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Octubre 2016

LA PAZ PACTADA EN COLOMBIA:

EL DECLIVE HISTÓRICO DE LA CONTRAINSURGENCIA COMO ESTRUCTURA DE DOMINACIÓN

Por Jorge Retana Yarto

Introducción

Ciertamente, hubo un resultado inesperado, el triunfo del “No” por escasísimo margen, en el plebiscito colombiano sobre los acuerdos firmados gobierno-FARC el 2 de octubre de los corrientes. Casi nadie se lo esperaba, pero ahora que se han ido conociendo los detalles de la situación interna que predominó, se va entendiendo mejor lo que sucedió. Pero no olvidar jamás un dato contundente de orden histórico: fue la oligarquía cafetalera colombiana la que durante la segunda posguerra en alianza con el poder hegemónico estadounidense, y en el contexto de la guerra fría, dio origen a un conflicto muy sangriento que dura hasta nuestros días, al escoger la vía de la represión masiva y descarnada, y el asesinato de opositores para contener las demandas de cambios trascedentes en el agro nacional. Ante lo cual, el Partido Comunista Colombiano (PCC) respondió privilegiando la vía armada para el cambio social y como mecanismo de autodefensa de sus líderes, integrantes y simpatizantes, construyendo así el brazo armado del pueblo en lucha: las FARC, haciendo de la pequeña localidad de Marquetalia (municipio de Planadas, en el Departamento de Tolima, en plena Cordillera Central), su primera “república independiente” (Bargent, James, Parte I, http://es.insightcrime.org/investigaciones/farc-de-rebelion-desordenada-a-maquina-militar ) Después, han sucedido multitud de cosas y eventos.

Desde mi perspectiva, sobre el plebiscito, destacaría cuatro factores de incidencia:

  1. El pésimo trabajo de las encuestadoras, cuyas metodologías de campo son siempre cuestionables, que generaron una expectativa entre los partidarios del “Si”, de que al ser abrumador (pronosticaron un 2/1 favorable a los acuerdos) y dado el resultado que se aproximaba, no era necesario que muchos salieran a votar, porque el triunfo apabullante artificiosamente construido estaba asegurado. La derecha “guerrerista”, ha sido claudicante frente a un paradigma cuya estrategia es inviable, está desprestigiado y ha sido de muy alto costo social (un conflicto nacional en el que las FARC han tenido un lugar destacado, y que ha costado 220,000 vidas y más de 50,00 desapariciones; guerra de las FARC-EP, que se inició en tiempos de la “guerra fría”), como es el construido por los órganos de inteligencia y seguridad de los EUA y las otras potencias occidentales, sobre el combate al tráfico de drogas y a las organizaciones criminales a lo largo del siglo XX, el cual se intensificó al término de la guerra fría, y fue presentado e impulsado como “neutral ideológica y geopolíticamente”, lo cual es una aberración política. Así, a pesar de que no ha triunfado en ninguna parte del mundo como tal, se mantiene vigente por el peso gravitacional global del poder de quienes lo impulsan.

Álvaro Uribe, uno de los gobernantes colombianos más dóciles a los designios del poder hegemónico, y su “Partido Centro Democrático” se empeñaron en una campaña facilona con ideología colonialista: No aceptar los acuerdos porque implicaban claudicar ante el “narco-terrorismo” de las FARC-EP, y si ya el gobierno de Juan Manuel Santos lo había hecho, la ciudadanía debía rechazarlo y exigir un castigo adecuado para los narco-terroristas, o bien, proseguir la guerra hasta su derrota militar completa, hasta su exterminio.

Siempre este tipo de populismo derechista y entreguista es de más fácil asimilación que un discurso propositivo que implica una reflexión histórico-social y una nueva prospectiva hacia el futuro. Pero, además, la derecha tozuda y cerril, sí sabe sacar a sus huestes a votar.

  1. Es muy probable que haya habido una insuficiente difusión del contenido de los acuerdos, que en sí mismos son históricos y trascendentes, pero este factor no permitió el entusiasmo necesario para salir a votar con mayor amplitud por la aceptación de los mismos, como prioridad colectiva nacional. Hay hasta elementos de carácter climático a los que se ha asignado un peso como factor disuasivo, que puede ser verdad. En todo caso, estos factores subjetivos no tuvieron un contrapeso en el hecho objetivo mayor, la necesidad de respaldar moralmente un paso histórico con una votación abrumadora.

  1. El “No” se convirtió en una arma proyectada a la próxima sucesión presidencial en Colombia, bajo la apariencia de un discurso restaurador de derecha, de un nacionalismo ramplón que identifica la asimilación de categorías colonizadoras como la de “lucha contra el narco-terrorismo” y el combate militarizado y prohibicionista sobre el trasiego ilegal de drogas, como sinónimos de “defensa patriótica” de una identidad que apuesta y prefiere el pasado sobre el futuro.

  1. Lo más importante es que, tanto el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, los principales partidos políticos que apoyaron los cuatro años de negociaciones y el Acuerdo final, así como las propias FARC-EP y el propio ELN (que avanza en su mesa de negociaciones con el mismo objetivo), están resueltos a proseguir en la ruta trazada por el Acuerdo. El margen de la derrota es muy pequeño, pero es una diferencia al fin, siendo un 37% del padrón el que salió a votar. No es tampoco ampliamente representativa del sentir nacional. Creo que la postura de las FRAC-EP se puso en marcha bajo dos ejes estratégicos: el Acuerdo está firmado para todos sus efectos legales internos, y la votación no tiene una cualidad vinculante sobre el mismo; y, el Acuerdo ha sido también validado internacionalmente ante el “Consejo Federal Suizo en Berna como un Acuerdo Humanitario especial entre partes en conflicto, en el marco de la Convención de Ginebra”, es decir, surte efectos legales dentro del Derecho Público Internacional, agregando el líder Rodrigo Londoño, “Timoshenko” que: “Esto le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico”.

(https://es-us.noticias.yahoo.com/alerta-noticioso-ap-163444472.html)

No son descartables duras polémicas, controversias y tensiones en torno a criterios como estos y otros que surgirán, pero creo que el proceso es irreversible. La solidaridad internacional se ha hecho presente y gravita en el ánimo de los actores fundamentales. No olvidemos que siempre será más complejo y arduo, construir que destruir, actuar con la Política como arma rectora, que accionar uno o mil fusiles. Hoy, es el tiempo de la Política.

Por ello, presentamos nuestro análisis del proceso, sus determinantes objetivas, sus obstáculos aún presentes y sus prospectivas a futuro que racionalmente comparte la inmensa mayoría de los colombianos, como cualquier pueblo amante de la paz y el progreso, que será lo que finalmente se imponga como voluntad colectiva indeclinable.

1.-Experiencia Colombiana: Guerra sin Cuartel con Débil Compensación Social

La experiencia colombiana en materia de combate a las organizaciones transnacionales del crimen ligado al trasiego de drogas como la cocaína, el lavado de dinero, etc., así como, a la insurgencia armada de tendencia izquierdista por un cambio de estructuras, es un ícono en nuestra región, es el referente mayor en cuanto a concepción, filosofía política, diseños institucionales, doctrina militar adoptada (la de la contrainsurgencia), sobre la táctica y la estrategia en el despliegue y operación de las fuerzas coercitivas del Estado. Y por ello mismo, en cuanto a violación masiva de derechos humanos, desaparición forzada, uso reiterado del crimen de Estado, la represión generalizada, y todo ello, con una injerencia masiva y mayúscula también, de las fuerzas de inteligencia y seguridad de distintos gobiernos en turno de los EUA.

