Diciembre 2016

Capitalismo Cooperativista, un repaso del conflicto minero en Bolivia

Juan Pablo Neri y Stasiek Czaplicki

En las últimas dos semanas, en Bolivia se vivió uno de los conflictos más violentos entre el Estado y las cooperativas mineras, con un saldo de 5 muertos y varias decenas de detenidos. Este conflicto revela las profundas contradicciones del progresismo en Bolivia, pues no sólo supuso la ruptura del gobierno con uno de sus principales aliados, sino que da cuenta de las formas en las que se ha renovado la economía capitalista, en el contexto del “proceso de cambio”. Para comprender el desarrollo hasta el presente del cooperativismo minero, como una burguesía en consolidación, y que no corresponde con el ideal cooperativista del actor social productivo, es necesario remontarse un poco al pasado.

Antecedentes del cooperativismo minero

A finales del siglo XX, la principal empresa minera del país era la estatal COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), cuya consolidación se da a raíz de la nacionalización minera de 1952. Las cooperativas arrendaban los yacimientos pertenecientes a esta empresa, llevando a cabo una actividad de tipo artesanal, entre trabajadores asociados. El giro de la economía cooperativista hacia ser una burguesía emergente se da a partir de la neoliberalización de la economía, a finales de los años 80. El Decreto Supremo 21060 de 1985 marca el inicio del neoliberalismo en Bolivia y, entre las medidas comprendidas en éste estaba la disolución y partición de la empresa estatal COMIBOL, que conllevó a la denominada relocalización minera: más de 30.000 trabajadores de la misma quedaron desempleados, debiendo migrar a los cinturones de pobreza en las ciudades, al campo (sobre todo a zonas de producción cocalera en el Chapare), o trasladarse al sector cooperativista.

En otras palabras, la participación de la Comibol en la minería en términos de valor de producción pasa del 80% en la era del post 1952 a un poco más de los 50% en 1986. Ese año su participacion baja históricamente por debajo de los 10%, situación que con ciertas fluctuaciones se mantiene desde el 2006 hasta ahora [1]

La mayor parte de las sociedades cooperativas, luego de la crisis de ese periodo, pasaron a tomar control de las minas abandonadas y cuyo rendimiento era más limitado. De hecho, si bien a partir de los últimos veinte años del siglo XX, la minería del Estado se replegó, expandiéndose la mediana minería y la minería cooperativista, este cambio tuvo lugar en un momento de declive de la economía minera. No obstante, la minería no deja de ser un sector económico clave, y una considerable fuente de acumulación de capital. De hecho este sector ha conocido un boom de inversiones entre el 2006 y 2009 superando los 1.200 millones de dólares, provenientes casi en su totalidad del sector privado [2]. A la par, los gobiernos neoliberales no sólo apoyaron en gran medida la privatización corporativa de la minería, sino también el fortalecimiento de las cooperativas, a través de apoyo financiero y técnico del gobierno.

El año 2011 la explotación minera de las cooperativas comprendía el 30% de las exportaciones mineras, constituyéndose en el segundo actor productivo minero más importante, después de las empresas mineras privadas[3]. Sin embargo, se trata de una explotación irracional, con una reinversión productiva incipiente, la intensificación y extensificación de la explotación se hallan determinadas por las fluctuaciones de los precios de minerales en el mercado internacional. Entonces, es un sector productivo con una amplia aunque irregular capacidad de acumulación de capital, que además cuenta con privilegios en términos de pago de regalías e impuestos por tratarse de un sector supuestamente de carácter social y solidario.

De la CPE a la Ley Minera

La Constitución reconoce a las sociedades cooperativas en general, como actores claves para la construcción de la economía plural. Las sociedades cooperativas consisten, a grandes rasgos, en grupos de trabajadores que realizan una actividad en cooperación, y se distribuyen de manera equitativa los beneficios de su trabajo. En este sentido, la Constitución establece que el Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro, y dispone como prioridad su promoción en actividades productivas (Artículo 310). En suma, la manera cómo se define a las sociedades cooperativas tiene que ver con el objetivo de lograr una economía basada en la equidad y la re-distribución de las riquezas.

La ambigüedad de este sector, en términos prácticos, hace que resulte cada vez más difícil conciliar la actividad minera cooperativista con el ideal plasmado en la Constitución de lo que debe ser una sociedad cooperativa. El texto constitucional define a las sociedades cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro (Artículo 310). Por otra parte, de acuerdo al tenor literal del texto constitucional, y a la voluntad del constituyente, esta forma de organización de la actividad minera debe contraria a cualquier forma de explotación laboral, prohibir incluso el trabajo infantil. De hecho el texto constitucional establece, por ejemplo, que se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil (Artículo 61), entre otras garantías frente a la explotación capitalista.

Sin embargo, pese a que en ciertos trabajos, las cooperativas son entendidas como obreros libres, desde el declive inevitable de la minería estatal, las sociedades cooperativas funcionaron más bien como asociaciones de empresarios propietarios de yacimientos mineralógicos y/o derechos de explotación.

