Noviembre 2016

El análisis de las coaliciones políticas

(Ensayo de búsqueda de un marco de significación para procesos particulares)

Ricardo Yocelevzky Retamal
Departamento de Política y Cultura,
UAM – Xochimilco.

1. Introducción. El problema

Los sistemas políticos democráticos en todo el mundo están intentando adecuaciones que se efectúan a través de cambios constitucionales, cambios en las leyes que norman el funcionamiento regular del sistema, o incluso, cambios en la práctica que a veces ni siquiera requieren adecuaciones de los marcos normativos. Nuestro objetivo es examinar las determinaciones y características que rodean a una propuesta de arreglo institucional, que busca contribuir a la estabilización de sistemas que presentan rasgos de inestabilidad o dificultad de funcionamiento.

En general, se pueden resumir los problemas que enfrentan los sistemas políticos de la siguiente manera: construir mayorías estables que garanticen un apoyo a la introducción de cambios que afectan a la población, especialmente a partir de las transformaciones económicas globales que en las últimas décadas del siglo pasado, impusieron cambios drásticos en los modelos de desarrollo de muchos países. Una de las reacciones a esta situación ha sido la aparición de coaliciones de fuerzas políticas en lugares donde no las había o el cambio del sentido de estas alianzas, ahora entre socios impensables en otras circunstancias. El espectro ideológico occidental se modificó tras la desaparición del bloque socialista.

Las coaliciones de fuerzas políticas se producen en todo tiempo y lugar. Sin embargo, sus características y significación específica están sujetas a determinaciones de muy variado tipo. Lo que buscamos en este trabajo es caracterizar y distinguir algunos campos que es necesario analizar para cada caso histórico de coalición, sea de gobierno o de oposición. En lo fundamental, distinguimos las determinaciones estructurales, las que derivan del sistema político, las “históricas”, es decir las que podríamos calificar de coyunturales (por ejemplo, la correlación de fuerzas existente al momento de ocurrencia de la coalición) y las culturales, las que provienen de los “usos y costumbres” de los actores políticos individuales y colectivos, que se expresan una “cultura política particular”.

1. Panorama de determinaciones

Nos concentraremos aquí en las determinaciones que consideramos estructurales.

Nuestra concepción de un sistema político distingue tres componentes principales, subsistemas o niveles de sistemas interconectados: un sistema de gobierno, un sistema electoral y un sistema de partidos políticos. Estos tres componentes representan la complejidad del escenario estructural en el que tiene lugar el desempeño de actores, individuales y colectivos, y como en todo planteamiento de este tipo, es imprescindible definir primero los límites del sistema.

Desde lo más general, históricamente, estos sistemas son estados–naciones independientes, lo cual establece su existencia en un medio de sistemas semejantes o equivalentes que se reconocen mutuamente, fundamentando así uno de los elementos de su legitimidad; el reconocimiento del medio internacional da legitimidad a la ocupación de un territorio y al orden que se establece dentro de él, al reconocer su autonomía y su derecho a la autodeterminación.

Estos supuestos constituyen la ficción jurídica en la que se funda el sistema internacional, la igualdad de los estados–nación, como la reconoce especialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La relativización de estos principios está, por una parte, establecida en la misma estructura de poder de las Naciones Unidas y, por otra parte, en el atropello cotidiano a ellos por los diferentes niveles de poderes en acción, lo cual constituye el tema de la política internacional tal como se ocupa de ella la prensa y otros medios de información.

En su estructuración interna, un principio general del modelo de los estados modernos es la aspiración o al menos la pretensión democrática o al menos, el ser reconocidos como tales por sus pares. En los sistemas de inspiración occidental un rasgo definitorio de estas aspiraciones es la división de poderes, al menos teóricamente, por lo que se establece normativamente en las constituciones, tanto su existencia específica (la existencia de un poder Ejecutivo, un poder Legislativo y uno Judicial), como las formas de acceso a los cargos que conforman cada organismo de los asociados con esos poderes. Las variaciones respecto de estas características, dan lugar a las formas conocidas como “sistemas de gobierno”. Para nosotros, el sistema de gobierno puede ser parlamentario o presidencialista, que en su momento consideraremos como una determinación muy importante. Sin embargo, en este punto más general, lo que nos importa es que estén establecidos los cargos y las formas de acceder a ellos. La forma de acceder a los cargos del sistema de gobierno en las democracias, reconoce dos variantes principales, la elección y la designación.