Entonces, Colombia es paradigma de contrainsurgencia, de criminalidad de Estado y aplastamiento de la Soberanía. Pero también, de vigencia recortada de dominio territorial del Estado Nacional. Por fortuna para Colombia misma y para la región latinoamericana, se ha dado un paso determinante en la dirección contraria: de enterrar este infame capítulo histórico mediante un acuerdo negociado de paz con la más grande organización izquierdista armada del subcontinente: las FARC-EP, lo que puede convertir a Colombia en un nuevo ícono, esta vez edificante, de solución política de un agudo e histórico problema socio-político. Enhorabuena¡ .

En Colombia, paradigma de aplicación de todas las políticas de seguridad, represión, inteligencia, etc. formuladas por EUA (el Departamento de Estado, el Pentágono, la NSA, etc.), particularmente uno: los enfoques político-militares de contrainsurgencia se han acompañado en los últimos 30 años de Planes de Desarrollo en los cuales el énfasis central ha sido la política social: a) como orientación sustancial plasmada en programas de gobierno; y b) como política de contención de la influencia social, de la insurgencia izquierdista y de la criminalidad transnacional. Han sido los casos de: el Presidente Belisario Betancourt, quien le llamó a su programa de desarrollo, “Cambio con Equidad”; César Gaviria lo llamó “Revolución Pacífica”; Ernesto Samper “El Salto Social”; Álvaro Uribe Vélez (segundo mandato) le llamó “Estado comunitario, desarrollo para todos”; y el actual, Juan Manuel Santos “Prosperidad para Todos” (durante el primer mandato) y el segundo, “Todos por un Nuevo País”.

Obsérvese, como en los diversos gobiernos, se combatió a los cárteles de la cocaína y a los grupos insurgentes de la izquierda armada, con extrema violencia desde la concepción de la contrainsurgencia, con grandes apoyos externos, un rearme permanente, con ampliación en número, fuerza y sofisticación de los cuerpos armados, etc., pero de igual manera, con una devastación de la legalidad, de los derechos humanos, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales masivas, pero nunca dejaron de pregonar objetivos de aumento en el bienestar social como ruta política fundamental de sus gobiernos. Esto es lo típico en los programas contrainsurgentes durante su aplicación y desarrollo.

En Colombia, hasta 2005, en que se creó una Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (que llevaría a la integración del Registro Único de Personas Desaparecidas) en sus distintos reportes de diversas fuentes (oficiales y no oficiales) daba cuenta de más de 50,000 personas en estado de desaparición forzada, entre 1982 y 2005 (hasta el cambio legal en 2000, no era considerado un delito). La estimación de desaparecidos llegó a 250,000 recientemente (con 7 millones de campesinos desplazados de sus tierras). Un integrante de la Comisión Colombiana de Juristas declaró al respecto:

“Las víctimas de este delito son, en su mayoría, colombianos que hacían parte o adelantaban labores con comunidades y sectores populares, con cooperativas, juntas de acción comunal, movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y de derechos humanos; simpatizantes o militantes de grupos de izquierda y que viven en regiones de alto conflicto o ricas en recursos. “La desaparición en Colombia se convirtió en una herramienta de lucha política contra sectores populares y contestatarios, a diferencia de Argentina, donde los desaparecidos eran profesionales y estudiantes de clase media y alta, lo que les permitió tener más capacidad de maniobra” (http://www.semana.com/nacion/articulo/los-desaparecidos-forzados-en-colombia-cuantos-se-buscan/81989-3)

El Presidente Santos declaró hacia finales de 2014:

(…) durante su administración se ha venido disminuyendo el desempleo mes tras mes durante 36 meses, llegando a cifras de un dígito, y se ha logrado en solo tres años crear más de 2 millones 300 mil puestos de trabajo, la mayor parte de ellos formales y dignos, es decir, estables y con todas las prestaciones de ley. "Ningún país de América Latina y muy pocos en el mundo pueden mostrar avances tan importantes contra el desempleo. En materia de pobreza, las cifras conocidas al corte de junio de este año nos muestran que en los últimos tres años logramos sacar de la pobreza a 2 millones y medio de colombianos, y de la pobreza extrema a más de 1 millón 300 mil compatriotas".

Explicó que esto es como si se sacara de la pobreza a toda la población de Medellín y de la pobreza extrema a toda la población de Barranquilla, "un avance sin precedentes". "Hoy estamos en el promedio y esto se debe, en buena parte, a que el ingreso de quienes ganan menos está creciendo proporcionalmente mucho más que el ingreso de los de mayores recursos", añadió. El Presidente destacó que si se han logrado estos avances en su gobierno es porque se han llevado a cabo una serie de políticas y programas sociales y de inclusión que están dando frutos y que están mejorando la calidad de vida de millones de familias vulnerables en el país.“

(Octubre 7, 2014, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Octubre/Paginas/20131007_06-Presidente-Santos-destaca-los-mas-importantes-logros-en-materia-social-durante-los-ultimos-3-anos.aspx)

No perder de vista: apoyos sociales relativamente escasos (ante la magnitud de la problemática social derivada del Estado contrainsurgente) con una violencia extrema en general y con represión generalizada que el Estado fue siempre impotente para detener y revertir por la sencilla razón de que era él quien la encabezó, desarrolló y consumó durante décadas enteras, en sus nefastos efectos sobre la población civil. Entendió, finalmente, que sólo era posible pararla pactando la paz.

En Colombia, los operativos de contrainsurgencia no sólo se nutrieron con la capacitación de los instructores estadounidenses en forma altamente significativa (en número y en recursos de todo tipo), sino que se apoyaron directamente en la logística y la infraestructura tecnológica operacional del ejército de los EUA desde sus bases militares cercanas, para efectuar, por ejemplo, un ataque dentro del territorio ecuatoriano sobre un campamento instalado por un grupo de las FARC (1º. de marzo de 2008), en el cual fueron ultimadas 17 personas, incluyendo a un alto dirigente del grupo armado, “Raúl Reyes”, integrante del secretariado y responsable del área internacional, capturando información crítica en manos del citado comandante insurgente.

La versión del gobierno de Álvaro Uribe por boca de su ministro de defensa Juan Manuel Santos (hoy Presidente de la República por segunda ocasión), fue que los guerrilleros habían atacado al ejército colombiano en los bordes fronterizos entre ambos países, lo que realmente en Sudamérica nadie creyó. (Ordoñez Freddy, 17 de abril, 2008, Agencia de Noticias Prensa Rural, http://prensarural.org/spip/spip.php?article1169). Sin embargo, la crisis diplomática fue superada ante la inconveniencia para todos los actores de ir a un enfrentamiento armado que nadie desea ni soportaría internamente, y que abriría un espacio para la intervención de la hegemonía militar continental.

Lo anterior significó, llevar la “guerra contrainsurgente” a las fronteras internacionales, generando un curso sumamente peligroso por el posible conflicto entre Estados (con Ecuador) que podía desatarse. Detrás del gobierno del Presidente Uribe y del Ejército colombiano, cuyo Ministro de Defensa era el actual Presidente Santos, estaban la logística, las telecomunicaciones, las operaciones encubiertas, los dispositivos electrónicos y la asesoría técnica personal del ejército estadounidense, de sus grupos de seguridad e inteligencia militar. No era poco.

