Marzo 2017

El Estado es mío, mío, mío

Carlos A. Villalba

La joya roja valuada en u$s 120.000 pasó a 200 km por hora por Dolores, no pagó los peajes y cubrió los 404 km del trayecto hasta Mar del Plata en menos de tres horas; al bajarse de esa Ferrari Testarossa, el riojano que la conducía consideró que podía pasarse todo por encima porque era el Presidente. Cuando las normas lo apretaron y no le quedó otra alternativa que desprenderse del automóvil, regalo de un empresario agradecido por los favores otorgados al consorcio italiano que representó durante una muy sospechada licitación, Carlos Menem fue claro: “La Ferrari es mía, mía, mía… ¿por qué voy a donarla?.”

El mandatario de los ´90 no quería cumplir la Ley de Ética Pública. Un cuarto de siglo después, uno de sus discípulos políticos, Mauricio Macri, el multiempresario que hoy ocupa la Presidencia de la Nación, sostiene la misma filosofía, aunque ya no la aplica a un regalo institucional sino al Estado mismo. No incumple una norma, opera desde la administración nacional en contra de una estructura formal, salteando todas las normas, atrapadas entre los tentáculos de su emporio económico y financiero.

Correo, aerolíneas, blanqueo de capitales de origen desconocido, soterramiento ferroviario, construcción de autopistas, aumentos de peajes, energías renovables, cotización de compra de dólar futuro y hasta exposiciones pictóricas en España, son capítulos de decisiones oficiales que benefician al grupo empresario que lidera el mandatario argentino, CEO de esa misma corporación.

La voracidad menemista del “mío, mío, mío” se convierte en anécdota frente al usufructo corporativo del gobierno convertido en “política de Estado”. Esto acontece frente a la ignorancia absoluta de los organismos de contralor oficial conducidos por cuadros de la propia escudería SOCMA o por sus socios y amigos del Cardenal Newman, con la complicidad de sus aliados radicales, la mirada complaciente y cómplice de los medios informativos que controlan la agenda comunicacional argentina e internacional y hasta de fiscales y jueces que, en su inmensa mayoría, prefieren refugiarse bajo el rédito de “investigar” consecuencias de una “pesada herencia”, la que cada día extrañan más ciudadanos.

El Estado siempre es administrado por un sector político partidario. El pensamiento liberal y sus gobiernos, tras sus banderas de libertad individual, recortan la intervención estatal, apoyados en la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado, al que presentan como “regulador” de los procesos de producción, acumulación y distribución. En realidad, ocultan la condición de existencia del actual sistema económico: injusticia, inequidad, diferencia. Una sociedad en la que pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Se llama capitalismo.

El peronismo concibe la gestión estatal como una herramienta que permite redistribuir rentas -en algún caso, hasta riqueza- y facilitar la inclusión de los sectores desposeídos en lo económico, lo social, lo cultural. En 2003, Néstor Kirchner logró interrumpir un proceso de destrucción y hasta disolución nacional y desarrolló herramientas de contención de la miseria, sostén de los sectores empobrecidos y reactivación de la economía, con generación de empleos y recuperación de derechos laborales y sociales.

Unos y otros gobiernan en medio de un proceso de presiones económicas, políticas, sociales. La correlación de fuerzas en cada etapa les permite o les impide alcanzar sus objetivos con mayor o menor rapidez. El Estado, en todo caso, ocupa el papel de intermediador; para los gobiernos liberales, de facilitador de negocios; para las administraciones populares, de equilibrador o compensador de los que menos tienen, como esas rampas que facilitan la circulación a quienes les cuesta subir escaleras.

SOCMA, la única Argentina de Macri

En la Argentina del Grupo Macri eso no es así; ni siquiera se impulsa un “crecimiento que derrame”, mucho menos herramientas de redistribución genuina. Además de la apuesta a beneficiar a los sectores especulativos del agro, la minería y las finanzas, se desarrolló con velocidad de meteoro un sistema de apropiación de beneficios para las corporaciones que fueron invitadas a repartirse el aparato del Estado, convertido en un conjunto de gerencias, y una escribanía encargada de favorecer al emporio del Presidente y su familia, que multiplica la transferencia de los pobres a los ricos y del Estado a los privados desatada desde las cero horas del 10 de diciembre de 2015.

Todos los grupos económicos opuestos al kirchnerismo, el peronismo transformador, el populismo o como quieran los teóricos llamar a los propuestas político económicas que defienden a la Nación y al pueblo, dieron su apoyo electoral a Mauricio Macri en su pelea con el Frente para la Victoria de 2015; lo hicieron a pesar de las profundas diferencias entre los sectores relacionados con la producción y el mercado interno y los beneficiarios de la agroexportación, la minería y la especulación financiera, halagados con prebendas impositivas por parte del gobierno del PRO.

