Noviembre 2016

Cien años de ajuste fiscal y metas de inflación

Por: Alejandro Marcó del Pont

Este artículo consta de dos partes. Una inicial, referida a los tiempos de la votación de la Cámara de Diputados de Brasil y su aprobación del techo del gasto público para los próximos 20 años (Propuesta de Enmienda Constitucional 241/16) relacionada con el ajuste fiscal. Y un segundo escrito orientado a las metas de inflación, política ejecutada por sólo el 20% de los miembros del FMI, pero presentada como el manejo monetario nodal de la economía mundial.

Ambas políticas forman parte de un mismo enfoque económico, que en su estructura ideológica ha proporcionado una lisiada base teórica, y en lo concerniente a sus efectos prácticos, los resultados son abiertamente desalentadores.

Comencemos por una breve explicación de la enmienda. La idea central de la corrección constitucional se cimienta en la imposibilidad de ampliar el gasto público por encima de un artificial techo fijado por la tasa de inflación del año anterior. Esta línea imaginaria gobernará las modificaciones del gasto en un espacio temporal de 20 años, tiempo en cual el Estado, según los teóricos, equilibrará sus ingresos y sus gastos.

Algunas aclaraciones son pertinaces pero no triviales para la idea de la reforma. El desequilibrio que se intenta corregir se basa en la equiparación entre ingresos y gastos sin incluir en los últimos los intereses ni las amortizaciones de la deuda. Lo que técnicamente se llama déficit o superávit operativo. Esta limitante basa su exclusión en la idea de separar los gastos de intereses de la deuda y amortización, es decir, su peso real y político de los gastos sociales que la alianza gobernante percibe con gran fragilidades y, como se ve, con menor resistencia a la baja.

La hipótesis que dio sustento a la iniciativa tendría algunos supuestos cuya exclusión seria irracional en cualquier estructura teórica. Eliminar durante 20 años los ciclos económicos de Brasil o de cualquier país es de una audacia técnica llamativa y de un absurdo teórico, que atenta no ya contra alguna escuela del pensamiento económico sino contra el pensamiento mismo.

En el mismo sentido transita la desaparición de las tasas naturales de crecimiento poblacionales, algo realmente insólito. Brasil crecerá en 20 millones de habitantes en los dos próximos dos decenios. Como se cubrirá esta inclusión social que nada tiene que ver con la tasa de inflación puede ser uno de los enigmas económicos del siglo 21.

La iniciativa se enmarca dentro de un conjunto de medidas planteadas por el establishment para apoyar, a través de sus representantes en las cámaras, la destitución de Dilma Rousseff.

Ejemplo de ello son, entre otros, la reforma de la seguridad social -en curso- y la eliminación del Fondo Soberano de R$ 2 MM, cuya función era ingresar financiamiento como política anticíclica en el caso de crisis futuras. Y, quizás la más clara, y columna vertebral del impeachment, la privatización de Petrobras, en principio, la supresión de la exclusividad en la explotación en la región del Pre-Sal. Mecanismo que fue asegurado mediante la Ley 12.351/10 que obligaba a la participación de la empresa estatal en cualquier bloque de producción. El 10 de mayo fue votada la ley 4567/16 que desobliga y libera a Petrobras de participar en todas los bloques de explotación.

La lógica central de la teoría en la que se basa la enmienda constitucional radica en un déficit fiscal recurrente, que incrementa la tasa de interés para su financiamiento, y le impide al sector privado la posibilidad de tomar crédito, al competir con el Estado por los mismos fondos. Según la misma teoría, la dificultad, siguiendo en este caso los manuales del FMI, se encuentran del lado del exceso del gasto, no en la incapacidad o diversidad de la estructura tributaria. Y en el caso de Brasil, de manera específica, de los erogaciones ligadas a los ingresos.

Veamos cada punto más de cerca basándonos en parte en un estudio realizado por el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE). En lo que respecta a los gastos, deberá tenerse en cuenta que la idea central del gobierno trasciende la tasa de incremento del gasto, le importan más los egresos atados y garantizados a la recaudación, como son educación y salud.

La imagen de congelar el gasto primario contiene dos ideas. Una, eliminar las ampliaciones como un todo, es decir, del gasto primario en su conjunto. Y una segunda idea, delimitada a desprenderse del artículo 195 y 198 de la Constitución del 1988 y el artículo 2º de la Enmienda 86/2015.

El primer artículo marca la forma en la que se financiará la seguridad social en su conjunto, mientras que el artículo 198 impone los pisos del gasto en salud y educación, 15% para la Nación y entre 12 y 18% a los municipios.

