Marzo 2017
Marzo 2017
Las agresiones contra América Latina
Juan Eduardo Romero J.
Para comprender el papel y la asociación que ha existido en Nuestra América, entre los procesos de militarización de la política, - emprendido en las postrimerías de la II Gran Guerra 1939-1945- el accionar de los EEUU y la represión violenta de los movimientos populares, así como la relación que existe en la actualidad con gobiernos más conservadores en nuestra región, y las presiones a las que están sometidos los Gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Nicolás Maduro en Venezuela, hay que remontarse al contexto de la denominada Doctrina Truman.
A la muerte de Franklin Delano Roosevelt, lo sucedió Harry Truman, quién anunció las bases de la Doctrina de Seguridad de los EEUU, acción emprendida mediante la conformación del Consejo Nacional de Seguridad y el lanzamiento de una política de “contención” de la amenaza comunista. Sus palabras fueron contundentes sobre la perspectiva de desenvolvimiento de los EEUU en el escenario mundial: “Hoy Estados Unidos es una nación fuerte, más fuerte que ninguna. Esto no es una fanfarronería. Es un hecho que nos llama a la reflexión solemne y a la humildad. Significa que con esta fuerza tenemos que asumir el liderazgo y aceptar la responsabilidad. Sería una trágica violación de nuestro deber nacional sí, de manera consciente aunque a la ligera, no nos preparamos para asumir esa responsabilidad”(Política Exterior de Estado por el Presidente Truman, abril 4 1946). La Doctrina Truman, realmente estuvo basada en un conjunto de consideraciones elaboradas por un funcionario de la estructura diplomática norteamericana: George Kennan, miembro de la embajada de EEUU en Moscú, que publicó en 1947 un artículo titulado “The Sources of Soviet Conduct”, indicando que el conflicto entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), era inevitable.
Ese estudio, fue la base de la “doctrina de contención”, que orientó la política exterior de los EEUU hasta que desapareció la URSS a inicios de la década de los 90, del pasado siglo XX, así como el sustento del impulsó del aparato norteamericano para expandir su poder fáctico por todo el mundo y con ello, transformarse en una potencia mundial. Entre 1946 hasta 1962, se observó una crispación de las tensiones entre ambas sociedades – y modelos económicos- proyectando las contradicciones al contexto político en Nuestra América. La consecuencia para los gobiernos y sociedades desde México hasta Argentina, fue una agresiva política de apoyo a formas autoritaristas, como excusas para el “freno de la amenaza comunista”.
Los EEUU, en el marco de esa Doctrina Truman, y sobre la base de un conocido documento denominado Memorándum NSC-68 del Consejo de Seguridad Nacional, hecho público en 1950, oficializó el endurecimiento de las relaciones entre las grandes potencias surgidas posterior a la finalización de la Guerra Mundial. Precediendo este cuerpo doctrinario, hay que señalar las acciones emprendidas en febrero de 1945, cuando se produce la denominada Conferencia de Chapultepec – o Conferencia para los Problemas de la Paz y de la Guerra- , en agosto y septiembre de 1947 en Río de Janeiro, se celebra la Conferencia Interamericana sobre Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en el Continente, donde se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y en abril de 1948, se reúne en Bogotá la IX Conferencia Interamericana de Consulta, que sumergieron a Nuestra América en una faja de fuerza, controlada por EEUU, conocida como Sistema Interamericano, a través del cual ejerció una hegemonía indiscutible, desestabilizando, sustituyendo o derrocando gobiernos en toda el área.
Todos esos instrumentos doctrinarios, formalizaron un desenvolvimiento hacia Nuestra América, que se mantiene hasta el día de hoy – aunque ya no exista la “amenaza comunista”- y que puede ser caracterizado por una política de EEUU identificada con aspectos claves: 1) manipulación de reconocimiento diplomático, 2) envió de tropas o buques de guerra para presionar a un país con una amenaza de invasión (Haití, República Dominicana, Panamá), 3) bloqueo comercial (caso Cuba), 4) financiamiento clandestino de oposiciones políticas cercanas a sus intereses, 5) fabricación de revoluciones o dictaduras (caso Guatemala 1954, por ejemplo) y 6) fomento de golpes militares.
