El comienzo del fin del Gobierno Ortega-Murillo

“El Día de la Ira llegó […]
Daniel Ortega y Rosario Murillo
han sido juzgados como gobernantes:
no son lo que queremos para nuestro país. […]
El pueblo presidente 1/ les pide que renuncien” (Gioconda Belli).

El 20 de abril de 2018 más de 100 mil nicaragüenses salieron a la calle en Managua para manifestarse pacíficamente contra el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Simultáneamente hubo marchas en las ciudades de León, Estelí, Jinotepe, Bluefields y Matagalpa. Se estima que en toda Nicaragua participaron más que 200 mil personas es estas protestas.

Las consignas principales eran: No más represión, apoyo a los estudiantes, condena a los asesinatos, Ortega y Somoza son la misma cosa, no a la corrupción, policías asesinos, eliminación de las fuerzas de choque y el pueblo unido jamás será vencido. ”

Según el economista nicaragüense Oscar René Vargas estás son algunas de las características de la situación actual en Nicaragua: La gran mayoría de los participantes en ese movimiento nuevo y masivo son jóvenes menores de 30 años, por lo menos la mitad, son mujeres. Los partidos tradicionales zancudos 2/ no tienen ninguna presencia significativa ni influencia en el desarrollo de los acontecimientos. La amplitud de las movilizaciones y el grado de represión del Gobierno han conducido a una nueva correlación de las fuerzas sociales en el país. Los grandes empresarios toman distancia, aunque sin ruptura, con el Gobierno. Los sindicatos pro-gubernamentales han demostrado su incapacidad para movilizar a las bases que pretenden representar, en defensa de sus necesidades sociales. El Gobierno ya no puede contar con el apoyo de los trabajadores estatales. Los poderes del Estado están cuestionados gravemente por el movimiento social debido a la ausencia completa de las formas más básicas de institucionalidad. La Policía es la institución más cuestionada por su actuación represivo. El Ejército se ha mantenido un poco al margen del conflicto. El Gobierno Ortega-Murillo ha sido derrotado política y socialmente dentro del país, y está ampliamente aislado internacionalmente.

El momento y la magnitud de la protesta puede parecer un fenómeno sorprendente de la dinámica político-social de Nicaragua, pero en realidad es producto de un largo proceso de acumulación del descontento popular que ahora salió a la luz por varias razones. La última edición de la revista nicaragüense Envío (no.433, abril 2018) ya constató –proféticamente– que “la sobrevivencia del modelo de Ortega depende de hacer […] reformas estructurales” respecto al déficit estructural del INSS. Además, constató que el “costo político […] sería alto”, porque la reducción de las exoneraciones de empresas o el aumento de sus impuestos afectaría la alianza con los grandes empresarios, mientras que la reducción de las pensiones para la población despertaría el descontento popular. Las protestas sólo son la punta del iceberg de las contradicciones entre el Gobierno y el pueblo, acumuladas durante los últimos diez años del gobierno Ortega-Murillo.

Desde Honduras, Tomás Andino Mencía identifica las siguientes razones para tal descontento popular: la aprobación, en 2013, del megalómano proyecto de construir el canal inter-oceánico, de un costo de 50.000 millones dólares –ahora desaparecido de la agenda política– provocó amplias protestas en el campo y en la ciudad. La producción extractiva ha ampliado considerablemente su superficie causando conflictos en las áreas rurales y con los ambientalistas. La ampliación de monocultivos industriales (palma africana, azúcar) y de ganadería reducen la disponibilidad de tierras para los campesinos. El descuido ambiental está preocupando a sectores cada vez más grandes de la población. El gobierno está reprimiendo a las Organizaciones No Gubernamentales y violando diariamente los derechos humanos. La anti-constitucional reelección presidencial y los continuos fraudes electorales han llevado a un alto grado de frustración y abstención política. El férreo control sobre los medios de comunicación deja muy poco espacio para una prensa libre. La extendida corrupción de funcionarios públicos y el enriquecimiento ilícito de los amigos de la pareja presidencial son percibidos por la sociedad nicaragüense como profundamente injustos

Todo ello, seguramente, no habría llegado a un estallido tan contundente, si antes no se hubieran deteriorado dramáticamente las condiciones de vida de las masas populares. Este hecho a su vez tiene mucho que ver con el desarrollo de la cooperación venezolana con Nicaragua. En 2007 el recién electo Presidente Daniel Ortega firmó un acuerdo con Venezuela para la cooperación energética entre los dos países, el cual subrayaba, como un elemento central, el apoyo a proyectos de desarrollo económico y social de Nicaragua, cuyos costos han ascendido al 25% del volumen total de esta cooperación.

