Julio 2018
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El despojo detrás de un “sueño”. El proyecto hidroeléctrico Rositas como ejemplo de la ocupación capitalista de los territorios en Bolivia
25 junio, 2018
Claudia Cuellar Suárez, Huáscar Salazar Lohman
La imagen es elocuente, el presidente Morales en el Hotel Los Tajibos –el más “prestigioso” de Santa Cruz- dirigiéndose a las élites económicas del oriente boliviano sobre los beneficios del proyecto hidroeléctrico Rositas, mientras que lo flanquean su vicepresidente, ministros, congresistas del MAS, pero también representantes políticos de aquella élite cruceña, incluido el propio gobernador Costas. “El sueño de Santa Cruz hecho realidad” son las palabras del cartel que acoge el evento. ¿Se refiere a esa Santa Cruz que representa la sala?
A doce años de iniciarse el gobierno del MAS, asistimos a la consolidación de una inercia estatal en la que el mando político y su posibilidad de sostenerse materialmente en el tiempo se nutre del despojo depredador de la naturaleza y de la ocupación capitalista de los territorios comunitarios, de una manera que ni el propio neoliberalismo logró hacerlo, no porque aquel modelo no lo haya intentando, sino que el actual gobierno y la lógica misma del Estado Plurinacional se funda, como condición de existencia, en la desarticulación de las organizaciones sociales que históricamente resistieron y lucharon contra este tipo de políticas.
En este texto queremos hablar de esta dinámica estatal, de los intereses en juego y de la manera en que el gobierno agrede a las comunidades que resisten y defienden sus formas de vida y los espacios donde reproducen la misma, expropiando prerrogativas sobre sus territorios. Realizamos esta lectura a la luz de lo que sucede con la resistencia al proyecto hidroeléctrico Rositas, con el ánimo de poner en discusión ciertas claves que son compartidas con otros proyectos de ocupación y despojo en el territorio boliviano y creemos se generalizarán aún más.
El proyecto hidroeléctrico Rositas como componente del renovado patrón de despojo boliviano
Cotidianamente el gobierno intenta silenciar una serie de luchas que surcan el territorio nacional, poniéndonos por delante una seductora pero demagógica y tramposa pregunta:
“¿Acaso no es posible utilizar los recursos que brinda la actividad primaria exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer condiciones mínimas de vida de los bolivianos, y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica intelectual capaz de asumir y conducir los emergentes procesos de industrialización y de economía del conocimiento?”[1].
Esta es una premisa ramplona que el vicepresidente García, en un texto de más de 100 páginas, utiliza para legitimar un renovado patrón de acumulación capitalista, sostenido en la destrucción de la naturaleza y en el despojo directo a territorios y pueblos enteros –indígenas y no indígenas– a lo largo y ancho de todo Bolivia, tildando, además, de conservadores a quienes se oponen a esta primera etapa (la del despojo), supuestamente necesaria para llegar al socialismo. Más allá del débil argumento –repetición renovada del desarrollismo etapista que la historia se encargó de desmentir tanto en su versión capitalista como socialista–, lo cierto es que el planteamiento de esta supuesta “necesidad histórica” del extractivismo como medio para la emancipación del pueblo boliviano, genera confusión a la hora de nombrar la reconfiguración de la dinámica de poder en el Estado Plurinacional.
Los distintos proyectos de despojo en el país –TIPNIS, Takovo Mora, Tariquía, Mallku Khota, Rositas, Chepete-Bala, Reserva Guarayos, entre otros–, no deben ser entendidos exclusivamente como proyectos locales y/o desarticulados entre sí. En realidad estamos siendo testigos de la consolidación y despliegue de la forma específica en que el Estado Plurinacional está organizando las distintas relaciones y mediaciones para la ampliación del capitalismo en una Bolivia re-primarizada a gran escala. Es decir, este tipo de extractivismo amplificado, rapaz y depredador, no es una etapa sino el armazón central desde donde se articula la dinámica económica nacional y la relación de ésta con el mundo, lo que –esto es lo más preocupante– se prefigura como el núcleo organizador de lo que Zavaleta Mercado denomina como momento constitutivo –aquello que organiza estructuralmente la dominación en un periodo largo de tiempo–. Es un patrón de despojo que ahora impulsa el MAS.
