Abril 2017

Una crítica a la Ley General de la Coca

José Luis Saavedra*

PUKARA

“¿Se han realizado las investigaciones imperiosas y serias para definir si la industrialización de la coca es necesaria, sana y productiva? ¿Se ha determinado de manera precisa el número de personas que necesitan acullicar para su diario vivir? ¿Se han previsto las consecuencias directas e indirectas, actuales y futuras que tiene en nuestra juventud y en las nuevas generaciones la coca utilizada para fines ilícitos? ¿Por qué es más importante producir coca en lugar de frutas, verduras y otras plantas medicinales? ¿Cuáles son los efectos en nuestro medioambiente? ¿Cuáles son los efectos políticos, económicos y sociales al interior de nuestro país? ¿Cuáles son las derivaciones legales, económicas y políticas para el país en un futuro cercano en el marco de las relaciones internacionales? Y la pregunta más importante: ¿qué pasará cuando necesitemos tierra para producir alimentos en busca de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, ya que la producción de la coca erosiona nuestras tierras?” Óscar A. Heredia Vargas

(Página Siete, 14 marzo 2017).

El miércoles 8, recientemente pasado, el presidente Evo promulgó la Ley (906) General de la Coca en el Palacio de Gobierno. Esta ley amplia de 12.000 a 22.000 (14.300 para los Yungas de La Paz y 7.700 para el trópico de Cochabamba) las hectáreas de cultivo de la hoja de coca y prácticamente duplica la cantidad de hectáreas legales que pueden ser cultivadas en el país. Recordemos que la Ley 1008 del Régimen de la coca y sustancias controladas sólo permitía 12.000 ha. en territorio paceño y consideraba ilegal la producción en el Chapare.

No es secreto que gran parte de la producción de la hoja de coca está destinada a usos ilícitos.

La nueva «Ley General de la Coca» conducirá a que el excedente de coca destinado al uso

tradicional, sea destinada en cantidades más importantes al narcotráfico.

Fuente ilustración: http://gatovillegas.org/?p=12781

Si bien la nueva ley de la coca respeta los cultivos tradicionales y su uso ancestral, no deja de preocupar el conjunto de los efectos, consecuencias y resultados del incremento de la producción de la coca. El propósito del presente artículo es precisamente considerar las derivaciones sociales, económicas y ambientales de la referida ley de la coca. ¿Por qué lo hacemos?, porque entendemos que dicha ley “nos puede afectar (a las personas y las territorialidades) de manera irreversible”, de aquí in-surge la necesidad de la crítica radical.

Insu(de)ficiencias de la ley general de la hoja de coca

Una constatación inicial es que, desde 2012, Bolivia no conoce la demanda exacta de la hoja de coca, tanto para el consumo tradicional como para fines de industrialización. ¿Cuánta coca es necesaria para el consumo legal? Aún no hay un estudio técnico y/o científico que fije una cifra para la demanda de la coca. Los datos que hoy se disponen son incompletos y desactualizados, cuando no sesgados por el interés corporativo hoy presentes y actuantes en el gobierno del hermano Evo.

Seguimos pues en la penumbra de la superficie total de coca cultivada, ¿36.500 hectáreas o solo 20.200? Después de la aprobación de la nueva ley, el Gobierno nos propone 18.000 hectáreas para el consumo legal sin ningún fundamento serio. Recordemos que el primer informe financiado por la Unión Europea, según fuentes extraoficiales, dio una extensión de 6.000 hectáreas. Luego, estudios complementarios encargados y pagados por el Gobierno boliviano aumentaron dicha extensión a 8.000, 10.000 y 14.705 hectáreas para el consumo tradicional. ¿Qué intereses presionan para ampliar más todavía la superficie de coca destinada al consumo legal?