Como se ve en esta gráfica, durante cinco años seguidos se ingresaron en Nicaragua más que 500 millones de dólares anualmente. De esta manera la economía del país consiguió, desde 2010 hasta la actualidad, un crecimiento anual del PIB de alrededor de 5%, cuando el PIB de los demás países de América Central estaba, en el mismo periodo, alrededor de un promedio de 3% anual (Banco Mundial). Por otro lado, la caída del precio del petróleo en el mercado mundial en 2015, desde más de 100 dólares por barril a menos que 50 dólares, golpeó gravemente la economía de Venezuela, que depende principalmente de la comercialización del petróleo. Por eso Venezuela tuvo que disminuir dramáticamente su ayuda hacia Nicaragua. En consecuencia, el gobierno Ortega-Murillo también tuvo que reducir una serie de servicios sociales, que antes habían sido financiados con estos fondos, como, por ejemplo, un subsidio para empleados públicos (el bono solidario), subvenciones para el transporte público, ayudas económicas para cooperativas y muchas ayudas más. En la medida en que la gente sintió el deterioro de su nivel de vida, su descontento creció. Además, la continuidad de un crecimiento económico relativamente alto, que ha significado que las clases altas han estado enriqueciéndose cada vez más, combinado con el empeoramiento de la situación social del pueblo, ha sido una fuente más de las frustraciones populares.

Toda la cooperación venezolana se canaliza a través de la compañía privada nicaragüense ALBANISA, de la cual el 51% de las acciones son propiedad de la compañía petrolera PDVSA de Venezuela y el 49% de Petróleos de Nicaragua. Los fondos de esta compañía son manejados de manera discrecional por la familia presidencial nicaragüense a través de personas de su confianza absoluta. ALBANISA no es objeto de ningún tipo de control público; todas sus decisiones se toman a puerta cerrada. Contrariamente a sus estatutos, no solamente se dedica al campo energético y a proyectos infraestructurales y sociales, sino que tiene una amplia actividad en todas áreas económicas: fincas lecheras, hotelería, canales de televisión, funerarias, farmacias, casas en el mar, fincas agropecuarias, mataderos y muchas otras más. Son proyectos con fines de lucro para el enriquecimiento particular (La Prensa, 04.03.2018).

En esta situación, Daniel Ortega anunció la reforma del sistema de Seguridad Social que antes había sido negociado con el empresariado, en cooperación con los sindicatos pro-gubernamentales. La reforma –ya retirada para renegociarla nuevamente– consistió principalmente en un aumento de las cuotas que empresarios y trabajadores tienen que pagar, y la reducción de las pensiones de las y los jubilados. Sin duda alguna, era necesario sanear el déficit estructural del INSS, pero justamente antes de ser decretada esa reforma, varios medios de comunicación habían revelado que montantes millonarios del INSS habían sido desviados para grandes proyectos privados de construcción de mansiones lujosas y otros edificios. Esto era el colmo y se convirtió en el detonante de la ola de las protestas, que empezaron el día 13 de abril con algunas manifestaciones pacíficas de estudiantes y ancianos en las calles de Managua y que solamente hasta el 28 de abril causaron la muerte de 43 personas, en su gran mayoría víctimas de la represión policial.

EE UU se han presentado en este contexto como una fuerza pro-democrática. ¡Qué descaro! Ni ahora ni nunca se han interesado por la democracia en Nicaragua. Desde hace casi 200 años los gobiernos norteamericanos han intervenido en Nicaragua para defender sus propios intereses económicos y geo-estratégicos. No se interesaron por la democracia cuando la dinastía de los Somoza oprimió a su propio pueblo. En los años ochenta destruyeron la Nicaragua sandinista para no permitir que se formara una sociedad libre y democrática con orientación socialista. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990 se preocuparon principalmente por la devolución de las propiedades, confiscadas por la revolución, a los viejos somocistas. En 2015, con la dictadura familiar de los Ortega-Murillo en plena flor, la embajadora estadounidense Phyllis Powers declaró que EE UU y Nicaragua podían normalizar sus relaciones, porque ya se habían resueltos los últimos casos de indemnizaciones para víctimas de las confiscaciones sandinistas.

