Enero 2018

CORRUPCIÓN POR FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LA RIQUEZA NACIONAL HA SIDO ESQUILMADA POR CHARLATANES 

Wellington Toapanta

Concluirá el período presidencial de Lenín Moreno y otro gobierno y quizá más, pero los tiempos no serán suficientes para instaurar y concluir centenares de procesos legales a la vista por presuntos actos de corrupción en el sector público, ocurridos entre el 2007 y 2017, que han forcejeado por mantenerse ocultos gracias a la falta de transparencia en la información pública.
Extenso será el tiempo en el que la población ecuatoriana mantenga sensaciones ciertas de que sus contribuciones y la riqueza nacional han sido esquilmadas por charlatanes, devenidos en políticos bajo muletillas revolucionarias, para lo que han configurado artificios legales que les permitieron hacerse con alrededor de 35 mil millones de dólares, según estimación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
La sentencia penal, de primera instancia, contra el vicepresidente Jorge Glas, de reclusión menor de seis años y resarcir al Estado alrededor de 7 millones de dólares, tomó casi un año procesarla, por el tortuoso forcejeo político y legal liderado por conspicuos copartidarios del penado, pero que tuvo forma solo con el cambio de gobierno, el 24 de mayo de 2017.

Periodismo investigativo

La divulgación de actos corruptos partió desde el mismo 2007, por el periodismo investigativo ecuatoriano, y en contraparte sus autores fueron sufrieron persecuciones implacables del poder político, pero nueve años después, desde diciembre del 2016 hubo un giro, porque el 21 de ese mes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América señaló, irrebatiblemente, que la empresa brasileña Norberto Odebrecht ejercía prácticas corruptas con personeros de gobiernos latinoamericanos, entre los que estaban ecuatorianos con alrededor de 33.5 millones de dólares. Con el caso Lava Jato, en el Brasil, rezumaron los primeros nombres enquistados en la corrupta trama
Si bien la fiscalía ecuatoriana abrió, de oficio, una investigación por cohecho, su actuación fue timorata, invitando a pensar en cálculos políticos, por temor de afectar los procesos de primera y segunda vuelta de elección presidencial, a su movimiento Alianza País, que buscaba extenderse en el ejercicio del poder, para que el cesante no tenga contratiempos.

Nuevo Fiscal

La lenidad fiscal acrecentó sospechas expuestas en el proceso eleccionario, pero la debilidad discursiva opositora no afectó los resultados. El movimiento oficialista y altos personeros gubernamentales actuaron respaldados por su poderoso equipo comunicacional, desviando acusaciones, en cuya circunstancia fue llamado el concurso para elegir nuevo Fiscal General.
El malestar se acentuó cuando se divulgó que el mejor calificado fue Carlos Baca Mancheno, cuya hoja de vida revelaba su estrecha relación con el movimiento Alianza País desde la Asamblea Constituyente de Montecristi; asesor de los ministerios Coordinador de la Política, de Desarrollo Social, del Interior; que encabezó la comisión designada por el poder para investigar el presunto intento de golpe de Estado del 30S de 2010 contra Correa, cuya rúbrica probablemente le llevó a ser consejero directo del presidente, hasta antes de postularse para la Fiscalía General.
Así, la desazón por no contar con un fiscal independiente creció y hubo no pocas voces, de concursantes, que cuestionaron la transparencia en las calificaciones del concurso.
El enervamiento llegó cuando la convocante Comisión de Transparencia y Control Social anunció a Baca Mancheno como ganador del concurso, evento que conjugó con Correa, quien no disimuló en exclamar que “Carlos Baca será un lujo de fiscal”, criterio que desató comentarios sobre su presunta seguridad de que el aludido sería un valioso escudo ante eventuales investigaciones legales sobre su gobierno.