Como resultado del actual proceso de ejecución del proyecto hidroeléctrico Rositas, queremos poner en discusión algunos rasgos constitutivos de este patrón de despojo. Que si bien dichos rasgos no son ajenos a nuestra larga historia –colonial y republicana– de expoliación, su renovación, actualización y relanzamiento por parte del Estado Plurinacional ha agudizado ciertas dimensiones.
El proyecto Rositas está situado en el departamento de Santa Cruz, e implica la construcción de una hidroeléctrica sobre el Río Grande que se estima tendrá una capacidad de generación de electricidad de alrededor de 600 MW. Rositas es parte de un complejo de siete hidroeléctricas en la cuenca del Río Grande, que afectará a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, y que en conjunto producirá el doble de demanda de energía que actualmente requiere Bolivia (3000 MW). Sin embargo, solo la represa de Rositas implicará la inundación de más de 59 mil hectáreas[2], por lo que serán afectadas alrededor de catorce comunidades, de las cuales al menos tres están en territorios indígenas,[3] esto sin contar todas las áreas de incidencia indirecta y “daños colaterales” que un proceso de modificación de un ecosistema de este tipo conlleva[4]. En otras palabras, un primer rasgo que este proyecto evidencia es la magnitud y la gran reconfiguración territorial –natural y social– que implica en el largo plazo. Este es un rasgo consustancial al patrón de despojo boliviano, la lógica impulsada desde el gobierno tiende a funcionalizar todo resquicio posible del territorio nacional a la dinámica mercantil, ya sea en su faceta extractiva o modificando la naturaleza para convertirla en infraestructura del capital. El Estado Plurinacional viene elaborando un gran “catálogo” en el que distintas regiones del país están siendo subastadas -y algunas casi regaladas- a una escala nunca antes vista.
Lo anterior cobra mayor sentido cuando se ahonda sobre los sujetos que se benefician de estos procesos de despojo. Más allá de la defensa que el presidente Morales haga del capitalismo depredador chino[5], lo cierto es que con el proyecto Rositas los principales beneficiarios son los capitales industriales y financieros de aquel país. En septiembre de 2016 el gobierno boliviano, a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), contrató por un monto de 1.000 millones de dólares, al consorcio de empresas chinas Asociación Accidental Rositas (AAR) –compuesta por China International Water & Electric, China Three Gorges Corporation y la Empresa Constructora Reedco SRL– para la ejecución del proyecto bajo la modalidad “llave en mano”[6]. Pero esto no es todo, sino que Bolivia, para ejecutar este proyecto, tuvo que acceder a recursos económicos vía deuda externa, lo cual nuevamente conduce a los capitales chinos. Es el gran banco estatal de ese país, Exim Bank, quien financia la hidroeléctrica a partir de una deuda condicionada. Condición que Bolivia aceptó a través del Decreto Supremo N° 2574, que autoriza a una serie de empresas estatales bolivianas a contraer deuda de Exim Bank, pero señalando que las empresas contratadas para la ejecución de la misma deben ser también chinas[7]; en otras palabras: deuda condicionada, como aquella que promueven los gobiernos de las grandes potencias del mundo.
En este sentido, el megaproyecto Rositas está articulado en el largo plazo al beneficio de capitales chinos, al igual que –y este es un segundo rasgo– la mayoría de proyectos de despojo en Bolivia que de una u otra manera están ligados al gran capital transnacional, no sólo chino. Desde Petrobras hasta la Shell[8], pasando por Exim Bank, Repsol, TOTAL, OAS, etc; este gran “catálogo” territorial que el gobierno ha puesto a la venta, está siendo adquirido, de manera directa o indirecta, por las grandes empresas del mundo; mientras que el rol de las famosas “empresas nacionalizadas” no es otro que el de ser mediadoras para que aquello suceda, son las que organizan, gestionan y preparan el catálogo para hacerlo más atractivo a las transnacionales.
Un tercer rasgo fundamental de estos procesos de despojo es la dimensión anti-comunitaria inherente a la consolidación del Estado Plurinacional. En el transcurso histórico de la formación de lo que hoy es Bolivia, fueron las organizaciones comunitarias las que limitaron el despojo para así defender sus condiciones materiales y simbólicas de reproducción social. Es así, que en el caso específico de Rositas, la posibilidad de llevar adelante el proyecto solo es posible a partir de una permanente agresión a las comunidades y a sus formas organizativas, además es importante considerar que en la mayoría de los casos esta agresión y violencia ha sido resentida principalmente por las mujeres de las comunidades, quienes son las que cotidianamente tienden a gestionar la reproducción de la vida, cuidar las condiciones que la permiten y organizarse en su defensa, por lo que se ven directamente enfrentadas a los intereses de los megaproyectos. Y es por este mismo motivo que también son las mujeres quienes han asumido el lugar central de estas luchas y resistencias, esto pasa en Rositas, al igual que en otros territorios[9].