La idea constitucional de 1988 era la de priorizar la educación y la salud, atarla a la recaudación e incrementarla de acuerdo a su evolución. Mientras que la Enmienda 86 pone un techo en los incrementos de ambas, introduciendo la progresividad en su artículo.

Ahora bien, de los 18 años en los que el Departamento Intersindical basó sus estudios, de 1998 a 2015, sólo en dos años, 1999 y 2011 los gastos no fueron mayores que los niveles de inflación, al igual que los aumentos por encima del PBI; unos y otros ocurrieron durante los ocho años (2003-2011) en los que el actual Ministro de Economía ocupaba la Presidencia del Banco Central de Brasil.

¿Por qué no estaba bajo análisis teórico con anterioridad el desbocado incremento del gasto y ahora sí? Por el simple hecho que de 1998 a 2011 sólo en dos ocasiones los gastos sobrepasaron a los ingresos, en 2001 y 2009, durante la crisis. Con posterioridad al 2011 los gastos aumentaron más que los ingresos por la caída en el nivel de actividad, que entre el 2011-2015 creció a una tasa del 1%, con una caída del -3.85 en 2015. Mientras que en el gobierno de Lula, 2003-2010, la tasa de crecimiento promedio del PBI fue 4.1% anual.

Por lo tanto, los números no avalan la hipótesis gubernamental que el déficit primario es estructural. Lo insólito en esta mirada de tasas de incremento y desacoples, es que nadie haya posado su mirada sobre la duplicación de la deuda pública entre 2004 y 2015. Y sólo en este último año aumentó 22%, teniendo su mayor incremento en los intereses que pasaron R$ 243 mm a R$ 367 MM, casi el déficit primario completo computado para este año R$170 MM.

Peregrinamente, Brasil goza de un tercer lugar en el podio de los países que más gasta en el pago de principal e interés de deuda externa, detrás de Líbano y Grecia, un país en reconstrucción por guerra y otro quebrado, según el FMI. Pero sigue manteniendo, desde hace al menos 5 años, las mayores tasa de interés real del mundo, lugar que perdió por breves lapsos de tiempo, con China y Rusia (http://bit.ly/2eh19nE) y que hace que sea el mayor rubro del gasto en el presupuesto, 45%.

Ahora veamos qué hubiera pasado con los gastos en educación y salud si se hubiera utilizado la nueva regla, según la simulación de la DIEESE. El Departamento Intersindical de Estadísticas toma el periodo 2003–2015 y demuestra que si se hubiera utilizado la regla votada por las cámaras de la Enmienda 241 para el periodo bajo análisis, la perdida en educación habría sido del 47% y del 27% en el presupuesto de salud, es decir, unos U$S 100 MM en educación y unos U$S 92 MM para salud.

Lo que destaca el estudio es que en ambas jurisdicciones se siguieron los incrementos demográficos así como algunos de los continuos reclamos de incrementos de haberes, personal e infraestructura.

Lo sorprendente son los números arrojados por el estudio, más aún si se tiene en cuenta no el conjunto de los años sino el año anterior, es decir 2015, que muestra el arrastre de la degradación. Los gastos ejecutados en educación para el año fueron de $R 90.3 MM (billones para Brasil), mientras que de haberse aplicado la regla, la inversión educativa hubiera sido sólo de $R 29.6 MM, es decir, tres veces menos en el acumulado.

Quedan aún algunas consideraciones difusas, como el salario mínimo y su ajuste, la compensación a empleados públicos fuera de los incrementos del PBI o la inflación y algunos beneficios de la seguridad social cuyo norte es confuso. Sin embargo, queda clara la lógica de hacer política y lograr adhesiones, que a la larga terminan siendo más costosas.

Los gobernadores tenían un pre acuerdo con el gobierno nacional para la renegociación de la deuda con el Estado nacional. Ahora, en caso de adherir a la Enmienda 241, los beneficios serán aun mayores: se suspende el pago durante el 2016 y comienzan a pagar en enero del 2017 con significativos (no dice cuanto) descuentos, hasta 2018 cuando comenzarán a pagar normalmente. Los descuentos serán incorporados a los pagos en los años restantes, con lo cual la deuda se paga en su totalidad, y sólo habría una ayuda financiera.

La pregunta es de qué jurisdicción saldrán los fondos necesarios para pagar la deuda, los intereses y la ayuda temporal con la deuda para los estados el DF. Lo sabremos en el corto plazo.

https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2016/10/18/cien-anos-de-ajuste-fiscal-y-metas-de-inflacion/







(Volver a página inicial)