Diciembre 2016

ROL DE LA EDUCACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL

El Imperativo de Nuevas Búsquedas en América Latina

Por JORGE RETANA YARTO.

1.- Consideraciones Preliminares.

El empoderamiento sin precedentes del crimen transnacional por la vía fáctica en nuestro país, con todas sus acciones, impactos, ámbitos sociales de incidencia y consecuencias, es el problema fundamental que confrontamos, porque condensa el conjunto de fallas estructurales de nuestro proceso de desarrollo nacional. Es entonces, síntesis de múltiples determinaciones en los distintos órdenes de lo social, al grado de que ha puesto en una severa crisis las instituciones de seguridad, defensa e inteligencia y gobernabilidad del Estado Mexicano.

Dicho problema se ha atacado históricamente, mediante un conjunto de políticas públicas que conformaron lo que en el ámbito de la ONU se denominó “política de control estratégico”, pero que nosotros situamos en su origen, en las reuniones internacionales de la entonces Sociedad de las Naciones para el control del comercio del opio en la región asiática, en los albores del siglo XX, hasta conformar varias décadas después, un paradigma que se extendió y se volvió el referente fundamental de la interpretación, análisis, aplicación de políticas y visualización de soluciones posibles, en un entorno de cooperación internacional, sintetizado en el prohibicionismo de la producción, comercio y consumo de drogas ilícitas, y del combate militarizado a las organizaciones que han universalizado su producción, comercio y distribución, y masificado su consumo.

Dicho paradigma, no ha triunfado en ninguna parte del mundo en sus términos racionalmente planteados: el control del fenómeno, por lo que es un paradigma fallido que se mantiene vigente por la fuerza ideológico-cultural, política, policiaca y militar de sus impulsores: las más poderosas potencias occidentales con EUA al frente.

Por ello, una tarea fundamental, es la sustitución del mismo por otro que pueda partir de la base estructural de la sociedad, porque es este espacio el que han invadido y del que se ha apropiado bajo su lógica criminal y violenta el crimen transnacional, imponiendo un orden criminal que rompió el tejido social y colapsó las normas de la convivencia armónica y pacífica como vía para lograr objetivos superiores de desarrollo, y que capturó segmentos importantes de diversas instituciones del Estado y de los tres poderes de la República, así como espacios amplios de la sociedad civil, provocando una severa crisis humana en los términos en que la concibe las Naciones Unidas, a partir de la enunciación de más de 30 derechos humanos inalienables que el Estado Nacional debe garantizar, y que en México, se violan sistemáticamente, igual que lo hace la propia criminalidad transnacional, aunque por razones muy distintas y bajo supuestos diferentes, pero con el mismo resultado.

A lo antes planteado, con las muy diversas aristas que el tema tiene, se ha referido el Secretario de la Defena en México, General Salvador Cienfuegos Zepeda, con un discurso hasta hoy inusual que ha levantado una polémica, lamentablemente restringida a ciertos círculos periodísticos y sociales. Destacamos cuatro ejes sustantivos de dicha alocución:

1. El ejército mexicano ha deformado su naturaleza militar al estar incorporado a desarrollar tareas de seguridad pública;

2. se ha expuesto sobradamente al hacerlo sin un marco jurídico-constitucional adecuado;

3. los militares mexicanos hoy dudan sobre seguir en esta ruta o desobedecer, porque el castigo por esto último sería mejor que otro tipo de juicios y castigos de persistir en funcionanes de seguridad pública; y por tanto, el ejército mexicano pide regresar a sus cuarteles y dejar que los cuerpos policiacos hagan su trabajo en la seguridad pública. (http://www.milenio.com/policia/salvador_cienfuegos-ejercito-militares_estudian-perseguir_delincuentes-milenio_0_862113904.html)

Mi apreciaciación es que esto se esperaba desde hace por lo menos los últimos tres años, era predecible dada la cuota de sangre y desprestigio cubierta por el ejército mexicano, sin resultados trascendentes y sin la regularización de su papel en la problemática del tráfico de estupefacientes y el crimen transnacional.

En realidad, en México confrontamos una cuádruple crisis: de la seguridad pública, la seguridad interior (está hoy en el Congreso, una Inicitiva de Ley en esta materia, muy polémica en sus contenidos también), la seguridad nacional y la seguridad humana. Problema grave, sin duda, que por momentos parece desbordarse, pero afortunadamente no es así aún.

