Mayo 2018

Memoria institucional

Titulaciones póstumas y simbólicas en la U. de Chile: un proceso que recién comienza

Un comité interdisciplinario liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha desarrollado un proceso de investigación que este 11 de abril permitirá la distinción póstuma y simbólica de estudiantes de la U. de Chile que fueron ejecutados políticos o que se convirtieron en detenidos desaparecidos, en lo que será la primera ceremonia de reconocimiento. El 11 de septiembre de este año se distinguirá a los nuevos nombres que arroje la investigación, y el proceso continuará hasta reconocer a todas y todos los estudiantes que fueron víctimas de violencia política durante la dictadura cívico militar.

En 1974 Luis Alberto Guendelman Wisniak realizaba su investigación de título junto a su compañera Valeria Vásquez Valdivia. A inicios de 1976 sólo Valeria Vázquez se presentó para rendir el examen. Su profesor guía, Miguel Villa, debió explicar ante la Comisión Examinadora que dos personas debían comparecer a esa instancia, sin embargo, el estudiante Luis Alberto Guendelman se encontraba desaparecido hace más de un año. El caso de Guendelman fue uno de los tantos que volvieron a estar presentes en la memoria de la U. de Chile el 11 de septiembre de 2017, en el anuncio de la promulgación del decreto que por primera vez en la historia de la Casa de Estudios permite la entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos y grado académico póstumo y simbólico a estudiantes que fueron ejecutados políticos y a aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos en la dictadura cívico militar.

Este 11 de abril se realizará la primera entrega de estas distinciones, una ceremonia que materializará un trabajo exhaustivo y riguroso desarrollado por el comité interdisciplinario liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (Vexcom). Este equipo, integrado por el Archivo Central Andrés Bello y la Cátedra de Derechos Humanos de la Vexcom, la Dirección Jurídica y el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, lleva meses abocado a un proceso crucial y delicado, para el que se diseñó una metodología ad hoc.

“Esto parte con la constatación de que la Universidad no tenía un registro formal de cuáles eran estos estudiantes. En ese sentido, ha sido un trabajo súper cuidadoso y muy metodológico, ya que es un tema delicado y del que no sabíamos que no teníamos los datos”, señaló la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya.

El primer paso del comité fue el rastreo y la construcción de este registro. “Se revisaron los documentos jurídicamente oficiales de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como el Informe Rettig, y se identificó a todos aquellos estudiantes de nuestra Casa de Estudios que figuran con ‘convicción’ en los archivos”, explicó Araya.

Con ese registro y por cumplimientos jurídicos, el Comité debió establecer metodológicamente cuáles serían los pasos para validar aquella condición de estudiantes de las personas identificadas en el Informe de Verdad y Reconciliación. “Había que encontrar la documentación de la U. de Chile, validada por la Universidad, que acreditara esa condición. Afortunadamente, la Dirección de Pregrado tenía estos archivos”, detalló Araya.

Los documentos donde la Universidad acredita las matrículas de aquellas personas que estudiaron en la Universidad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, fueron resguardados por funcionarios de la época. Gracias a esa acción, la otra etapa del trabajo del Comité ha sido corroborar el registro de estudiantes con esta lista de matrículas del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA).

"El proceso que cumple con el compromiso reparatorio de otorgar títulos y grados póstumos a nuestros estudiantes víctimas de la dictadura ha sido abordado en comunidad y está avalado por los valores y el rigor académico que distinguen a la Universidad de Chile. Ha sido una tarea noble que nos compromete también hacia el futuro para formar a personas que construyan un país incapaz de la violencia que hoy intentamos reparar a través de este acto simbólico", afirmó la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés.

“Nosotros pusimos a disposición todo lo que hay acá, por supuesto, pues es institucional, pero también en una necesidad de colaborar en una instancia tan relevante como ésta. El Departamento ha cautelado y almacenado una cantidad enorme de documentación histórica respecto de los estudiantes que ha tenido la Universidad, incluidas las sedes regionales de cuando tenía carácter nacional. Tenemos nóminas de estudiantes y planes de estudio de esa época. Información que es súper valiosa porque nos permite reconstruir la historia junto con la evidencia suficiente para otorgar los correspondientes reconocimiento de forma segura y fidedigna de las personas que fueron estudiantes y hoy día son detenidos desaparecidos”, señaló la directora Departamento de Pregrado, Leonor Armanet.

