Marzo 2017

Territorios indígenas: Agresión petrolera e impunidad oficial

José Luis Saavedra*

PUKARA

¿Acaso el hombre blanco sabe, que si él destruye el bosque, no habrá más lluvia? ¿Y si no hay más lluvia, no habrá nada que beber o comer?

Davi Kopenawa - Sabio Yanomami

El pasado 26 de enero el diario Página Siete publicó un interesante reportaje intitulado “Desarrollo económico o Madre Tierra, la disyuntiva nacional” en el que básicamente refiere el avasallamiento gubernamental, a través de los decretos de exploración hidrocarburífera en las áreas protegidas, y los correspondientes dilemas entre el desarrollo económico y la defensa de la Madre Tierra.

Sin embargo, mi amiga Fernanda Wanderley en el mismo periódico Página Siete (2 febrero 2017) manifestaba su desacuerdo en el sentido que dicho reportaje representaba no más el discurso gubernamental, al plantear la oposición dicotómica entre la protección de la Madre Tierra y la necesidad del desarrollo económico. En vez de ello, Wanderley plantea la necesidad de proyectar alternativas de superación del extractivismo y tender hacia un modelo sostenible.

Poco después Página Siete volvió a publicar otra columna de opinión con el título (creo) más preciso: “Penetración ilegal en áreas protegidas” (8 febrero 2017), en la que básicamente reitera y precisa el avasallamiento gubernamental de las áreas protegidas y territorios indígenas y la consiguiente radicalización extractivista y depredadora de las políticas económicas del gobierno. Como alternativa plantea la urgente necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas, tales como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Para todos los gobiernos del continente, sean estos o no «progresistas», las famosas disposiciones del Convenio de la OIT y de la Declaración sobre Derechos Indígenas de la ONU son pura literatura destinada a satisfacer, demagógicamente, una expectativa de la opinión pública sobre los pueblos indígenas. En realidad, en todo los países las políticas extractivas tienen prioridad sobre estos derechos o sobre el medio ambiente. La situación es más desesperada, y más decepcionante, en Bolivia, pues se esperaba que al tener un presidente de origen indígena su política al respecto sería sensiblemente diferente.

Fuente ilustración: http://www.revistaideele.com/ideele/content/petr%C3%B3leo-y-memoria-de-pueblos-invisibilizados

Por mi parte, considero que el reportaje de Página Siete, al igual que la opinión de Wanderley, son aportes muy importantes y es sobre estas bases que quiero intervenir en el debate, retomando los interesantes datos y desafíos propuestos, complementándolos con información precisa referida al avasallamiento gubernamental de las áreas protegidas y tratando de pensar los desafíos y las perspectivas emergentes de las necesidades y posibilidades económicas, sociales y culturales tanto de los pueblos indígenas como del conjunto de la sociedad y el Estado bolivianos.

Avasallamiento gubernamental de las territorialidades indígenas

Recapitulando lo reportado por Página Siete, considero que hay necesidad de especificar que el gobierno del presidente Evo, que años atrás llevó a cabo una interesante campaña para preservar y respetar los derechos de la Madre Tierra, no sólo en el interior del país, sino también en el exterior, desde aproximadamente el 2015 cambió radicalmente su discurso, sobre todo luego de promulgar el Decreto Supremo 2366, que precisamente habilita el ingreso empresarial y capitalista a las áreas protegidas para la exploración petrolera. El Gobierno aumentó en sólo ocho años de 21 a 99 áreas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB en calidad de áreas reservadas, que se encuentran en zonas tradicionales y no tradicionales.

Actualmente, hay al menos cinco leyes y decretos supremos que facilitan el ingreso de las empresas petroleras para la exploración de hidrocarburos en las áreas protegidas, reservas de la biosfera y territorios indígenas¹. Entre 2004 y 2015 se promulgaron al menos cinco normas en las que se reservan bloques enteros para la exploración petrolera y se modifican otras con el fin de facilitar el ingreso de esta actividad depredadora a las áreas protegidas. Según los expertos, «se trata de normas considerablemente permisivas” y (añadiría) abusivas, que no dialogan con la Ley 1333 de Medio Ambiente y menos con la Constitución Política del Estado.