Normalmente, los cargos de elección son los fundamentales y sus ocupantes adquieren con el cargo, la capacidad de designar o, al menos proponer para designación por parte de otro u otros poderes, a los que serán los ocupantes del segundo tipo de cargos. Es por esto que un segundo nivel del sistema político y característica fundamental, está constituido por el sistema electoral. Es la elección general el evento periódico más importante en todo sistema político que se repute democrático. Es el momento de la mayor participación de la sociedad, en la definición del rumbo que se desea imprimir al conjunto del sistema y, las características de este sistema serán las definitorias, de la manera cómo la fuerza con la que la sociedad expresada de distintas formas organizativas, participará en el sistema político. Considerando a la “sociedad” como el medio en que existe el sistema político, el sistema electoral es uno de los contactos formales más importantes entre el sistema y el medio.

Los partidos políticos son, teóricamente, la forma fundamental y la de mayor legitimidad, para organizar, representar y articular ideológicamente los intereses diferentes o conflictivos en la sociedad. Tienen como finalidad, a través de las elecciones, ocupar las posiciones en el sistema de gobierno que hagan posibles la propuesta, realización y la aplicación de sus programas de acción gubernamental.

Todo este esquema sencillo tiene la ventaja consistente en que algunos de los aspectos estructurales de los tres subsistemas que estamos describiendo, aquellos que podríamos denominar morfológicos, están normativamente definidos en la Constitución, lo que también ocurre con algunas de las relaciones entre ellos. Sin embargo, al plantearnos preguntas acerca del desarrollo de la “vida política”, nos encontramos con que los aspectos formales, definidos normativamente, no son más que un conjunto de reglas muy generales, que fijan límites fundamentales al funcionamiento del sistema, pero que no bastan para agotar la explicación de ningún proceso particular. La resolución de diferencias o conflictos dentro del funcionamiento normal del sistema en su conjunto, tiene lugar a través de contactos o relaciones entre una variedad de actores que incluyen a los partidos políticos, pero que son objeto de normas jurídicas diferentes o, incluso, de ninguna.

Con este mapa general se tiene una conformación de tres niveles conectados entre sí y con un medio, “la sociedad”. Todas estas conexiones son el escenario donde transcurre la “vida política” de los estados nacionales. En perspectiva histórica, se suele periodizar este proceso distinguiendo dos tipos de situaciones: estabilidad y cambio; ambos términos relativos y que por lo tanto, se debe entender que son sólo predominantes para caracterizar un período dado y que no es posible que uno elimine a otro. Sin embargo, en la representación ideológica, se enfrenta regularmente la opción por uno u otro como deseable, lo cual contribuye a dar características a los partidos políticos como conservadores e innovadores –una de las tipologías más generales— en términos también relativos a la situación predominante y los contenidos de las propuestas programáticas.

Respecto de la orientación hacia una u otra actitud general, distintos sectores de la sociedad que tienen mayor o menor relevancia en el campo ideológico, pueden ser caracterizados por una u otra de estas inclinaciones, al margen de lo que piensen o digan de sí mismos, a partir de una caracterización generacional que conecte sus experiencias de vida con el carácter predominante del período en que ocurrió su formación.

