Mayo 2017

El Papel Fundamental De La Comisión De La Verdad

Por Alvaro Villarraga Sarmiento

El pasado 5 de abril mediante el Decreto Ley 588 de 2017 el Gobierno Nacional reglamentó la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”[1]. Es parte importante de la aplicación del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC en lo relativo a lo consignado en su punto 5.1.1.1. Esta comisión tiene por objeto esclarecer lo sucedido con las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el marco del conflicto bélico registrado en las décadas recientes; reconocer y contribuir a la dignificación de las víctimas ocasionadas; establecer y conseguir el reconocimiento de responsabilidades al respecto; y hacer que sus conclusiones apoyadas en recomendaciones sirvan a los propósitos de la paz, la convivencia y la reconciliación. Como asuntos de enfoque dará prioridad a las víctimas, buscará a través de audiencias y otros mecanismos la participación amplia y plural de la sociedad y hará énfasis en lo territorial y hacia los sectores más afectados por la violencia.

De tal manera, a tono con el texto del acuerdo de paz en su punto 6.1.9 la CEV es una medida “prioritaria y urgente”. Por tanto, mediante el recién aprobado Acto Legislativo No 1 de 2017 fue creada la CEV y se definió su carácter, mandato, alcance y términos al nivel del ordenamiento constitucional, siendo parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación de las Víctimas y No Repetición, el cual también creó el mecanismo judicial de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y los otros mecanismos no judiciales: Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y medidas de garantías de no repetición.

La CEV es un ente autónomo e independiente, del orden nacional, de rango constitucional, con personería legal propia, autonomía administrativa y técnica, sujeta a régimen legal propio[2]. Su mandato presentado de forma resumida exige esclarecer y promover el reconocimiento de: 1. Las graves violaciones e infracciones. 2. Las responsabilidades estatales, de la guerrilla y de otros actores implicados. 3. Establecer el impacto humanitario, social, institucional, político y en otros ámbitos del conflicto y sus formas diferenciadas. 4. El origen, causas, actores diversos involucrados o relacionados, factores y contexto histórico. 5. Formas de resiliencia desde la sociedad y de transformaciones positivas logradas a lo largo del conflicto[3].

El objetivo principal de la Comisión de la Verdad será “garantizar el derecho a la verdad”, entendido a la vez como pilar fundamental para consolidar la paz. Una vez nombrados sus 11 integrantes por el Comité de Escogencia (conformado por la ONU, ICTJ, la Comisión Europea de DDHH, el Sistema Estatal de Universidades Públicas y la Sala de Casación Penal de la CSJ), de los cuales hasta tres podrán ser extranjeros. Tendrá una fase de seis meses para el diseño y montaje de su metodología, equipos de trabajo y plan de acción, de forma que luego durante un período de tres años habrá de realizar una amplia labor hacia la sociedad, para conseguir consolidar su informe en un término de tres años. Todos los entes de estado y de gobierno y sus funcionarios adscritos deberán contribuirle con la información requerida, incluso si es de reserva de ley[4]. Tendrá un presidente con funciones de vocería y coordinación, la instancia principal de plenaria de comisionad/s y una secretaría administrativa. Al finalizar su trabajo, la propia CEV designará una Comisión de Monitoreo y Seguimiento que velará durante un período posterior por la aplicación de las recomendaciones entregadas[5].

Sus objetivos destacan: 1. La explicación amplia de la complejidad del conflicto vivido, en busca de un entendimiento compartido en la sociedad y dando a conocer aspectos poco conocidos como los principales impactos y los sectores más afectados. 2. El reconocimiento de las víctimas por parte de la sociedad, el reconocimiento de responsabilidades individuales y colectivas de todos quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto, y el reconocimiento de la sociedad del legado de violencia en aras de su rechazo y de las garantías de no repetición. 3. Promover la convivencia desde los territorios, en el contexto de las transformaciones que demanda la construcción de la paz y la satisfacción de los derechos de las víctimas y de los sectores sociales y poblacionales afectados[6]. Y entre los criterios orientadores están la centralidad de las víctimas; la participación de la sociedad bajo presupuestos de amplitud, pluralismo y equilibrio; la comprensión de las dinámicas regionales; el enfoque de género y el consiguiente reconocimiento de la mujer y sus derechos; la coordinación con otras medidas de construcción de la paz y la promoción de la convivencia y la reconciliación[7].