Pero existen otros episodios en Colombia en cuanto a impactos sociales y criminales a manos de las fuerzas armadas y policiacas en la guerra de contrainsurgencia, que se parecen mucho a los más recientes eventos criminales en México. Veamos:

Una matanza de 11 jóvenes conocida en Colombia como “la masacre en el suroriente de Bogotá” del 30 de septiembre de 1985 (apogeo de la guerra contrainsurgente y contra los “cárteles de la cocaína”, masacre perpetrada contra un comando de jóvenes del movimiento 19 de abril, M-19), quienes realizaban una operación de “redistribución de alimentos”, al tomar un camión que transportaba leche en el barrio San Martín de Loba, y comenzaron a repartirla entre la población de bajos recursos, siendo rodeados por 500 elementos del ejército, por miembros del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, institución de la inteligencia de Colombia), por la policía, y por una sección de la policía criminal, que ejerce o ejercía funciones de policía judicial (SIJIN), escena en donde uno de los policías se hizo del control del camión y le ordenó al chofer que se dirigiera hacia una estación de policía, los jóvenes intentaron escapar y fueron perseguidos y acribillados, siendo presentado el evento, por los cuerpos armados que participaron en el mismo, como “bajas tras un enfrentamiento”, pero los peritajes de los expertos en balística determinaron que:

“a José Alfonso Porras le fueron propinados 8 disparos, de los cuales, 5 fueron hechos a una distancia inferior a un metro. De la misma manera, se encontró que en el cadáver de Hernando Cruz había ocho orificios producidos por proyectil de arma de fuego, 5 de los cuales habían sido disparados a menos de un metro de distancia”. “En el cuerpo de Martín Quintero se encontraron 9 proyectiles, 5 de ellos con señales de disparos con una distancia inferior a un metro. El cadáver de Luis Antonio recibió 10 impactos de bala, 4 de los cuales fueron hechos a corta distancia”. Agregando que, “todo el escenario del crimen había sido alterado para simular un enfrentamiento”, incluyendo la “siembra de granadas de fragmentación en manos de los jóvenes”, según un comunicado de prensa dado a conocer por “el Comando Distrital de Milicianos del M-19”, al día siguiente de la matanza. Diez años después –dice otra nota periodística en esta conmemoración luctuosa del asesinato colectivo, que: “Al 31 de julio de 1995, todos los oficiales que habían participado en las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes, habían sido ascendidos en sus rangos”, además de exonerados de cualquier responsabilidad criminal.

Entre los mandos más altos del ejército, la prensa responsabilizó al Brigadier General Manuel Vargas Villegas, como uno de los principales responsables. Luego, vino la consignación del caso al organismo regional de Derechos Humanos (CIDH) y la condena del mismo mediante el informe de los peritos investigadores:

“En 1996 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó a la nación por las ejecuciones extrajudiciales de los 11 jóvenes, exigió el desmonte de la Justicia Penal Militar y del fuero militar para los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, al tiempo que exigió a las autoridades colombianas, protección de testigos. El 10 de marzo de 2008, se ordenó la reapertura de la investigación…” contra los implicados en la matanza que habían resultado inicialmente exonerados de cualquier responsabilidad criminal. (“In Memoriam: Víctimas de la Masacre en el Suroriente de Bogotá (30 de septiembre de 1985), http://www.oigahermanohermana.org/2014/09/in-memoriam-victimas-de-la-masacre-en-el-suroriente-de-bogota-30-de-septiembre-de-1985.html) (Una versión corta del relato está en http://notibarrioadentro.wix.com/notibarrioadentro#!In-Memoriam-Víctimas-de-la-“Masacre-en-el-Suroriente-de-Bogota”-30-de-Septiembre-de-1985/cjds/560fd72f0cf25fa7fe2436bb)

Refutando el aparente triunfo de la represión despiadada contra la insurgencia diversa en Colombia, una analista y luchadora por los Derechos humanos en Colombia, miembro de la organización denominada “Marcha Patriótica” nos ilustra sobre la realidad actual, Diana Nocua Caro, en un ensayo del mes de agosto de 2015, sostiene:

“El estado sigue utilizando e incrementando su material bélico, para forzar las opciones políticas de sus ciudadanos en torno en beneficio de los intereses de la elite dominante y continua combinando todas las formas de lucha  contra “el enemigo interno”,  incluyendo el terror militar y judicial contra los más vulnerables para aniquilar las opciones alternativas de sociedad (…). El narco-paramilitarismo es muestra de ello, en tanto mediante la creación de estructuras privadas con financiación de las fuerzas estatales, se dio pie al despojo más descomunal de tierras que se ha producido en la historia colombiana, mediante la ejecución de masacres y desplazamientos masivos de población que hoy en día conllevan a la existencia de más de 6 millones de desplazados y el despojo de más de 8 millones de hectáreas de tierras.

Pese a que se afirma que las estructuras paramilitares ya no existen en el país y que los grupos conformados por algunos de sus integrantes responden a delincuencia común, estas estructuras mantienen su poder económico político y social hoy en día en amplias regiones del país.” (“Guerra Sucia, Doctrina Contrainsurgente y Paramilitarismo en Colombia”, https://anncol.eu/index.php/colombia/politica-economia/item/1550-guerra-sucia-doctrina-contrainsurgente-y-paramilitarismo-en-colombia).

En la lógica de las similitudes (Colombia-México), y debido a que las semejanzas en las políticas y estrategia aplicadas, con las doctrinas y los mismos asesores externos, en lo sustancial, se produjo para combatir al crimen transnacional y a la insurgencia de la izquierda radical, asentados en cada territorio nacional. Para México, bajo ninguna circunstancia puede ser este escenario normalizado como el más probable. Pero, evidentemente, es mucho lo que tenemos que hacer políticamente para evitarlo.

Evidentemente, el control territorial de los grupos de la izquierda armada por el cambio social y la acción de poderosas organizaciones transnacionales del crimen, más la proliferación de grupos paramilitares que igualmente se parapetaban en distintos segmentos del territorio nacional, llevó el tema de la Soberanía sobre la totalidad de la superficie física de la nación colombiana, como tema sustantivo a resolverse por parte del Estado, y si no fue posible completamente por la vía represiva, podría lograrse por conducto de una negoción amplia y muy compleja. Fue una apuesta muy significativa.

2.- El Bloque de Poder Contrainsurgente en Colombia (BPCI)

Esta categoría de análisis, se usó en distintos informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, construida por la socióloga Vilma Liliana Franco Restrepo, investigadora académica y docente, como la esencia de su concepción sobre lo que denomina “Orden Contrainsurgente y Dominación”, título de su libro (Bogotá, 2011).

Con ambas conceptualizaciones de sociología política, nos refiere tres cuestiones sustantivas: i) el Estado colombiano tiene volcadas el conjunto de sus estructuras de seguridad, fuerza e inteligencia, así como sus aparatos de dominación ideológica, a la praxis de la contrainsurgencia, sustentado dicho fenómeno y sus procesos materiales concretos, en la doctrina contrainsurgente; ii) el conjunto de fuerzas sociales que se aglutinan como bloque aliado, de poder, ejercen la dominación ideológica, política y represiva desde la institucionalidad del Estado, es decir, la hegemonía, asumiendo y practicando dicha doctrina y asignando todos los recursos necesarios a ello, como la fuente primaria y fundamental de todos sus actos de gobierno; iii) la doctrina contrainsurgente es la filosofía política del Estado colombiano, No una doctrina más dentro de la ideología dominante, y a partir de ella, inunda la sociedad civil, sus instituciones y formas de convivencia y desarrollo social, mediante la violencia contrainsurgente. Es decir, constituye un Orden Social, es “la guerra como acción” y la “guerra como estado” permanentes, No una coyuntura, ni una política determinada de alguno de los poderes o instituciones del Estado, transitoriamente, sino constante.

