enseguida todas las barreras posibles a las familias para acceder a la justicia.

“Ésa es mi molestia, que en Veracruz ya nadie está exento de desaparecer. Mi hijo, un hombre talentoso, joven, sin vicios, fue privado de su libertad mientras dormía en su recámara, en su casa. Es el horror de la vida cotidiana en nuestro estado [...] Las policías no combaten —al menos aquí en Veracruz— a la delincuencia porque ellos son la delincuencia organizada” (Lucía de Los Ángeles Díaz, Veracruz. Lidera el Colectivo Solecito. Busca a su hijo desde 2013).

No olvidemos igualmente la colusión del ejército como el brazo represor por excelencia del Estado, el cual ha sido consistentemente señalado por las familias de las personas desaparecidas, por asociaciones civiles, en dictámenes de expertos internacionales y en investigaciones periodísticas sin que las instancias de procuración de justicia sigan líneas de investigación al respecto.

Desaparición forzada: política de Estado

Vivimos en una sociedad profundamente desigual, ordenada jerárquicamente según la cantidad de dinero, el color de piel, la nacionalidad o el sexo al que pertenezcamos; dichas desigualdades no son naturales, sino construidas, impuestas y reproducidas intencionalmente por quienes están en la cima de dicho ordenamiento social para perpetuar su estatus de privilegio, el cual sólo es posible despojando de su poder a quienes se encuentran por debajo. Entre los mecanismos de desposesión se encuentran todos los tipos de violencia a través de los cuales se garantiza el control y se mantiene la desigualdad de la que dependen los de arriba para sostenerse.

Este ordenamiento social requiere de instituciones que lleven a cabo dicho control social: una de esas instituciones es el Estado, que desde su origen fue creado como un protector de las clases poseedoras y al cual se le concedió el uso legal de la violencia. Para ello se vale de la policía y el ejército, quienes nunca se han ocupado del interés general, aunque así nos lo hacen creer para legitimar su actuación. Así, el Estado diseña estrategias de represión según el nivel de control que se requiera ejercer, en función de lo que las clases poseedoras necesiten hacer —o deshacer—para mantener su estatus. Actualmente, esas clases poseedoras —que históricamente se han alimentado de la expropiación de todo cuando les rodea a través de la explotación, el despojo, la rapiña, el engaño y la violencia— han entrado en una fase de crisis que les demanda mayor agresividad en sus prácticas: para no caer, para no ceder poder, para mantenerse en la cima. De ahí que ahora las formas más crueles de violencia, como la desaparición forzada, sean las principales protagonistas de la escena social para controlar y desmovilizar a la sociedad, a las comunidades y a los pueblos originarios, que son los legítimos dueños de los territorios, bosques, montañas, agua, biodiversidad, aire, mar y subsuelo, todos ellos bienes sociales que los grandes capitalistas requieren acaparar para mercantilizas y mantener su estatus.

Es por ello que no resulta gratuito que el incremento de las violencias y violaciones graves a derechos humanos se esté llevando a cabo en México en el contexto de la aprobación de múltiples contrarreformas energéticas, a través de las cuales se ha entregado el sector energético del país a los capitales privados trasnacionales. El Comité Cerezo, organización de defensa de derechos humanos, señaló en el marco del foro “Desaparición de personas, actualidad y contexto de una ley ausente” (30 de mayo de 2018) que: La desaparición forzada en México le ha servido al Estado mexicano como política contrainsurgente, como es el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez; de represión política a los movimientos y organizaciones populares, como es el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los cientos de activistas más, pero también como un mecanismo de control y disciplinamiento social hacia la población no organizada, como los miles de casos en todo el territorio nacional. El Comité precisó además que dicho control se genera a través del terror que supone el uso de este tipo de prácticas extremas de represión, de ahí que se hable de terrorismo de Estado.

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Erradicar la desaparición forzada

“Ya nos pasó a nosotros. A nosotros ya nos desgraciaron la vida. No quisiera que siguieran desgraciando la vida. Ya basta. No más”. Marisela Orozco Montalvo, Veracruz. Busca a su hijo desde 2014.

El proceso que llevará a la construcción de una realidad libre de desaparición forzada no depende de quienes la ejercen, sino de quienes históricamente han impulsado luchas emancipadoras: las y los oprimidos. Todo cuanto se ha avanzado contra la desaparición forzada en el país lo han impulsado las familias organizadas de las personas desaparecidas, desde la visibilización, denuncia, búsqueda, investigación, con formación de bases de datos, rescate de la memoria e identidad de las personas desaparecidas, solicitud de comisiones de la verdad, iniciativas de ley, solicitud de conformación de fiscalías especializadas y seguimiento jurídico de casos a nivel nacional e internacional.