Pero más allá de la positiva reglamentación y los loables propósitos y mecanismos de actuación establecidos para esta Comisión, la discusión actual es sobre las consideraciones de contexto y los retos y dificultades que enfrentará para lograr cumplir su mandato y sus acciones. El presidente Juan Manual Santos en el mismo acto de expedición del Decreto 588 que reglamentó la Comisión de la Verdad, a la vez que llamó a “alentar a quienes hayan tenido una responsabilidad por las violaciones cometidas a reconocerla”, también reconoció un serio obstáculo con referencia a que “…algunos no quieren reconocer su responsabilidad”. Esto porque al no existir un consenso nacional en torno a la paz, se cuenta con el apoyo de parte de la sociedad a sus medidas de aplicación, pero así mismo obra el rechazo de ellas desde otra parte de la sociedad.

De ahí la advertencia de sectores de opinión sobre el riesgo de una Comisión de la Verdad que no consiga la participación de voces, versiones y testimonios suficientes para poder conseguir todos los reconocimientos y el cuadro de complejas discusiones y análisis con el concurso de los distintos actores directos e indirectos del conflicto que exige su mandato. Por tanto, es entendible la preocupación por conseguir una Comisión de la Verdad verdaderamente independiente y con alta legitimidad política y ética, la cual logre involucrar como protagonistas a todas las víctimas sin discriminación, de forma que se imponga una “terapia ante la barbarie”, que constituya un alivio para todas ellas y para la sociedad, evitando que sus trabajos y conclusiones sean vistos como interés de parte, para así poder conseguir abrir espacios hacia la reconciliación[8].

En el mismo sentido, un reciente artículo de la revista Semana se refiere a los retos que tendrá la CEV bajo el interrogante de si conseguirá su propósito humanitario y político o si por el contrario en el intento podrá quedar un escenario de mayor pugnacidad y de ausencia consensos hacia un propósito nacional de cierre de la guerra fundada en mutuos reconocimientos. “¿Caja de pandora de nuevos odios o instrumento de resiliencia? (…) La Comisión de la Verdad en Colombia enfrentará desafíos monumentales. De la forma como se aborden puede remediar muchos males, o, por el contrario, convertirse en metástasis de otros…”[9].

Desde los actores del conflicto en proceso de paz un papel positivo juegan las FARC tanto porque se han anticipado en el contexto del acuerdo de paz con la realización de actos de reconocimiento temprano de graves violaciones cometidas, en los casos de Bojayá, La Chinita, los diputados del Valle y ahora se anuncia el de El Nogal, como con lo expuesto en reciente declaración, el 9 de abril día de las víctimas y de la memoria, por parte de Timochenko desde La Habana. Expresó que “no tenemos el menor resquemor en que salgan a flote todas las verdades” y que no vacilarán en pedir perdón a quienes hayan sido lesionados con sus conductas en el conflicto, pero a la vez con justeza reclamaron que haya co-responsabilidades en tal tipo de reconocimientos. De forma que “las víctimas no sean solo las que desde el poder quieren atribuirnos”.

A propósito, es justo afirmar como muchos lo han hecho, que para pasar a un ambiente propicio para el trabajo de la CEV es preciso superar la posición y la publicidad de guerra y de criminalización total en el contexto del conflicto, que llevó por más de una década a levantar un discurso unilateral, sesgado y al extremo polarizado, que atribuía toda la problemática de violencia y humanitaria a las FARC, negando u ocultando las responsabilidades del Estado, sus gobiernos, del paramilitarismo y de otros actores del conflicto. Al respecto, la posición a favor de la paz dialogada llevó al presidente Santos a una coherente posición de reconocimiento de las diversas responsabilidades en el conflicto, a la vez que desarrollos desde el propio Estado, como el Informe “Basta Ya: memorias de guerra y dignidad” del Centro Nacional de Memoria Histórica, avanzó en dejar sentada las altas y principales responsabilidades que le competen al Estado así como señaló las diversas responsabilidades de los diversos actores existentes.

“… (La) disputa de narrativas sobre el conflicto: una que defiende el uribismo y que puede resumirse en que los únicos responsables de crímenes graves son las FARC. Y otra, la del gobierno, según la cual en la guerra todos los actores cometieron atrocidades, incluidos militares y sectores de las élites. Por eso los opositores de derecha consideran que la Comisión de la Verdad es un cuchillo afilado en La Habana en su contra”[10].

