Octubre 2017

Posición del Consejo Asesor Indígena (CAI) respecto de la prórroga de la ley 26.160

Consejo A. Indígena

-Puel Mapu- Argentina



El análisis de un proceso como el que nos ocupa aquí requiere situar en su lugar los elementos históricos.

La apropiación del territorio y el ataque al pueblo mapuche hecho por el Estado y los terratenientes no se hicieron respetando siquiera las leyes del propio Estado. Las apropiaciones han sido ilegales. Aún aquéllos que se apropiaron de territorios más pequeños en las décadas que siguieron a lo perpetrado por el Ejército lo hicieron mediante incendios, encarcelamientos y muertes avaladas por el Estado bajo las figuras de los Jueces de Paz, los Comisarios o los dirigentes locales.

Por eso es ilegal. Por eso decimos que el Estado no respeta ni siquiera las propias leyes que propone. Y que los que reclaman hoy por "seguridad" y "paz" en realidad quieren impunidad para las irregularidades cometidas previamente.

La ley 26.160 fue inconsulta, no apuntaba a resolver ningún problema de fondo ni a discutir la ilegalidad originaria de la apropiación de las tierras. No proponía nada en torno de la propiedad comunitaria ni la autonomía indígena.

El Estado incluso ha violado esta propia ley. Decenas y cientos de desalojos se produjeron a lo largo y ancho de todo el territorio a pesar de estar en vigencia.

A lo más, ha servido como herramienta en la discusión jurídica y política. Nosotros usamos la propia ley del Estado para defender a nuestro pueblo.

Pero también comprendemos que suspender la aplicación de la ley 26.160 es un paso legal que tiene como objetivo desmontar las escasas conquistas formales alcanzadas.

Hoy en día encontramos que están alineándose los tres poderes del Estado en el mismo sentido. La división no existe: el Ejecutivo hace a su antojo violando las leyes porque quienes deben limitarlo le dieron carta blanca. En todo caso, los otros dos poderes deberían expresar si están o no de acuerdo con las acciones ilegales del Ejecutivo y blanquear el carácter -democrático o no- del actual gobierno.

Por eso, en estos momentos se hace imprescindible que los poderes legislativos accionen dentro de su propio funcionamiento institucional. ¿Acaso hay un aval del Congreso para militarizar nuestra región? ¿Acaso hay un aval del Congreso para dar carta blanca a la policía, las fuerzas represivas y los matones locales?

Si no lo hay, debería haber presencia de los legisladores en la zona, para apercibirse de lo que ocurre y dar a conocer su postura frente al bloque conjunto del Poder Judicial y el Ejecutivo.

¿Cómo se vuelve atrás de la desaparición de Santiago Maldonado? ¿Hay una vuelta atrás? ¿Cómo? No se puede y es de esperarse una escalada represiva, una nueva situación, aún más violenta, con el odio despierto. Más allá de la excusa de la RAM, vemos con preocupación que los sectores reaccionarios de nuestra sociedad tienen claros sus objetivos, están consolidados en sus alianzas y no dudan en utilizar la violencia -como hemos visto la semana pasada con la quema de una vivienda en la comunidad mapuche Vuelta del Río, Chubut, pero que conocemos desde siempre con cada reclamo o recuperación que hemos llevado adelante- para acallar nuestros legítimos reclamos. Y todo con el aval y bajo el paraguas de impunidad que provee el Estado, que incentiva los hostigamientos y atentados.

Por eso entendemos que, en el actual contexto, el cese de la vigencia de la ley 26.160 sería un elemento más para alimentar la escalada de violencia en nuestra región.

El Bolsón, 23 de Setiembre de 2017

Marici Weu! Marici Weu! Marici Weu!

Consejo A. Indígena

-Puel Mapu- Argentina

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