“Somos ya tantos que somos una familia de dolor, y deseo que tengamos la fortaleza para seguir en esta búsqueda de nuestros hijos, buscando verdad y justicia” (Lucía Baca, Ciudad de México. Busca a su hijo desde 2011).

México cuenta por decenas las organizaciones conformadas por familiares de personas desaparecidas. La primera en aparecer fue el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que más tarde sería conocido como Comité Eureka, liderado por Rosario Ibarra de Piedra y conformado en 1977 por las doñas: madres, hermanas, esposas e hijas de personas desaparecidas; al grito de “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, es una de las organizaciones más emblemáticas contra la desaparición forzada en México, la cual acuñó todas las actuales formas de lucha y resistencia por la demanda de justicia y aparición con vida de sus familiares. Su aguerrida lucha permitió, luego de tres amnistías, la liberación de mil 500 personas presas políticas, así como la aparición de un centenar de personas desaparecidas; asimismo, el Comité cuenta con la base de datos más antigua sobre personas desaparecidas en México y ha fundado el Museo Casa de la Memoria Indómita, el cual reivindica la identidad de las personas desaparecidas, la lucha de sus familias y pone en contexto histórico y político el terrorismo de Estado.

“Han pasado 42 años de que el mal gobierno desapareció a mi querido hijo Jesús. Desde entonces, lo he dicho y seguiré sosteniendo, fue él quien me parió políticamente: la fortaleza de sus convicciones, su espíritu rebelde y el valor de sus ideales me empujaron a seguir luchando, pero sobre todo me animó la enorme esperanza de haber encontrado con vida a 148 desaparecidos que estuvieron presos en cárceles clandestinas del Ejército y la Marina” (Rosario Ibarra de Piedra, Nuevo León. Lidera el Comité Eureka. Busca a su hijo desde 1975).

Por otro lado, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), conformada en 1978, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, impulsaron la presentación del caso de desaparición forzada del profesor guerrerense Rosendo Radilla Pacheco ante instancias internacionales, consiguiendo el 23 de noviembre de 2009 una sentencia condenatoria al Estado mexicano; sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de Rosendo y no existe por parte de la Procuraduría General de la República ninguna línea de investigación al respecto.

Muchas otras organizaciones han surgido en todo el país, sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), en el cual las desapariciones aumentaron exponencialmente. Algunas de esas organizaciones conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el cual ha impulsado iniciativas de ley consiguiendo que recientemente se expidiera la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual fue publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, dicha ley no cumple con las expectativas y necesidades de quienes la impulsaron, a más de que hoy por hoy no se aplica.

Las organizaciones de familiares de personas desaparecidas quienes desde su dolor, su amor y legítimo derecho reclaman al Estado la presentación con vida de sus seres queridos han dado por años una lucha digna y ejemplar que las ha dotado de un nivel de conciencia que les permite, además de buscar a sus familiares, hacerlo con un deseo implícito de vivir en una sociedad diferente, donde ya no haya desaparición forzada. Para ello, además, será necesario explicitar dicho deseo haciendo escalar la lucha hacia una organización que prescinda del actual Estado, perpetrador de las desapariciones, y busque desde abajo desmontar la estructura jerárquica de dominación que justifica la violencia, construyendo formas distintas de ejercer

el poder, de planificar de forma justa y sustentable la economía y proponiendo formas distintas de relacionarnos desde la horizontalidad.

“Estamos cansadas de que nos revictimice el gobierno. Queremos apoyarnos unas familias con otras. Si formáramos una sola familia podríamos encontrarlos [a los desaparecidos] y vencer a los funcionarios que sólo juegan con nosotros”(Esperanza Chávez Cárdenas, Jalisco. Busca a su hermano desde 2014).

Notas

(1) <http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf>

(2) Ernesto Aroche Aguilar. “Dar nombre a desaparecidos en México...”. Animal Político, 13 de nov. 2017, <http://www.animalpolitico.com/2017/11/desaparecidos-registro-mexico-nombres/>.

PRAXIS en América Latina. No. 21. Agosto-septiembre 2018

http://www.praxisenamericalatina.org/numero_21.pdf

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