En América Latina, comenzando en 1954 con el derrocamiento del Gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, se dieron un conjunto de Golpes de Estado, que se extendieron entre las décadas del 60 y 70. Entre 1962 y 1963, se produjo acciones de este tipo en Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras; en 1964 en Brasil y en 1966, de nuevo en Argentina. A finales de 1968 de nuevo en Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Esa actitud prepotente y dominante, puede ser ejemplificada en unas declaraciones dadas por el Presidente Lyndon Johnson en 1967: “Este Hemisferio es nuestro hogar. Aquí vivimos. Esta gente (los latinoamericanos) son nuestros vecinos. Si no podemos hacer que funcione (el modelo norteamericano) aquí dónde vivimos, entonces ¿cómo podemos esperar que funcione en cualquier otra parte?
Ese conjunto de intervenciones, fue una consecuencia directa del desarrollo de los denominados Programas de Ayuda Militar Bilaterales (MAP, por sus siglas en inglés), que establecieron una estrecha relación entre las fuerzas militares del área con las estructuras militares y de inteligencia de los EEUU. Es así como la ayuda militar de EEUU en la región, pasa de 200.000 US$ en 1952 a 51.3 millones US$ en 1965. Y en cuanto a la venta de armas, se observa un incrementó también notorio, pasando de un promedio de 332 millones US$ en el período 1950-1968 a más de 875.1 millones US$ en el lapso 1970-1974.
Hay que comprender, que ese accionar de los EEUU, se encuentra relacionado a una realidad concreta, propia de un proceso de acumulación que se da en lo interno y que puede ser caracterizado por: 1) el mantenimiento y expansión del complejo militar-industrial, 2) el acuerdo entre capital y trabajo y 3) la expansión a escala mundial de las grandes empresas norteamericanas. Es decir, no se trataba sólo de un problema ideológico entre capitalismo y el modelo socialista soviético. Sin duda, la excepción en este contexto de presiones y dominio de los EEUU se encuentra representada por la experiencia de la Revolución Cubana en 1959, pero fuera de esa realidad, el contexto de Nuestra América, desde la década de los 50 hasta finales de los años 90, fue la de dominación hegemónica de los EEUU.
La década de los 70, no fue una excepción a los lineamientos de la política de “contención” y a la persecución de cualquier movimiento social o político, que propusiera un cambio en las relaciones de subordinación y control ejercido por los EEUU, en complicidad con elites propietarias y comerciales en Nuestra América. Se trataba de la extensión de una Doctrina de Seguridad Nacional (pensada y formulada por los intereses de EEUU) a cada país dentro de la órbita de influencia Latinoamericana. Al respecto, hay que ubicar dentro de esa relación los golpes de estado dados en Brasil, en 1964, contra Joao Goulart; el derrocamiento de Gobiernos en Argentina en 1966 y 1976, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile durante el año 1973; el Golpe de Estado en Uruguay el mismo año. Es decir, la Doctrina de Seguridad Nacional, sustentada por el aparato económico, militar e ideológico de los EEUU, proponía la “ocupación” de las instituciones del Estado por los militares, a efectos que ese Estado, pueda “ser guiado” hacia su funcionamiento correcto, asumido esté como apertura comercial y económica, contención de las “amenazas” de movimientos sociales o políticos de izquierda.
La década de los 80 y 90. Crisis de las dictaduras y el impulso neoliberal
América Latina, experimentó, en las dos (2) últimas décadas del siglo XX un conjunto de procesos de cambio y presión política. Cambio, derivados de la llamada “ola de democratización”, que afectó a los regímenes militares y autoritaristas que se habían desarrollado bajo el cobijo de la Doctrina de Seguridad Nacional, enmarcada como indicamos, en la proyección de la Doctrina Truman sobre el área. La necesaria transición democrática, se inicia en Ecuador, República Dominicana y Perú a finales de los años 70, y terminó en Panamá, Chile y Paraguay en los años iniciales de la década del 90.
En términos económicos, esa “apertura” democrática, vino acompañada por presiones políticas en una doble dirección: 1) desde las elites ligadas en el sistema-mundo a los procesos de financiarización económica, impulsando programas de ajuste neoliberal, enmarcados dentro del denominado “Consenso de Washington” y 2) de resistencia, organización y protestas de movimientos sociales, opuestos a las políticas de reducción del tamaño del Estado de Bienestar.