Completando el mapa estructural, es claro que el análisis de cualquier coyuntura deberá centrarse en las fuerzas que se miden en el campo parlamentario, puesto que es ahí donde se puede apreciar a primera vista, el grado de representatividad del conjunto del sistema político. La composición de las cámaras legislativas es un primer indicador del grado de pluralismo que acepta la representación de intereses e ideologías que existen en la sociedad, lo cual se puede establecer por la presencia y grado de participación de los partidos políticos. Sin embargo, una primera observación hace necesaria una cualificación de este pluralismo, puesto que normalmente el espectro de orígenes socioeconómicos y culturales de los representantes elegidos a los parlamentos, muestra un grado de heterogeneidad menor que el observable en la sociedad en su conjunto. No se trata sólo de la relativa homogeneidad de origen del personal que compone el gremio político, es decir, de los profesionales de la representación en el legislativo, sino de evaluar el grado de presencia o la ausencia de individuos que provengan de algunos de los dos extremos de la escala social, como quiera que se defina o mida ésta. Esta es una muestra observable de una conexión no normada entre el medio social y el sistema político; el papel de seleccionador que desempeñan los partidos políticos como vía de acceso a la profesión de político.

Estas observaciones guían la búsqueda de elementos no formales que son componentes del funcionamiento de un sistema, en que la parte formal y las normas que definen sus estructuras, niveles de organización y relaciones, no agotan los campos de encuentros del personal que lo puebla y cuya acción, constituye su funcionamiento real.

Todo este esquema simplificador de la complejidad del sistema político está determinado por su asociación con una circunstancia histórica que se puede definir en varios niveles. Ya hemos mencionado el marco de la modernidad de estos sistemas políticos (constitución, división de poderes) que corresponden al desarrollo originado en Europa a partir de las revoluciones burguesas. Por otra parte, el carácter estático de nuestra descripción, se justifica por su asociación con el largo período de estabilidad y crecimiento que, en México, pero también en otros países, siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Es al fin de ese período y los procesos adaptativos, que en los sistemas políticos comienzan a realizarse lo que constituye la dinámica que buscamos examinar.

La dicotomía parlamentario-presidencialista para clasificar a los sistemas de gobierno, no es suficientemente clara al establecer el papel de los partidos políticos. Es claro que la dependencia relativa del ejecutivo respecto del legislativo en los sistemas parlamentarios, abre el espacio por donde los partidos políticos pasan a tener un lugar oficial como parte del sistema de gobierno, dada la necesidad de formación de mayorías parlamentarias, para la constitución del gobierno (ejecutivo colegiado, gabinete, o nombramiento de la cabeza del gobierno, presidente o primer ministro).

Por cuestiones de funcionamiento, se ha considerado a los sistemas efectiva o tendencialmente bipartidistas como más afines a los sistemas de gobierno parlamentario, en tanto los sistemas pluripartidistas estarían mejor adaptados a los gobiernos presidencialistas. Sin embargo, es claro que aun cuando esta clasificación no alcance las características de una construcción típico-ideal, se trata de tipos polares que dejan un campo intermedio de combinaciones posibles, entre las cuales se encuentran los sistemas históricamente existentes.

Una característica de los tiempos presentes, es que los arreglos institucionales que parecían garantizar la estabilidad de los sistemas parlamentarios, de pronto resultan insuficientes para procesar demandas de la sociedad, por lo que resultan paralizados, al menos momentáneamente. Dos casos notables en este mismo año 2016, han sido las dificultades de España, ahora multipartidista, para formar un gobierno y, los tropiezos para salir de la perplejidad a los que se enfrentan los partidos británicos después de la aprobación del llamado “brexit”, salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Un problema que las nuevas situaciones, ya desde las transiciones de fines del siglo pasado plantean desde la práctica y que aparece inmediatamente, es la importancia de los partidos políticos en el funcionamiento de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, tanto en los sistemas parlamentarios como en los presidencialistas. A diferencia de los regímenes parlamentarios en los cuales, como hemos dicho, los partidos políticos son parte del mecanismo de formación de gobierno y por lo que sus funciones están incorporadas en la misma constitución; en los regímenes presidencialistas, los partidos políticos tienden a ser considerados en relación con el sistema electoral más que con el sistema de gobierno, por lo que la legislación acerca de ellos, tiende a ser de menor jerarquía que la Constitución. Por otro lado, en los sistemas parlamentarios, los partidos políticos tienen funciones constitucionales (el gobierno lo forma el partido mayoritario en el gobierno y su líder, preside el ejecutivo). Es por esto que, en parte, la cuestión de las alianzas en el parlamento puede ser o no, una acción del ejecutivo. Existe la posibilidad de que una alianza sea acordada por representantes de los partidos, incluso a iniciativa del partido que detenta el poder ejecutivo, sin que este poder se vea formalmente involucrado ni en la negociación ni en el resultado de ésta. El mayor protagonismo que de esta manera asumen los partidos políticos, requiere de una consideración de algunos elementos de la circunstancia histórica actual.