Consideramos, esta es la esencia de la conceptualización que se desarrolla, tanto en el libro mencionado como en los Informes aludidos, su base teórico-conceptual, altamente útil y sugerente. El Estado colombiano asumió la contrainsurgencia como concepción fundamental y como doctrina de gobierno desde hace décadas, lo cual le da un atributo esencial que no tienen otros Estados latinoamericanos, que aunque la asumieron igualmente, lo hicieron en condiciones y entornos específicos para usarla de manera transitoria, como el Estado mexicano, que la usó durante el periodo denominado “guerra sucia” y la ha retomado de frente a su contexto nacional actual, dn paralelo al programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, en su versión inicial formulado por el ejército mexicano como Plan DN III Social, hoy, muy eclipsado.

La enorme importancia, trascendencia para Colombia y Latinoamérica, es que la consecución de un Acuerdo de Paz definitivo y duradero, rompe la piedra angular del Estado, de la política, de la relación gobierno-sociedad, de la ideología dominante, del régimen político colombiano de las últimas cinco décadas, que ha sido también la palanca estructural de la injerencia estadounidense, del cúmulo de agravios a la Soberanía nacional, de las restricciones externas a su auto-determinación. Será un acuerdo de relevancia histórica en la política latinoamericana.

Todo indica que el bloque de poder hegemónico contrainsurgente en Colombia agotó sus capacidades de gobierno bajo dicha estructura de dominación. Los nuevos intereses socio-económicos, más allá de la oligarquía cafetalera, reclaman para su mejor promoción, la recomposición del bloque histórico dominante, con mayores márgenes de decisiones nacionales y proyecto de desarrollo propios, y sin guerra civil de por medio.

De allí la convergencia actual de fuerzas encaminadas hacia la paz, la canalización institucional de los conflictos sociales (incluyendo el comercio ilícito de estupefacientes y el paramilitarismo, que es el brazo armado ilegal de fuerza del Estado) dentro de una reforma verdadera, sustantiva, al poder. Las nuevas formas políticas del Estado y el régimen político, son un imperativo para gobernantes y gobernados, para quienes están en el poder y para quienes lo disputan bajo un proyecto político distinto. Esta es la racionalidad de la acción política hacia el cambio social, respecto del desarrollo de las tendencias estructurales de la economía. Es la economía política. Veamos.

2.1 Los Factores que Hicieron Posible una Negociación

Salvo a los más empecinados, obtusos o dogmáticos y a-históricos líderes políticos, estrategas o intelectuales orgánicos, ensayistas, etc., la realidad no les hace cambiar sus premisas para la elaboración intelectual, la formulación de estrategias, y la praxis política, lo cual es muy lamentable, claro.

La situación en Colombia desde hace décadas, es la de una guerra civil que ha ido involucrando a mayores sectores de la sociedad, en forma armada y no armada respecto de las razones y acciones de ambos bandos, incluyendo de manera relevante, fuerzas externas a la nación colombiana. Sin embargo, todo indica, que la mayoría nacional se inclina por la pacificación, aun aceptando las argumentaciones de uno u otro bando contendiente. Militarmente, la balanza de fuerzas en los últimos años, parece inclinarse en favor de las fuerzas armadas del gobierno colombiano, pero no de manera contundente. La capacidad de acción y maniobra militar de las FARC (ya instalados desde hace varios años, no en la guerra de guerrillas, sino en la guerra de movimientos, es decir, una guerra mediante concentración de fuerzas de cientos de combatientes que atacan o defienden determinadas zonas) es manifiesta, con ataques efectivos perpetrados aún durante el proceso de negociaciones.

A lo largo de todo este desarrollo de la guerra civil, del apoyo estadounidense masivo y lucha contra la criminalidad transnacional, Colombia, con su ejército, se ha convertido en una potencia militar latinoamericana (segundo en sud-américa), a la vez, que el conflicto interno se regionalizaba (especialmente, fuertes fueron los choques del Presidente Álvaro Uribe con los Presidentes de Venezuela y Ecuador, tras la incursión de las tropas colombianas en la frontera con Ecuador, operación en la que murió el segundo comandante de las FARC ”Raúl Reyes”, 1 de marzo, 2007, y 20 combatientes más), con conatos de conflicto armado entre países, conjurado, mediante la urgente reunión del Grupo de Río, el 7 de marzo del año 2007, en República Dominicana. Subsisten tensiones decrecientes, pero ninguna amenaza de choques armados.

Desde luego, los factores que hicieron posible las negociaciones de paz, gobierno-FARC-EP en Colombia, analíticamente, se dividen, en esencia, en factores internos y externos (desglosamos más abajo, 10 en total) que en su conjugación dinámica, dialéctica, han podido materializarla. Ninguno de ambos grupos, podemos localizarlo y analizarlo en “estado puro”, dada su íntima retroalimentación y mutua influencia, que es bajo cuya materialidad expresan su impacto y modifican el curso de acontecimientos y hechos que les preceden. Podríamos ubicar las dos administraciones del Presidente Álvaro Uribe, como interrupciones en el camino de una “pacificación con concesiones mutuas”, dado que en él se apreció claramente su inclinación hacia una solución militar mediante la derrota clara del adversario, esencialmente, las FARC-EP, “solución” que tuvo un respaldo electoral innegable, y que coincidió con actos radicalizados de parte de esta última fuerza armada, que impactaron negativamente en la opinión pública, aderezadas con campañas mediáticas amplias e intensas, bajo el slogan del “narco-terrorismo”. Esta, como construcción ideológica ad hoc, es central en dicha estrategia.

Un antecedente sustantivo de cómo apreciaban la evolución de la situación colombiana desde el poder hegemónico regional (EUA), relativo al auge del poder económico y político de carácter criminal por parte de los llamados “cárteles de la cocaína”, así como de las iniciativas internas que los gobiernos colombianos venían ensayando para distender la grave situación del conflicto interno, nos las expresan los siguiente hechos:

Se había producido un proceso fallido de negociación política entre el “cártel de Medellín” al mando de Pablo Escobar con el gobierno colombiano (los de Belisario Betancourt, Virgilio Barco), a raíz de la firma del Acuerdo de Extradición con EUA (firmado en noviembre de 1980, y que entró en vigor en 1982), no obstante haber firmado un primer Acuerdo en septiembre de 1988, sobre el cual, no había unanimidad en el gobierno). Todo el proceso contó con el veto de EUA (finales de la segunda administración de R. Reagan e inicios de la primera de George H. Bush, es decir, Enero de 1989).

  1. Luego, se decretó el “Estado de Emergencia” en noviembre de 1992, por el Presidente César Gaviria, por un periodo de 90 días, y luego de una serie intensa de atentados atribuidos a las FARC-EP, que dejó un saldo de 30 muertos. Se ofrece después (mismo año) una amnistía a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente al gobierno.

  1. Una vez realizada la “entrega pactada” de Pablo Escobar y lugartenientes (junio de 1991), su encarcelamiento y fuga de la cárcel de Envigado, se produce su ejecución en (diciembre de 1993), todo, durante el gobierno de César Gaviria.