En consecuencia, valoraremos en este ensayo, el inicio de una vía distinta, opuesta, en términos de una primera aproximación, teniendo a la educación, en su sentido amplio (no, especialmente, escolarizado) como uno de los ejes sustantivos que conduzcan a un nuevo paradigma. Más urgente hoy, cuando el escenario general de nuestras relaciones bilaterales con EUA se ha modificado sustancialmente con las perspectivas que ofrece hoy la elección del nuevo Presidente en los EUA, y la concepción que el mismo tiene de las relaciones con México, y particularmente en el tema de la seguridad bilateral y hemisférica que es, resolverlo mediante la reorganización y el reforzamiento de las fuerzas armadas en los EUA.

2.- Tesis Interpretativa y Alcance Conceptual.

Nuestra tesis es que la problemática de las drogas, la criminalidad transnacional, el consumo, sus organizaciones, sus relaciones, la cultura que proyectan, es un tema de las instituciones formativas de la sociedad, no un tema criminal, en su origen y desarrollo, en sus diversas vertientes, así como lo es también de los grandes actores de la sociedad nacional. La educación ha sido relegada desde hace mucho tiempo, como eje de solidez en la introyección de contenidos significativos en la sociedad mexicana, declinando el papel esencialmente formativo de la comunidad social educativa, y se lo ha suplantado por un conjunto de políticas públicas de control social en el sector y de carácter comunicacional-mediático superficial, simulador, manipulador, competitivo, desinformativo y represivo, que no fueron capaces de detener la profundizaron actual del quebranto de lo familiar, lo social, institucional y nacional en amplias zonas de la geografía de nuestro país, y en amplios segmentos de la sociedad nacional. Es urgente retomar la esencia de la comunidad educativa que conforma la Nación mexicana.

Estamos, no obstante, muy lejos de considerar, dos cuestiones fundamentales: que el Estado mexicano debiera renunciar al uso de la fuerza coercitiva ante el problema en curso, y que un solo tipo de política pública, tanto en sus aspectos normativos como de gestión (como es el caso de nuestra aproximación al rol de la educación dentro de esta problemática) pueda abatir un problema que por su origen, naturaleza y esencia es multidimensional, multifactorial y multicausal. Hablamos de ejes estratégicos con una determinada gravitación social, no de soluciones unidireccionales.

3.- Referentes Internacionales y Caso Mexicano.

En los países más importantes de Europa Occidental, se ha venido construyendo desde hace varios años, un paradigma denominado preventivo, en oposición al de tipo prohibicionista y militarizado, rehuyendo el enfoque central de enfrentar el problema con las fortalezas coercitivas del Estado, sin que ello implique renunciar a lo que es una atribución sustantiva del Estado moderno: el uso no discrecional de la capacidad de coacción, incluso armada, sin que sea éste último, el eje principal de los esfuerzos.

En México muy tímidamente, se trata de seguir con cierta gradualidad esta ruta (hay distintos ordenamientos legales con dicho contenido y dirección), pero nuevamente se yerra, ya que México no es un país esencialmente consumidor de estupefacientes prohibidos, aunque su consumo ha aumentado en los últimos años. No es, por tanto un tema básico de la salud pública, sino otro relativo a un poder paralelo al Estado que ha retado por la vía armada y arrebatado parcialmente, las potestades constitucionales exclusivas del mismo sobre todo el territorio nacional, trátese de la economía criminal, del tráfico de drogas, del uso de la fuerza armada, de la soberanía del territorio o de la vigencia del orden jurídico, obviamente, por la vía fáctica.

Consiguientemente, nos sumamos a esta corriente revisionista que ha surgido en el subcontinente latinoamericano, más allá de la idea de la legalización parcial de una u otra clase de estupefacientes, que si bien, rompe muy parcialmente con el paradigma en vigor, no resuelve realmente nada dada la amplitud y complejidad del tema en cuestión. El problema de las drogas y sus organizaciones es un tema institucional formativo, de educación y no de criminalidad, que al convertirse en grave problema social, debe abordarse bajo su esencia, más aún, luego de décadas de intentos fallidos para resolverlo por la vía criminal.

4.- Los Informes Internacionales sobre México, Educación y Distribución del Ingreso.

El Índice de Paz Global 2016, presentado por iniciativa del Business for Peace del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Institute for Economics and Peace, estableció que de 163 países que fueron evaluados en rubros como: desplazados por la violencia, nivel de militarización, conflictos internos y externos, así como nivel de seguridad ciudadana, nuestro país ocupa el lugar 140 con una tendencia negativa. Está dentro de los 25 países más violentos del mundo, en los que se encuentran Irak, Afganistán y Siria, por debajo de Turquía, Egipto, Irán, Venezuela e India. Y por arriba de Líbano, Colombia y Yemen que ocupan los lugares, 145 al 147. 