Estas leyes y decretos fueron promulgados gradualmente desde el año 2004. Pero, es a partir del año 2015 cuando la frontera petrolera en el país llega a 99 bloques para la exploración y es en ese mismo año cuando se legaliza la exploración en las áreas protegidas, algo que hasta entonces se hacía pero sin la regulación ni reglamentación adecuada. Para la directora del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, «la política altamente extractivista del país generó una serie de normas intensamente flexibles en las diferentes instancias previas al ingreso a las áreas protegidas” (Página Siete, 26 enero 2017).

El 4 de noviembre del año 2004 se aprobó el primer decreto supremo, con el número 28467, que entregó 11 áreas reservadas a YPFB en bloques que se sobreponen a las áreas protegidas, ubicados en Madidi, Madre de Dios, Sécure y Aguaragüe, en y con una superficie total de 1.580,370 hectáreas. El DS 28467, de 2005, asigna igualmente a YPFB 11 bloques de interés hidrocarburífero. De éstos, cinco se encontraban en áreas no tradicionales, algunas colindantes o sobrepuestas con las áreas protegidas. El 13 de mayo de 2007 se derogó ese decreto y en su lugar se promulgó el 29130, en éste se reservan 21 bloques en favor de YPFB, nueve de éstos se encuentran en las áreas no tradicionales, algunas en parques nacionales como el Madidi o el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

El Reglamento de Áreas Reservadas a favor de YPFB nació el 2007, con apenas 21 áreas con el DS 29130. El artículo 2 fue modificado con el DS 29226 del 2007, que ascendió a 33 áreas de interés hidrocarburífero. El DS 29130 dispone la reserva y adjudicación de 33 áreas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB y establece los mecanismos de asociación a ser aplicados para que desarrolle actividades de exploración y explotación por sí misma o asociada con inversionistas privados: capitalistas extranjeros.

El 13 de mayo del año 2007, ya en el actual gobierno, se aprobó el Decreto Supremo 29130, por el que se ratifican las 22 áreas entregadas a YPFB el año 2004 y se le conceden otras 10. En total, el Gobierno del MAS autoriza a YPFB a trabajar en 21 áreas que se sobreponen a las áreas protegidas. Después, el 9 de agosto del año 2007, el Decreto Supremo 29226 amplía a 33 las áreas reservadas para YPFB, y prácticamente duplica la extensión de territorio con una superficie disponible de 2.991,971 hectáreas.

El 2010 se promulgó el DS 0676 que incrementa la frontera petrolera de 21 a 56 bloques². Entre éstos hay algunos que se hallan en áreas protegidas como Madidi o Iñao, este último afectado en un 90%. El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 0676 para ampliar las áreas reservadas y de interés hidrocarburífero de 33 a 56. El Decreto Supremo 0676 aprobado el 20 de octubre de 2010 aumenta así a 56 las áreas otorgadas, concedidas y adjudicadas a YPFB en zonas tradicionales y no tradicionales para las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos.

Las zonas elegidas serían administradas por la estatal petrolera YPFB. El decreto, promulgado el 20 de octubre de 2010, modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 29130, que reservaba 33 áreas a favor de YPFB, e incrementa en 23 el número de áreas con potencial. Según la norma, las áreas reservadas a favor de la petrolera estatal se otorgan, conceden y adjudican para su exploración y explotación por sí, y en asociación mediante contratos de servicio, generalmente con empresas imperialistas.

El gobierno del presidente Evo amplió pues de 33 a 56 el número de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos concedidas a YPFB, varias de ellas –reiteramos- ubicadas al interior del parque nacional Madidi, en el territorio indígena Isiboro Sécure y en las áreas de manejo integrado Aguaragüe e Iñao. El decreto 0676 adjudica a la petrolera estatal más de 690 mil hectáreas al interior del parque nacional Madidi; al menos 154 mil hectáreas divididas en cuatro bloques en el área de manejo integrado de Aguaragüe; 100 mil hectáreas en el área de manejo integrado de Iñao, y más de 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure.