La creciente “problematización” de Nuestra América, presentada así en una perspectiva de análisis determinadas por la influencia neocolonial en las ciencias sociales, estaba marcada por una identidad común: los inconvenientes causados al ajuste de la relación EEUU- América Latina, en un contexto global cambiante. Los EEUU, signados por la euforia de la crisis del modelo soviético y enmarcado en los lineamientos del denominado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNSA), habían adelantado un proceso de redefinición de su hegemonía. Ello se concretó en dos políticas específicas: 1) la supremacía militar y geopolítica en todas las esferas del mundo y 2) conformación de zonas o áreas de influencia económica, en términos del control de un espacio vital.
Con ello, llevaron adelante el ajuste neoliberal, asumido como reducción drástica de la presencia del Estado y sus actores en la vida pública. Era un proceso de “satanización” de lo público en favor de lo privado, que marcó el discurso político entre finales de los años 80 y finales de los 90. Podemos por lo tanto, definir estas políticas en su desarrollo por fases. Una fase, que caracterizamos como reducción funcional del Estado en lo económico, con una relación directamente proporcional con la crisis de la deuda externa, a través de la cual se extendió la tesis que sólo mediante la acción del “libre mercado”, se podía regular los indicadores macro-económicos. Esta fase contó con el apoyo irrestricto de una tecnoburocracia, que se asumió como el “agente del cambio”. La colisión con los sectores sociales, que se veían vulnerados en su condición de “sujetos de derecho” era inminente.
La segunda fase, de redimensionamiento de sus políticas económicas, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), terminó de conflictivizar la relación entre esa tecnoburocracia, instalada a través de la filtración de los partidos tradicionales, y los colectivos populares que se resistían y organizaban. En términos geopolíticos, el Consenso de Washington se desarrolló a través de tres (3) iniciativas concretas: 1) El NAFTA, como un esfuerzo de fortalecimiento de las fronteras de EEUU, ampliando su influencia hacia Canadá y México; 2) La iniciativa del Caribe, buscando consolidar la hegemonía de EEUU en esa área y que se concretó en las invasiones de Grenada y Panamá, la guerra de baja intensidad en Nicaragua contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como la desestabilización de los gobiernos de Jamaica y Guyana y 3) la promoción e impulso de la Iniciativa de las Américas (IA) y su posterior transformación en Área de Libre Comercio para Las Américas (ALCA).
La crisis de este ciclo neoliberal, estuvo asociado con la quiebra iniciada en 1987, cuando explotó en forma de crisis financiera, generando pérdidas diarias de más de 1 billón de dólares, así como la devaluación del dólar en cerca de un 40%, como consecuencia los EEUU adelantó el llamado Plan Brady: devaluación de la moneda, recuperación del déficit comercial, tasas de interés en fuerte caída, disminución de la necesidad de captar capitales del exterior y condonación parcial de la deuda externas del llamado “Tercer Mundo”. Todo ello como una respuesta al ciclo de protestas desatado en toda la región de América Latina y que amenazaba no sólo a los gobiernos aliados de los intereses de EEUU, sino también la propia hegemonía política en la zona.
La prepotencia de los EEUU, su accionar apoyando regímenes represivos así como el impulsó que dieron los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush al pensamiento neoliberal, cobraron su costo a finales del siglo XX. Las movilizaciones al estilo de piqueteros en Argentina, la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), o las explosiones sociales en Caracas, fueron solo adelantos del conflictivo retroceso que tuvo la tradicional hegemonía de los EEUU desde principios del siglo XXI.
América Latina y EEUU a inicios del siglo XXI
Los Inicios del siglo XXI, marcan en nuestro criterio la eclosión de la tesis de “presunción hegemónica” que caracterizaron la relación entre EEUU y Nuestra América desde 1945. Eso es, que los EEUU asumió que era más importante para cada país de la región, que lo que cada país era para los EEUU. Sin duda, el cambio más importante y que habla de la pérdida de esa hegemonía casi absoluta de la que gozó el coloso del norte durante la 2da mitad del siglo XX, viene dado por que las acciones más significativas no salen ya del Pentágono, el Departamento de estado o la CIA, sino que son dibujadas desde el Departamento del Tesoro, la reserva Federal o surgidas de agencias como la DEA. No significa que los EEUU dejan de actuar a través de sus órganos tradicionales de coerción, sino que se agregan otros, entre los que no se puede dejar de mencionar agencias como la USAID y la NED.