México está por debajo de la media relativa a la paz, debido principalmente, a tres factores: el conflicto interno ocasionado por el crimen organizado, el alto índice de desplazados por la violencia, y el alto grado de militarización. En materia de conflicto interno, el nivel de este dentro del territorio nacional, es similar a los de Afganistán e Irak, aunque las causas son diferentes. En el caso de nuestro país, explicó, ese conflicto tiene que ver con el fenómeno del crimen organizado. Patricia De Obeso, representante en nuestro país, dio a conocer que México es de los 30 países con el mayor impacto económico a causa de la violencia. Señaló que ésta le costó a nuestro país en el último año (2015), casi $2.2 billones de pesos (17 mil pesos per cápita), lo que equivale al 13% del PIB o Producto Interno Bruto (cuantificando variables como, inversión en policía, militarización, gastos en seguridad privada, costos indirectos por la inseguridad, en actividades que se dejan de realizar a causa de ella), agregando que pese a que en el país se ha aumentado la inversión para atender el problema de la violencia, no se ha logrado reducir sus niveles. (https://www.esglobal.org/indice-de-paz-de-mexico-2016/)

En materia educativa, igualmente que en seguridad, la publicación de planes y decretos no cambia nuestra adversa realidad:

En el caso de preescolar, el país tiene una cobertura neta de 71.3 por ciento, siendo Tabasco el estado que, sorpresivamente, se acerca más a la cobertura universal en este nivel educativo (91 por ciento). En cambio, Quintana Roo (con una cobertura neta de 57.7 por ciento), Baja California (con 58.3 por ciento) y Chihuahua (con 59.6 por ciento), que son los estados más atrasados en sus esfuerzos para garantizar oportunidades educativas a los niños de 3 a 6 años. Hace más de 20 años se estableció el derecho a la educación secundaria: la cobertura neta a nivel nacional es de 84.9 por ciento. Además, 16 estados están por debajo de la media nacional. Entre éstos, los que presentan los menores niveles de cobertura de secundaria son lo que cuentan con mayor nivel de marginación. Chiapas, por ejemplo, tiene una cobertura neta de sólo 72.2 por ciento en secundaria. Y para los años 2013-2014, se conoció que la cobertura de acceso a la educación media superior, es la más alta en el D.F. con 83.6%, la más baja es Guerrero con 43.6% y el promedio nacional es de 54.8%. (http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2015/11/02/desigualdades-educativas-el-panorama-educativo-de-mexico/)

En suma, las desigualdades en el acceso educativo son parte sustantiva de la gran desigualdad imperante en México en la distribución del ingreso, sobre lo cual, según la OCDE: la ampliación de la brecha ha llevado a que 10% de los hogares que están en el vértice de la pirámide, perciban un ingreso 30.5 veces mayor que el 10% de los hogares más pobres, pero además, su ingreso actual medido en términos reales, es inferior al que percibían en 1984, ya que, durante los años de la “década perdida” (años 80) el 10% de los hogares más ricos tenía un ingreso 22 veces mayor que el de los más pobres. Evidentemente, la brecha se amplió. (http://www.jornada.unam.mx/2015/05/22/economia/027n1eco).

De igual manera, la distribución de la renta nacional, no medida en deciles, sino en términos de porcentaje para el trabajo y para el capital: tenemos que en los años 80, la proporción era 48% para el trabajo y 52% para el capital, hoy las proporciones cambiaron drásticamente, 76% para el capital y 24% para el trabajo (Observatorio de Salarios, Informe 2016, Universidad Iberoamericana, http://redsalarios.org/informes/leer/presentacion_del_informe_2016_del_observatorio_de_salarios/57)

Es decir, hoy la brecha entre los extremos de la sociedad mexicana, es mucho mayor que en los años 80, la peor década posterior a la segunda guerra mundial. Esto ha constituido una guerra disfrazada, soterrada por la apropiación del ingreso nacional en pocas manos y progresivamente. Es una manifestación brutal de violencia social contra los más vulnerables. En tales condiciones, no es tampoco accidental el auge sin precedentes de la criminalidad, su máximo empoderamiento, la corrupción pública desbordada y la moneda de intercambio de la ilegalidad por bienestar social pasajero.