Cascada de casos

Craso error de Correa, porque había una cascada de casos de corrupción en conocimiento público, por lo que no tuvo en cuenta que las investigaciones sobre su gobierno hace mucho tiempo desbordaron el ámbito gubernamental y vibraban en el escrutinio público; el periodismo investigativo había desbordado las seguridades impuestas sobre la información de derecho ciudadano y las divulgó con responsabilidad social, información que no fue contradicha por el poder político, aunque si sus autores y medios adjetivos. El periodismo responsable basó su trabajo en semi ocultos documentos oficiales, a los que tuvo acceso, así comenzó a flotar material para configurar tipos penales, con ampliación de investigaciones. La furia presidencial era elocuente, porque contradecía su inmaculada verdad sabatinera.
Salieron al aire el caso Pativideos (venta de bonos global 2030, que involucra al entonces ministro de Economía y Finanzas, Ricardo Patiño), los come cheques (Ministro del Deporte y otros); caso Samán ( CFN); sospechas sobre arreglos para el retorno de la Odebrecht (Correa; el Procurador Diego García; el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; el Contralor Carlos Pólit).
Lo del retorno de Odebrecht, firma que ha hecho “acuerdos entre privados” en el lenguaje de Correa, para favorecerse de contratos, deberá ser esclarecido con participación legal de al menos Brasil, porque está acentuada la afirmación de que intervino el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, para que nuevamente se abracen Correa y Lula da Silva, dejando en el olvido la exclamación de Vicente, de que “se acabó la fiesta de Odebrecht” en septiembre del 2008, la que, sin embargo, se reanudó desde el 2010, haciéndola larga y suntuosa con selectos invitados gubernamentales locales, tras desvanecer millonarias glosas.
La tipificación sobre el retorno de Odebrecht parecería no ser complicada. En los archivos de la la Procuraduría y de Contraloría debe estar la información sobre el “retorno” y el desvanecimient0o de glosas y la cooperación informativa y legal brasileña no tendría contratiempos. Fue una crisis que tuvo al borde de la ruptura diplomática entre los dos gobiernos, debido a la justificada tirantez de Correa por el asunto de la hidroeléctrica San Francisco. Si hay ánimo de transparentar el caso, Correa y Lula podrían someterse a la colaboración eficaz y obtener beneficios penales.
El esclarecimiento del retorno de la firma brasileña al Ecuador daría más luces para extender el entramado que se investiga y procesa, el que ha dado una primera gran sorpresa a la población ecuatoriana: la sentencia de primera instancia contra Glas y otros, teniendo como acusador de “asociación ilícita”, por el Estado, al Fiscal General, pronosticado por Correa como “un lujo de fiscal”.
Es extraño que Correa no se haya referido, expresamente, al Fiscal General, tras la acusación y el sostenimiento de las imputaciones en la audiencia de juzgamiento a Glas y otros, el que constituye el primer caso sancionado de la “década ganada” por los que ahora encuentran politizada a la justicia que entramaron de esa forma.
Sorprendentemente, Baca Mancheno y los jueces han quedado fuera de la lenguaraz de Correa, quien lo ha esquivado y enfiló contra sus supuestos principales enemigos políticos: los periodistas, aduciendo que “aprovecharon para hacer un linchamiento mediático” y, después, el sentenciado Glas, fiel a la política que dominó el país en los diez años, balbució: “Ciertos medios de comunicación ya me habían sentenciado mucho antes de que se me vincule”.
Lo extraño es que ninguno de los dos personajes hizo denuncias a la Superintendencia de Comunicación por el mentado “linchamiento mediático”. El acusador particular César Montúfar ha dicho que en el proceso está grabado que “Jorge Glas dijo en el juicio que informaba los siete días de la semana al expresidente Rafael Correa”; o sea, Correa estuvo al tanto de la “asociación ilícita”, la justicia tiene tarea para largo.