Sin embargo y contra todos los anuncios de una campaña que se mantuvo aún después de la asunción del Macri, ninguna de sus promesas de inversión genuina –y abundante- se cumplió, solo hubo ingresos de capitales especulativos de corto plazo y por blanqueo de bienes ocultos por razones delictivas, en las que se incluye la evasión fiscal. Por el contrario, los grandes grupos económicos, con decisión internacional, desde hace largos meses emiten señales de su interés en construir un nuevo candidato que reemplace al CEO de SOCMA en 2019. Comprobaron la incapacidad de su equipo para controlar las variables económicas y construir una gestión estable, el rechazo cada vez más amenazante que generan sus políticas y sus efectos y el perjuicio para la imagen del conjunto de las corporaciones que provoca la operación masiva del Estado en beneficio de las empresas del grupo presidencial.

Con un Presidente imputado en más causas que cualquiera de sus antecesores en igual tiempo en ejercicio de sus funciones -lo que elevó a la “corrupción” a lo más alto de las preocupaciones de los argentinos de hoy-, sin control de la inflación ni seguridad jurídica, con la mayoría de las organizaciones sociales y gremiales movilizadas contra el “Modelo Macri”, y hasta con violaciones a los derechos humanos denunciadas desde las Naciones Unidas y la OEA hasta por el gobierno de los EE.UU., el desembarco prometido se transformó en imposible.

El largo camino del despojo

Los Macri construyeron su poder y multiplicaron su fortuna a partir de contrataciones del Estado iniciadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966/1970), cuando logró negocios ganaderos millonarios ligados a la exportación de carne con respaldo del Estado, que abrió el monopolio de esa actividad a una empresa mixta, en la que se le cedió la porción privada a Franco Macri, asociado a su familia política, los Blanco Villegas, terratenientes de Tandil.

Con la destrucción económica del país, apoyada en el genocidio de la dictadura cívico militar encabezada por Videla y Martínez de Hoz, se convirtieron en abanderados de la “Patria Financiera”, lograron la estatización de sus deudas y las siete empresas que tenían en 1975 saltaron a cuarenta y seis. Como parte de la “Patria Contratista”, durante el alfonsinismo, lograron contratos muy cuestionados; con Menem pasaron a disfrutar las mieles de las privatizaciones y la pesificación del duhaldismo volvió a tenerlos frente al mostrador de los que toman todo.

http://www.laizquierdadiario.com/Los-Macri-el-golpe-de-1976-y-la-deuda-externa

A partir de la última dictadura el grupo se consolidó, logró cambiar reglas de juego económicas y financieras, transitó con ganancias todos los gobiernos de la democracia y, finalmente, puso a su cuadro principal a manejar el Estado nacional con la lógica de su SOCMA, la Sociedad Macri que a lo largo de los años englobó, controló o estuvo vinculada a empresas que operan en diferentes segmentos de mercados nacionales, de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, como son los de minería, transmisión y generación de energía, servicios ambientales, GNC, concesiones viales, transporte aéreo, explotaciones agrícolas.

La lista interminable está integrada por nombres como los de Sideco Americana, IECSA, Movistar, Pago Fácil, Ferrocarril Belgrano Cargas, Correo Argentino, Autopistas del Sol, MacAir (operador de Aerochaco, Sur Líneas Aéreas, Líneas Aéreas de Entre Ríos -LAER-), Itron, Pluspetrol, Dragados y Obras Portuarias y tantas otras, con cuentas y sociedades offshore, sacadas a la luz de la Justicia por los Papeles de Panamá.

Cartero con causas

En poco más de un año de gestión presidencial, Mauricio Macri ya acumuló cinco imputaciones judiciales, que abarcan a su persona, su familia y a un sinnúmero de funcionarios del Poder Ejecutivo. Está siendo investigado en distintos juzgados por las siguientes causas:

1. Lavado de dinero y omisión maliciosa ante la aparición de los PAPELES DE PANAMÁ, en los que apareció al menos una de las más de 50 cuentas offshore, a través de la que el Grupo Macri movió u$s 9,3 millones nunca declarados por el mandatario desde un paraíso fiscal (Fiscal Federico Delgado, Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°6; juez Sebastián Casanello, Juzgado Federal N° 7 de la Capital Federal)

2. Ampliación por decreto y contra la letra de la Ley de EXTERIORIZACIÓN DE CAPITALES del blanqueo de bienes a los familiares de funcionarios públicos, entre los que se cuentan sus propios allegados (Fiscal Guillermo Marijuan, Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal; juez Ariel Lijo, Juzgado Federal N° 4 de la Capital Federal)