Parte clave de este proceso han sido las distintas validaciones que jurídica y administrativamente permiten la materialización de las distinciones. Una de de ellas es la que realiza la Dirección Jurídica, que asumió la tarea de elaborar y proponer el mecanismo jurídicamente viable para consagrar y permitir la entrega de estas distinciones a ex estudiantes -el Decreto Universitario N°0030766, de 2017, firmado por el Rector- y también ha debido trabajar en la primera resolución que permita conceder los "Títulos Póstumos y Simbólicos" y "Grados Académicos Póstumos y Simbólicos".

“Fue de suma relevancia comprender que la Universidad es un organismo público, y como tal debe ajustar sus actuaciones de manera estricta al marco jurídico administrativo que la rige, elemento que permitió encontrar la forma adecuada para otorgar este reconocimiento, que en épocas anteriores no fue concedido a familiares de ejecutadas/os políticas/os o detenidas/os desaparecidas/os”, señaló Juan Carlos Gimeno, abogado de la Dirección Jurídica de la U. de Chile.

El comité actualmente está trabajando para actuar frente a casos de mayor complejidad sobre los que no existe información completa. “Van apareciendo otros casos por información que van entregando las organizaciones y los familiares. Por ejemplo, sobre personas que eran estudiantes de la U. de Chile pero que en el Rettig sólo dice ‘estudiante’”, señaló, quien agregó que  “cuando ese dato no lo podemos corroborar ni con el Informe ni con los archivos de la Universidad, son las familias las que pueden ayudar a hacer esa identificación proporcionando los documentos que jurídicamente sean reconocidos”. El compromiso, en estos casos, es hacer un esfuerzo por validar distintos elementos, como un carnet, un acta de notas, un sumario administrativo o cualquier documento que acredite la condición de tal de estos estudiantes, a fin de que todos quienes fueron parte de la comunidad de la Universidad reciban el diploma que les corresponde.

Con el fin de ayudar a la tarea del comité, durante este tiempo también se ha trabajado con el apoyo de una comisión asesora, conformada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“En lo que yo quiero insistir es que esto tiene una metodología, donde se están cruzando criterios jurídicos, administrativos e históricos. Y eso está permitiéndonos que la Universidad tenga un archivo o más bien un fondo de documentación sobre víctimas de violencia política. Estamos comenzando y ahora estamos abordando lo que refiere a los estudiantes”, advirtió Araya.

“Esta medida ha sido un reconocimiento necesario que avanza en justicia a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y honrar a quienes, habiendo sido parte de nuestra comunidad universitaria, perdieron sus vidas a manos de agentes de la dictadura cívico militar que gobernó nuestro país, cualquiera haya sido la circunstancia”, afirmó Gimeno.

Por lo mismo, esta ceremonia sólo es la primera entrega de un proceso que se mantiene abierto y que funcionará de forma permanente para la U. de Chile. Desde el 11 de abril el Comité interdisciplinario continuará su trabajo con aquellos casos más complicados y ya se tiene como siguiente fecha de entrega de distinciones el 11 de septiembre del presente año.

La División de Matrículas y la reconstrucción de la memoria

Sergio Eduardo José Cienfuegos Cavieres estudiaba para convertirse en Técnico en Estadística en la U. de Chile y trabajaba en la División de Matrículas de la Oficina de Selección y Admisión de Alumnos de la Casa de Estudios. El 7 de enero de 1974, alrededor de las 11:45 horas fue detenido en su oficina por efectivos de Carabineros que señalaron “órdenes superiores”.

De acuerdo a compañeros de trabajo de la época, Cienfuegos fue parte clave de quienes trabajaron en la construcción de los listados centralizados de matrícula de la Universidad, en ese entonces de carácter nacional. Esos documentos y ese trabajo iniciado a principios del ‘70 ha sido clave para el actual proceso que investiga los nombres de los estudiantes que recibirán títulos póstumos y simbólicos. Estos archivos que se continuaron construyendo y resguardando con los años son los únicos documentos conservados que acreditan las matrículas de aquellas personas que estudiaron en la Universidad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Sergio Cienfuegos Cavieres se encuentra desaparecido hasta la fecha. De acuerdo a la información reconstruida en Memoria Viva, el estudiante fue sacado de su oficina a las 12:20 horas de ese 7 de enero.

Gracias al trabajo de Cienfuegos es que se reconstruye la memoria de la U. de Chile. Hoy su esfuerzo es parte de la investigación y validación que realiza el Comité en el proceso de las titulaciones póstumas y simbólicas donde también aparece su nombre como merecedor de esta distinción.

María Jesús Ibáñez - Periodista VEXCOM
Fotografía Prensa U. de Chile

http://www.uchile.cl/noticias/142289/titulaciones-postumas-y-simbolicas-u-dechile-un-proceso-que-comienza







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