La igualdad de género en la agenda de la justicia fiscal

América Latina, pese al crecimiento económico de una década, a la reducción de la pobreza monetaria y a la aplicación de políticas redistributivas que implementaron varios gobiernos de la región, mantiene el penoso sello de ser la región “más desigual del mundo”.

La CEPAL, en el documento “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”, destaca que la desigualdad hunde sus raíces en la historia y se debe a un patrón de desarrollo que ha perpetuado las brechas socioeconómicas basadas en el origen racial y étnico, el género y la clase social (CEPAL 2010b).

América Latina, con un coeficiente de Gini^{^[1]} promedio de 0,51 presenta un nivel de desigualdad sustancialmente más alto que otras regiones del mundo. Si hacemos una comparación con países europeos y nos centramos en la desigualdad por ingresos, antes de impuestos directos y transferencias monetarias, es aproximadamente 13% mayor que la media de los países europeos. En contraste, esta desigualdad aumenta hasta un 60% si el cálculo se realiza después de la aplicación de los impuestos directos y transferencias (Lusting, 2011).

En esta intención de realzar el peso de las desigualdades, nos interesa particularmente llamar la atención sobre las desigualdades de género como un asunto de carácter estructural afectado por consideraciones políticas, económicas, culturales, ambientales naturalizadas por el sistema patriarcal, reproducidas por la división sexual del trabajo al perpetuar la subordinación de las mujeres y que requieren ser abordadas desde las relaciones de poder existentes en todos estos ámbitos.

Desde la dimensión económica podemos señalar algunas evidencias de estas desigualdades de género en la región como:

A lo mencionado, podemos anexar los niveles de precariedad laboral que las mujeres enfrentan, la menor probabilidad que tienen de trabajar como asalariadas en relación a los hombres (60,7% y 68,5%, respectivamente); que un mayor porcentaje sólo encuentra empleo en el servicio doméstico (15,3% en contraste con 0,8% de los hombres) y que, en una gran mayoría, el empleo es informal y desprotegido.

Pero existe un factor que explica la desigualdad más profunda entre hombres y mujeres que es el trabajo no remunerado para la reproducción en las familias y en la comunidad que realizan principalmente las mujeres, que por un lado recarga sus tiempos personales y por el otro provee de bienestar a las personas y se transforma en un subsidio hacia la sociedad y el mercado.

La división sexual del trabajo organiza el orden de género en las sociedades, separa el trabajo productivo del reproductivo de manera paradigmática y determina el lugar de hombres y mujeres en la economía. Es necesario esclarecer la forma en que estas relaciones perpetúan la subordinación y exclusión de las mujeres, limitando su autonomía y ayuda a comprender su influencia en el funcionamiento del sistema económico.

La CEPAL, desde el Consenso de Quito de 2007 hasta Santo Domingo del 2013, y en otros instrumentos regionales, ha reiterado la necesidad de evidenciar el valor del trabajo doméstico no remunerado, de adoptar medidas y políticas públicas que reconozcan su valor social y económico, definir, como también establecer instrumentos de medición periódica del mismo, asegurar la dotación de recursos públicos para la realización de encuestas del uso del tiempo, que posibiliten el diseño de políticas públicas adecuadas y justas.

Se requiere continuar el análisis y debate sobre la relación entre desigualdades y medidas de fiscalidad progresiva, poniendo énfasis en su viabilidad política, donde los estados tengan la capacidad de negociar estas medidas frente a los grupos de poder concentrado, reacios a perder privilegios, oponiéndose a los impuestos directos, como por ejemplo gravar la propiedad, impuesto a la herencia, etc.

Esta “ausencia” de medidas ha tenido como consecuencia el incremento de la desigualdad y pone en alerta el rol de la fiscalidad en la redistribución del ingreso y, por consecuencia, frente a la concentración del poder y la riqueza.

La fiscalidad no es neutral al género: las políticas fiscales pueden mitigar o reforzar las relaciones de género asimétricas, porque las recaudaciones financian políticas necesarias para las mujeres. Una baja carga tributaria y la inexistencia de mecanismos eficientes para reducir la evasión y elusión disminuyen las recaudaciones y, con ello, conducen a la escasez de recursos públicos.

Las políticas fiscales en América Latina refuerzan la división sexual del trabajo y las desigualdades entre mujeres y hombres, refuerzan los roles tradicionales de ambos sexos, operando como obstáculos para el desarrollo y reconocimiento del real potencial y de la actoría económica de las mujeres.

Para relacionar las políticas fiscales con la igualdad de género se requiere ver sus implicancias en dos aspectos:

Una política fiscal favorable a la igualdad de género requiere del compromiso explícito de los Estados para:

El abordaje de la perspectiva de igualdad de género en las políticas fiscales es una tarea urgente pero pendiente; aún no está instalada tanto en los decisores de políticas, como en las administraciones tributarias, ni en la mayoría de los especialistas.

Pero, hay avances en tomar estas consideraciones en documentos regionales como la Consulta regional de América Latina para la CSW61 sobre “Empoderamiento Económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo” que consideran, que el diseño y la implementación de las políticas macroeconómicas son cruciales para el empoderamiento económico de las mujeres. Esta perspectiva de carácter estructural es un gran paso.

Por eso, las feministas hacemos un llamado a las y los activistas por la justicia fiscal con este mensaje:

Unir ambas agendas es una tarea conjunta, así como insistir que la fiscalidad afecta nuestras vidas, nuestro trabajo y salud. Como alentar a la ciudadanía en la vigilancia de las políticas fiscales, para reducir el cabildeo de los grupos de poder en la exención de los impuestos.

Ana Tallada, educadora y socióloga peruana, es una actora central para pensar la evolución de la movilización feminista en América Latina. Es parte del Consejo Directivo de Latindadd.

[1] El coeficiente de Gini es el indicador que se utiliza con mayor frecuencia, para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, debido a su fácil cálculo e interpretación, ya que por lo general su valor se ubica entre 0 y 1. Cuando el indicador asume el valor cero significa que el ingreso se encuentra equidistribuido; es decir, todos los miembros de la sociedad tienen exactamente la misma proporción de recursos, en tanto que cuando se observa el valor de uno, se está en presencia de una situación de total inequidad en donde una persona se apropia de todo el excedente económico.