Actualmente la principal crítica que se le hace al cooperativismo es la de encubrir bajo una faz social y obrera, lógicas de explotación capitalista paupérrimas. Esta forma precaria de capitalismo irracional que han desarrollado a lo largo del tiempo las sociedades cooperativas se debe también a la manera en la cual las mismas llevan a cabo su actividad minera y su acumulación de capital. En las sociedades cooperativas existen los socios, los peones asalariados y los ‘segundas manos’[4]. A diferencia de los primeros, los peones asalariados no tienen voz ni voto en las asambleas de las cooperativas, muchas veces son menores, expuestos a una explotación laboral.

Aprovechando estas relaciones de poder al interior de las cooperativas y del trato preferencial a cooperativas, en repetidas ocasiones el gobierno del MAS ha denunciado el trasposo de concesiones y trabajo en asociación entre cooperativas y transnacionales. Se trata de una figura mixta, actualmente ilegal, que permite a las transnacionales aprovechar de las ventajas de las cooperativas y del sistema de explotación establecido y consolidado en la última década. El resultado fue una recaudación por regalías para el estado que apenas alcanza en promedio el 8,8 % del valor de las exportaciones entre 2006 y 2011.

La acumulación del capital es incipiente, por un lado trabajan en yacimientos viejos y sobre-explotados. Por otro lado, porque el trabajo realizado por las sociedades cooperativas, al ser libre, muchas veces es estacional. Es decir, por un periodo de tiempo breve, se lleva a cabo una explotación exhaustiva de un yacimiento, para luego parar la actividad temporalmente. En efecto, la carencia de capital para inversión en innovaciones técnicas conllevan a que el trabajo de los cooperativistas, en los distintos eslabones de la cadena productiva, se dé en condiciones muy precarias y perjudiciales para ellos mismos.

Por último, El Artículo 369 de la Constitución reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, a la industria minera privada y a la cooperativa, señala al Estado como el sujeto que ejerce control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los referidos titulares de derechos mineros. Además las cooperativas mineras deben contribuir al desarrollo económico social del país. Asimismo el Estado reconoce y protege a las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. Finalmente, estas cooperativas mineras deben proteger el medio ambiente, y estar sujetas al control ambiental por parte del Estado. La producción minera por cooperativas es quizás una de las más contaminantes actualmente.

El fenómeno actual de consolidación de esta lumpen –burguesía es en gran medida el resultado de concesiones políticas hechas por el gobierno del MAS, para sostener una alianza político-electoral conveniente. En los últimos ocho años, el gobierno realizó una serie de políticas cuyo principal resultado fue el fortalecimiento de un sistema patronal cada vez más porfiado y, paradójicamente, con un amplio acervo de organización sindical. A cambio, el cooperativismo minero se ha consolidado como uno de los sectores fuertes del MAS, accediendo a importantes espacios de poder estatal, a nivel nacional notoriamente con siete legisladores, de los cuales dos son senadores, además de muchos otros cargos en el gobierno nacional. Se trata de una alianza en la cual el cooperativismo minero pone a su disposición su fuerza de movilización popular y respaldo incluso financiero al partido MAS para sus campañas y demostraciones.

La última y más importante concesión del gobierno fue la aprobación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada recién el año 2014. Cuando se aprobó la ley minera, el año 2014, el Vicepresidente del Estado declaró: “Hemos hecho una ley con olor a mina, con pijcho, con dinamita, con guardatojo, ese es el olor de esta ley. Atrás está quedando el perfume aristocrático de Sánchez de Lozada, que tanto daño nos ha hecho”. Sin embargo esta ley marca un nuevo momento en el neoliberalismo, favoreciendo no sólo a la lumpen-burguesía cooperativista, sino también a la gran minería privada y transnacional. Entre las principales afrentas de esta ley, pueden señalarse las siguientes.

• Todo el territorio boliviano es potencial área de explotación minera. Aunque el Artículo 95 de la ley establece excepciones para las áreas mineras, en todos los eslabones de la cadena productiva, más adelante señala que cualquiera de estas excepciones puede ser pasada por alto si se demuestra interés económico. Entonces, todo el territorio boliviano, incluyendo áreas protegidas, lugares sagrados o propiedades particulares pueden devenir en áreas de prospección, exploración y explotación, incluso mediante expropiación.

• Privatización del agua. Aunque la Constitución establece al agua como bien común y derecho fundamentalísimo, la Ley Minera faculta a los actores mineros a aprovechar los recursos hídricos del área donde llevan a cabo su actividad, incluso a través de cambiar cursos de aguas, siempre y cuando se haga con los respectivos cuidados. En la práctica esto no es más que una entelequia.

• Merma del derecho a Consulta. El derecho a la consulta previa queda reducido a una negociación favorable sobre todo al sector minero. En lo que respecta la exploración minera, ni siquiera es necesaria la consulta. Para los demás eslabones de la cadena productiva es necesaria la consulta, pero el procedimiento es ambiguo y favorece al actor productivo minero. La última palabra en la realización de cualquier consulta la tiene la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. En el caso de los pueblos indígenas, además deben certificar en primera instancia su condición de indígenas, para poder solicitar consulta.