Aunque por supuesto, además del llamado compartido a superar esa visión unilateral, sesgada y de conveniencia en la fase final de la guerra que imperó en lo oficial y desde ciertos sectores del poder, habría que discutir con la anterior apreciación que no se trata de la disyuntiva entre la posición del ex presidente Uribe y la del actual presidente Santos. Pues precisamente una veta importante para buscar conseguir construir un amplio consenso nacional alrededor de los trabajos de la CEV, es el abrir la posibilidad a muy diversas interpretaciones sobre lo ocurrido, lo cual supera en mucho la versión del gobierno. Existe al respecto un amplio repertorio de luchas, informes y testimonios desde diversas organizaciones de víctimas, de derechos humanos y de sectores diversos victimizados, los cuales durante varias décadas han dejado aportes sobre las distintas responsabilidades existentes en la grave y prolongada crisis vivida en derechos humanos y derecho humanitario.

Precisamente en un debate que apenas se inicia resulta clave para superar las dificultades y retos que encara la CEV que sí es posible avanzar con posibilidades ciertas en su mandato, además de la potencialidad de una comisión verdaderamente independiente y acertada en sus acciones, el conseguir como elemento central de su trabajo, lo cual está previsto, en primer término el concurso de todas las víctimas, es decir de todos los sectores victimizados, para proceder en consecuencia a lograr el marco complejo de implicaciones a construir, de manera fundada y con algo grado de legitimidad. Experiencias recientes de diverso orden, desde lo institucional, lo social y a instancias del propio proceso de paz en La Habana, muestran que ello no solo es posible sino imprescindible.

“…llegó la hora de las víctimas: suyo es ahora el derecho de hablar, de reclamar y exigir verdad. Y la suprema libertad de perdonar. En los tres años que se avecinan, la Comisión permitirá no solo conocer la Verdad sino reconocerla. A partir de la gama entera de verdades que emitan todos los implicados, su informe final será vital para una historia no oficial de la guerra”[11].

Otro elemento favorable ante las dificultades anotadas es que en Colombia existen muchos acumulados de memoria de lo ocurrido en las regiones, desde diversos sectores, en el ámbito nacional, desde la sociedad y desde instituciones y con el concurso de la comunidad internacional, que resultan ser una contribución decisiva a favor del cumplimiento del mandato de la CEV. Esto permite afirmar que en el país ya se conoce mucha verdad aunque aún faltan verdades por conocer y que ahora ante todo se trata es de conjugar los debidos reconocimientos para conseguir el cuadro de esclarecimiento y conclusiones requerido, en el marco de una narración coherente con los hechos establecidos y con una visión integral y transparente frente a los distintos actores.

Por su parte, también es preciso contar como otro elemento sustancial a favor de la labor de la CEV el que además de su escucha de voces, testimonios y acopio de documentos e interpretaciones, con las audiencias y diversos encuentros y mecanismos que se adopten, habrá de hacer uso de todas las fuentes gubernamentales, estatales, de la fuerza pública y los organismos de seguridad, tal como está establecido, lo cual debe proporcionar una veta inmensa e importante de información, no obstante las posibles resistencias u obstrucciones que pretendan hacerse al respecto.

Adicionalmente, hay que entender que la CEV es parte de un sistema muy dinámico que deberá proporcionarle amplia información de forma articulada, a partir de las contribuciones previstas desde las otras figuras de la justicia transicional implementadas paralelamente en este acuerdo de paz: la JEP a la cual acudirán diversos actores responsables, la aplicación de la amnistía con personas de la guerrilla y la aplicación de la figura de renuncia a la persecución penal con personas de la fuerza pública. Es decir que la verdad judicial de la JEP y los otros mecanismos no judiciales convenidos, habrán de constituir una fuente masiva de aportes sustantivos que tendrá que sistematizar y aprovechar el mecanismo de verdad no judicial de la CEV, de forma que incluso podrá convocar a sus protagonistas para ampliar y fundamentar las respectivas contribuciones.