  1. El Paramilitarismo, como parte importante de la estrategia contrainsurgente, y por recomendación de los asesores militares estadounidenses, crecía aceleradamente estimulado desde distintas vertientes del poder del Estado, sus diversos cuerpo armados, y desde la sociedad civil, los grandes propietarios rurales, grupos enderezados, principalmente, contra la guerrilla izquierdista (FARC, ELN, M-19), quienes se definían “anti-terroristas y anti-comunistas”. Para esos años, habían crecido exponencialmente, al grado que se realiza en 1994, la “Primera Cumbre de las Autodefensa de Colombia”. Incluso, mediante decreto oficial (Decreto 3567, 11 de Febrero, 1994), expidiéndose el “Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, formando “cooperativas rurales de seguridad”, luego denominadas “asociaciones”. Así, el gobierno incorporaba una nueva fuerza armada de carácter civil, privada, a la lucha contra las guerrillas izquierdistas, pasando a ser por esa vía, un nuevo y poderoso brazo armado del Estado (armado y entrenado por el ejército y la policía nacional), quienes sumaban entonces, varias decenas de miles de hombres armados.

  1. No obstante, este gravísimo panorama, los académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, dan fe, de un hecho sustantivo: que “las fuerzas sociales que presionan por el logro de la paz, la convivencia y la equidad, tienen cada día más fuerza y mayor organización”. (http://facultaddesociales.jimdo.com/historia-de-colombia/colombia-desde-1990/).

  1. Con este proceso en crecimiento, con la proliferación de grupos armados civiles, y sin que militarmente se perfilara una victoria por parte de ninguno de los bandos en contienda (gobierno, carteles criminales, guerrillas izquierdistas, paramilitares), la situación podía enfilarse en el mediano o largo plazo, hacia un proceso avanzado de descomposición, o renovado de “pacificación con concesiones mutuas” entre los macro-actores principales del conflicto.

  1. Hacia 1999, año de presentación del Plan Colombia (entró en vigor en 2001), la economía colombiana se contraía en su PIB -4.3%, lo cual guardaba relación con la severa caída del precio internacional del café, pero, en paralelo, se consolidaban los descubrimientos de yacimientos de petróleo, que estaría llamado a revertir la situación económica, apoyado en el capital extranjero. Hoy Colombia tiene “grado de inversión” por las calificadoras de Deuda Soberana, dado que creció en el año de 2013, en 4.7% en su PIB, en 2014 en 4.8% y en 2015, se estimó el crecimiento en 4.5%, es decir, 14% acumulado nominal en tres años. (http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/Balance%202014%20y%20perspectivas%202015.pdf).

Entre tanto, el gobierno de los EUA, en la lógica política de profundizar su influencia directa sobre los términos de desarrollo del conflicto nacional colombiano, emite un pronunciamiento drástico. Comunicó entonces:

| “El 21 de octubre de 1995, mediante Orden Ejecutiva 12978, el presidente declaró una emergencia nacional de conformidad con la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (50 U.S.C 1701-1706) para enfrentar la amenaza extraordinaria y desacostumbrada a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos, constituida por los actos de traficantes de narcóticos significativos basados en Colombia, y la violencia, corrupción y daño sin igual que tales actos causan en Estados Unidos y el extranjero.

La orden congela todas las propiedades e intereses en propiedades que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo control de personas estadounidenses o extranjeras enumeradas en un anexo a la orden, como así también personas extranjeras que se determine desempeñan un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos basado en Colombia.” (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/wh.html)

Evidentemente, el problema abordado, en lo esencial, era y es absolutamente real, y grave, pero el comunicado y acciones decretadas antes mencionadas, escalaban claramente el nivel de incidencia e injerencia del gobierno estadounidense en el conflicto, pero lo más relevante, es que se había echado a andar una maquinaria de presiones diplomáticas y actos de hostilidad y mayor intervención que desembocarían, cuatro años después, en el mismísimo Plan Colombia, de cuádruple vertiente: contra los carteles de la cocaína, contra las guerrillas izquierdistas, contra el surgimiento del “chavismo” en Venezuela, y con el interés de los descubrimientos de petróleo en Colombia, especialmente, en la región oriental del país bajo fuerte presión guerrillera. La apuesta estaba hecha: salida militar a la conflictividad severa que presentaba Colombia y a la geopolítica de la sub-región (se había producido en el mismo 1999, el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez y su proclama bolivariana inicial, el movimiento popular estaba en ascenso y los modelos neoliberales de economía, se agotaban), hacia finales de la década de los años 90.

El fracaso pacificador más inmediato lo constituyó el diálogo anterior iniciado y desarrollado en la localidad de San Vicente Caguán (1999-2002), que se echó a andar con dos acuerdos de base: una tregua militar pactada por ambas partes y la creación de diversas zonas desmilitarizadas, proceso concluido, porque ambos bandos se acusaron de no respetar las dos medidas acordadas. Hoy no se partió de ningún principio como los anteriores, ni se fijó un tiempo límite para concluirlo.

El antecedente de mediano plazo respecto del proceso de paz actual, entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (que ha transcurrido durante su primero y segundo mandato) y las FARC-EP, lo inauguró el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado el 23 de febrero de 2012, tras la culminación de discusiones informales entre ambas partes, desde mediados de 2010. Con la firma de este Acuerdo, se abrió paso a la instalación de una Mesa de Negociación, que tuvo lugar, primero en Oslo, Noruega y continuó hasta el día de hoy, en la Habana, Cuba.

Analíticamente, podemos señalar con absoluta precisión, 5 factores de orden interno que han gravitado haciendo posible el proceso de paz, hoy firmado:

2.1.1 Los Factores de Incidencia Interna

Primer factor: el peso gravitacional de la voluntad política manifiesta, expresa de las partes combatientes para poner sobre la mesa, la posibilidad de un arreglo político al enfrentamiento militar en curso, a pesar de los procesos fallidos anteriores. Este es un dato fundamental del proceso de paz, y ello, directamente vinculado, a la necesidad absoluta del ejercicio de la Soberanía del Estado sobre la totalidad del territorio.

Las FARC-EP son el grupo armado más numeroso, combativo militarmente y que mayores áreas de poder territorial-militar ha logrado en 50 años de guerra armada (dependiendo de la fecha que se tome como origen fundacional del conflicto con los múltiples gobiernos habidos en Colombia), de allí que los procesos abiertos de paz con dicho ejército guerrillero (se estima, han llegado a tener movilizados y armados, entre 25,000 y 30,000 hombres y mujeres, a lo largo y ancho del territorio colombiano; hoy serían unos 17,000 efectivos, habiendo tenido bajo su control casi el 50% del territorio de la República, antes del inicio del Plan Colombia en 1999, echado a andar bajo la consigna de “lucha contra el narco-terrorismo”, un plan de absoluto corte contrainsurgente; hoy probablemente llegue el control territorial de las FARC-EP al 25-30% del total), incluso, los procesos fallidos con las FARC-EP, han sido mucho más importantes que cualquier otra iniciativa de paz con otros grupos armados en Colombia, que reclaman haber tomado las armas para lograr por esa vía, cambios sustanciales en la vida social, económica y política del país, desde décadas atrás.

Segundo factor, el peso gravitacional político-militar de las FARC-EP en la historia del conflicto armado nacional, porque su completa derrota militar llevaría mucho más tiempo, destrucción, muerte y mayor aún, costo social exponencial que el gobierno no está dispuesto a asumir, porque puede resultarle muy difícil de controlar. Pero tampoco, las FARC-EP desean correr el riesgo de no poder evitar su colapso total, dado que han sufrido derrotas parciales importantes en los últimos años. Aquí los intereses políticos de los contendientes, convergen y se concretan en el proceso pacificador.

