Agosto 2018

Escándalo judicial en Perú: Dialogo con Jorge Bracamonte, vocero de la Coordinadora Nacional de DDHH

Javier Tolcachier

(Imagen de Karen Bernedo)

En los últimos días en Perú ha explotado un escándalo que compromete al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao. La trama, que comprende reparto de cuotas de poder, tráfico de influencias y otros hechos de corrupción, ha devenido en una grave crisis del Sistema de Justicia del país, afectando el sistema institucional y por supuesto a la ciudadanía.

Según la información proporcionada por IDL-Reporteros, los tratos ilícitos fueron perpetrados por algunos de los más altos miembros del sistema peruano de justicia para beneficiarse a través de una impresionante colección de faltas y delitos que van desde el tráfico de favores, las trampas en exámenes de jueces y fiscales, el conflicto de intereses, hasta la manipulación de sentencias en varios casos judiciales sobre crimen organizado e incluso, en por lo menos un caso de abuso sexual de menores de edad.

Todo esto derivó en indignadas manifestaciones de la ciudadanía que salió masivamente a las calles solicitando la remoción completa del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual sucedió. También renunció el 19/7 el titular de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez.

La degradación sistémica en la Justicia amenaza con salpicar incluso al presidente Martín Vizcarra, pues su nombre aparece en algunas de las grabaciones telefónicas. Por su parte, éste anunció una reforma integral del sistema de justicia.

Para comprender más la problemática, Regional y Popular – el programa que produce Pressenza en colaboración con Radio La Ranchada – entrevistó a Jorge “Tito” Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH del Perú. La Coordinadora es una plataforma institucional con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas  (ECOSOC) que articula a 78 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos a lo largo de todo el país.

Según las informaciones que tenemos, se ha comprobado en el poder judicial peruano una matriz de tráfico de influencias, intercambio de favores, rebaja u omisión de condenas y otras formas de corrupción de la Justicia. Más allá de los nombres ¿puedes ayudarnos a comprender mejor las modalidades de estos hechos?

En el Perú estamos viviendo la crisis más dramática -comprobada además – del sistema de Justicia que hayamos vivido en los últimos cien años. No hemos tenido una situación semejante, salvo en el momento en el que la dictadura fujimorista cooptó al sistema de justicia en los años 90′. Fuera de este hecho episódico en el contexto de la dictadura, no habíamos sido testigos de la profundidad y densidad de una crisis que ya es de naturaleza estructural.

Hemos visto y estamos asqueados, aquí en el país, de ver cómo una investigación que empieza con un grupo criminal vinculado al narcotráfico que tiene a más de cien víctimas, finalmente nos conduce a sus nexos con todos los operadores de Justicia en la zona del Callao. Luego se sigue avanzando y se van evidenciando las relaciones que hay con algunos operadores políticos vinculados a la mayoría congresal de Fuerza Popular, incluyendo algunos empresarios.

Lo que estamos evidenciando es que la Justicia en el Perú está sometida a distintos poderes criminales y finalmente se vende a quienes tienen más plata o poder y esto es indignante, porque es toda la podredumbre que llega a afectar a quienes son los grupos o poblaciones más débiles. Niños y niñas violentados, violadas sexualmente, mujeres víctimas de actos de homicidio, víctimas del conflicto armado interno que no han alcanzado justicia por estos jueces corruptos que venden la Justicia al mejor postor.

Esto ha despertado la indignación masiva. La semana pasada hemos salido cerca de cincuenta mil personas en la ciudad de Lima – un número importante en relación a nuestras movilizaciones aquí – y en todo el Perú calculamos que medio millón de personas se han movilizado.

Nosotros tenemos claro que ya no basta con parches, con curas o soluciones superficiales sino que tenemos que ir a una solución de fondo, a una reforma de la totalidad del sistema de Justicia, incluyendo al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público y al Poder Judicial y también tiene que haber una reforma del sistema político electoral.

Lamentablemente en los últimos tiempos estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de noticias desde el Perú, casos de corrupción en los distintos poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo a los que se suma ahora el Poder Judicial. La reiteración de estas prácticas en la vida política peruana es evidente. ¿A qué se debe en tu opinión?

Hay un asunto de fondo efectivamente y tiene que ver con el fracaso de la transición democrática, una vez superada la etapa de la dictadura. La transición debió haber consolidado nuestras instituciones y sin embargo, lo que hizo durante casi dos décadas es únicamente implementar un sistema muy dinámico para poder favorecer las inversiones a costa de derechos, a costa de mecanismos de seguridad, incluyendo la seguridad jurídica. Se han arrebatado condiciones de seguridad jurídica para los pueblos indígenas y para la defensa de su territorialidad, entre otras. Entonces lo que hemos tenido, en cerca de diecisiete, dieciocho años, es una vorágine en la que hemos favorecido todo tipo de inversiones frente a la desprotección de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, además de relajar los mecanismos de protección que debe tener el propio Estado.

Es en ese contexto en el que Perú y sus instituciones han sido prácticamente asaltadas por los grupos de poder económico tanto legales como ilegales. Eso es lo que ha venido acontecido y esa es una situación que ya no da para más. Eso está poniendo en cuestión el sistema de convivencia democrática mismo, eso es lo que nos preocupa, porque hay una amplia desconfianza ciudadana frente a las instituciones, frente a la democracia.

Hoy la opinión pública de la mayoría está de acuerdo con la posibilidad de un golpe militar, siempre y cuando este golpe permita combatir la corrupción y la situación de la violencia cotidiana que estamos viviendo. Es el país que más alta aprobación tiene sobre golpe militar en América Latina, alrededor de un 55% según la encuesta Latinobarómetro.