Según Fernando Salazar el resultado de las 22.000 ha legales contempladas en la nueva ley se traducirán en coca excedentaria destinada al narcotráfico, mercados “legales” desconocidos y un incremento en el consumo de cocaína al interior del país. La cuestión más grave es que los organismos internacionales, como la UNODC, ya nos catalogan como país exportador de esta droga y es evidente que somos el tercer país mundial producto de cocaína.

Otra constatación es que no hubo avance alguno en la industrialización. De acuerdo con el propio Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, «Para ser hidalgos (hay que reconocer que) no avanzamos mucho como país en la investigación e industrialización. Hicimos algunas plantas de mate de coca, pero no pasamos de ahí, nos falta trabajar. Para ello tenemos que contar con un centro de investigación” (Página Siete, 12 marzo 2017). A confesión de parte, relevo de prueba.

Desde y a partir de la constatación de estas deficiencias e insuficiencias (hay muchas más), emerge uno de los principales críticos de la ley general de la hoja de coca, como es Víctor Hugo Cárdenas, quien afirma que la aprobación de la ley general de la coca demostró el poder social y político de los cocaleros de Chapare y un Gobierno inerme, sin política explícita sobre la coca ni sobre sus implicaciones internacionales ( El Deber, 12 marzo 2017). El Estado capituló al legalizar áreas ilegales de coca, que en un 95%, según Naciones Unidas, circula fuera del mercado legal de Sacaba, en Cochabamba.

Más allá de proteger los intereses de los cultivadores de coca de Chapare, no hay ninguna señal gubernamental de construcción de una política sobre la coca, su producción, industrialización y su consumo en los marcos constitucionales, rituales, medicinales y tradicionales. La ley general de la coca se reduce por tanto a la legalización de las hectáreas cultivadas en el Chapare y su ampliación a nuevas tierras (preferentemente de los pueblos y comunidades indígenas). Las declaraciones y acciones del Gobierno marcan así su preferencia colonial por la coca ilegal.

El tema que más nos preocupa es que la ampliación de la frontera de la coca tiene peligrosas consecuencias. Los cultivadores del Chapare, ahora más que nunca, con respaldo legal y el gobierno a su servicio incondicional, presionarán para la ampliación de su frontera agrícola hacia las tierras de los pueblos y territorialidades indígenas, como las del TIPNIS. De hecho ya se están reactivando, amenazadora y tenebrosamente, las acciones para la construcción de la carretera transcocalera por el corazón del territorio indígena y parque naciona^l1.

Con la ampliación de las 22.000 hectáreas de cultivos, no sólo en el área tradicional sino también en zonas de expansión, la producción de la coca se extenderá con destino al narcotráfico, con el nefasto valor agregado del consumo de las drogas de la cocaína y sus graves consecuencias para la sociedad, la economía y la cultura. Más todavía, el docente e investigador de la UMSS, Karl Hoffmann, aseguró que los cocaleros de Bolivia lograron generar, entre el 2006 y 2015, aproximadamente unos 320 millones de dólares anuales, lo que significa que durante todo el Gobierno de Evo Morales, este sector recaudó más de 3.200 millones de dólares (Los Tiempos, 13 marzo 2017). Esta cifra es muy similar a la que se maneja en la agroindustria cruceña, uno de las fracciones mejor posicionadas económicamente en el país.

Entre las derivaciones más negativas y destructivas de la ley de la coca está la creciente deforestación y sus perversos efectos, como la intensificación del cambio climático, el severo daño a la biodiversidad, así como sus preocupantes afectaciones en la provisión de agua, lo que desencadenará también causas de inseguridad alimentaria, anulando la producción agrícola por dar lugar a la plantación de cocales, desastres en el medioambiente y un largo y doloroso etcétera. Esta importante derivación la retomaremos en el subsiguiente acápite

La Ley General de la Hoja de Coca, en su espíritu y letra, entraña así riesgos muy serios de carácter social, económico y cultural, y todo por favorecer a un pequeño grupo de cocaleros (del Chapare, que no de los Yungas), agrupados en seis federaciones que las preside también el Presidente del Estado Plurinacional, donde se manifiesta un evidente conflicto de intereses, cuando no un flagrante tráfico de influencias.