Esta mayúscula adversidad socio-económica que comprende a millones de mexicanos, no es tampoco ajena al auge de la incorporación de familias enteras a las filas de la criminalidad transnacional, cuando se cancelan las expectativas sociales y se entra en la desesperanza total, ya que se puede llegar a percibir aquella como una opción viable, erróneamente.

Otro de los ejes estratégicos de la reconstrucción social, debe ser el abatimiento de esta obscena distribución de la riqueza en México, que ha sido una infame y cruel reforma estructural desde décadas atrás a la sociedad mexicana.

5.- La Sociedad como Comunidad Educativa.

Asumiendo el concepto que aporta Urie Brofenbrenner (psicólogo estadounidense, generador de teorías y estudios experimentales sobre la influencia del entorno en el desarrollo del sujeto), la comunidad educativa es un sistema abierto que se nutre de elementos de un sistema más amplio y de sus interacciones dentro de ese sistema (en la sociedad, política, cultura, ideología, economía). Aplicando la clasificación de Bronfenbrenner (1987) la familia y la escuela serían microsistemas, la comunidad educativa sería el mesosistema en el que ambos se relacionan y la sociedad en general formaría el macrosistema. Todos con una interrelación orgánica e inter-influyentes.

Partiendo del nivel macro, la sociedad mexicana es, como los niveles precedentes, entre muchas cosas más, una comunidad educativa, es decir, un espacio material en donde se originan y desarrollan un conjunto de instituciones, relaciones interpersonales y organizativas que interactúan para generar, fomentar y hacer crecer una serie de valores y contenidos significativos, formalmente (como los sistemas escolarizados) e informalmente (como las distintas organizaciones de la sociedad civil), lo cual no conforma espacios rígidos de interacción social, sino flexibles, en los cuales los poderes públicos deben coadyuvar a su impulso y desarrollo y a garantizar el libre fluir de tales valores y contenidos sociales significativos, formativos. Todo ello, en el contexto siempre presente de una ideología y cultura dominante creada y desarrollada desde el propio poder público, como espacio de hegemonía del grupo en el poder, cuyos contenidos se expresan en el universo de la sociedad como comunidad formativa, la cual acepta, refuerza o debilita en su evolución social, dentro de lo cual, la familia y la escuela (nivel micro) ocupan un lugar relevante.

Esta conceptualización asume una gravitación sustantiva para ser entendida y desarrollada como uno de los ejes alternativos de ataque a las problemáticas profundas, de orden sistémico, que afecta el cuerpo social al impactar y enfermar el “alma de la sociedad”, es decir, la sustancia en valores y contenidos formativos. De allí que los procesos de ruptura del tejido social y familiar, el colapso de sus instituciones formativas y la crisis de sus contenidos significativos y formativos (es decir, el debilitamiento esencial de los tres niveles educativos), generan un proceso avanzado de descomposición social y fragilidad de las instituciones del Estado, afectando el conjunto de las relaciones sociedad-poderes públicos, es decir, el Pacto Social contenido en el marco constitucional.

No es entonces casual que tales crisis de los tres sistemas educativos afecten la vigencia del orden jurídico, del conjunto de las relaciones políticas y hagan emerger con toda crudeza los elementos de coerción, fuerza y violencia armada desde el Estado ejercida sobre los distintos grupos de la sociedad civil, tanto los ubicados dentro del orden jurídico, como los que actúan fuera del mismo.

El actor emergente que ha coadyuvado significativamente al surgimiento y desarrollo hasta un nivel crítico, agudo, es el actor criminal, las organizaciones transnacionales de la criminalidad que han hecho de la vulneración del orden constitucional una forma muy peculiar de vida (y que por cierto, también desde el poder público se ha vulnerado por décadas), pero ello no hubiera trascendido tanto al orden político social, si con ello no hubieran desafiado por la violencia armada y el poder de facto, las potestades constitucionales del Estado, en la política, la economía, lo jurídico, lo social, y proyectado una cultura de violencia e ilegalidad que premia al transgresor, volviéndose para muchos, un modelo a seguir ante una adversidad social que no permite generar expectativas distintas (en grupos sociales marginados) de mayor nivel de bienestar.