Así, tres decretos supremos, dos de ellos aprobados en la actual administración de gobierno, autorizan a YPFB a incursionar en más de 6 millones de hectáreas de áreas protegidas. Pero la armadura legal para intervenir en las áreas protegidas, aún se completaría con la promulgación del Decreto Supremo 0676 promulgado el 20 de octubre del año 2010. Esta norma aumenta a 56 las áreas otorgadas, concedidas y adjudicadas a YPFB en zonas tradicionales y no tradicionales para las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos. Estas 56 áreas reservadas representan algo más de 1,5 millones de hectáreas que el gobierno boliviano ofrece a compañías petroleras extranjeras que quieran trabajar en asociación con YPFB para explorar y explotar hidrocarburos, de las cuales más de 723 mil hectáreas corresponden al TIPNIS. Así, con el DS 676, de 2010, las áreas subieron a 56 y con el DS 1203 del 2012 se modificó a 98 áreas.

El año 2015, el gobierno volvió a incrementar, mediante el Decreto Supremo 2549, de 56 a 99 las áreas reservadas para YPFB con fines de exploración³. Las áreas reservadas a favor de la petrolera estatal YPFB subieron pues de 98 a 99 con el Decreto Supremo 2549, aprobado el 14 de octubre en reunión de gabinete ministerial y que suma un área específica más, a la última modificación realizada el 2012, cuando el Decreto Supremo 676 aumentó de 56 a 98. Varios de estos bloques se encuentran en las 11 áreas protegidas y, por ende, cerca de los territorios indígenas. En la actualidad en nueve de estos territorios ya se realizan tareas de exploración.

Con el nuevo decreto se modifican varios nombres de las áreas reservadas consignadas el 2012. Pero en total suman más de 26,2 millones de hectáreas declaradas áreas reservadas para la estatal petrolera. Según detalla el mencionado decreto, “De conformidad a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, se reservan 99 áreas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, en calidad de Áreas Reservadas, que se encuentran en Zonas Tradicionales y Zonas No Tradicionales” (Ibíd.).

El decreto que antecedía al reciente era el 1203 de abril de 2012 que reservaba 98 áreas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, “en calidad de Áreas Reservadas, que se encuentran en Zonas Tradicionales y Zonas No Tradicionales”, según se lee en el decreto. La actual norma señala también que las 99 áreas reservadas “se otorgan, conceden y adjudican a la indicada empresa estatal (YPFB) a objeto de su exploración y explotación por sí misma, asociada con personas de derecho público, en sociedades o bajo el régimen de prestación de servicios” (Ibíd.).

En marzo de 2015 se promulgó otro decreto, el 2298, que modifica el DS 29033 Reglamento de Consulta (a pueblos indígenas) y Participación para Actividades Hidrocarburíferas, un proceso vital para el ingreso a estas áreas. La norma establece otros plazos y procedimientos para la consulta. El decreto 29033, promulgado en 2007, establecía las fases y organización de la consulta previa a las Comunidades Campesinas (CC) y Pueblos Indígenas y Originarios (PIO’s). Proponía una coordinación que incluía una convocatoria, una reunión preliminar y velaba porque los pueblos que serían afectados con el ingreso de la exploración petrolera tuvieran información plena, oportuna y veraz sobre Actividad, Obra o Proyecto hidrocarburífero (AOP).

En cambio, el DS 2298 propone procesos de consulta más acelerados y establece, entre varios otros puntos, que en caso de que los pueblos indígenas no se presentaren a las reuniones de coordinación, se podrá no más poner en marcha las tareas de exploración. Para los expertos, este decreto facilita el ingreso de las empresas petroleras a las áreas protegidas que posteriormente se consolidaría en mayo de 2015, cuando se promulga el DS 2366 que legaliza la exploración en esas reservas naturales. Recordemos que el 20 de mayo se promulgó el DS 2366 que estipula la apertura irrestricta de las áreas protegidas del país a las operaciones petroleras y permite el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas de exploración en estas zonas.