Rechazo ciudadano a la Ley General de la Coca

Un grupo inicial de 147 (luego sobrepasaron el más de medio millar) intelectuales y profesionales de diversas áreas del país han rechazado enérgicamente la Ley General de la Coca (“nos pronunciamos públicamente en rechazo a la ‘Ley General de la Coca’) y han advertido —en una carta abierta— que beneficiará a un sector delincuencial que está en crecimiento. También han alertado que el incremento, a 22.000 hectáreas, pondrá al país en la esfera internacional como tolerante al fortalecimiento del narcotráfico.

El Manifiesto denuncia la forma en que fue aprobada la norma que incrementa el número de hectáreas legales a 22.000. «De manera sorpresiva, previo a los feriados nacionales por las fiestas de Carnaval, las dos cámaras de la ALP se apresuraron en aprobar la Ley General de la Coca, tras confrontaciones entre productores de coca de los Yungas de La Paz y del trópico de Cochabamba quienes, al parecer, sólo velan por intereses sectoriales y corporativos sin tener en cuenta el interés nacional”.

Con esta disposición, la superficie autorizada de cultivos de coca en Bolivia se incrementa en un 83% en relación con la superficie establecida mediante la Ley 1008 (12.000 hectáreas). Y, ¿cuál es la consecuencia?: el incremento de la materia prima para el narcotráfico.

“Si se tienen en cuenta los resultados del ‘Estudio Integral de la Demanda de la Hoja de Coca en Bolivia’, en el que se establece que la producción de 14 mil hectáreas de cultivos de coca son suficientes para satisfacer la demanda interna de su consumo en usos tradicionales, (entonces) esta norma estaría poniendo a disposición del narcotráfico más de 11 mil toneladas métricas anuales de hoja de coca, que resultan del rendimiento promedio de las ocho mil hectáreas excedentes que otorga la ley a los productores”.

Los firmantes también advierten que el crecimiento injustificado del cultivo de la hoja de coca tendrá consecuencias sociales, económicas y culturales muy graves para el país.

“Las implicaciones de ello son sumamente preocupantes:

1. mayor poder del crimen organizado que gozará de recursos incalculables para corromper, coaccionar y cooptar a la ya endeble burocracia estatal;

2. crecimiento del consumo local de estupefacientes;

3. agudización de la inseguridad ciudadana;

4. agravamiento de la violencia en contra de las mujeres, los niños y las niñas;

5. desintegración social; entre otros”.

Además que, «De promulgar la norma, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, estaría incurriendo en el delito de tráfico de influencias, toda vez que aún funge como presidente de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba. Y, en cualquier caso, es inmoral aprobar una ley para beneficio propio”. Más aún:

“Desde el momento en que el Poder Ejecutivo promulgue esta norma para su entrada en vigencia, es de esperar que Bolivia quede identificada en la esfera internacional como un país cuya laxitud y tolerancia estarían fortaleciendo al narcotráfico, con todo lo que esto implica: tráfico de armas, trata y tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, además del contrabando, el apoyo al terrorismo y la desestabilización de países”.

El Manifiesto alerta asimismo sobre el alto costo ambiental de los cultivos de hoja de coca y la irrupción cocalera en las áreas protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera, como y sobre todo el TIPNIS. Así “la norma supone mayor presión aún sobre áreas protegidas y territorios indígenas de pueblos amazónicos a los cuales se los estaría condenando a la desaparición”. En general, el derivativo más severo de la Ley general de la coca es que:

“La norma resultará en un permiso y aliento implícito para continuar la deforestación de lugares críticos para el ciclo hídrico (lluvias) en las zonas tropicales y subtropicales del país, con lo que la crisis de suministro de agua que se vive actualmente se verá incrementada en proporciones altamente riesgosas para la vida misma de la población humana, animal y vegetal.