Adicionalmente, la problemática que vive México sobre este tema, que forma parte de una compleja y desfavorable trama mundial, está severamente interferida por los poderes dominantes en las relaciones internacionales, en el sistema mundial institucional interestatal, quienes han generado (con los EUA al frente) un paradigma que al fracasar como vía globalmente consensuada (a través del sistema de Naciones Unidas) para enfrentar y solucionar el problema, se ha convertido en una falsificación ideológica con fines de geopolítica hegemónica, es decir, de dominio político regional y global, mediante la cual, el aparato de Estado, de poder de los EUA, expresa lo que algunos han llamado el “poder duro” (los aspectos coercitivos, la fuerza policiaca y militar) y el “poder blando” (fortalezas ideológicas, sociales, culturales y educativas), dejando un espacio muy breve para la toma y ejecución de iniciativas propias a las cuales, en el caso mexicano, casi se ha renunciado voluntariamente, dejando prácticamente indefensa a la sociedad mexicana ante los estragos de un paradigma fallido que en sus efectos de devastación social parece no tener fin ni límites.

En tales condiciones, no parece ni extraño ni casual que surjan iniciativas que deforman lo que es una problemática social y política, al pretender encauzarla hacia “principios de solución individual”: que cada mexicano pueda tener un arma para defenderse de las organizaciones criminales. Ya Maquiavelo mencionó que cuando el Estado (El Príncipe) no logra garantizar la seguridad de los súbitos, debe armarlos para que se defiendan por sí mismos.

Y son precisamente este tipo de enfoques simplistas, en el contexto de un auge del individualismo competitivo (o de la “selección natural”, como diría Darwin), las que impiden rehacer y fluir a la sociedad como una comunidad educativa, formativa de valores significativos, dentro de lo cual, la autoridad pública debe asumir plenamente su rol y responsabilidad ofreciendo salidas distintas al escenario lastimoso actual y analizando aquellas que surjan desde la sociedad civil seriamente, que al cabo, ello es parte de las funciones y obligaciones de gobierno.

Tampoco es casual, sino representativo, que sea un Senador de la derecha mexicana -cuyos gobernantes de su partido (PAN) contribuyeron considerablemente (V. Fox y F. Calderón) a la devastación social actual, al sometimiento a las políticas transnacionales de los EUA, y a la esterilidad intelectual desde el gobierno en esta materia- quien venga a darse “golpes de pecho” con esta iniciativa absurda y pueril, poco seria que devalúa su investidura. Son los enfoques típicos de la derecha tradicional mexicana. Ya antes , sectores de esta misma derecha, promovieron la pena de muerte.

Y decimos que “la pesadilla-realidad mexicana” parece no tener fin, porque el nuevo y flamante Presidente de los EUA, con una muy vieja y retrógrada ideología política, ha manifestado su voluntad de desbloquear todas las iniciativas que han afectado la expansión de las fuerzas armadas de su país (ejército, marina, policía), para enderezar su acción contra tales organizaciones de la criminalidad, y contra etnias nacionales como los musulmanes y los latinos, legales e ilegales, mayormente contra estos últimos, lo que augura un reforzamiento del paradigma fracasado, prohibicionista y militarista, a pesar de la legalización para usos recreativos de la cannabis en el Estado de California, sin que hasta el momento, veamos visos de la reacción desde el poder público que la aguda crisis social que vivimos demanda con urgencia, como caso de prioridad nacional.

A todo esto nos referíamos al principio de nuestra exposición, cuando conceptualizamos la problemática criminal como multifacética, multidimensional y multicausal, que demanda enfoques distintos, ejes diversos a los ensayados y fracasados hasta hoy; en suma, nuevas políticas públicas con filosofía social distinta.

6.- Retomando la Comunidad Social Educativa.

En el México de hoy, la rehechura del tejido social pasa indispensablemente, por la recomposición familiar, a partir de nuevos contenidos significativos que nucleen a sus miembros, revirtiendo el lamentable hecho actual -decenas de miles de veces repetido- en donde familias enteras son fundadores, colaboradores y/o actores de las organizaciones criminales, en su vertiente de seguridad pública y seguridad nacional, o en las subestructuras criminales de complicidad en donde se aglutinan funcionarios públicos y criminales que viven de los recursos que aporta la sociedad, los cuales roban o envilecen usándolos como trofeo de sus fechorías. Si no hay respeto, sometimiento incondicional desde el Estado al Orden Jurídico, como límite preventivo para la acción arbitraria del poder público, tal como ha sido concebido en el Estado Moderno, no podrá permear hacia los distintos niveles de la comunidad educativa-formativa. Pienso y parafraseo a Confucio, un educador y gobernante de hace más de 2,00o años: la mejor forma de gobernar es con el buen ejemplo.