La estrategia de los EEUU pasó de un intervencionismo directo, característico del denominado hard power, sostenido esencialmente sobre el poderío militar desplegado alrededor del mundo y que en el caso de Nuestra América produjo numerosas intervenciones a lo largo del siglo XX, a otra estrategia identificada con Smart Power (o poder inteligente), que no fue más que una reacción a la creciente pérdida de poder y hegemonía de los EEUU. Los partidos históricos a través de los cuales ejerció liderazgo, tales como el PRI (México), el PS (Chile), Justicialista (Argentina), Acción Democrática (Venezuela), PSDB (Brasil), PRD (Panamá), resultaron desplazados por una “izquierda rejuvenecida”: PT (Brasil), Quinta República/PSUV (Venezuela), Izquierda del Justicialismo (Argentina), Movimiento Ciudadano (Ecuador), Frente Amplio (Uruguay), Frente Guasú (Paraguay). Ello obligó – y condicionó- el cambio en la estrategia de intervención.
Ya no se trataba de priorizar la acción militar directa, por el contrario se avanzó en el desarrollo de acciones encubiertas, bien a través de agencias de inteligencia privadas (privatización de la guerra) o mediante el financiamiento de organizaciones civiles, dentro de los países que se quieran desestabilizar o en otros casos, financiando y sustentando gobiernos títeres que actúan generando presión o sirviendo de base de las acciones encubiertas. Sobre este tema, hemos escrito en otras circunstancias, ejemplificando los casos de Colombia y Guyana, como Estados que sirven de puente para las agresiones características de la estrategia del poder inteligente (Smart power) en la región.
El siglo XXI, hizo más evidente las particularidades dentro de la unidad histórica de Nuestra América, particularmente en relación a cinco (5) puntos: 1) la naturaleza y la interdependencia económica y demográfica hacia los EEUU, 2) las formas en las que se relacionan con el sistema-mundo , 3) la fortaleza (o debilidad) de sus instituciones , 4) la naturaleza y formas de la democracia, en términos modélicos y 5)las diferencias en el abordaje de las comunidades indígenas en cada país. En este sentido, de diferencialidad, también hay otras de tipo geográfico, pues pueden identificarse cinco (5) grandes áreas: 1) México, América Central y las Islas del Caribe, 2) Brasil, 3) Chile, 4) Argentina y el resto de países del MERCOSUR y 5) los países andinos.
Así mezclando ambos indicadores podemos hacer balances socio-políticos. Los países del Caribe (incluyendo a México pero exceptuando a Cuba), son más dependientes económicamente de los EEUU, aunque en el caso de las islas del caribe, la estrategia desplegada por Petrocaribe ha incidido en una disminución geoestratégica de la influencia norteamericana en la zona. Chile y Brasil, así como Argentina y México, tienen una vinculación mayor con el sistema-mundo y sus mecanismos de presión, aunque en el caso de Brasil, su articulación como parte de los BRICS introduce una variante importante. También hay que señalar el papel geopolítico que juegan los recursos estratégico (petróleo, oro y minerales) en Venezuela. Bolivia, Ecuador, Venezuela introdujeron un gran debate en torno al funcionamiento del Estado nacional en el marco de democracias no estrictamente representativas, más bien ubicadas en lo que hemos dado en llamar democracias revolucionarias, construyendo nuevas instituciones que han tenido éxito en la incorporación de las poblaciones indígenas.
Los países centroamericanos, siguen siendo muy débiles en el funcionamiento institucional de sus democracias y mantienen un control “hegemónico” ejercido a través de los sectores propietarios ligados al control de la tierra, pero al mismo tiempo tienen una relación muy tensa en términos migratorios con los EEUU, que ha empeorado en sus perspectivas con la llegada al poder de Trump.
Debe señalarse, que la estrategia del Smart power, característica del Gobierno de Barack Obama (2008-2017) ha dado efectos, por un lado una abierta acción diplomática de bloqueo y presión, empleando esencialmente la OEA y el poderío económico de los EEUU, pero paralelamente adelantando acciones enmarcadas en estrategias de Guerra de IV generación, destinada a producir o incentivar conflictos de “baja intensidad”, que desestabilicen a los Gobiernos que caracterizan como “populismos radicales”, enmarcando con ello a las democracias radicales (y no representativas) de Suramérica, cuyos liderazgos (Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela) denunciaban las injerencias de EEUU.