“A todo ello se suma el riesgo de mayor contaminación de agua, suelos y aire por los perniciosos agroquímicos que se usan en el monocultivo de la hoja de coca y por los venenos químicos que se usan para la producción de cocaína. Además, la producción de hoja de coca desgasta los suelos (que eran/son invalorables bosques críticos para afrontar los inquietantes desafíos de este siglo), hasta agotarlos y dejarlos prácticamente yermos.

“Estas actividades contribuirán, sin duda, a elevar los precios de los alimentos y a deteriorar aún más la seguridad alimentaria del país, ya que se destinará mayor superficie al cultivo a la coca en detrimento de la producción de frutas y otros alimentos necesarios para la nutrición saludable de nuestra población”.

Finalmente, el colectivo ciudadano advierte que la norma “beneficiará a una pequeña proporción de los productores agrícolas de Bolivia, quienes ni siquiera aportan al erario nacional, así como también a un sector delincuencial que viene creciendo a la sombra (del gobierno) y cuya actividad coloca a toda la población boliviana en situación de alto riesgo, con consecuencias impredecibles”, como sucede en Colombia y México, donde el narcotráfico quedó fuera de todo control estatal.

Intensificación de la secuela de efectos ambientales

En este acápite queremos escuchar a dos de las/os más importantes expertas/os, que conocen del tema y van más allá de la mera especulación ideológica. De acuerdo con la experta en cambio climático, Cecilia Requena, la legalización del incremento de la superficie de cultivos de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas ocasionará graves consecuencias ambientales en las zonas autorizadas, erosionará la seguridad alimentaria y provocará una gran presión sobre las Áreas Protegidas. La experta alerta sobre una devastadora contaminación del agua, el suelo y el aire por los perniciosos agroquímicos que se usa en el monocultivo de la coca y por los venenosos químicos que se emplean en la producción de cocaína (El Deber, 1 marzo 2017).

En relación con los efectos devastadores y destructores de la ley de la coca, Cecilia Requena establece (de manera muy parecida al Manifiesto de los intelectuales) una compleja serie de consecuencias sistémicas (ANF, 28 febrero 2017) y procura demostrar que esta ley va en un sentido radicalmente contrario al bien común porque implica:

1. La legalización de miles de hectáreas de coca que se destinan al narcotráfico con todo lo que esto implica: más empoderamiento del crimen organizado, mayores posibilidades de cooptación estatal vía coerción y corrupción, más consumo local, más violencia, más inseguridad ciudadana, más desintegración social, entre otros efectos;

2. La identificación del país en la esfera internacional como un actor que tiende a fortalecer al narco, usualmente asociado con otras actividades ilícitas como tráfico de armas, trata y tráfico de personas, contrabando, apoyo al terrorismo y desestabilización de países;

3. El impulso y aliento para continuar la ampliación de la frontera agrícola a través de la deforestación de lugares extremadamente sensibles y críticos para el ciclo hídrico (lluvias) del país (Yungas, Chapare, Amazonia).

4. Aún mayor presión contra y sobre las áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera y territorios indígenas de pueblos y comunidades amazónicas.

5. Mayor y devastadora contaminación del agua, los suelos y el aire por los perniciosos agroquímicos que se usan en el monocultivo de la coca y por los venenos químicos que se usan para la producción de la cocaína. Además, la coca desgasta los suelos (que son invalorables bosques críticos para afrontar los inquietantes desafíos del cambio climático), hasta agotarlos y dejarlos prácticamente yermos.

6. La activa contribución a erosionar aún más la seguridad alimentaria del país, destinándose más superficie al cultivo de coca en detrimento de la producción de frutas y otros alimentos necesarios ANF, 28 febrero 2017).