Preso político

Y bien, Correa cesó de referirse a Glas como víctima de “linchamiento mediático”, endosándole luego el de ser “perseguido político”, y, después “preso político”. Quizá tiene razón el expresidente, porque Glas ha sido procesado como vicepresidente de la república, función que es política; la persona natural, Jorge Glas Espinel, no fue la investigada y procesada, sino el Ministro de Sectores Estratégicos, el Vicepresidente encargado de gestionar los sectores estratégicos, éste fue el investigado, enjuiciado y sentenciado; es decir, el procesado fue un importante actor político quien, además, por la sentencia debe resarcir al Estado alrededor de 7 millones de dólares de los 33’396.116 que el conjunto de involucrados deben hacerlo como reparación al Estado; así, ciertamente que Glas es un “preso político”.
Y en efecto, la resolución del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ha sido categórica: Glas es “autor del delito de asociación ilícita que se le imputa” y “la prueba documental constante en los procesos precontractuales de los proyectos referidos (Manduriacu, Pascuales-Cuenca, Daule-Vinces, la Refinería del Pacífico remoción de tierras y Acueducto La Esperanza), ratificó que Glas mantenía responsabilidad política conforme el decreto ejecutivo”.
Cuando concluya el proceso por “asociación ilícita”, la reparación al Estado podría superar los 50 millones de dólares, aunque el acusador particular César Montúfar ha estimado en 800 millones el valor que se hicieron los involucrados por la concesión de todos y cada uno de los contratos mencionados.
Si la sentencia máxima fue la esperada por la población ecuatoriana, pese a que el acusado ha proclamado, reiteradamente, su inocencia y que “la Justicia tardará, pero llegará. Ahí no valdrán las presiones del poder político y mediático. Los que debiendo administrar justicia la manipularon, tendrán que responder”, sorprendió que también diga que el vicepresidente “tenía responsabilidad política conforme el decreto ejecutivo y sobre los que tenía el dominio del curso de los mismos”, algo que probablemente no esperaba ni el más optimista opositor político gubernamental, porque de esa forma el Tribunal prendió la luz verde para el juicio político parlamentario al vicepresidente Glas.

EXTRAÑO PROCEDIMIENTO

Procedimiento extraño a la historia constitucional del Ecuador, donde no se ha requerido tipificación penal alguna para procesar políticamente funcionarios de ese nivel, sino que en el curso de la interpelación se anuncian los indicios de responsabilidad penal y quien lo sostiene mociona para que se vote y se traslade el expediente a las instancias judiciales correspondientes, pero en este caso, todo fue al revés: la sala penal determinó la responsabilidad política.
El fallo penal movió inmediatamente al Consejo de Administración Legislativa, CAL, y con alguna dilación, finalmente dos de sus miembros que se han opuesto al inicio del proceso, José Serrano y Jorge Bergman, sumaron sus votos a la oposición solicitante y admitieron el juicio político al vicepresidente, remitiendo el expediente a la Corte Constitucional para que emita su “dictamen de admisibilidad”, donde, sorprendentemente, tampoco demoraron en dar el visto bueno para que continúe el trámite.
La admisión del caso se produjo después de que una anterior petición fue rechazada, porque los cinco oficialistas miembros del CAL arguyeron que estaba incompleta, ajena al inciso primero del Art. 129 de la Constitución, por el cual el presidente y el vicepresidente de la república solo pueden ser enjuiciados políticamente, en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Es decir, paradójicamente, el juicio político solo procede después de tipificados los delitos, y eventualmente sentenciados, lo que enerva y lesiona, gravemente, la institución del juicio político, lo que hace ver que posiblemente el texto, fue redactado cuidadosamente por los reales arquitectos de la Constitución de Montecristi del 2008 y aceptado por la futilidad intelectual de quienes la votaron afirmativamente, o posiblemente lo ignoraban porque habría formado parte de los artículos ingresados furtivamente, a medianoche, por la ventana, a la sede de Montecristi y nunca fueron discutidos, como han mencionado varios de aquellos asambleistas.
Al respecto, en clases de derecho constitucional que recibimos en la entonces Escuela de Ciencias de la Información (hoy Facultad de Comunicación Social) de la Universidad Central del Ecuador, fuimos informados de la institución del juicio político y experimentamos su práctica en coberturas parlamentarias por veinte años, en los que el juicio político concluía con censura y destitución y cuando había indicios de responsabilidad legal del funcionario, el expediente era remitido a la instancia judicial respectiva. Era lo que se iba hacer con el entonces vicepresidente Alberto Dahik, pero renunció.
Generalmente, un juicio político no está precedido de responsabilidad penal, ni el parlamento determina los tipos penales a que haya lugar, sino la fiscalía y confirma o no el juzgador, por lo que el numeral 2 de dicho inciso constitucional resiente la institución de tal juicio.
Por su propia naturaleza, un juicio político. es eso: una fiscalización de las actuaciones políticas de funcionarios públicos con responsabilidad política en la administración del Estado, enumerados en la Constitución (Arts. 129 y 131); pero no, el primer inciso del Art. 129 luce como escudo impuesto para que se estrelle cualquier afán fiscalizador, como el caso Glas, el que ha sido rebasado por la sentencia, de primera instancia, dictada por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. El escudo no dice que debe ser sentencia en firme.
Igualmente, aquello del dictamen de “admisibilidad de la Corte Constitucional” parecería representar otra instancia de entorpecimiento al proceso político solicitado, porque la Corte no está para valorar este deber político de la Asamblea Nacional. Sin embargo, literalmente, la admisibilidad se restringe a recepción o recibimiento, en otra palabra, a notificación, pero seguramente se le ha revestido de “dictamen”, para que emita opiniones conceptos, doctrinas, es decir, valoraciones sobre razones del llamado a juicio político del presidente o vicepresidente de la república; esto es, la Corte hace un prejuzgamiento, aun cuando la facultad fiscalizadora política es privativa de la Función legislativa.
No cuesta pensar que posiblemente el embrollo del Art. 129 fue conscientemente montado y sirvió de base para que Rafael Vicente Correa Delgado, a poco de sancionada la Constitución por la consulta popular de octubre de 2008, con fatuidad la proclame para regir en el Ecuador durante los próximos “300 años”, proyecto trazado por su ego, para que una eventual forjada dinastía, su movimiento político, gobierne en ese lapso, en consonancia con dinastías imperiales autoritarias.