Para nuestra disertación, ejemplificaremos nuestras ideas y tesis, centrándonos en cuatro áreas privilegiadas de la sociedad:

1. el gobierno y la necesidad del cambio educativo impulsado desde allí;

2. las iglesias, los distintos cultos religiosos, especialmente, el de la iglesia a católica romana;

3. los partidos políticos; y

4. los medios de comunicación masiva y electrónica, valorando en ellos la urgente recuperación y potenciación de su rol educativo-formativo, lo cual es, en esencia, generalizable a todos los actores de la sociedad civil organizados.

6.1 La autoridad pública debe impulsar un cambio educativo que conlleve contenidos formativos significativos de respeto a la vida, a la convivencia social, al orden legal, al rechazo de estimulantes perniciosos, al valor de la soberanía como espacio vital para la Nación, a la fertilidad intelectual desde la sociedad civil, al respeto universal e irrestricto a los derechos humanos, a la disputa legal y legítima por el poder, a la tolerancia política y la inclusión social, como praxis generalizada, desde el poder y la sociedad, es decir, retomar con toda la fuerza posible, la educación cívica como parte fundamental de la formación escolarizada, pero consensuada con todos quienes educan y forman, sin excepciones, ni simulaciones políticas de “consulta y discusión”, es decir, una nueva cultura educativa y formativa, sustancial para el futuro de nuestro país, que trasciende a los funcionarios del presente, a los educadores de hoy, a la lucha actual por el poder, al horizonte sexenal que se acerca a su fin, por lo que no puede actuarse con tan poca seriedad en un tema que es y será parte “del alma de la sociedad mexicana”.

Urge demandar y movilizarse por un cambio educativo de fondo, consensuado con las más diversas organizaciones que participan del proceso formativo- educativo, fuera del ámbito y control oficial. Esto último, no puede ser la premisa de partida para que el proceso avance y se consume felizmente, como hemos apreciado reiteradamente.

En este entorno, en donde la autoridad pública aprecia que el tema del cambio educativo, como política pública, no es el de sus contenidos pedagógicos, formativos y de valores democráticos, y las mejores condiciones técnicas y de infraestructura para su concreción, en su concepción, promoción y ejecución, como prioridades sociales, sino que éstas últimas (las prioridades) se resumen en el control desde el Estado de su proceso de implantación y de la preservación de sus alianzas políticas sectoriales que le den la legitimación que no ha logrado en el ámbito macro-social. Por ello, este enfoque debe ser rechazado por superficial. Y entonces, con estos parámetros, tampoco es casual, que algunos de nuestros líderes del gobierno que han impulsado dicho proceso y bajo los términos señalados, no asumen la responsabilidad de los consensos mayoritarios, lo más amplios posibles, como precondición un verdadero cambio educactivo de fondo, como lo necesita la nación mexicana, su nñez y juventud, pronunciadamente. La política democrática siempre será un juego de consenso-disenso-consenso en donde el consenso es la clave de la gobernabilidad democrática, de la estabilidad consensuada.

6.2 Las organizaciones eclesiásticas, el clero de las distintas iglesias, y por su carácter mayoritario, el de la iglesia católica romana, es fundamental como organización educativa y formativa, la cual parece por momentos reiterados y prolongados, haber renunciado a dicha misión de su ministerio, y de la peor manera: involucrándose masivamente en actos criminales conocidos (especialmente de abuso sexual, pero también, de la colaboración o encubrimiento de organizaciones criminales mediante las llamadas “narco-limosnas”) que afectaron para siempre a miles de familias, dañando su imagen y funciones de largo plazo, la fortaleza ética de ella y de sus feligreses. Increíble, una organización esencialmente formativa coadyuvando en distintos rincones de la geografía nacional, al colapso familiar y a la ruptura del tejido social, ante el silencio, si no es que el disimulo de la autoridad pública. Pero es el caso también, de ministros de otros cultos religiosos, los hemos conocido oficiando bodas, fiestas y bautizos de líderes de las mafias mexicanas. Y sólo unos cuantos casos notables, de sacerdotes católicos que alzaron su voz contra la criminalidad y les ha costado la vida.

Esta es (la católica y romana), sin duda, una organización clerical en severa crisis que no puede, en buenos términos, retomar su papel social formativo, impulsar con toda su fuerza, sus contenidos significativos, y reasumirlo le llevará lustros enteros. Y sin embargo, es urgente hacerlo, desear que lo logre, como parte de esta constelación de fuerzas sociales que consideramos, deben repotenciar su rol educativo-formativo para recomponer desde su fundamento, las relaciones sociales haciendo posible reducir los espacios ganados por la criminalidad mediante su contracultura de la legalidad, el orden social pacífico y la convivencia volitiva. Pero de igual manera, revirtiendo las políticas fallidas y depredadoras del Estado.