2. El período histórico actual y sus complejidades

Desde el punto de vista más general, se puede considerar que en el mundo ha habido un proceso de cambio que obedece a lo que algunos autores llaman el cambio de la fase expansiva a la fase de menor crecimiento económico, que se produjo marcada por los acontecimientos del período 1968-1973. Para otros, el período actual está marcado por la acelerada globalización de la economía. En cualquier caso, para los países de América Latina este período ha significado el abandono de los modelos de desarrollo establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, centrados en la industrialización por sustitución de importaciones y la adopción de políticas adaptativas a la nueva situación mundial, la cual estuvo caracterizada por lo que se llamó el “consenso de Washington”. Éste se refería principal, cuando no exclusivamente, a las políticas económicas. Sin embargo, los cambios políticos alcanzaron proporciones estructurales que han sido valoradas, en general, positivamente. Se teorizó este cambio como “transición desde regímenes autoritarios” a la democracia o, más sintéticamente, como “transición democrática”.

En todo este tránsito a una nueva situación, no todos los sectores afectados han sido estudiados adecuadamente. Sin embargo, la evolución de los partidos políticos ha recibido la atención de los estudiosos y de los legisladores. Esto se debió al papel privilegiado que los partidos tienen en cualquier régimen que produzca gobiernos a través de elecciones. Los partidos políticos en América Latina, no han resultado ser como el modelo organizativo e ideológico desarrollado en Europa, que se buscaba imitar, a menudo explícitamente, por parte de las élites gobernantes en esta región. Esta es una de las muchas inconsistencias que enfrenta el examen de las instituciones que se han desarrollado en estos países. Explícitamente se adopta un modelo, con adaptaciones a la realidad en donde se busca implantarlo. La descripción de las particularidades que justifican tales adaptaciones, expresan los intereses presentes en las estructuras de poder que se busca regular con las dichas instituciones. Esta determinación de las estructuras políticas, por las relaciones de poder económico y social, sería la explicación de las inconsistencias observables. Sin embargo, la adaptación ideológica que corre por cuenta de los actores políticos, termina siendo una justificación del estado de cosas prevaleciente y no un cuestionamiento a él.

Se puede fechar el cambio de modelo de desarrollo como reacción a la crisis de la deuda externa a comienzos de la década de los ochenta. Las políticas reactivas fueron impuestas casi uniformemente, a través de los organismos financieros multinacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) creados también como parte de la reorganización mundial bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, en la segunda post guerra, pero cuyo desempeño fue redefinido a partir de la crisis del sistema monetario que provocó la inconvertibilidad del dólar americano, a comienzos de la década de los setenta del siglo XX. Una aparente paradoja, pero que muestra el grado de interdependencia de todo el sistema mundial, es la crisis del mundo capitalista que culmina con la caída del Muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética y la derrota ideológica del socialismo, en particular del marxismo, tanto en el mundo académico como en los partidos socialistas de occidente, incluyendo a los latinoamericanos donde existieran.