CORRUPCIÓN EN CIFRAS

Obviamente, para que el proyecto personalista perviva, más no proyecto político alguno, era necesario hacerse de dinero suficiente para mantener la estructura política y el Estado de propaganda, amparado en la construcción de una trama legal que certifique los convencionales contratos de obra pública, cuyos procedimientos les habría rendido 35.695’874.839 dólares, revelados por Jorge Rodríguez en el panel “El costo de la corrupción”, organizado por diario EL UNIVERSO de Guayaquil.
En el panel, Rodríguez desglosó el valor de la “década ganada” por los gobernantes del 2007-2017, así: coimas, 7.881’358.908; sobreprecio-inversión, 13.135’598.181; comisión exportaciones de petróleo, 2.676’262.000; comisión importación de derivados del petróleo, 780’321.600; comisión deuda pública, 1.081’250.000; comisión en gasto corriente 1%, 3.176’484.000; evasión y elusión tributaria, 6.964’600.150.
La trama de la corrupción se ha hecho, en diez años, de 35.695’874.839 dólares; es decir, a razón de 3.569’587.484 anuales y a 9’915.521 diarios que estarían en el país, en paraísos fiscales, en “países amigos” de esos días, encaletados, no en cuentas bancarias, ni en inversiones, pero los que lo han hecho ya estarían realizando transferencias. La ruta del dinero es un trabajo legal de largo plazo que hay que imponerse para recuperarlo, claro, no totalmente.
Las cifras expuestas por Rodríguez dicen que el caso por “asociación ilícita” sentenciado, no es ni el 0. 1% del total mencionado, pero si es punta del ovillo del gran carrete, cuyo descubrimiento exige transparencia y pleno ejercicio profesional de fiscales y jueces para resarcir a la sociedad ecuatoriana lo sustraído, porque es dinero de sus impuestos, de la riqueza nacional. Y aún de los créditos internos y externos. Obviamente, en esto, la prensa nacional, tiene que cumplir su deber de objetividad con responsabilidad social
No es para alegrarse la situación penal en que se encuentra el vicepresidente, dice de su ética; pero es terrible para la historia patria, para la imagen nacional e internacional del Ecuador. Es un referente aleccionador para que los servidores públicos no desempeñen funciones alejados de la transparencia y la ética. No podemos decir que se repriman de administrar el Estado como patrimonio propio, porque aun así, se estarían causando graves daños personales y familiares.