• Criminalización de la protesta. La Ley Minera avanza incluso en materia penal, estableciendo puniciones a cualquier acción colectiva de oposición a la actividad productiva minera. La Ley establece que cualquier persona, individual o colectiva, que impida la realización de las actividades productivas mineras será sancionada según la normativa vigente. Las sanciones incluyen cárcel y pago al actor productivo minero por daños y perjuicios.

No puede comprenderse el conflicto minero sin antes considerar estas disposiciones legales que marcan un nuevo momento del neoliberalismo en Bolivia. La Ley Minera promulgada por el gobierno va contra la propia Constitución del Estado Plurinacional, a la vez que plantea un panorama por demás favorable para cualquier emprendimiento en este sector.

El conflicto: Capitalismo cooperativista frente al Estado

El conflicto minero que se vive actualmente se remonta a los primero años del gobierno del MAS. Sin embargo, se trata de una relación política ambigua con el Estado. Por un lado está la alianza entre este sector y el gobierno del MAS, en términos de apoyo social y electoral. Sin embargo, la relación de las cooperativas mineras con la empresa estatal COMIBOL siempre ha estado marcada por la tensión y el conflicto.[5]

La ambigüedad que caracteriza la relación entre un gobierno que se autoproclama progresista y un sector productivo que se supone tiene un carácter social y solidario, pero que en realidad es una burguesía en consolidación, se hizo evidente en el contexto de elaboración de la Ley Minera. Antes de la aprobación de esta norma, las cooperativas se movilizaron para modificar dos artículos, uno de ellos (el 151) establece la prohibición a las cooperativas de poder firmar contratos de asociación con empresas privadas. Si bien, para lograr la promulgación de la Ley, las cooperativas cedieron, la supresión de esta prohibición es una de las principales demandas de este sector.

El conflicto se reactiva a raíz de la decisión del gobierno de modificar la Ley de Cooperativas y, entre otras cosas, dar luz verde a la formación de sindicatos de trabajadores de las cooperativas. Sindicatos al interior de cooperativas: esto pareciera un oxímoron, sin embargo es una realidad que no todos los operarios de las cooperativas mineras son socios de las mismas, de hecho una gran mayoría son asalariados con condiciones de trabajo bastante precarias y sin posibilidad de ejercer el derecho fundamental a la asociación. Las demandas de los cooperativistas movilizados responden a intereses patronales, en un sector productivo que no cumple con las condiciones para ser cooperativa y que busca mantener privilegios. Entre estas demandas destacan:
- El no-reconocimiento del derecho a la sindicalización al interior de las cooperativas.
- La supresión de los artículos 132 y 151 que prohíben la firma de contratos de cooperativas con empresas privadas.
- La flexibilización de normas ambientales.
- La flexibilización de requisitos para cooperativas con deudas.

El saldo del conflicto que ha tenido lugar desde finales de Julio del presente año ha sido la muerte de 4 mineros cooperativistas, la muerte del Viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, luego de haber sido retenido por los cooperativistas en Panduro, uno de los puntos de bloqueo de caminos, más de 30 cooperativistas arrestados y la aparente ruptura de la alianza entre el gobierno y las cooperativas. El gobierno del MAS señaló, el día de hoy (28 de agosto de 2016), que se habría tratado intento de golpe al presidente Evo Morales, capitalizando de esta manera políticamente estos sucesos trágicos. Sin embargo, poco se ha discutido sobre la raíz de este conflicto y lo que él mismo devela sobre lo que sucede en la Bolivia progresista.

En cualquier lugar del mundo, una burguesía a la que se le otorgan demasiadas concesiones, sencillamente, va a esperar siempre más. Pero, en este caso, las consecuencias nefastas de un neoliberalismo maquillado de socialismo multicultural son cada vez más evidentes. Bolivia es testigo de los excesos a los que puede llegar una burguesía continuamente empoderada, así como las contradicciones de un gobierno que ha perdido todo sentido de orientación.


[1] Diaz, Vladimir (2011) La vigencia de la legislación neoliberal en Minería, En: Petropress (27), pp.22-27.
[2] Diaz, Vladimir (2011) La minería bajo el dominio de las transnacionales, En: Petropress (26), pp. 21-26
[3] Francescone Kirsten; Diaz, Vladimir (2011) La minería bajo el dominio de las transnacionales, En: Petropress (15), pp. 32-41.
[4] Absi, Pascale (2009). Los ministros del diablo. El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí. La Paz –Bolivia: Plural Editores.
[5]En el último decenio, el conflicto entre mineros cooperativistas y mineros sindicalizados de la COMIBOL ha sido una constante, y se ha reactivo de manera intermitente. Cada enfrentamiento dejó, en reiteradas ocasiones un saldo considerable de heridos y varios muertos. El último enfrentamiento tuvo lugar en 2012, cuando los cooperativistas mineros lanzaron dinamitas al interior de la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, donde murió un minero y nueve resultaron heridos. La prensa oficial del gobierno señaló que se trató de un accidente.

http://www.zur.org.uy/content/capitalismo-cooperativista-un-repaso-del-conflicto-minero-en-bolivia









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