Este conjunto de condiciones hizo posible la coincidencia de la imposición del nuevo modelo económico con las transiciones a la democracia a los largo de la década de los ochenta, culminando en América Latina con la transición chilena, en 1990, al final del ciclo político en el país donde se había inaugurado la transición del modelo económico bajo un régimen militar brutalmente autoritario, el cual se había instalado para cancelar la amenaza que representó el intento de tránsito pacífico al socialismo, entre 1970 y 1973.

A comienzos de los noventa el cambio se había completado en América Latina, donde el único gobernante no electo asistente a la Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara, Jalisco, en 1991, era Fidel Castro de Cuba. Ese mismo encuentro mostraba otros cambios en el escenario global; uno de los animadores de esa función era Felipe González, Presidente del Gobierno de España, que en su período de gobierno había ingresado a la OTAN, líder además del Partido Socialista Obrero Español, el cual había abandonado la ideología marxista. En esa ocasión, González celebraba que “Iberoamérica nunca había sido tan democrática” como en ese momento. Se celebraba la instauración de las elecciones como vía de acceso a los puestos de gobierno. Sin embargo, no todo era celebrable: de los concurrentes a la cita y firmantes de la declaración final a nombre de los gobiernos que ellos encabezaban, al menos cinco de ellos, personalmente o familiares muy cercanos, debieron enfrentar procesos judiciales no relacionados con cuestiones político–ideológicas sino acciones constitutivas de delitos comunes. Con ello apareció un cuestionamiento a la calidad de los liderazgos, en su expresión máxima, jefes de estado y de gobierno.

El abuso del poder no era novedad en América Latina. Las andanzas de los dictadores son el objeto de un conjunto literario notable cuya relación con la realidad nadie cuestiona. Lo impresionante ahora es la composición de las élites o gremios de políticos, que en cada país se han hecho cargo del sistema de gobierno y de los partidos políticos.

Si los sistemas electorales funcionan normalmente para definir quiénes serán los que ocuparán los cargos elegibles en el sistema de gobierno, el funcionamiento de los partidos políticos se orientará a la selección de los que representarán sus ideologías, programas y aspiraciones. Es por eso que la identificación de los políticos profesionales es asociada inmediatamente con lo que constituye su modelo organizativo y de acción, el partido político.

Aquí aparece la localización del escenario de los cambios más profundos ocurridos en las décadas recientes. Los partidos políticos eran concebidos y, cuando funcionaban más o menos regularmente, cumplían esa tarea, como los órganos de participación de ciudadanos más o menos ideologizados, educados cívicamente en parte por esos mismos partidos, los cuales traducían sus concepciones generales en propuestas de programas de gobierno o de legislación que promoviera los intereses de los sectores de la sociedad a los que buscaba organizar, representar y movilizar electoralmente, en campañas y votaciones.

En el período que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la coyuntura compleja que hemos caracterizado como el origen de la situación actual y que buscamos examinar, en los países en que funcionaba más o menos regularmente un sistema de partidos políticos, éstos se caracterizaban por compartir algunos principios comunes: una idea de desarrollo nacional, respecto de cuya aplicación, concreción o realización, se proponían alternativas inspiradas en las filosofías a las que se afiliaban las organizaciones. Esa idea de desarrollo nacional, podía aceptar variaciones que enfrentaban a sectores que se disputaban la prioridad, por ejemplo, de la producción primaria o la industria, que buscaban protección estatal para su participación en los mercados internacional o interno, y fundamentalmente se enfrentaban, en una disputa por el excedente económico, entre los trabajadores (salarios) y las ganancias empresariales.

Los cambios que condujeron a la imposición del nuevo modelo se produjeron en el terreno ideológico, en las universidades, y en los aparatos políticos de gobierno. Un cambio de orientación profesional importante fue la aparición de una nueva generación de políticos modernos con formación como economistas, en reemplazo de los tradicionales abogados y, cuya indoctrinación fue parte de un esfuerzo consciente de influir en ellos a través de proporcionarles una formación de postgrado en universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. En el gobierno, estos economistas fueron introducidos como técnicos, (tecnócratas para su descripción política) y buscaron tomar los controles de la política económica, aplicando las normas de los organismos económicos internacionales (FMI y BM). El objetivo explícito, a partir de la situación de fuerzas que hacía impotentes a izquierdas y a los sindicatos, era “modernizar” la economía y la política económica, a través de la pérdida de soberanía de los estados latinoamericanos (también en la Unión Europea) sobre algo tan central como la política monetaria. La ideología dominante ha convertido a la autonomía de los bancos centrales en un indicador de democracia.