Nos interesa profundizar sobre este último rasgo, ya que es ahí donde se devela el efecto inmediato y la consecuente agresión que acompaña la implementación de estos proyectos, pero al mismo tiempo –desde una práctica y lucha cotidiana por el territorio– donde emerge la resistencia. Lo que sigue a continuación no es un intento por describir todas las luchas que se viven en las comunidades que resisten a este proyecto, sino es una interpretación de lo que durante los últimos meses ha estado sucediendo en Rositas[10], lo que permite evidenciar una dinámica estatal de hostigamiento a las comunidades, a la vez que el gobierno se empecina en eliminar y desprestigiar toda fuente de resistencia.
Violentar, desmoralizar y hostigar: maniobras para consolidar el despojo y cercenar las lógicas comunitarias de vida y su defensa.
En el caso del Proyecto Rositas, como sucede con los otros proyectos de despojo en el país, el estado viene promoviendo la acumulación a través del acorralamiento y la desarticulación de las formas, prácticas y sentidos comunitarios que se gestan en lo cotidiano; intentando, además, subordinar a las organizaciones supra-comunitarias[11] como la CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB, etc., de tal manera que operen como mecanismos paraestatales de gestión de los intereses dominantes, lo que ha generado profundas contradicciones en la mayoría de éstas.
Lo anterior se evidenció de manera concreta en la ejecución del Proyecto Rositas durante los últimos meses, cuando las comunidades afectadas presentaron una acción legal de defensa de su territorio frente al proceso de implementación de la represa, lo que implicó una agresiva respuesta del gobierno, que devela los mecanismos jurídicos, discursivos y de hostigamiento -que se encuentran por detrás del despojo- y fueron operados desde el estado frente a toda interpelación que cuestionase el proceso de implementación del proyecto.
Retardación e intimidación. El jueves 29 de marzo de 2018, representantes de las comunidades de Yumao y Tatarenda Nuevo, del municipio de Gutiérrez en el departamento de Santa Cruz, viajaron a Cochabamba para interponer una demanda de Acción Popular contra ENDE[12], al ser esta empresa la encargada de gestionar el proyecto. En primera instancia la demanda fue admitida, por lo que durante 24 horas se paralizaron las acciones del proyecto en el territorio. Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de la audiencia –en la que el juez se reunió con seis abogados de ENDE– éste se declaró incompetente. A raíz de lo anterior, la demanda fue remitida a la ciudad de Camiri (Departamento de Santa Cruz) para su tratamiento con el Juez Ernesto Velarde, quien también se declaró incompetente -y lo hizo sin convocar a las partes interesadas-. Así pues, la demanda nuevamente fue derivada, esta vez al juzgado del municipio de Lagunillas. Luego de casi dos semanas de esta desgastante dinámica, la Acción fue admitida finalmente el 13 de abril. En este proceso, todo el andamiaje institucional –político y jurídico– del estado se convirtió en mecanismo de ralentización de los procesos de interpelación a la dinámica de despojo, a través de una serie de medidas intimidatorias, que coadyuvaron a frenar estos procesos de acción legal.
Desmoralización vía violencia estatal. Las comunidades afectadas por el proyecto se vieron imbuidas en un proceso frustrante y desgastante cuando la acción legal para frenar los trabajos impulsados por ENDE, finalmente fue admitida después de varias semanas, aunque inmediatamente después, la audiencia convocada para resolver la Acción Popular fue suspendida por el órgano judicial, el cual consideró que el estado se encontraba en situación de “indefensión” debido a que ciertas instituciones, como la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energías, no fueron debidamente notificadas del proceso en curso, haciendo recaer la responsabilidad de esta falta en el accionar de las comunidades demandantes. De esta manera, ni siquiera se respetó el enfoque legitimado de Derechos Humanos en el que los sujetos individuales o colectivos son los que deben ser protegidos frente al estado y no viceversa.