Errado cálculo político

El Fiscal Baca Mancheno ha dicho que se podrían abrir, al menos, 20 casos más, adicionales a los que están abiertos en torno a Odebrecht y cuando fue preguntado por EL COMERCIO que hace no mucho tiempo fue compañero de Glas y ahora tuvo que acusarlo, respondió: Yo he cumplido mi deber con el país, con la fiscalía. Hemos llevado el tema técnicamente”. Alex Mangas, entonces secretario general de la presidencia, ha confiado a comilitantes que los “compañeros” que se hayan involucrados en corrupción, deberán enfrentar los procesos.
Y parece difícil que Glas salga en libertad al cumplir la condena de 6 años, porque tiene en marcha otros procesos, como los del campo petrolero Singue, Caminosca, exploración de gas en el Golfo de Guayaquil, el contrato entre Conelec y Machala Power, dos últimos que esperan respuestas del funcionario y otras personas por glosas que suman alrededor de 80 millones de dólares.
La situación carcelaria de Glas parecería derivar del exceso de confianza y de errados cálculos políticos personales y de sus allegados; seguramente él y la ortodoxia del movimiento Alianza País pensaron que pidiendo su desafectación del fuero por la Asamblea Nacional pasarían sin problemas el escrutinio fiscal por la enorme cercanía de este con Correa, sin pensar que el mundo del poder da inesperadas vueltas y tampoco contaron con la profundización de fisuras entre el presidente Moreno y su antecesor Correa, como de las pruebas exhibidas por el Fiscal y aquellas que flotaban en el ambiente, todo lo cual tenía en ansiedad a los ciudadanos sobre un fallo ejemplar por las tramas corruptas.
Una vista fiscal timorata y un fallo consecuente habrían confirmado la cooptación de la justicia con Rafael Vicente Correa Delgado, lo que habría provocado convulsión en el país que estaría envuelto en radicalizadas demandas de remover al fiscal general, a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, reacción aplazada y en espera de los ya descritos oprobiosos casos de preventas petroleras y deuda pública, divulgados por Contraloría y periodistas investigadores.
Políticamente, Correa nunca habrá esperado el agitado escrutinio legal sobre su gestión, porque había confiado en su sucesor, aun cuando desde el principio sabía que Moreno no era de su entera confianza, como si tenía y tiene la seguridad sobre Glas, pero hizo el acercamiento para candidatizarlo por su movimiento político, porque era el único de su millonaria militancia con posibilidades electorales ciertas.
Correa tenía consciencia de sus desencuentros con Moreno, pese a lo cual armó la papeleta sabiendo también que Glas gozaba del desafecto de su potencial sucesor. Hoy no quedan dudas sobre la decisión de Moreno en Ginebra de correr por la presidencia de la mano de Alianza País y no por Democracia Sí, a cuyo personero, Gustavo Larrea más de una vez le había dado respuesta positiva, pero se entrabó cuando en una de las visitas Larrea tuvo sorpresa de encontrarse con el exalcalde Augusto Barrera, también en misión de proponerle la candidatura presidencial por Alianza País, propuesta finalmente aceptada por Moreno, porque sabía que manejaba un enorme aparato técnico propagandístico y una estructura política confiable descrita como el “Estado candidato”.