Esto es en realidad un indicador de algo que da pistas acerca del sentido de los cambios que hemos venido anotando y que planteamos como hipótesis más general: lo que ha estado cambiando desde el período crítico 1968–1973 es el conjunto de las relaciones entre el poder económico y el poder político, dualidad que caracteriza a la sociedad moderna pero que no encuentra una forma institucional, legítima y estable, que le permita enfrentar la evolución social y económica. La inestabilidad desatada en todos los niveles y formas a partir de 1968, puede ser entendida como movimientos que buscan redefinir sus lugares en el conjunto de la sociedad y la política, una vez que el agotamiento del período de crecimiento de las economías mostró que no había campo para mayor redistribución y que la desigualdad era una consecuencia natural de la concentración, necesaria para la reconversión de la economía mundial. Las formas en que en cada país se procesaron los cambios adaptativos a la nueva situación, obedecieron a los procesos que habían tenido lugar en el período anterior. Así, una comisión “trilateral” expuso la tesis de que las demandas sociales ponían en tensión a los sistemas políticos, lo cual era no otra cosa que la constatación del fin de las posibilidades redistributivas dentro de la correlación de fuerzas sociales, lo cual hizo que las restricciones a las demandas se impusieran de manera más o menos pacífica.

El triunfo ideológico estuvo marcado por la caracterización de “populista” de toda política redistributiva y la condena de todo estructuralismo en el campo de la ciencia económica. Se impuso lo que se denominó “consenso de Washington” o pensamiento único. La situación de fuerzas en el campo de las ideas, luego de la caída del socialismo “realmente existente”, dejó a la izquierda prácticamente sin programa alternativo que no fuera una versión más suave de las transformaciones en curso o, la defensa de conquistas de un período anterior. Esto, sin embargo, bastó para generar en América Latina algunas variantes que por un tiempo, han marcado una oposición a las hegemonías combinadas de Estados Unidos y la recolonización financiera por parte de los bancos españoles. El quinto centenario de la conquista de América y la movilización de los pueblos originarios, contribuyeron a la complejidad de la situación de fragmentación de los movimientos de resistencia, generando importantes situaciones nacionales como las de Bolivia y Ecuador, pero permaneciendo relativamente aisladas como en Argentina y Chile donde, a pesar de la importante contribución a la movilización social, no logran articularse con las expresiones político partidarias actuantes dentro del sistema.

Como balance general de todos los elementos contextuales expuestos, se puede caracterizar el problema de los gobiernos como la incapacidad de formar bloques políticos, menos aún sociales, para respaldar las políticas de profundización de los cambios adaptativos a la situación mundial, definida como globalización. Al mismo tiempo, los afectados por estos cambios no logran superar el tema particular por el cual se sienten perjudicados. Sus expresiones pueden llegar a obtener respaldos masivos, como ejemplos se puede mencionar el feminismo, el ecologismo o la reivindicación de derechos de la diversidad sexual, claramente desarrollados y crecidos con posterioridad a 1968, pero permanecen como monotemáticos. En el caso de otras expresiones político ideológicas, como las organizaciones pertenecientes al mundo de ideas socialistas, marxistas o no, sólo los partidos políticos socialdemócratas, ya anteriormente integrados a los sistemas de partidos y de gobiernos de sus países, han logrado éxitos en algunas elecciones, pero únicamente con el fin de administrar el programa liberal, nunca de ofrecer alternativas a él. Por todo esto, es común que en los últimos años se hayan presentado oposiciones paralizantes, es decir bloques de oposición que no ofrecen alternativas pero reúnen suficiente fuerza en los parlamentos o en la movilización social, como para impedir la aprobación o incluso la aplicación de medidas ya aprobadas por los gobiernos.

