#NiUnaMenos. La violencia de género: un problema político

En el continente americano, desde los años noventa, los movimientos de mujeres vienen denunciando el carácter político de la violencia de género, siendo ésta al mismo tiempo resultado e instrumento del sistema de dominación patriarcal y sus prácticas de discriminación históricas, tan antiguas y arraigadas en la sociedad hasta hacerse “invisibles” y permear los distintos aspectos de la vida social. Se trata de una violencia en primer lugar sexista y misógina, pero también clasista, racista, ideológica, económica, política y religiosa, cometida contra las mujeres en cuanto mujeres dentro de un sistema que apunta a mantenerlas en una condición subalterna.

Las acciones de los movimientos feministas y de mujeres del continente a lo largo de estos años han ido visibilizando la responsabilidad no sólo social sino también institucional de la violencia de género: ya que las Instituciones cubren “un rol esencial en la reproducción de la violencia contra las mujeres, sea no implementando políticas y campañas de sensibilización adecuadas para contrastarla, sea actuando ellas mismas unas políticas discriminatorias que apuntan a conservar el estatus quo de disparidad entre los géneros”, como evidenciado en una investigación de la abogada y feminista Barbara Spinelli sobre el tema [1].

Frente a esta realidad, la articulación continental de los movimientos sociales feministas y de mujeres ha jugado, sobretodo en los últimos quince años, un rol clave para presionar los gobiernos a tomar medidas que apunten a garantizar los derechos humanos de las mujeres. En particular, a partir de procesos reales de denuncia social, junto también al compromiso institucional de mujeres del mundo académico y político, se ha logrado posicionar en las agendas legislativas de casi todos los países latinoamericanos el reconocimiento del crimen de femicidio (o inclusive de feminicidio, término más complejo que evidencia la responsabilidad de las instituciones y que se cataloga como “crimen de Estado”). El hecho de nombrar el femicidio/feminicidio ha permitido empezar a conocer las dimensiones reales de este grave problema, cuyas cifras son muy altas en toda Latinoamérica [2], para así generar acciones hacia un cambio social, cultural, legislativo, político.

En el marco de la Revolución Bolivariana, el gobierno venezolano se ha comprometido con los derechos de las mujeres, impulsando “políticas públicas, acciones legislativas, decisiones judiciales y múltiples medidas positivas para favorecer la superación de las formas de discriminación, desigualdades e iniquidades de género aún presentes en la sociedad venezolana “, como analizado en el informe [3] que la Red de Colectivos La Araña Feminista ha presentado a inicio de este año como contribución al Examen Periódico Universal (EPU)4 de la República Bolivariana de Venezuela.

El informe presentado por La Araña Feminista analiza avances y retos con respecto a los derechos humanos de las mujeres en el país, formulando recomendaciones específicas por cada tema en el cual aún falte ahondar para que éstos sean efectivos, garantizando “una mayor eficiencia en la ejecución de políticas públicas” e impulsando también “nuevas acciones en temas no abordados” . Si bien hay consideraciones específicas sobre la violencia de género, es necesario reconocer que ésta se caracteriza por violar los derechos humanos de las mujeres en general, y por eso hay que considerarla en todos sus aspectos.

Se habla entonces del derecho a decidir sobre el proprio cuerpo y la interrupción voluntaria del embarazo, (tema de salud pública que representa una deuda de la Revolución Bolivariana hacia los derechos de las mujeres); de derechos sexuales y reproductivos (el problema del embarazo adolescente, la mortalidad materna y la violencia obstétrica); del derecho a una vida libre de violencia (han habido avances legales y se han creado tribunales y dependencias fiscales específicos para los casos de violencia de género, pero siguen habiendo patrones de conductas machistas en quienes administran la justicia); de los derechos a la participación política de las mujeres (masiva en el territorio y en las organizaciones sectoriales, pero aún muy inferior en las instancias de poder con capacidad de toma de decisiones); del derecho a una educación libre de prejuicios de género y estereotipos sexistas; del derecho al trabajo, las políticas de cuidado y crianza y el ejercicio de la corresponsabilidad; incluyendo unas recomendaciones sobre prostitución, trata y tráfico de personas con fines sexuales.

En el contexto que actualmente vive la Revolución Bolivariana, caracterizado por ataques mediáticos, económicos y políticos por parte del capital transnacional y de las derechas nacionales y continentales, sin duda las mujeres constituyen un objetivo clave debido a su elevada participación política en los territorios. En este sentido, la guerra económica se ha nutrido de las desigualdades de género presentes en la sociedad venezolana: siendo las mujeres las encargadas culturalmente del cuidado de las hijas y los hijos, de las personas mayores y del hogar, han sido las principales afectadas, teniendo que dedicar mayores energías y tiempo para hacer frente a la desaparición de los productos de la cesta básica, de los pañales desechables, de los medicamentos.