«Este (2015) es un año de transformaciones normativas que son permisivas e inéditas, como el DS 2366», dice Campanini. Este decreto, el DS 2366, facilita la perforación de pozos independientemente de los resultados que lancen los estudios de evaluación ambiental. Según se lee en el artículo 2, «El desarrollo de pozos exploratorios estará sujeto a un procedimiento independiente de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambiental, considerando los resultados de los estudios evaluatorios (sic), de reconocimiento y/o exploratorios para la identificación, ubicación y/o cualificación de los recursos hidrocarburíferos” (Artículo 2 del DS 2366).

Tras la promulgación del DS 2366, en 2015, el entonces Defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó que la norma vulnera siete artículos de la CPE y cinco tratados o acuerdos internacionales referidos tanto a los derechos de los pueblos indígenas como al medioambiente⁴. No obstante, ese mismo año, YPFB incrementó en un 40% el número de bloques, de 56 a 99, con la promulgación del Decreto Supremo 2549 del 14 de octubre.

«Hemos decidido, y quiero aclararles que tenemos todo el derecho, (de) hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas, (y) lo vamos a hacer con mucha fuerza”, afirmó durante su discurso de inauguración del V Congreso Internacional de YPFB Gas y Petróleo⁵. En la actualidad, cerca de 10 empresas transnacionales realizan exploración petrolera en bloques dentro o cerca de nueve áreas protegidas o parques nacionales: Iñao, Tariquía, Aguaragüe, Tipnis, Pilón Lajas, Madidi, Carrasco, Amboró y Manuripi. El mapa actual de las nuevas áreas de exploración y explotación hidrocarburífera está pues impactando fuertemente sobre las áreas protegidas y sobre los territorios indígenas porque son las últimas fronteras extractivistas.

Al presente los proyectos exploratorios se han enfocado en el norte amazónico⁶, donde, probablemente, se encuentran los lugares más biodiversos del país y donde hace unos meses se toparon además con población no contactada. Pero, además, son lugares donde hay antiguos bosques de castaña que son la base de la economía local. Se sabe que hay una dura negociación, porque todo el marco legal e institucional actual está en contra de las poblaciones indígenas (¡en pleno Estado plurinacional!) que son bastante frágiles y vulnerables, y que tienen pocos mecanismos para defenderse.

Conclusiones para seguir reflexionando

Aquí retomamos el segmento más sustancial de la interesante plática sostenida entre Amalia Pando y Cecilia Requena en el programa Cabildeo del 7 de febrero de 2017. Para ambas pensadoras y activistas el tema ambiental en el país, el argumento del respeto a la pacha mama, es uno de los más grandes fracasos de estos 11 años de des-gobierno, porque se esperaba que el presidente Evo fuera el líder mundial de la lucha por el medio ambiente.

Recordemos que el presidente Evo había sido honrado con un título honorífico muy interesante de héroe mundial de la Madre tierra en las NN.UU.⁷ (no es poca cosa), la Asamblea de las NN.UU. no dio este título a nadie antes. Evo era (ya no es) un referente mundial en la búsqueda de una (al menos una) forma de habitar este planeta sin destruirlo, respetando la naturaleza, la pacha mama y la Madre Tierra.

Hasta que llegó el TIPNIS, que fue el quiebre profundo y terminó de desnudar la política gubernamental de carácter extractivista, que es precisamente lo más opuesto a los derechos de la Madre Tierra. Y luego lo que ha ocurrido es que se ha ido confirmando esta visión y este camino depredador por el cual nos está llevando el gobierno con varios otros mega-proyectos, tanto que lo que viene después del Tipnis es la exploración petrolera en el norte paceño.

Precisamente por ello, hace muy poco, el pasado 6 de febrero los líderes indígenas tacanas han presentado una demanda ante la CIDH, porque la política gubernamental está afectando incluso a las poblaciones no contactadas. También tenemos el tema de las represas, por ejemplo Chepete Bala, Rositas, Riberao, que es binacional, sobre el rio Madera, que divide Brasil y Bolivia en el norte, y claramente es el proyecto que más le interesa al Brasil.