Quizás el problema principal que enfrenta el gremio de políticos profesionales no es tanto su trato como gobierno y oposición, sino un cambio en su posición estructural. En el modelo de desarrollo centrado en la industrialización por sustitución de importaciones, una de las tareas asignadas al sector estatal era, además de proteger la industria nacional con barreras arancelarias y facilitar la formación de capital a través de la banca de fomento, el crear empresas estatales en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Sobre estas bases, las relaciones entre poder económico y poder político era más fácilmente establecidas, legitimadas, estabilizadas y, el enriquecimiento de los políticos, lícito o no, era menos notorio o menos público, dado también el mayor control estatal de los medios de comunicación.

El nuevo modelo significó diversos cambios estructurales con consecuencias importantes en el campo del poder político. Por una parte, la privatización de las empresas públicas, con toda la corrupción que las puede haber rodeado, resultó en la aparición de un conjunto de nuevos empresarios, armados con la legitimidad que les da la ideología de los tecnócratas que orientó esas mismas privatizaciones. El cambio tecnológico más importante, que se ha llegado a calificar como otra revolución en la industria y en la economía en general, ocurrió en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las consecuencias de sólo estos dos aspectos de los cambios en la estructura, fueron determinantes de las nuevas condiciones en que se desenvuelve la política.

Las privatizaciones de empresas estatales crearon nuevas fortunas y la consecuente disminución de la nómina de empleados del estado creó un nuevo mercado para los niveles de profesionistas que perdieron sus puestos: las consultorías. Lo que el gobierno ya no producía, se debía comprar en el sector privado, incluido el conocimiento especializado. Los servicios que el estado proveía como derechos universales o de sectores de la población, se privatizaron, hasta donde las distintas formas de resistencia lo permitieron. Educación, salud, vivienda y seguridad social han sufrido transformaciones variables entre países, que, sin embargo, son “recetadas” con una argumentación única, independientemente de los resultados que ya muestren en los países donde se implementaron primero.

De todo esto, se puede discutir eternamente, campo por campo y aspecto por aspecto, pero del conjunto de transformaciones resulta una posición incómoda para las izquierdas, que debieron asegurar su permanencia en el sistema adoptando definiciones como “modernas”, “institucionales”, incluso “constitucionales”. Todas estas justificaciones de su subordinación al pensamiento dominante, significaron un debilitamiento de la vida política interna partidaria (donde la hubo) y una restricción de las discusiones ideológicas, para dar paso al pragmatismo de la distribución de cargos, candidaturas y acceso a presupuestos, que permitan la reproducción de la misma forma de vida política.

Lo más democrático de todo esto, es que la vida política se encogió a un horizonte limitado a las próximas elecciones. Los procesos electorales se redujeron a campañas de mercadeo de imágenes de candidatos ayunos de ideas, pero dependientes de los medios de comunicación, estructurados monopólica u oligopólicamente y además, dependientes también de los consultores expertos en imaginería pública.

La participación social se hizo más compleja al perder importancia la participación en partidos políticos, sindicatos y organizaciones corporativas de todo tipo de intereses económicos, vinculada de muchas maneras a los partidos políticos y al sistema de gobierno. Apareció así una multiplicidad de organizaciones autodenominadas sociedad civil, cuyo modelo organizacional es a veces definido legalmente o bien, definido negativamente como organización no gubernamental (ONG); todas, expresiones monotemáticas de demandas a un aparato de gobierno cada vez menos capaz de responder a ellas. Aparece así un corporativismo social, relativamente independiente de la política, pero que practica una incesante crítica a la política y los políticos que se desempeñan cada vez más alejados de los problemas expresados por esta multiplicidad de organizaciones y, por una población atomizada que no encuentra respuesta ni solución a los problemas de la vida cotidiana.