Pero la guerra no se ha detenido en ese ámbito, atacando directamente a las mujeres chavistas de organizaciones de base o en cargos de gobierno. Amenazas, violaciones, mensajes ofensivos, hasta llegar al femicidio de mujeres activas políticamente en sus comunidades: ésta es la situación denunciada por Alejandra Laprea, del Colectivo feminista Tinta Violeta. “Ellas están haciendo irreversible nuestra revolución en lo más profundo del alma del pueblo, en nuestras comunidades. Son ellas y mujeres como ellas las que movilizan las bases, las que convierten en pueblo consciente a la “masa”, las que hacen posible la organización popular y la ejecución de políticas públicas como los consejos comunales o los CLAP. Ellas están envalentonando a la gente. Porque, si esa señora de más de 40 años, ex ama de casa, que quizá recientemente sacó el bachillerato en la misión Ribas, sale a la calle a tomar la palabra ¿quién no lo va a hacer? ¿quién no va a luchar por sus derechos, si ellas son las primeras en las filas de la revolución?... y eso las hace muy peligrosas y por eso las matan”, explica Alejandra Laprea.

“A las mujeres se nos cobra caro el tomar la palabra en público, el que metamos nuestra cuchara en la organización de nuestra sociedad y en las decisiones y acciones que esto implica. Se nos cobra como a cualquier otro revolucionario pero, también nos pasa factura el patriarcado. Esa factura del patriarcado a veces viene expresada en abuso o acoso sexual, a veces a través de amenazas a nuestras hijas o hijos, a veces se expresa poniendo en tela de juicio social que cumplamos en la familia, como madres e incluso se cuestiona lo que hemos construido como “ser mujer”. Todas estas acciones tienen como fin coartar la participación política de las mujeres que en el caso de la revolución significa coartar la participación de aproximadamente el 80% de las voceras de los consejos comunales, desarticular CLAPS, Comunas, entre otras organizaciones del poder popular que hemos creado y puesto a funcionar como el Nuevo Estado Revolucionario”, afirma Alejandra Laprea.

La violencia machista sin embargo no es prerrogativa solamente de las derechas: en seno a las mismas organizaciones e instituciones revolucionarias permanecen prácticas y actitudes patriarcales, que hacen necesaria una revisión constante y atenta para poderlas desenmascarar y enfrentar. Y si por un lado los dirigentes de los partidos políticos de la derecha están continuamente denigrando a las mujeres chavistas, algunos dirigentes de la revolución también han reproducido actitudes parecidas, como reclama en un reciente articulo muy crítico la periodista Indira Carpio.

“Una de las campañas sucias de la política venezolana en la actualidad consiste en (burlarse y) adivinar la paternidad de un supuesto embarazo de Lilian Tintori, la esposa del líder opositor preso Leopoldo López. Y si acaso todavía más retrogrado, condenarla porque abortaría” escribe Indira Carpio, “esto, como sino fuera suficiente el prontuario de López para mantenerlo tras las rejas”. Afirma Indira Carpio: “Si el machismo criollo tiene que hacer mierda los principios de la ideología que dicen practicar (el socialismo del siglo XXI) para mantenerse en el poder, se llevan por delante mujer, principios, y la ideología misma, entonces los infieles son sus militantes [4] .”

Alejandra Laprea, del Colectivo Tinta Violeta, también pone en evidencia el sustrato cultural machista que permea las organizaciones revolucionarias, y el necesario cambio cultural que hay que impulsar: “no es para que nos horroricemos o neguemos estas cosas, es para que tomemos consciencia que el patriarcado, al igual que los otros monstruos que reproducen el capitalismo, es decir el colonialismo y el racismo están sembrados desde hace mas de 500 años en Nuestramérica y en cada una de nosotras y nosotros y que nuestro deber revolucionario es revisarnos todas y todos y ver como los arrancamos de nuestra sociedad, de nuestras prácticas políticas y culturales.” Por su parte, durante el Congreso Venezolano de Mujeres del año pasado, el Gobierno Bolivariano afirmó su disposición a enfrentar todos los temas de género, sin tabúes.

[1] Barbara Spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Ed. Franco Angeli, Milano (2008)

[2] Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se registra un incremento de las cifras de violencia de género y femicidio/feminicidio en la región: en este caso también hay que precisar que eso se debe también a un mayor reconocimiento legal de los hechos de violencia de género, anteriormente no reconocidos como tales. Sin embargo, mientras la aplicación de la justicia a los culpables siga limitada, la violencia se sigue perpetrando: actualmente, según la ONU, existe un 98% de impunidad.