En general, estamos en contra ruta de la posibilidad de cimentar un camino viable para que el país pueda avanzar hacia el vivir bien, que implica conciliar nuestra existencia en el planeta con la vida propia del planeta, de la que dependemos vitalmente, especialmente del agua, el líquido elemento más severamente afectado por el extractivismo gubernamental.

Es irónico que el proyecto más grande del gobierno, que ya está retrasado en su inauguración, sea la producción de fertilizantes químicos. Hablamos de la Planta de Amoníaco y Urea en Bulo Bulo, donde estaríamos produciendo abono químico. Y el otro proyecto es la industrialización de los hidrocarburos, que lo que va a producir es plástico: propano y propileno⁸, como si hicieran falta más plásticos en este mundo, que se está ahogando en plásticos.

Estamos pues frente a un modelo gubernamental sin destino, inviable, es un callejón sin salida, entonces tenemos que empezar a repensar todo este modelo de desarrollo de represas, de monocultivos, de deforestación, de avasallamiento de áreas protegidas, de ciudades ultra contaminadas, todo eso lo tenemos que repensar y es lo que se está haciendo en el mundo entero (menos en Bolivia).

¿Hay salidas?, claro que las hay, y las salidas son a menudo más baratas, como es el caso de la energía renovable, resulta que ahora la energía renovable es más barata que la de origen fósil, lo único que hace falta es que nuestros gobernantes sean capaces de abrazar esas posibilidades u opciones alternativas. Recordemos que el sol, el viento, las caídas de agua y la biomasa son ejemplos de fuentes de energía renovables. Es hora pues de generar un verdadero proceso de cambio en nuestras vidas y en la vida misma del planeta.

¡Jallalla!

* José Luis Saavedra Intelectual quechua, militante katarista y profesor invitado en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, ambas de la hermana república del Perú.

¹ Cfr. “Al menos 5 normas facilitan el ingreso a tierras indígenas y parques nacionales” (Página Siete, jueves, 26 de enero de 2017).

² Cfr. “Bolivia ofrece a las petroleras más de 1,5 millones de hectáreas en áreas protegidas y territorios indígenas” (Bolpress, 26 octubre 2010).

₃ Cfr. “Áreas reservadas de YPFB suben a 99” (La Razón, 17 octubre 2015) y “Gobierno establece 99 áreas de interés hidrocarburífero” (El Deber, 18 octubre 2015)

⁴ Cfr. “Defensor: Ley para explorar parques semeja ley militar” (Los Tiempos, 7 enero 2016), “Aseguran que DS 2366 vulnera 5 tratados internacionales” (Erbol, 8 enero 2016), “Defensor pi de

vetar norma de explotación en áreas protegidas” (La Razón, 8 enero 2016) y “Defensor: Decreto afecta áreas protegidas, vulnera CPE y tratados internacionales” (Jornada, 8 enero 2016).

⁵ Cfr. “Presidente perfila en congreso internacional exploración petrolera ‘con mucha fuerza’ en área protegidas” (La Razón, 21 julio 2015) y “Evo: Entraremos a explorar ‘con mucha fuerza’ en

áreas protegidas” (La Razón, 22 julio 2015).

⁶ Cfr. “Comienza exploración petrolera en la amazonia boliviana” (Sol de Pando, 28 diciembre 2014) y “YPFB y PDVSA iniciaron exploración petrolera en el Norte Amazónico de Bolivia” (Sol de

Pando, 30 diciembre 2014).

⁷ Cfr. “La ONU declara ‘héroe mundial de la madre tierra’ al presidente Evo Morales” (Periódico La Jornada, 30 agosto 2009).

⁸ Hablamos de la Planta de Propileno y Polipropileno. Cfr. “Petroquímica de plásticos costará $US 2.200 MM; operará desde 2021” (La Razón, 14 abril 2016).

Fuente ilustración: http://eibecuador.blogspot.com

PUKARA Cultura sociedad y política de los pueblos originarios. Periódico Mensual Marzo 2017 Qollasuyu Bolivia Año 11 Número 127. Pp. 10,11,12.

http://www.periodicopukara.com/archivos/pukara-127.pdf

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