El 9 de abril de 2013, tuvieron lugar en Bogotá (partió desde siete puntos distintos de la ciudad) y en muchas ciudades más, multitudinarias manifestaciones pidiendo la paz en la llamada “Marcha Patriótica”, como respuesta contundente y definitiva ante el asesinato de dos líderes locales organizadores de la misma 8mjy probablemente a manos de paramilitares al servicio de la extrema derecha). Una de las crónicas de evento nacional masivo se presentó así:

“Desafiar como se hizo, especialmente en Bogotá, al inamovible de la paz en que se ha convertido un gran sector institucional y los poderosos enemigos declarados de los diálogos de la Habana, es un hecho singular en la historia que no podemos pasar por alto. Dentro de este contexto, resalta la capacidad de organización, lucha y compromiso de Marcha Patriótica, movimiento político y social que da sus primeros pasos a nivel nacional como movimiento de movimientos de izquierda, democráticos y populares (…) Posteriormente se unieron otros movimientos sociales como Congreso de los Pueblos, Los Progresistas que siguen al alcalde de la capital, Gustavo Petro, liberales encabezados por el expresidente Ernesto Samper, luego la presidencia, etc. (…).Sin embargo, la capacidad de organización, coordinación y articulación de miles de participantes, simpatizantes y marchistas de todos los rincones del país.” (http://www.alainet.org/es/active/63263).

La prensa colombiana destacó la marcha “de la Colombia invisible”, una especie de mayoría silenciosa (la policía estimó en 200,000 los participantes, un analista independiente, Juan Manuel Barreto, con cifras de los organizadores, calculó en un millón cincuenta ml personas, provenientes de las principales ciudades y de 94 municipios del país), que ese día y mediante eses acto político, dejó de serlo y manifestó con absoluta claridad su opción a los contendientes armados. Se habló también en la prensa, de una marcha “altamente politizada”, en donde sus integrantes hacían declaraciones informadas. (https://politicacolombiana2013.wordpress.com/2013/04/21/la-marcha-del-9-de-abril/).

Tercer factor de enorme peso gravitacional, la manifestación masiva de la sociedad colombiana organizada optando claramente por la paz en las calles del país, lo cual, como movimiento social en ascenso, fue constatado años atrás por analistas políticos de la academia universitaria colombiana, como consignamos líneas arriba. Un movimiento que creció en conciencia política y organización, y que llegó a su punto álgido ese 9 de abril de 2013, y se refrendó, con el triunfo por la reelección del actual Presidente Juan Manuel Santos en 2014, con el mandato preciso de continuar hasta el éxito el proceso de la paz para Colombia, respaldando las negociaciones en la Habana ante la ofensiva de la ultraderecha guerrerista y oligárquica encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, que se empeña en una derrota militar contundente de las FARC. Pero el conjunto de marchas del 9 de abril de 2013, reagrupó a las fuerzas y cambió el juego político en torno a las negociaciones y el nivel del respaldo social a las mismas, y perfiló la victoria del presidente Santos en el proceso electoral posterior, al mantener como eje de su campaña electoral, el compromiso de avanzar y concluir exitosamente el proceso de paz con las FARC.

Cuarto factor de incidencia gravitacional: la situación de las fuerzas en los distintos frentes de lucha armada, inclusive, con los grandes esfuerzos hechos por los diversos gobiernos desde antes, pero sobre todo, a partir del Plan Colombia (EUA canalizó ayuda diversa pero sobre todo militar por 10,000 millones de USD), y del propio esfuerzo nacional presupuestario (el ejército colombiano tiene el presupuesto más alto de los ejércitos latinoamericanos), no ha podido llegar la derrota militar de las FARC, pero estas últimas, tampoco tienen a mano una perspectiva de poder derrotar al ejército con el apoyo masivo de una eventual población insurrecta y tomar el poder (ha sufrido un debilitamiento relativo pero sensible en el los últimos 5 años), y de ninguna manera acepta como futuro, la sola sobrevivencia militar, de manera que este impasse militar, es fuertemente motivador de una búsqueda negociada del fin del conflicto para ambas partes.

Quinto factor gravitante, Colombia ha pasado a ser una economía más diversificada pero dentro del sector primario exportador, apoyado por las inversiones mineras (carbón, piedras y metales preciosos), petroleras (produce ya algo más que un millón de barriles diarios de petróleo) y de gas (supera su producción los 10,000 millones de metros cúbicos anualmente) de las últimas dos décadas, en un contexto de reducción significativa de su producción cafetalera (tercer productor mundial, segundo latinoamericano, y principal producto de exportación con el petróleo), pero su producción de valor industrial agregado (químico, petroquímico, automotriz, etc.) sigue siendo baja y caracterizada por una notable ausencia de inversiones desde el Estado en infraestructura y que promocionen dichos sectores. Su IED superó ya en 2012 los $15,000 millones de USD anuales, siendo Chile su principal inversor. Lo más avanzado, incluso, globalizado, son sus finanzas (crece más de 20% anualmente). Pero destaca el muy alto índice de subempleo y desempleo, de los dos más altos de América Latina, que según el Foro Económico Mundial “afecta los negocios de múltiples maneras, desde el freno al crecimiento económico hasta la amenaza sobre la estabilidad social” (ww.eltiempo.com/economia/sectores/4-riesgos-de-la-economia-colombiana-segun-foro-economico-mundial/16494122), el que aunado al ciclo bajista presente de los precios internacionales del petróleo, plantea a Colombia la necesidad absoluta de la diversificación industrial (imposible sin mucho mayor estabilidad socio-política), a pesar del desempeño actual no necesariamente reprobable. (http://www.portafolio.co/economia/finanzas/devaluacion-pone-colombia-cuarta-economia-america-34688). El reto es avanzar a una nueva fase de desarrollo con estabilidad política. A ello sirve la paz, no la guerra, así sea contrainsurgente.

Hay entonces, dos imperativos inaplazables: i) ajustar el aparato de seguridad, inteligencia y fuerza del Estado a las dimensiones y características centrales de la estructura socio-económica, para evitar la sangría monumental de recursos financieros por la vía del gasto militar, reconvirtiendo su actual economía de guerra; y ii) avanzar en el proceso de desarrollo industrial estancado por la irresolución del conflicto militar, lo cual determina, la necesidad de emergencia de nuevas formas e instituciones del poder, un nuevo tipo de relaciones sociales de producción (sobre todo en el campo), que no serán posibles sin una paz estable y duradera, porque la apertura económica y la incorporación a los procesos de integración económica de los últimos años, reportará un nivel bajo de beneficios con una estructura endógena como la descrita antes, sumariamente.

El gran reto es la etapa postconflicto, que requerirá de ingentes recursos públicos, seguramente, con apoyo multilateral, es lo que el gobierno ha denominado, “Estrategia de Respuesta Rápida” (ERR), sumando en la etapa inicial, unos $500 millones de USD, en proyectos que comprenderán tres áreas críticas: justicia, desarrollo y gobernabilidad. La caída del precio del barril de petróleo en 2015 plantea problemáticas importantes (http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/17/colombia/1453059454_460564.html?rel=mas), porque sus ventas al exterior cayeron casi 40%. ¿Pondrá esta situación económica en riesgo el final exitoso del proceso de paz? O ¿al contrario, lo reforzará?

A nuestro entender, estos son los cinco factores de mayor densidad en el orden interno, que han hecho posible y objetivamente imperiosa la necesidad de abrir, mantener y esforzarse en consolidar y concluir exitosamente, el proceso de paz iniciado en Oslo, Noruega, en el año de 2013.