Eso tiene que ver con la amplia desconfianza ciudadana respecto a nuestras instituciones y nuestra democracia y eso es muy lamentable. Lo otro es que en ese contexto se ha acrecentado la presencia política de sectores autoritarios y negacionistas. Estos sectores que sobre todo estan representados por Fuerza Popular, que además controla el Congreso de la República.

Es obvio que un simple recambio de personas no serviría para extirpar de raíz estos atropellos e injusticias. ¿Qué proponen desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué propone la ciudadanía y las organizaciones sociales representativas para salir de esta crisis sin recurrir a estos mecanismos represivos y violentos, a mecanismos de guerra interior que ya sabemos adónde conducen?

Desde la Coordinadora y un conjunto de redes y plataformas de la sociedad civil del Perú estamos planteando primero, que el presidente de la República asuma en forma coherente y consecuente la lucha contra la corrupción y que pueda liderarla. Porque necesitamos que el propio Estado se “compre el pleito” y este Estado, representado en el presidente que lo simboliza, pueda tener esa capacidad de liderar realmente este proceso. Eso nos parece básico.

Segundo, nos parece que todas las personas que han sido descubierto por los audios, jueces, imagínese usted, que han liberado a violadores, que en las comunicaciones telefónicas decían “bueno compadrito, ¿qué quieres, que le aminore la pena o que lo absuelva?”. Estos jueces tienen que ser investigados, procesados y ejemplarmente sancionados. El Perú tiene que repararse moralmente. Eso es lo que estamos planteando como segunda medida.

Como tercera medida, dada la desconfianza que hay con los operadores políticos, el Congreso de la República y el propio sistema de Justicia, que nos acompañe un mecanismo o una misión internacional para poder monitorear el proceso de reforma que debe darse en el país y finalmente tiene que haber un proceso de reforma en el sistema de Justicia a fondo, que ataque los problemas estructurales que han permitido que las redes y las mafias finalmente privaticen la Justicia en el Perú.

Esas son las cuatro medidas que estamos planteando desde la sociedad civil en el país.

Tal como sucede en otros lugares, los medios en Perú están fuertemente concentrados y ha sido en este caso la actividad del periodismo independiente la que permitió destapar la olla de la corrupción. Algo similar ocurre actualmente en Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha desatado un escándalo de aportes falsos a la campaña electoral del actual gobierno y apropiación ilegal de identidades. ¿Crees tú que la democratización de las comunicaciones es esencial para la transparencia? ¿Dónde ves la relación entre esta concentración comunicacional y la corrupción?

Nos parece fundamental que la comunicación pueda desplegarse en el mejor sentido y pueda hacer lo que hacen medios independientes y alternativos como el de IDL-Reporteros, que forma parte de una de las organizaciones de nuestra plataforma institucional que se dedica a la investigación y ha permitido acceder a toda esta información, a todos estos audios en al marco de la investigación que realiza este medio..

Yo creo que en el Perú estamos afortunadamente contando con un conjunto de redes y plataformas comunicacionales que están permitiendo – frente a la hegemonía de la concentración de los medios – poder posicionar una otra lectura de los acontecimientos del país.

Esto ya no se puede ocultar más, ha tenido un gran rebote. Hoy absolutamente todos los medios están cubriendo estos hechos y están produciendo en esta coyuntura una nueva forma de polarización política frente a estos grupos que han avalado a las mafias y las redes de corrupción instaladas fundamentalmente desde el Congreso de la República y el poder Ejecutivo. La ciudadanía no se mantiene al margen, se ha constituido en movilización permanente para poder propiciar que se produzca una reforma integral del sistema de Justicia. De lo contrario, nada de esto va a cambiar.

Seguramente no te es ajeno que la corrupción, ciertamente existente, es utilizada intencionalmente en otros países como una suerte de estigma para ensuciar la reputación de gobiernos progresistas o de izquierda y minar al mismo tiempo la confianza de los pueblos en la actividad política. La guerra judicial, el “lawfare” es una estrategia para impedir el avance de las reivindicaciones populares. No por casualidad en la última Cumbre de las Américas de la OEA, realizada justamente en Lima este tema ha sido central y motiva la sospecha de que en realidad es implicar, no sólo a pecadores sino también a justos. ¿Es posible separar la paja del trigo? ¿Te parece que resaltar la motivación empresarial en la corrupción es una forma de aclarar las cosas? ¿Cómo evitar que el tema de la corrupción sirva de pantalla para esconder la necesidad de transformar nuestras sociedades hacia su humanización?

Lo que ha ocurrido con la corrupción en el país, no sólo con estos hechos, sino desde antes, con el caso Lava Jato ha dado cuenta que el propio Estado ha tenido un desarrollo institucional que finalmente ha favorecido el despliegue de estos grupos criminales y mafias de cuello blanco. Desde Odebrecht y el caso Lava Jato hasta aquellos que están vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal y al sicariato como viene ocurriendo en la Provincia constitucional del Callao.

En ese contexto, los medios en su mayoría han maltratado sistemáticamente a las y los defensores de derechos humanos que hemos enfrentado ese tipo de situaciones. La propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es objeto de una campaña difamatoria por parte de medios de comunicación a los que nosotros le decimos “amarillistas”. De manera que nos sacan portadas como si nosotros tuviésemos un universo de dinero, que lo utilizamos para nuestros fines personales y finalmente para fomentar el terrorismo.

Hay una campaña permanente de difamación y estigmatización que nosotros venimos enfrentando también en diferentes procesos de tipo judicial.

https://www.pressenza.com/es/2018/07/escandalo-judicial-en-peru-dialogo-con-jorge-bracamonte-vocero-de-la-coordinadora-nacional-de-ddhh/







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