Terrible shock

En la campaña Moreno y Correa no siempre estuvieron juntos y los discursos marcaron personalidad diferente, aunque coincidieron en fortalecer la “revolución ciudadana”, pero el día de la investidura el flamante presidente provocó un terrible shock a su antecesor: “Convocó a las autoridades de control, a la ciudadanía, a constituir un frente nacional, público y privado contra la corrupción, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.
“Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera”.
Seguramente las frases desataron pánico, angustia y desesperación no solo en Correa, sino en su círculo, produciendo gesticulaciones y miradas de sorpresa como reacción inmediata, conteniendo aplausos ya desatados por otros invitados. Así se esfumaron los semblantes de alegría y parabienes, visibles en los momentos de la colocación de la banda presidencial a Moreno.
Desconcertados emprendieron la retirada. Fue una ácida despedida del poder a Correa, pero probablemente este y los suyos no entendieron que también se trataba del desplazamiento de “Jefe de todas las Funciones del Estado” que había disfrutado en su mandato. Luce que el texto de su discurso Moreno no sometió a censura previa de Correa.
Quizá el cesante presidente pensó que lo de la lucha anticorrupción podría ser flanqueada, pero no soportó que a casi renglón seguido escuche políticas de distensión y pretensiones de armonía con sus construidos enemigos políticos, los periodistas y los medios de comunicación colectiva.
Por lo menos debe haberle provocado urticaria escuchar a Moreno:
“La relación con los medios de comunicación será como siempre ha sido conmigo: fresca, fluida y dialogante.
“Espero que sean portadores del anhelo ciudadano; y de serlo les aseguro que encontrarán un puerto seguro en el nuevo gobierno.
“No hay diálogo sin libertad de expresión”.
La presión de Correa debe haber llegado a grado alto, habrá entrado en desequilibrio emocional, físico. Se abrió paso y abandonó el epílogo festivo de la investidura de Moreno, para embarcarse rumbo al hospital Carlos Andrade Marín, de la Seguridad Social, flanqueado por decenas de guardaespaldas. Extraño, al mismo hospital que meses atrás adjetivó luego de una aparente fallida atención a sus afecciones de rodilla y voló a Cuba, donde tampoco tuvo satisfacción, por lo que finalmente buscó sanación en el “pelucón” Hospital Metropolitano de Quito, del que salió restablecido.
Y bien, los ecuatorianos que esperaron escuchar un discurso continuista reaccionaron con cautela ante el inesperado conciliador nacional, respondiendo positivamente al llamado al diálogo, realizado luego con pocos resultados, porque no muestran giros ciertos para recuperar la agrietada economía nacional. Aún hay recelos en el país y en el exterior.
En siete meses, Moreno no ha montado la institución anticorrupción con apoyo de la ONU, pero enlazó una transitoria organización, para sugerir regulaciones; pero sintiendo dificultades de gestión llevó el discurso anticorrupción al ámbito internacional. En Madrid afirmó su lucha contra “la galopante corrupción” del gobierno de su antecesor Correa y como este le ha declarado oposición, apuntó que su “principal opositor es la falta de reactivación económica, la inmensa deuda que nos dejaron, la cantidad de obras inconclusas. El más grande opositor es la pobreza, el desempleo, es la desmotivación y la confrontación. El ciudadano Rafael Correa es un opositor más. Nada más”.
Tampoco se ha inmutado en poner e3n duda la capacidad profesional de economista de su antecesor, al comentar al diario español ABC que “en tiempos de bonanza todos sabemos de economía. En verdad, la mesa no solo no quedó servida, sino casi destruida. La situación es muy compleja, tenemos 600 obras grandes con problemas de sobreprecio, han excedido las obras complementarias, que era la trampa para poder ganar las licitaciones”.
La declaración de Moreno no solo duda de la capacidad profesional de Correa, abre pistas ciertas de investigación sobre centenares sospechosos procesos contractuales de obra pública, ubicándose así como importante testigo de cargo en futuros procesos legales sobre esas “600 obras grandes”, que entrarán en línea judicial, sumándose a “40 casos de envergadura y 120 a nivel provincial” que ya investiga la fiscalía, como ha dicho el Fiscal, para lo que ha ampliado su equipo de trabajo con 11 fiscales más.