Todo ello acabó desgastando aún más la resistencia comunitaria y los esfuerzos realizados en aras de defender sus territorios por los canales jurídicos, haciéndose evidente una institucionalidad que desconoce, deslegitima y cercena dichos esfuerzos. Estos mecanismos estuvieron presentes en todos los procedimientos y el resultado de la audiencia de la Acción Popular en la que un gran bufete de abogados fue el que, en representación del Ministerio de Energías, ENDE y la Procuraduría General del Estado, se constituyó en la defensa pública frente a comunarios que con recursos muy escasos y poca capacidad de intervención llevaron adelante la demanda.
Como consecuencia, la resolución final del juez frente a la demanda de Acción Popular resultó improcedente: “ya que la Acción Popular debía ser en contra de la Ley 940 de 1987 -que preveía una proyecto múltiple sobre el Río Grande- y que la consulta previa no se vulneró porque se puede decir que el contrato con el consorcio chino no está vigente” –lo cual no es cierto–.[13] Es decir, al final de cuentas se impusieron unos rebuscados argumentos jurídicos que en ningún momento tuvieron nada que ver con la agresión que en el presente viven las comunidades, es como si el procedimiento institucional para frenar estos megaproyectos desde los principios que la “justicia plurinacional” debería defender, simplemente no permitiera abordar el problema de despojo denunciado.
Hostigar y debilitar los cuerpos que luchan. Las respuestas ante cualquier demanda de intervención de la justicia por parte de las comunidades han venido acompañadas por un acoso constante por parte de las instituciones implicadas, como ENDE o el Ministerio de Energías. Además, esto se ha traducido en la desacreditación de las formas de organización comunitaria, las mismas que, desde discursos clásicos de colonialidad, han sido señaladas por carecer de sentido legal y de tácticas administrativas adecuadas para la defensa de su derecho. En otras palabras, por carecer de una estructura jurídica permitida por el estado, lo que contraviene el sentido de la diferencia y autonomía que un Estado plurinacional debería respetar.
El hostigamiento y desarticulación también se hacen evidentes cuando los argumentos en defensa de un territorio y de sus formas de vida comunitarias son distorsionadas y devaluadas desde los discursos oficiales, incluido el propio presidente Morales, que menosprecia las reivindicaciones de las comunidades en lucha por considerar a éstas una “minoría”, recomponiendo el lugar colonial en el que los indígenas de tierras bajas han quedado en el relato oficial de la historia boliviana. O también, cuando el Ministerio de Energías deslegitimó cualquier tipo de crítica al proyecto Rositas, por atentar contra “el sueño de los cruceños,” recuperando elementos discursivos que universalizan los intereses de la oligárquica-empresarial frente a los horizontes de las comunidades “que no saben lo que es bueno para ellas”.
Esta deslegitimación a la resistencia de las comunidades se ve acompañada por el despliegue de dinámicas de hostigamiento que tienden a desarticular internamente las organizaciones comunitarias y supracomunitarias. Un ejemplo claro fue cuando los líderes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Capitanía Kaaguazú, que fueron cooptados por el gobierno, negociaron y firmaron acuerdos con ENDE[14] sin convocar a asamblea ni consultar a los directos afectados de las áreas de embalse, e incluso –según comunarios de base– estos dirigentes habrían pedido el ingreso de la fuerza pública para poner orden en las zonas afectadas. Esta situación generó un sentimiento de vulnerabilidad en las comunidades de Taterenda Nuevo y Yumao, lo que generó crisis en las estructuras comunitarias.
Otro hostigamiento en curso, y que se gestó en torno al proceso de demanda de Acción Popular, es el promovido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que en supuesta respuesta a la demanda de titulación de tierras, viene intentando reducir el área del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) donde están algunas de las comunidades en lucha, lo que implicaría una reducción del control efectivo que éstas podrían realizar sobre el mismo.
Estos mecanismos múltiples están conexos, no son casuales y se reproducen de manera conjunta para acorralar y neutralizar la lucha, generando miedo y desgaste. En el caso concreto de Rositas se devela como el estado no dudará en disolver cualquier amenaza que interpele al modelo de despojo. Además que se avizora que al ser un proyecto gestionado por una empresa estatal como ENDE –para su ejecución por capitales chinos- se repetirán las formas de intervención promovidas por el MAS al interior de las organizaciones indígenas.