Esta separación de la sociedad, sus problemas y sus demandas y, el gremio de los políticos profesionales, es un deterioro de la vida política. Los medios de comunicación expresan parcialmente el malestar de la sociedad, fijando una agenda que selecciona temas y personajes, abriendo un mercado a la denuncia (periodismo de investigación) y otro, a la opinión, que ha capturado a segmentos importantes de intelectuales (académicos o independientes) que ya forman una parte del gremio político en una posición ambigua, interviniendo en los medios y a veces, buscando ser propuestos como candidatos “independientes” a algún cargo público o de elección, o que pueden también ser incluidos en las listas de algún partido.

Este fenómeno de la constitución de un “mercado” ideológico, abierto a un conjunto de intelectuales, en sentido amplio, que buscan ser líderes de opinión y que van desde periodistas profesionales de trayectoria más o menos larga (conocedores de todas las formas tradicionales de control de la información y manipulación de la opinión pública) hasta académicos y otros comentaristas ocasionales, que alimentan la conversación de los sectores medios ilustrados, interesados en la política.

A todo esto hay que sumar el elemento incontrolado, hasta ahora, de las redes sociales posibilitadas por las nuevas tecnologías de la información, las cuales cuentan con partidarios y críticos igualmente exagerados en sus juicios acerca de lo peligroso o esperanzador que resulta su existencia práctica.

Todo esto conduce a algunas conclusiones provisorias, como descripción del estado actual de la vida política:

1. Los principales actores individuales y colectivos siguen y seguirán siendo en el futuro previsible, los políticos profesionales, viviendo de los puestos de elección o designación en el sistema de gobierno o también organizados en partidos políticos.

2. El triunfo ideológico del liberalismo ha dejado vacante el campo alternativo, reducido a expresiones críticas parciales que no llegan a concretarse en programas de reorganización social ni política. Sobreviven expresiones extra parlamentarias y refugiadas en el mundo académico, de lo que fueron las múltiples expresiones del pensamiento socialista durante los siglos XIX y XX.

3. Su aspiración central en cuanto a mantenerse dentro del gremio político, los ha conducido a una coagulación que se expresa en coaliciones conservadoras o profundizadoras de los cambios, que han caracterizado a la fase actual de desarrollo y que, se expresa en la fórmula de “evitar las rupturas”, lo cual constituye el principal logro de las democratizaciones.

4. Si hay un modelo alternativo, éste también procede del período anterior a la globalización y está constituido por la idea de “movimiento”, normalmente asociado a un liderazgo carismático, el cual es percibido como un peligro rupturista, aún cuando su capacidad de erigirse en propuesta alternativa no vaya más allá de la crítica a la inmoralidad y la corrupción, dominantes.

5. Los gobiernos alternativos, donde estos híbridos de movimiento y partidos han logrado tomar el aparato del gobierno, han implementado medidas paliativas de los efectos más graves del modelo en aplicación, pero en general, como organizaciones políticas, han sido “barridos hacia adentro” del sistema, para luego ser criticados o incluso perseguidos, por estar involucrados en las prácticas ya “normales” de funcionamiento del sistema.

6. El conjunto de la sociedad queda entregada a la búsqueda de una supervivencia cada vez más ausente de la política y del gobierno, excepto para negociar la tolerancia a la informalidad (o incluso ilegalidad patente) de sus estrategias de vida.

7. Un resumen de la situación de orfandad política e ideológica de la población en su conjunto, se materializa en la caminata sin rumbo ni sentido de una masa de zombis, precariamente caracterizados y convocados por las redes sociales.

8. Cambiar todo esto, nunca dependerá de una reforma moral de los políticos profesionales. Las propuestas de reforma moral de la sociedad no surgen de la consideración de lo reformable en el sistema actual, sino de la posibilidad de formular una alternativa global, lo cual no parece estar en el horizonte actualmente.







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