LOC INCONSTITUCIONAL

En tal escenario, el periodismo y la prensa están llamados a seguir cumpliendo su deber, mientras se espera que la nueva administración transparente la información pública, marcando así un paso significativo en su lucha contra la corrupción, pero no debe demorar más en echar abajo la inconstitucional Ley Orgánica de Comunicación, LOC, particularmente las reglas procesales de la inefable Superintendencia de Comunicación e Información, las limitaciones a la investigación periodística, las veladas autocensura y censura previa.
La inconstitucional LOC tuvo trámite engorroso en casi cinco años y con no pocas opiniones de tortuoso por lo ocurrido en la última sesión aprobatoria del 14 de junio de 2013. Múltiples voces Han coincidido en señalar que el proyecto fue encaminado a ser escudo gubernamental ante investigaciones periodísticas y forzar autocensura a periodistas y medios de comunicación colectiva.
Pero no hacemos examen del contenido ni del largo trámite del proyecto, cuyo primer debate inició la Asamblea Nacional el 22 de diciembre de 2009, pero si señalar lo relevante que haría inconstitucional la Ley promulgada el 24 de junio del 2013.
En efecto, la Constitución promulgada en el Registro oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, incluyó la Disposición Transitoria Primera, determinando que “en el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes leyes”, entre ellas, “La ley de comunicación”.
Es decir, la Asamblea Nacional tenía el “plazo máximo” de casi un año calendario para aprobar el proyecto de ley, pero no lo hizo sino después de casi cinco años, o sea fuera del taxativo “plazo máximo de trescientos sesenta días” dispuesto, imperativamente, en la Constitución.
La transitoria de la Constitución no dijo que el órgano legislativo aprobará las siguientes leyes, dejando abierto el tiempo para el trámite y la aprobación correspondiente; no, dio el “plazo máximo de trescientos sesenta días”, con la previsión dispuesta en el Art. 426 de la misma, por el cual “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución”; esto es, la Asamblea Nacional tenía la obligación de cumplir el mandato legislativo en el “plazo máximo” fijado, pero no lo hizo.
Las exigencias de insoslayable respeto a la normatividad constitucional se abonan con el Art. 83, que dispone que “Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas…” 1. “Acatar y cumplir la Constitución…”, Los miembros de la Asamblea Nacional son “ecuatorianos y ecuatorianas” que tienen el deber y responsabilidad de “acatar y cumplir la Constitución”, más si son dignatarios de elección popular.
Obviamente, es obligación del presidente de la república, proponente y sanci0onador de ella, como de la Asamblea Nacional formador de la ley, pero no observaron el imperativo “plazo máximo”.
No es de menor rigor que en dicha Disposición Transitoria Primera, se diga que en plazo máximo de 360 días se aprobará una “La ley de comunicación”, más no una “Ley Orgánica de Comunicación”, dos cuerpos legales diferentes por su estructura y contenido; es decir, la Asamblea Nacional recibió, tramitó y aprobó una “Ley Orgánica de Comunicación” no contemplada en el mandato de la transitoria mencionada.
Conforme el “orden jerárquico de aplicación de las normas”, constante en el Art. 425 de la Constitución, “las leyes orgánicas” están por sobre “las leyes ordinarias”, es decir aquellas tienen jerarquía superior y jurídicamente son diferentes.
En efecto, el Art. 133 define como leyes orgánicas a “1.- Las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. 2.- Las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 3.- Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento delos gobiernos autónomos descentralizados. 4.- Las relativas al régimen de partidos políticos y el sistema electoral”.
El inciso final del artículo señala que “Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica”.
Generalmente, para aprobar una Ley Orgánica se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del órgano legislativo, pero en el caso ecuatoriano, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa dicen que su “expedición, reforma, derogación e interpretación (…), requerirán mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional”. Igual votación se requiere para aprobar las “leyes ordinarias”. Vaya calidad de constituyentes y asambleístas que al legislar no supieron distinguir la diferencia entre una y otra, pese al señalamiento del Art. 133.
Es poco menos que inadmisible que los constituyentes hayan aprobado el Art. 133 en los términos transcritos y no ser concordantes en la disposición transitoria.
Varios recursos de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación han sido presentados a la Corte Constitucional, los que han sido desechados por diferentes razones. Las observaciones antedichas son para aplicación directa, que corrobora la obra “INVESTIGACIÓN/Jurídica Comparada”, de Antonio de Cabo de la Vega, Manuel Carrasco Durán, Francisco palacios y Fabián Soto Cordero, promovida por la misma Corte, en la que se expresa que “en la legalidad positiva del estado constitucional de derecho (…), concibe a la Constitución como fuente primaria de derecho, de estricto cumplimiento y de aplicación directa”; Corresponde la aplicación directa para sacar del espectro jurídico ecuatoriano la absurda Ley Orgánica de Comunicación, aun cuando el presidente Moreno diga que tiene “cosas buenas”.

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