2.1.2 Factores de Orden Externo

Ahora bien, en el orden externo, destacaríamos otros cinco factores trascedentes:

“4.- Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, y en dos de sus párrafos, que nos parecen ilustrativos de nuestro dicho anterior, se establece: “sin perjuicio de las limitaciones que tiene el país para dar una solución definitiva a una problemática de carácter transnacional, se empeñarán todos los esfuerzos para transformar las condiciones de las comunidades en los territorios y asegurar que Colombia sea un país sin cultivos de uso ilícito y sin narcotráfico (...) El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas”.(Comunicado Conjunto No. 36, https://www.youtube.com/watch?v=k_VNIgxP0M8)

Se ligan orgánicamente: los cultivos ilícitos al tema de la marginalidad y adversidad socio-económica en tales regiones, lo que requiere atenderse con programas sociales auténticos, no contrainsurgentes; y el inmenso negocio del trasiego de la cocaína, con la corrupción al interior de las instituciones del Estado, es decir, con la captura de instituciones o segmentos de ellas por el crimen transnacional, y el compromiso ante la sociedad del gobierno actual, de impulsar una lucha decidida en contra de ello.

“el Gobierno Federal de Justicia y las Leyes que rigen este país son independientes de cualquier acuerdo político en Colombia. Que los crímenes y sentencias, serán ejecutadas contra aquellos Terroristas que las cometen. “En pocas palabras los USA no concede IMPUNIDAD a los Terroristas FARC que cometieron o cometen actos criminales contra sus ciudadanos o nuestra nación”. (7 de febrero, 2016, costanoticias.com/usa-no-da-impunidad-a-los-terroristas-congreso-republicano/)

Por consecuencia, esta flexibilización política aludida, puede ser parcial y hasta incierta, desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el NSA, ocupados hoy por los demócratas; está por verse si dicha flexibilización comprende también al Congreso de los EUA de mayoría republicana u otros órganos del Estado, como el Poder Judicial. Lo veremos bajo el resultado de la elección presidencial en EUA de finales de este año 2016. Por lo pronto, fue un factor facilitador del proceso hasta hoy.

Para dar cuenta de este gran cambio en la postura de la Casa Blanca, que está por verse de qué magnitud es realmente, podemos referir el caso Víctor Bout-FARC-DEA-gobierno de Tailandia:

  1. Víktor Bout (usaba muchos seudónimos), y su socio, Andrew Smulian, son considerados de los más grandes traficantes internacionales de armas, a Víktor Bout le apodaron “el Mercader la Muerte” (la película de Nicolás Cage está inspirada en este personaje), perseguido internacionalmente por los servicios de seguridad e inteligencia de muchos países, especialmente, por los de EUA, porque estaba detrás del aprovisionamiento de armas de múltiples “grupos terroristas”, organizaciones criminales, etc., quienes fueron finalmente arrestados con evidencias de sus actividades, el 6 de marzo de 2008 en Bangkok, Tailandia, en un operativo policiaco en el que participaron para su resolución final, más de 10 servicios de inteligencia de Estado, siendo ejecutado por 6 agentes estadounidenses y 200 efectivos policiales tailandeses. Era “el hombre más buscado por EUA después de Osama Bin Laden”, comenta Daniel Estulin (2011: 238), a quien seguimos en esta narrativa del evento. EUA pidió de inmediato su extradición.

  2. El crimen atribuido: el principal fiscal de la acusación judicial en EUA. Michael J. García, aseveró: “decidieron armar a terroristas con instrumentos de gran potencia que han avivado algunos de los conflictos más violentos de los últimos tiempos. Hoy en EUA se enfrentan a cargos por llegar a un acuerdo para suministrar armamento a una organización terrorista que ha amenazado los intereses de Norteamérica y continúa haciéndolo” (p. 241). ¿Quién?, las FARC-EP.

  3. El acuerdo alcanzado Bout-Smulian-FARC-EP: Vender armamento por valor de $5.0 millones de USD consistente en: 100 plataformas de lanzamiento para misiles SAM de fabricación soviética y lanzamisiles anti-blindaje (les había ofrecido para posteriormente, helicópteros artillados), bajo el mecanismo de que una tripulación aérea lanzara los armamentos embalados en territorio FARC, usando también paracaídas de combate para protegerlos. La conspiración era un hecho, lo consideraba así EUA.

  4. La conspiración fue descubierta mediante infiltración de elementos de la DEA que lograron engañar a los proveedores haciéndose pasar pór gente de las FARC-EP y lo grabaron varias veces en la negociación y al supuesto cierre del negocio, lo que usaron para atraparlos y para acusarlos judicialmente. (p.240).

Las FARC-EP considerada una organización terrorista que amenaza la seguridad y los intereses de EUA. Nada más. El cambio entonces es trascedente, pero consideramos puede haber sorpresas, la voluntad política para modificar radicalmente el enfoque del Presidente Juan Manuel Santos fue fundamental, es una lección para muchos.

5.3 La Reconversión del Ejército Colombiano

Hemos afirmado antes, que el Estado y ejército colombiano encabezan el bloque de poder hegemónico contrainsurgente que domina y gobierna en Colombia desde hace algunas décadas, dentro de lo cual, su razón de ser, es la conducción y desarrollo de la guerra civil que tiene lugar en dicho país, como el dato central del Orden Social existente. Pero, el cada vez más cerca final, en su parte mayormente significativa que es la guerra contra las FARC-EP, obliga a un cambio de fondo en el ambiente social de hoy, particularmente en la institución militar, en las otras fuerzas armadas y de la seguridad del Estado, de la Nación, de la República.

El final del conflicto concretado en el terreno militar, según algunos analistas, empezó a materializarse durante el año de 2015, conforme a los análisis del líder de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, quien hace una afirmación contundente:

“El período entre julio y noviembre de 2015 ha sido el de menores  confrontaciones en los últimos 30 años de existencia de la guerrilla (…) las Farc están listas para un cese bilateral. Gobierno y Fuerzas Militares conocen de las zonas, 242 municipios, donde operan los 7 bloques y los 69 frentes de esta guerrilla, con lo cual podría empezar el proceso de concentración de guerrilleros de cara a la firma de la paz.” (http://www.las2orillas.co/la-, guerra-de-las-farc-se-acabo-en-el-2015-leon-valencia/)

Ello, como producto del “cese unilateral” de las FARC sobre la base del cual se avanzó hacia “el cese bilateral”, que constituyó un virtual fin de las hostilidades, bajo la perspectiva de que la firma final de los acuerdos, la convertiría en duradero y definitivo.

Y presentan el siguiente gráfico en donde se aprecia la tendencia antes indicada:

De igual manera, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), reporta que el último año de la guerra civil en Colombia “en los últimos siete meses, se ha vivido el periodo de menor intensidad en 51 años de conflicto, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones violentas” lo que confirma una tendencia hacia el cese de los enfrentamientos. (http://www.notimerica.com/politica/noticia-pasara-ejercito-colombiano-concluir-proceso-paz-20160315165526.html).