Esto es cuanto más importante, dado que los integrantes de las organizaciones criminales, los líderes más visibles, se declaran siempre, como hombres y mujeres de Fe (la cual no considero una falsa postura religiosa, sino auténtica), respetuosos de la divinidad, de sus mandatos en la tierra, ante lo cual, la Iglesia Católica ha respondido a menudo, con una máxima que resume genialmente Isaia Sales (autor italiano) diciendo: son “duros contra el pecado, pero tolerantes con el pecador”, lo cual es aplicable a otros ámbitos sociales, como el del peculado y la corrupción, o el crimen de Estado.

6.3 Desde un enfoque institucional, los partidos políticos, esencialmente, aquellos que reclaman la pertenencia a una filosofía política y a una ideología democrática, de impulso al progreso y por la igualdad social, la distribución equitativa de la riqueza y la defensa irrestrictica de los derechos humanos, con un rol igualmente destacable como entes públicos en la educación y formación cívico-social, es increíble la cuasi-postración exhibida ante las políticas públicas actuales, especialmente en materia de seguridad, su desdibujamiento ideológico y volitivo, su esterilidad intelectual para ofrecer alternativas con una concepción estructural distinta, afín a los valores que reclaman como parte de su identidad política y social, contenidos en su programa político, estando mayoritariamente sumidos, concentrados en lo electoral, o involucrados en actos criminales, si bien es cierto, aislados.

Pero tales deformaciones graves no son un accidente, si consideramos que un partido político es parte, tanto del sistema político constitucional (como subsistema de partidos) y del régimen político (los marcos legales y procesos de acceso al poder y la forma de ejercerlo), que en México son formalmente democráticos, pero en la praxis, como conjunto socio-institucional, son aún, ampliamente antidemocráticos, diríamos que en amplias zonas de esa praxis, son claramente pre modernos.

Por tanto, es profundamente lamentable en los partidos políticos, su falta de sensibilidad o de inoperancia en este renglón que es de urgente prioridad nacional, como es: reducir los ámbitos y poder ganados por la criminalidad transnacional en México y revertir la descomposición social en curso, tarea gigantesca en la que debieran movilizar a sus afiliados (que en algunos casos, suman millones) y abocarse a ello, con líneas de acción política definida, a sus cuadros dirigentes.

Esto, ha sido uno de los factores de engendramiento de “oligarquías partidistas privilegiadas” que en cuanto llegan a altos cargos oficiales desarrollan un patrimonialismo público, en ocasiones reiteradas, depredador del erario nacional. Su propio rol en la necesidad de un pacto social y político consensuado por un cambio educativo de fondo, es demasiado pequeño para la trascendencia de la temática. De los partidos de la “izquierda desdibujada”, lo suyo es la educación social para la obtención de un bienestar más igualitario fortaleciendo las relaciones de interacción social, inclusiva, pacífica, legal y tolerante. Nunca lo contrario, ni parcial, ni totalmente.

Y no obstante este adverso entorno señalado, es urgente que los partidos políticos retomen su rol educativo-formativo de altos contenidos significativos, por todas las razones ya expuestas, pero ello no será posible sin un contrapeso decisivo de la ciudadanía masivamente organizada, consciente y movilizada detrás de una agenda democrática propia que incluya el cambio educativo de fondo, entendido en su acepción amplia, como lo hemos venido tratando, y la real democratización y mayor control social, en primer lugar de sus miembros, de los propios partidos políticos.

6.4 Hablar de medios masivos de comunicación en la actualidad, lleva necesariamente, a hablar de educación, pues en la sociedad moderna los medios masivos ejercen gran influencia ya que ofrecen a niños, jóvenes y adultos, una educación informal que en ocasiones, ellos mismos, consideran más llamativa e interesante que la obtenida en la escuela. Este es una distorsión importante que ejemplifica su gran influencia.