3. Firma de un MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON QATAR, que preveía la creación de una estructura offshore, con acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con cláusulas presuntamente ilegales, como otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público (Fiscal Paloma Ochoa, Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal; juez Daniel Rafecas, Juzgado Federal N° 3 de la Capital Federal)

4. Intento de condonación de la deuda del CORREO ARGENTINO, una empresa de su grupo, estimada en $ 70.000 millones (fiscal Juan Pedro Zoni, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8; juez Ariel Lijo, Juzgado Federal N° 4 de la Capital Federal)

5. Asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en la adjudicación de la explotación de RUTAS A LA LÍNEA AÉREA AVIANCA, que en marzo del año pasado adquirió Macair Jet, propiedad del grupo Macri, manteniendo al mismo CEO (Fiscal Jorge Di Lello, Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal; Juez Sergio Torres, Juzgado Federal N° 12 de la Capital Federal)

Causas todavía bajo tierra

Además de las causas abiertas, el presidente argentino ya camina bajo la amenaza de otras denuncias de peso que arrastraron su imagen de manera negativa, incluso en el ámbito internacional, desde donde el Miami Herald, portavoz de la ultraderecha estadounidense y los capitales anticastristas de La Florida, aseguró que "llegó a la presidencia de Argentina prometiendo limpiar la corrupción, pero ahora se encuentra atrapado en escándalos de su propia gestión", con investigaciones de casos relacionados con “los grandes holdings empresariales de su familia”, por acusaciones que van “desde el tráfico de influencia hasta lavado de dinero" y “se han convertido en un dolor de cabeza para su partido de centro-derecha de cara a las elecciones legislativas de octubre".

El soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra con atraso de años y un costo de $ 45.000 millones, es una de las tramas más complejas y peligrosas para la reputación presidencial y puede profundizar sus riesgos judiciales. La adjudicataria de la obra es IECSA, propiedad de los Macri en proceso de transferencia a su primo Angelo Calcaterra. El emprendimiento está impregnado del nombre más famoso entre los ilícitos de la obra pública regional, la brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra en el contrato ferroviario.

De ahí, el hilo salta al titular de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo del Presidente, Gustavo Arribas, quien aparece denunciado por la recepción de cinco transferencias por un total de u$s 594.518, realizadas por Leonardo Meirelles, uno de los encargados de pagar las coimas dispuestas por Odebrecht, en este caso con el supuesto objetivo de “reactivar” un contrato entre el Gobierno argentino y la denunciada empresa brasileña.

Aquel apellido de origen germano, puede convertirse en un calvario para Macri, ya que el banco austríaco Meinl, actor central del concurso del Correo, en el que ya está imputado el Presidente por el intento de condonación de la deuda de su Grupo empresario, fue comprado por el emporio de las coimas

Sideco, empresa insignia de SOCMA tiene una elevada suma de acciones prendadas por esa entidad, es decir que le debe una importante suma de dinero a la entidad financiera ahora propiedad de Odebrecht, que lo usó para estructurar el multimillonario pago de coimas a 40 empresas off shore.

Los pasillos de tribunales ven transitar carpetas que contienen documentación sobre muchas otras decisiones del jefe del Ejecutivo. Las que avanzan más rápido hacia la imputación son las siguientes:

Aumento en los peajes de las autopistas favorables a sus empresas.

Política de dólar futuro beneficiosa para los propios funcionarios de su gabinete que definieron los valores.

Irregularidades en las licitaciones para el uso de energías renovables, que involucran al gobernador de Jujuy y al cuñado de Juliana Awada, Alberto Artemio Rossi, involucrado en un expediente por la causa del tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que llegó a estar detenido.

Escándalo en la licitación para la compra de cincuenta colectivos eléctricos por parte del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente, ordenada por Macri para favorecer la relación con inversores chinos, que terminó en un cruce de sospechas incluso entre ministros del gabinete.

El juez Daniel Rafecas desestimó el requerimiento de indagatoria formulado por la fiscal federal Paloma Ochoa por la participación del jefe de Estado en la “emisión descontrolada de Lebacs” (letras del Banco Central), no obstante, la funcionaria del Ministerio Público pidió reabrir la causa.

No se incluye en la nómina a la primera dama, Juliana Awada, quien fuera denunciada penalmente, junto al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, por presunta "defraudación contra la administración pública" y "negociaciones incompatibles" cometidas en licitaciones relacionadas con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO que se desarrolló en Madrid. (Fiscal Franco Picardi, Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°5; juez Sebastián Casanello).

A quince meses de su asunción, la lista de acusaciones contra Mauricio Macri ya es demasiado larga. El salto de la Ferrari al conjunto del Estado parece ser la distancia que va de la corrupción a la apropiación integral del Estado por parte de un Grupo Económico.

http://www.alainet.org/es/articulo/183959







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