En una mirada de conjunto al acuerdo de paz, razón le asiste en una perspectiva histórica al columnista de El Espectador Álvaro Forero cuando interpreta que los resultados del esclarecimiento de la CEV son la medida más avanzada y decidida desde el Estado en el acuerdo de paz. Esto porque más allá de las tradicionales y justas medidas de favorecimiento al acceso a la política y de la justicia transicional a la insurgencia acogida a la paz, donde se ha puesto el debate hasta la actualidad, con este ejercicio a favor del derecho a la verdad tendrá que aflorar la develación de amplias, diversas y graves responsabilidades del propio Estado en el marco del desarrollo histórico del conflicto, junto con las más conocidas y tratadas de otros actores irregulares.

“El acto más valiente del Estado en el acuerdo de paz no es la admisión de beneficios penales a los cabecillas guerrilleros, ni siquiera la aceptación de que éstos compitan electoralmente en las mismas condiciones que los demás. Es haber creado una comisión que investigue y certifique también las atrocidades que cometió durante medio siglo de guerra antisubversiva, que por la condición obsesivamente anticomunista de la clase dirigente colombiana desde Gaitán, tuvo autorización social y política para cometer los peores crímenes”[12].

Un consenso básico en la sociedad sobre la interpretación de lo realmente ocurrido podrá permitir comprender la justeza del pacto de paz, de la solución concertada que progresivamente el Estado ha conseguido con cada una de las guerrillas, así como de las diversas responsabilidades existentes que deben traducirse en mutuos compromisos hacia la recuperación de la paz y el compromiso con el cierre del recurso a la violencia política y a la guerra.

“Nada sana más que la verdad, nada da más dignidad, nada libera más. La colombiana es una sociedad dominada por las mentiras y las medias verdades, (…) La Comisión de la Verdad, a pesar de sus enormes desafíos prácticos, será el primer ejercicio de verdad práctica en una nación con 200 años de guerras que ha creído inconfesables”[13].

Sin ser ya guerrilla las FARC sino proyecto político en la legalidad, así como habiendo aportado con sinceridad y transparencia a la verdad, con un proceso de paz ojalá avanzado con el ELN que ha dicho con justeza que está dispuesto a “toda la verdad y la verdad de todos”, y con el concurso de contribuciones diversas que de manera sistemática hagan posible recuperar la verdad, sobre todas las victimizaciones, con respecto a todos los actores responsables y en reconocimiento a todas las víctimas, puede conseguirse un amplio consenso nacional, que aísle la posición de una minoría que pierda vigencia con sus posturas sesgadas y excluyentes propias de una guerra que haya sido superada. Más aún, esto es posible cuando también se entienda por el conjunto de la sociedad que en tal posición se anclan actores interesados en ocultar hechos, salvar responsabilidades y mantener la impunidad, para evitar que afloren sus propias responsabilidades ante graves violaciones.

Álvaro Villarraga Sarmiento: Directivo Centro Nacional de Memoria Histórica, integrante Fundación Cultura Democrática, catedrático.

Bogotá, 14 de abril de 2017.

Notas

[1] La denominaremos de forma abreviada Comisión de la Verdad o por su sigla ya en uso CEV.

[2] Artículo 1, Decreto 588 de 2017.

[3] Artículo 11, Decreto 588 de 2017.

[4] La negativa o negligencia frente al suministro de información será causal de mala conducta, lo cual implica consecuencias penales y administrativas. Artículo 17, Decreto 588 de 2017.

[5] Artículo 20 a 23, Decreto 588 de 2017.

[6] Artículo 2, Decreto 588 de 2017.

[7] Artículos 5 a 10, Decreto 588 de 2017.

[8] “Comisión de la Verdad”, editorial, El Tiempo, 10 de abril de 2017, página 12.

[9] “Los riesgos de la Comisión de la Verdad”, Semana, No. 1823, abril 9 de 2017, página 30.

[10] “Los riesgos de la Comisión de la Verdad”, Semana, No. 1823, abril 9 de 2017, página 30.

[11] “Verdad e historia no oficial”, Cristina de La Torre, El Espectador, 11 de abril de 2017, página 22.

[12] “La necesaria Comisión de la Verdad”, Álvaro Forero Tascón, El Espectador, 10 de abril de 2017, página 23.

[13] “La necesaria Comisión de la Verdad”, Álvaro Forero Tascón, El Espectador, 10 de abril de 2017, página 23.

https://www.sur.org.co/el-papel-fundamental-de-la-comision-de-la-verdad/







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