Actualmente, la administración Trump, a través del llamado Nica-Act y la Ley Global Magnitzky, está interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua, en abierta violación de la Ley Internacional y todos los tratados internacionales correspondientes. El Nica-Act amenaza con sanciones económicas si Nicaragua no acata las orientaciones políticas estadounidenses. La Ley Magnitzky permite a EE UU intervenir las actividades bancarias de personas de cualquier parte del mundo, si son identificados como corruptos por Washington. La embajadora Laura Dogu está presionando a los empresarios nicaragüenses, amenazándolos con restricciones de sus actividades económicas y financieras en lEE UU si continúan su alianza con el gobierno orteguista. En realidad, EE UU de ninguna manera están preocupados por la falta de democracia o por el alto nivel de corrupción en Nicaragua, sino que quieren debilitar y posiblemente aliviarse de un gobierno que no pueden controlar completamente.

Entre los nueve Comandantes de la Revolución, que fueron el centro del poder de la Revolución Sandinista durante los años ochenta, Daniel Ortega era el menos carismático, un pésimo orador, poco instruido y, al principio, el menos conocido de todos. No había participado en ninguna batalla importante de la lucha armada de la guerrilla sandinista. Precisamente ello fue una de las razones por las que su hermano Humberto Ortega, entonces el hombre fuerte entre los nueve, le puso en la Junta de Gobierno de la Reconstrucción Nacional (JGRN). Y así, en su doble-función de coordinador de la Dirección Nacional (DN) del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de la JGRN y como Presidente, a partir de 1984, Daniel Ortega concentró cada vez más poder en sus manos.

Con la perdida de las elecciones de 1990, perdió también su poder la DN del Frente Sandinista. Pero, en vez de gobernar desde abajo como había anunciado, Daniel Ortega acordó un pacto con el nuevo Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, por el cual él y sus aliados más cercanos obtuvieron grandes fortunas materiales a cambio de su apoyo a la nueva Presidenta. A través de su pacto político con el siguiente super-corrupto Presidente Arnoldo Alemán, cambiaron la Constitución de Nicaragua de manera que en 2006 Daniel Ortega pudo ser elegido Presidente, con tan sólo el 38% del voto total.

A partir de ese momento, se convirtió paulatinamente en el hombre fuerte que controlaba a todos y todo, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Electoral, la Policía, el Ejercito, las grandes empresas estatales y otras entidades más. Ortega combinó este ascenso al poder con una política de alianza con el gran capital del país y de beneficios sociales para las masas, así que el pueblo se alejó cada vez más de los asuntos políticos siguiendo del refrán de Bertolt Brecht “Primero viene la comida, luego la moral”.

Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual Vice-Presidenta, llegó a su actual posición tras negociar que ella no le molestaría más por el abuso sexual, que él había cometido con su propia hija Zoilamérica Narváez, si Ortega le entregaba la mitad del poder. Murillo desplazó a una gran cantidad de la vieja guardia sandinista, entre ellos comandantes guerrilleros, y formó, como un pilar importante de su poder, fuerzas de choque, lumpen que al margen de cualquier visión política sólo actúan, en ciega lealtad a su persona, para intimidar y reprimir al pueblo. El FSLN ya no tiene dirección, no tiene estructuras, ni elecciones, ni congresos, ni programa, ni nada… en la actualidad son nada más que cuatro letras que recuerdan un pasado revolucionario, olvidado hace tiempo. De allí la caracterización más usada y más adecuada del régimen Ortega-Murillo es la de una dictadura familiar.