Frente a las formas estatales del despojo, la necesidad de generar sentido crítico desde las luchas
Quizá la respuesta más obvia a la pregunta que el vicepresidente García se hace –la que se cita más arriba–, sería un rotundo NO, sustentado en la historia y en las luchas de los pueblos de muchas regiones del mundo. Sin embargo, el caso concreto de Rositas, así como las resistencias extendidas en el resto del país contra los megaproyectos de despojo, ponen en cuestión varias ideas expuestas en esa pregunta, pero en particular hay una que nos interesa: “el origen de la masa crítica”, que según García derivaría de ese excedente generado por el extractivismo y gestionado por el Estado. Ni en las luchas contra el neoliberalismo, ni en el presente, la “masa crítica” ha derivado de una política estatal de despojo, y eso es algo que las luchas territoriales nos recuerdan.
La producción de sentidos críticos y la capacidad de generar organización de resistencia y de lucha en este nuevo contexto dominante, está surgiendo en comunidades como contraposición a las consecuencias del modelo de despojo promovido por el gobierno. Las comunidades en resistencia a los proyectos de Rositas, Chepete-Bala, Tariquia, etc. –y principalmente las mujeres– son quienes que están poniendo el cuerpo y sus esfuerzos frente a la agresión del Estado. La ficción de un gobierno produciendo “masa crítica” -que quizá lo máximo que ha logrado son los denominados “guerreros digitales”[15]– acompañado del apoyo internacional de grupos de intelectuales que alimentan esa ficción, está siendo rebasada por la crudeza de una realidad, en la que los sujetos en lucha nos están demostrando que no solo se trata de criticar al gobierno –actitud asumida abiertamente por la derecha tradicional del país–, sino de organizar los sentidos críticos en torno a horizontes emancipadores que van mucho más allá de la mera idea de “demandar” al Estado o de “cambiar de gobierno”, se trata de producir capacidad organizativa y de decisión más allá del Estado y de sus formas políticas monopolizadoras.
En este artículo hemos realizado un esfuerzo por visibilizar tres rasgos constitutivos del patrón de despojo promovido por el gobierno del MAS, lo cual nos demuestra una serie de desafíos que todavía prevalecen a la hora de nombrar las características de la dominación en Bolivia y de resignificar horizontes rebeldes que le hagan frente. Y si bien es necesario reconocer que vivimos tiempos de fragmentación y confusión, como consecuencia de un aparato gubernamental que despliega toda su capacidad -material y discursiva- para neutralizar cualquier resistencia a su proyecto político, también es importante reconocer la necesidad de recuperar y aprender de los sentidos críticos emergentes de las resistencias y luchas concretas contra la ocupación capitalista de los territorios, aunque debemos ir más allá y no asumir que la transformación es responsabilidad solo de quienes ponen el cuerpo en estos territorios, sino que deben producirse nuevos sentidos críticos a partir de experiencias concretas acorde a las realidades de despojo que se viven y se seguirán profundizando en el país.
[1] Ver: Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista. De Álvaro García, 2013, pp. 109.
[2] Nuevos datos arrojados por una ficha ambiental extemporánea encargada por el “Ministerio de Medio Ambiente y Agua” y que en pasados días salió a la luz, plantean que en realidad el área de afectación será superior a las 59 mil hectáreas (inicialmente se pensaba que serían alrededor de 40 mil hectáreas). Para más información revisar el siguiente artículo de la Fundación Solón: https://fundacionsolon.org/2018/05/28/ende-incumplio-plazo-impostergable-para-estudio-de-impacto-ambiental-de-rositas/.
[3] Se estima que podrían haber ocho comunidades adicionales con posibilidades de ser afectadas, pero que no están siendo consideradas por ENDE: https://fundacionsolon.org/2018/04/06/rositas-y-el-reasentamiento-involuntario/#_ftnref4.
[4] Para más datos técnicos se puede consultar los siguientes enlaces:
1) https://fundacionsolon.org/2018/04/06/rositas-y-el-reasentamiento-involuntario/#_ftnref4,
3) http://guaracachi.com.bo/images/proyectos/Rositas/Diptico_PH_Rositas.pdf.
[5] Un tuit de Morales muestra la cercanía del gobierno con los capitales chinos: “Bolivianos que protestan contra China y sus empresas son neoliberales, quieren que vuelvan las privatizaciones, modelo del Sistema capitalista”. Fuente: http://www.la-razon.com/nacional/Morales-protestas-China-empresas-neoliberales_0_2577942235.html.