Así, la reestructuración de la fuerza armada profesional, no sólo es el futuro inmediato, sino un proceso en desarrollo, para cuyos efectos se creó el Comando de Transformación Ejército del Futuro, quien liderará la transformación institucional, la cual, las FARC (que incluyen a la policía en el necesario proceso) la entienden en una triple vertiente: el recorte presupuestal severo para reasignar cantidades importantes de dinero a las áreas sociales, preferentemente; convertir al ejército en fuerzas armadas ara la construcción de la paz; e igualmente, en fuerzas defensoras de la soberanía nacional, desmontando así la estructura actual basada en la contrainsurgencia y la seguridad nacional. Ello, como base para una reforma política y la reestructuración democrática del Estado. (http://www.la-razon.com/mundo/FARC-pide-Ejercito-Policia-fuerza_0_1864013704.html).

La doctrina contrainsurgente para la seguridad nacional, será sustituida, por la doctrina de defensa de la Soberanía y el mantenimiento de la paz y la democracia internas. El tránsito es extremadamente complejo, pero los avances son ya sustanciales.

Una amenaza importante (como lo son las organizaciones criminales), que surge desde dentro del proceso negociador (y claro, anclado a muy poderosos factores de poder externo) es el tema del modelo económico de desarrollo para Colombia: la necesidad de transitar hacia una fase mayor de desarrollo, sin guerra y modificando la actual estructura de poder a cuyo frente se encuentra el bloque social de poder contrainsurgente, es un imperativo de modernización y progreso para Colombia, de una mejor inserción en los flujos actuales de capital, mercancías, tecnología y energía, tanto regional como globalmente, pero allí surge una pregunta fundamental: ¿con qué modelo de desarrollo? ¿con cuáles parámetros económicos maestros? ¿ libre mercado con amplia retracción del Estado y predominio del capital financiero global?, o algo más cercano al “modelo UNASUR”, ¿con libre mercado regulado, con importante participación del Estado, con control estatal de los sectores estratégicos (energías primarias, energías alternativas, recursos hídricos, servicios financieros, etc.,) y con predominio de la integración económica subregional, y diversificación estratégica de las relaciones económicas externas, esencialmente, hacia la región asiática?.

En suma, una versión colombiana del capitalismo de libre mercado y amplia apertura externa con abstinencia estatal, o un capitalismo de inversión mixta, de fuerte participación estatal, medianamente regulado y con claro compromiso social. Esta disyuntiva tienen un impacto social directo en la distribución de la renta nacional, por lo tanto, el tema es mayor, pero conforme al acuerdo pacificador, será encauzado institucionalmente, mediante una confrontación político-ideológica pacífica, aunque los enemigos de ello son muchos y también poderosos, dentro y fuera de Colombia.

La Confederación General de Trabajadores, CGT, salió a las calles el 17 de marzo, exigiendo al Presidente Santos cambios sustantivos en la política económica y social:

“En el pliego de 15 peticiones que reunió a los colombianos en las calles, las organizaciones reclamaron un alza general de salarios; se manifestaron en defensa del campesinado y del patrimonio público, pidieron la revisión de los tratados de libre comercio y el fin de lo que consideran la privatización de la salud, entre otros.

También protestaron por la reciente venta a capitales privados de la generadora de electricidad Isagen y por el escándalo por los millonarios sobrecostes en la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar) (…..) Entre las demandas también está desarrollar medidas que terminen con la hambruna de los niños en el departamento caribeño de La Guajira, el rechazo a la importación de alimentos con arancel cero, una reforma universitaria, promoción del empleo digno y de un ordenamiento territorial que respete el medioambiente.”(http://www.efe.com/efe/america/economia/miles-de-colombianos-piden-a-santos-un-cambio-en-la-politica-economica-y-social/20000011-2871332).

Esta postura tendrán que respaldarla las FARC-EP, dentro del proceso negociador, en la movilización y declarativamente, lo que creará tensiones importantes, porque, por ejemplo, el Presidente Juan Manuel Santos, al respecto, en una entrevista para un periódico español declaró:

“no se discute el sistema político colombiano o el modelo económico", sino las condiciones para que "la guerrilla pueda desmovilizarse e ingresar en la vida democrática. Que cambien las balas por votos".

El periódico refirió así las declaraciones:

El presidente colombiano, que respondió por correo electrónico al periódico, dijo que en el proceso "no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de, cómo lograr la paz con un máximo de justicia". (http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-paz/santos-dice-no-se-va-cambiar-modelo-de-estado-negociaci-articulo-476794)

De eso precisamente se trata, de justica, no sólo para los afectados por la guerra, no sólo justicia para las víctimas, sino justicia social para los más vulnerables, sin esta demanda cotidiana, la lucha de medio siglo de las FARC-EP se vacía de contenido histórico, y su presencia y participación futura, eventualmente, en los procesos electorales y en el movimiento social colombiano, se debilitaría considerablemente dentro de los sectores populares.

En dicha entrevista, agregó también el jefe de Estado:

“Podremos tener un incremento permanente del PIB entre 1,5 y 2,5 puntos adicionales". Esto, dijo, "nos permitiría erradicar la miseria esta década".

Al ser preguntado por la incorporación a la vida política de los exguerrilleros, afirmó que "es lo que siempre hemos deseado: que cualquier debate se de en los escenarios de la democracia y no con violencia".

Son evidentes cuatro cuestiones en estos criterios vertidos por el Presidente Santos:

  1. La firma de la paz para el gobierno y aliados, debía ser con el menor costo político y en concesiones, para hacerla viable y posible entre las fuerzas que han actuado desde el bloque de poder contrainsurgente, lo cual es normal-racional en un jefe negociador;

  1. adicionalmente, con lo anterior, luchó por mantener íntegro dicho bloque en torno a su comando sobre el proceso político y militar, sin entrar ni insinuar en absoluto o en lo mínimo, el conflicto de proyectos nacionales precipitadamente, porque rompería muy peligrosa y lesivamente dicha unidad, indispensable para concluir el proceso en la fase final;

  1. bajo su perspectiva, el periodo post-conflicto, dará vigencia a un modelo económico de desarrollo sin cambios importantes, es decir, continuidad del actual, o mediante el actual. Según sus estimaciones, puede abatirse la miseria en una década, mediante un crecimiento del PIB de entre 15% - 25% en tal periodo, con lo cual hace alarde de una visión desarrollista: sin mecanismos institucionalizados de distribución equitativa del producto social en crecimiento, NO se puede erradicar la miseria;

  1. por ello, pide que el tema del modelo de desarrollo nacional, se ventile en el nuevo escenario de la participación política institucionalizada de las FARC-EP, en donde ellos actuarán pacífica e institucionalmente.

Un escenario conflictivo, que presagia tensiones severas, pero aún con lo fundamental que resulta el tema (como lo han sido otros) para ambas fuerzas en la mesa de las negociaciones y después, pudo, debió y finalmente, se superó, se pospuso, aunque en el debate, inicialmente en paralelo, cada fuerza fijó su postura ante el otro actor, para darse a conocer con la misma fuerza institucional ambas alternativas, pero resolviéndose ulteriormente, mediante la correlación socio-política de fuerzas en un escenario post-conflicto armado.

La conclusión del prolongado conflicto militar mediante un proceso negociador (es decir, de concesiones mutuas, manteniendo un equilibrio determinado) obliga a los actores centrales a posponer y/o conceder para firmar una paz con acuerdos refundacionales sustantivos, tal vez no completos desde cada óptica de los actores combatientes (lo supo en su momento, el FMLN en el Salvador, la UNGR en Guatemala, etc.), porque, en un proceso como el colombiano, más que nunca, la política es el arte de lo posible, no de lo deseable; en cualquier caso, los actores centrales quedan orientados a una nueva etapa nacional para continuar la lucha social en un escenario social transformado.

Septiembre de 2016.


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