Podemos considerar cierta la afirmación que hacen distintos especialistas sobre que los medios de comunicación están presentes de manera excesiva en la sociedad, de forma tal, que No podemos trivializar la información que nos proporcionan, ni la influencia que sobre nosotros tienen, por lo que tenemos que considerarlos como algo que socializa a los individuos, los informa (en muchas ocasiones los desinforma) de lo que ocurre a su alrededor y de cómo actuar en las distintas situaciones que se les pueden plantear en la vida cotidiana, dentro del entorno concreto de nuestra sociedad, de manera que los medios comparten esta faceta con las instituciones educativas, las iglesias y los partidos políticos, que también cumplen esta función, la de formar a individuos para que puedan desenvolverse adecuadamente y adaptarse al entorno que los rodea, o bien, para transformarlo. Es esta última posibilidad la que nos interesa especialmente: revalorar a los medios de comunicación como coadyuvantes en la tarea transformadora vía su énfasis en sus capacidades formativas.

Y ello, a partir de que los medios de comunicación masiva y electrónica (en menor medida, la radio y la prensa escrita), han acusado, en sus emisiones, alcance y diversidad de audiencias, las ventajas de las TIC, de la revolución digital, pero no así en su estructura social, de mercado y en sus contenidos volitivos. Es decir, la modernidad los ha alcanzado en su estructura tecnológica-productiva haciendo más eficiente su operación en tiempo real alrededor del mundo, y con ello, su enorme influencia social para el entendimiento y el comportamiento social de sus audiencias, pero no así en sus contenidos sociales significativos, minusvalorando en alta medida, voluntariamente y con la complacencia de la autoridad pública, su inmenso rol potencial formativo, educativo, en los valores del progreso social, subordinándolo en el mejor de los casos, a tres objetivos menores: su alianza con el poder político, su control de los mercados de actuación, y la inducción de criterios, conceptos y acciones que refuercen las dos prioridades anteriores en los contenidos de su programación, en la editorialización de sus comunicadores (por ejemplo, en los noticieros informativos) y en el manejo de sus audiencias. No decimos que esto sea lo único que encontramos, sino que es en esencia lo que principalmente tenemos en los medios.

De manera, que es urgente remontar este atraso pre moderno en las áreas mencionadas, y fortalecer el papel de los medios en su accionar educativo, formativo y volitivo, que les incorpore en forma determinante a la construcción de este nuevo paradigma que parta de las capacidades y fortalezas potenciales de la comunidad educativa mexicana, lo cual no podrá ser, sin una separación de este inmenso negocio que da también un inmenso poder social y económico a sus propietarios y aún, a sus empleados más destacados, escindirlos de la dinámica, prioridades y luchas políticas por el poder, de la autoridad pública, del Estado. Es urgente aquí, como lo fue en el siglo XIX (entonces, la separación de la Iglesia y el Estado), la escisión del poder público y el gigantesco negocio de los medios de comunicación, incluyendo la radio y la prensa, las redes sociales, pero esta vez, sin lucha armada de por medio.

Algo muy parecido podemos decir, de las asociaciones profesionales, de las organizaciones patronales, de los grupos de vecinos, de las organizaciones filantrópicas, de las de derechos humanos, etc., de todas las expresiones de la sociedad civil, que partiendo de su objeto social primigenio, avancen hacia la integración de un proyecto, vuelto programa de un gobierno progresista, que rompa con el actual desastre nacional en materia de la lucha contra las organizaciones criminales, y del rol educativo-formativo de la sociedad, que ha traído, como nunca antes, muerte, desapariciones forzadas, desplazamientos territoriales por decenas de miles, luto familiar, y descomposición social y debilidad institucional del Estado, así como, otras calamidades más, sin visos palpables de solución, sin dejar de lado, que un problema tan complejo y grave, demanda una nueva concepción para el mediano y largo plazo.

Requerimos líderes políticos y religiosos, funcionarios públicos, educadores, docentes universitarios, propietarios y trabajadores de los medios de comunicación, llenando sus actividades, misión y acciones, con el humanismo cívico del que habló Alexis de Tocqueville: aquel que trata de superar la concepción individualista del hombre que ofrece el liberalismo clásico como fundamento antropológico de una sociedad democrática, para insertarnos, una vez más, en la dimensión de lo social como fundamento primero y último de nuestra acción y nuestras vidas.

La finalidad sustantiva de cambiar este paradigma fallido por otro, humanista, cívico- educativo y de amplia dimensión social, es crear un ambiente positivo para coexistir en sociedad, empezando por la reconstrucción de condiciones sociales que permitan la seguridad y el desarrollo de la vida en libertad y bienestar, apoyándose con todas sus consecuencias, en la propia reconstrucción de la comunidad social educativa y formativa con valores altamente significativos.

¿Utopía? Probablemente, pero muchas realidades de hoy comenzaron ayer como utopías. A ello les convoco amablemente.

26 de Noviembre de 2016.

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