Hay quienes interpretan los procesos político-sociales de Nicaragua y de Venezuela como parecidas en sus situaciones y dinámicas esenciales. ¡Nada más absurdo que ello! En Nicaragua es “la derecha económica y política, el capital […] quien gobierna junto a Ortega. Es el modelo de la Alianza Publico Privado que aplaude la derecha mundial, el FMI, el BM y las grandes Corporaciones Inversionistas. […] Que no se engañe la izquierda mundial, con que este gobierno es de izquierda. […] Los empresarios han sido y son los principales socios del gobierno de Ortega. Han gobernado junto a Ortega, lo defienden, cabildean por él frente a sectores del Congreso en los Estados Unidos”. (Mónica Baltodano)

La poeta Gioconda Belli dijo a la pareja presidencial: “Sin que muera nadie más, sin obligar a los nicaragüenses a volver a las calles, deben renunciar. Fracasaron, se sobrepasaron. Humildemente, acéptenlo y renuncien. Es la única salida decente y digna que les queda”. Pero hasta ahora no hay evidencias, ni indicaciones visibles de que estén dispuestos de aceptar esta salida decente. Es muy poco probable que vayan a rectificar su camino de la década pasada, un camino de arbitrariedad, autoritarismo y represión.

Por otro lado, todavía no se ha formado un liderazgo representativo del movimiento, hasta ahora completamente espontaneo. Sin que se forme una dirección capaz y sensata, reconocida por la gran mayoría de los manifestantes, esa sublevación del descontento popular no va a lograr su meta principal: la renuncia de Ortega y Murillo y el fin de su dictadura familiar. Ni va a ser un elemento importante en las negociaciones, que todo el mundo ahora exige. Sin excluir que bajo estas condiciones surja una dinámica caótica de confrontaciones todavía más violentas.

Cabe mencionar que los más reconocidos y anteriores jefes del Ejercito, Humberto Ortega y Joaquín Cuadra se habían pronunciado en contra la política represiva del gobierno. Daniel Ortega todavía no se ha atrevido a probar si el Ejército acatará las órdenes de reprimir al pueblo. No está completamente excluido que se formara dentro del Ejercito un grupo que tratara de pacificar la situación por medio de un golpe militar.

A estas alturas se habla mucho de la necesidad del diálogo. Pero “la desconfianza hacia Daniel y Rosario es insuperable. Ya mostraron ampliamente su vocación totalitaria. ¿Cómo creer que tendrán la tolerancia y el espíritu democrático, la ética y la transparencia que debe tener un buen gobierno?” (Gioconda Belli). El problema principal es que casi todas las fuerzas que ahora quieren participar en el diálogo, hasta ahora de una u otra manera, han sido parte del sistema corporativo de Ortega-Murillo. En estas condiciones Oscar René Vargas ve la necesidad de “la conformación de un Gobierno Provisional con representación de los jóvenes, académicos honestos, demás sectores de la sociedad civil (mujeres, campesinos, mineros), el establecimiento de una Comisión de Verdad” y propone “pedir a los sectores honestos del Ejército y la Policía que apoyen al Gobierno Provisional”. Como objetivos de tal Gobierno Provisional define, entre otras cosas: “cambiar la lógica del Estado-Botín, abolir el actual sistema autoritario, eliminar la omnipresente impunidad de la clase política, defender los recursos naturales y luchar por disminuir la desigualdad social”.

Andino Mencía, Tomás, ¿Qué pasa en Nicaragua?: Explicación desde un enfoque crítico de izquierda, [online] https://criterio.hn/2018/04/22/que-pasa-en-nicaragua/

Baltodano, Mónica, La Nicaragua Sublevada, [online] http://vientosur.info/spip.php?article13767

Narváez, Zoilamérica (1998): Testimonio de Zoilamérica Narváez contra su padrastro Daniel Ortega, [online] http://www.latinamericanstudies.org/nicaragua/zoilamerica-testimo-nio.htm

Ortega, Humberto, Humberto Ortega pide diálogo, [online] http://100noticias.com.ni/humberto-ortega-pide-a-cardenal-brenes-ser-garante-de-dialogo-inmediato/

Vargas, Oscar René, Nicaragua amanece con una nueva correlación de fuerzas sociales, [online] https://www.aporrea.org/internacionales/a262277.html

1/ “El pueblo presidente” es una consigna del gobierno Ortega-Murillo pretendiendo que el Presidente es del pueblo y que el pueblo es Presidente.

2/ Se refiere a los partidos tradicionales de oposición llamados “zancudos” (mosquitos) porque en su gran mayoría chupan de una u otra manera de los recursos del Estado corrupto de Nicaragua.