[6] Este tipo de contrato “es aquel en virtud del cual un contratista se obliga frente al cliente o contratante (en derecho público ante la entidad estatal contratante), a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra o proyecto determinado”, en muchos casos esto implica incluso que la empresa contratante se hará cargo del mantenimiento permanente de la instalación.
[7] Al respecto sugerimos consultar el artículo de Juan Pablo Neri: “6 datos sobre la deuda externa de Bolivia con China”: https://latinvestment.org/2018/02/27/6-datos-sobre-la-deuda-externa-de-bolivia-con-china/.
[8] Es particularmente llamativo el retorno de la Shell a Bolivia después de más de ocho años y cuya salida tiene que ver con que su nombre “está asociado a varios de los episodios más nefastos de la historia reciente del país; en concreto a una serie de delitos y violaciones a las leyes bolivianas cometidas en el marco de lo que constituyó la ilegal privatización de las empresas estatales y su entrega a manos extranjeras. Shell, fue una de las petroleras que se adjudicaron la “capitalización” de la empresa TRANSREDES a través del consorcio TR HOLDING del que formó parte, primero junto a ENRON y más tarde con ASHMORE”, texto extraído del documento “Gobierno celebra el regreso de la Shell” de Georgina Jiménez: https://cedib.org/wp-content/uploads/2018/05/shell-en-Bolivia.pdf.
[9] Un interesante análisis de la lucha que mujeres vienen enarbolando para el cuidado de su territorio (Tariquía) está en el artículo de Paloma Torrez y Claudia López: “Tariquía de pie: una lucha campesina en Bolivia frente al extractivismo petrolero” en: http://zur.org.uy/content/tariqu%C3%ADa-de-pie-una-lucha-campesina-en-bolivia-frente-al-extractivismo-petrolero.
[10] Esta dinámica no ha cesado, mientras terminamos de redactar este documento el hostigamiento ha continuado de diversas maneras.
[11] Nos referimos como organización supra-comunitaria, a aquellas que articulan a nivel regional o nacional a múltiples organizaciones comunitarias de base, como la CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB, etc. En casi todos los casos, sin embargo, estas organizaciones asumen formas sindicales y de delegación de la decisión política, lo que muchas veces suele entrar en conflicto con las comunidades que las componen.
[12] ART. 136 CPE “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.” La demanda de Acción Popular se interpone – en el caso analizado- por la vulneración al Derecho Colectivo de Consulta Previa Libre e informada, bajo el criterio de que ya existe un contrato con el consorcio de empresas chinas Asociación Accidental Rositas (AAR) sin consulta a las comunidades afectadas, la demanda se interpone en Cochabamba debido a que es el lugar donde se encuentra la Sede Central de ENDE.
[13] En su parte resolutiva, el Juez señaló tras una audiencia de siete horas: “no se ha incumplido la norma con respecto a la consulta previa, primero porque no se ha hecho el estudio de impacto ambiental y segundo, porque si bien hay una firma de contrato de préstamo y construcción con el Gobierno y la empresa china (2016),el contrato de préstamo no está vigente, es sólo una intención de contrato, en ese sentido es solo una idea de proyecto, es más podría decir que no hay proyecto”. Por su parte, el ministro de Energía, Rafael Alarcón dijo a ANF que si bien existe un contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, este cuenta con cláusulas suspensivas. https://www.noticiasfides.com/economia/rositas-tercer-juez-rechaza-accion-popular-de-guaranies-y-estos-anuncian-ir-a-la-cidh–388103.
[14] https://chaskiclandestino.wordpress.com/2018/05/11/comunidades-guarani-afectadas-por-la-hidroelectrica-rositas-exigen-a-sus-dirigentes-unirse-a-la-defensa-del-territorio/
[15] Los guerreros digitales son personas formadas por el MAS, con recursos públicos, para contrarrestar la crítica al gobierno boliviano desde las redes sociales. http://viralbolivia.info/2018/06/guerreros-digitales-del-mas-aprendieron-a-disenar-memes/.
https://chaskiclandestino.wordpress.com/2018/06/25/el-despojo-detras-de-un-sueno-el-proyecto-hidroelectrico-rositas-como-ejemplo-de-la-ocupacion-capitalista-de-los-territorios-en-bolivia
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