En esa estrategia, se produce una nueva articulación: la Internacional de las Comunicaciones. Así América Latina pasó de estar amenazada por la “internacional de las espadas” desde la década de los 50 hasta mediados de los años 80, como consecuencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, que otorgó papel protagónico a los militares; a experimentar una nueva presión con la Internacional de Medios de Comunicación, que crean matrices opuestas a las fuerzas y movimientos anti-sistémicos y anti-imperialistas.
Hay casos, como los de Chile y Argentina, donde grandes medios que mantienen hoy posiciones de ataque contra las izquierdas renovadas, tuvieron un papel esencial durante las dictaduras. Nos referimos a los casos del Clarín en Argentina y El Mercurio en Chile. Pero también resaltan el papel de los medios en la articulación de ataques deslegitimadores de los Gobiernos de Dilma Rousseff (finalmente destituida sin mayores pruebas) y Lula da Silva en Brasil, principalmente a través del Folha de Sao Paolo, el semanario Veja o la Red O Globo. En Ecuador ocurre algo parecido contra el gobierno de Rafael Correa, a través de los diarios El Universo, Expreso y El Comercio, todos vinculados a grupos económicos con un papel muy oscuro durante las dictaduras en esa nación andina.
En Venezuela, los casos de El Nacional y el canal de TV, Globovisión, han sido bien retratados en coyunturas críticas como las de abril de 2002, por trabajos de algunos periodistas muy acuciosos que desmontaron la trama de relaciones de esa conspiración. Igual ocurre en casi toda Centroamérica. Es notorio por ejemplo, el papel de los medios en el proceso que condujo al derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, o el rol jugado por los medios en Paraguay durante el proceso contra Fernando Lugo en 2012. O las campañas en contra de los Kichner en Argentina. Todos ellos tienen como denominador común, lo que Atilio Borón define como concentración mediática, y que está relacionada con la estructuración de holdings trasnacionales ligados al control de medios impresos, audiovisuales y digitales en todo el mundo.
La batalla, en el marco de estas operaciones encubiertas o black operations, ha sido trasladada del campo de combate con tropas, al campo de la videopolítica o tecnopolítica. Se trata de adelantar sistemáticas acciones de “retroceso” (estrategia de rollerback), que den al traste no sólo con los avances en políticas sociales en Suramérica, sino también con las posiciones no alineadas a los intereses de EEUU en la zona.
Sin duda, hay una lucha por los relatos simbólicos y su relación con el ejercicio del poder, pero más allá de eso, la Internacional de la Comunicación, está asociada a la visibilización - ¿o invisibilización?- de determinados temas (económicos, sociales, culturales, políticos) relacionados de fondo con la idea de democracia y como se extiende – o no- al uso y acceso de las tecnologías de información y comunicación (TICS). Se trata de cómo se articulan procesos de desestabilización de Gobiernos democráticos, considerados como “amenazas” en las formulaciones de Seguridad y Defensa de los EEUU, con acciones enmarcadas en lo que se denomina Operaciones Psicológicas, así como el papel que juegan en la creación de matrices negativas relacionadas con el desenvolvimiento económico, la administración pública entre otros aspectos.
En el caso de Venezuela, hay estudios muy específicos que muestran como las matrices en torno a problemas como la inflación, el desabastecimiento, el acaparamiento está asociado a este escenario de Guerra No Convencional, destinado a lograr minar las bases de apoyo institucional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Algo muy parecido lleva a cabo en estos momentos esa Internacional de la Comunicación en Ecuador. La posibilidad que el candidato de Alianza País, Lenín Moreno se imponga, ha desatado las reacciones de los medios de comunicación de por sí enfrentados con el Gobierno de Rafael Correa. No hay duda, que la disputa se desarrolla en los medios digitales y audiovisuales y es ahí, donde debe plantearse un nuevo escenario de acción colectiva, que insista en la democratización de la acción comunicativa.
Dr. Juan Eduardo Romero J.
Director Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Estratégicos (CIEPES)
Historiador/politólogo
http://www.alainet.org/es/articulo/183573
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