Por su parte, Miguel Ángel Crespo, Director de Probioma (Productividad Biosfera Medio Ambiente) demuestra que la coca se ha convertido en un monocultivo y “ha originado la tala indiscriminada de los bosques con la consecuente pérdida de la biodiversidad en la región de los Yungas y el Chapare” (Página Siete, 11 marzo de 2017). Así: “Un cambio en la vegetación, como es la tala excesiva de los bosques y el establecimiento de un monocultivo, afecta el contenido de nutrientes del suelo, los cuales se pierden por lixiviación; además, la textura cambia y desaparecen algunas especies vegetales propias del lugar” (Ibídem).

“Esta situación es insostenible desde el punto de vista social y ambiental debido a los impactos que genera esta actividad en la salud de los propios productores, así como de los consumidores de la hoja de coca, que en la mayoría de los casos no conocen el proceso de control de plagas y enfermedades que está subordinado a la aplicación de agro-químicos. Pero, además, al no ser sostenible, dicho cultivo está presionando a una permanente ampliación de la frontera agrícola, desplazando otros cultivos y actividades tradicionales de ambas regiones, y generando la contaminación de suelos, aguas y deforestación de áreas muy ricas en biodiversidad” (Ibídem).

Conclusiones para seguir reflexionando

Primero, que es urgente desarrollar estudios científicos acerca de cuánto de coca es realmente lo que necesitamos para el akulliku y la ley debiera adecuarse estrictamente a este requerimiento y el resto (excedentario) debe ser erradicado (sea en zona tradicional o no); más aún si entendemos que la industrialización (aparte de la cocaína) es un falacia.

Segundo, que la promulgación de la ley de la coca nos demuestra que el gobierno del presidente Evo es rehén de los cocaleros del Chapare, cuya producción (ya sabemos) se destina, en un 94% (según NN.UU.) al narcotráfico.

Tercero, que las hectáreas que se usen para la producción de coca ya no se usarán en la producción de alimentos, es decir que en vez de promover la producción de alimentos necesarios y posibles de producirse en el territorio nacional, lo que se hace es auspiciar la producción de coca, como si ésta sustituyese a los alimentos o no existiesen evidencias de su derivación al narcotráfico.

Cuarto, que la promulgación de la ley de la coca nos demuestra una vez más, después de Caranavi, Chaparina, Mallku Qhota, Takovo Mora, etc., que estamos frente (enfrentados) a un gobierno radicalmente colonial(ista): extractivista y anti-indígena, que privilegia la producción de coca (ilegal) excedentaria y va en desmedro de los pueblos y territorialidades indígenas, cuyos espacios vitales serán violentamente avasallados por los cocaleros.

Quinto, que necesitamos urgentemente reconstruir un nuevo gobierno verazmente revolucionario: anticapitalista y anti-colonialista y que se reconstruya desde y a partir de las lógicas políticas, culturales y territoriales de los pueblos y naciones indígenas u originarias.

¡Jallalla!

¹ Cfr. “Evo insiste en la carretera al Tipnis” (La Prensa, 10 marzo 2017) y “Evo insi ste con carretera que destruirá el TIPNIS” (Bolpress, 10 marzo 2017). Se esperaba de este gobierno una revalorización de la coca como factor cultural; sin embargo, de más en más está vinculada a la cocaína, ocasionando así el descrédito del simbolismo indígena.

Fuente ilustración:

https://www.flickr.com/photos/34485889@N07/3207316706/in/photostream/

* José Luis Saavedra Intelectual quechua, militante katarista, docente universitario y consultor internacional del IESALC/ UNESCO.

Se esperaba de este gobierno una revalorización de la coca como factor cultural;

sin embargo, de más en más está vinculada a la cocaína, ocasionando así el

descrédito del simbolismo indígena.

Fuente ilustración:

https://www.flickr.com/photos/34485889@N07/3207316706/in/photostream/

PUKARA Cultura sociedad y política de los pueblos originarios. Periódico Mensual abril 2017 Qollasuyu Bolivia Año 11 Número 128. Pp. 9, 10, 11.

http://www.periodicopukara.com/archivos/pukara-128.pdf

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