El extractivismo contra los pueblos de America Latina

Quiero destacar siete aspectos del extractivismo actual en el continente, que muestran de forma nítida sus modos neocoloniales de someter a los pueblos, permitiendo establecer que la acumulación por desposesión en el sur del mundo no puede implementarse sin antes instaurar un estado de excepción permanente.

El primero es la masiva ocupación de territorios por la minería a cielo abierto y los monocultivos, seguida de la expulsión de comunidades enteras, del estrechamiento de sus posibilidades de mantenerse en el territorio debido a la presencia militar de actores armados. En varios países andinos, entre 25 y 30% del territorio ha sido concesionado a multinacionales de la minería, mientras los monocultivos ocupan las mejores tierras y presionan sobre los pequeños productores rurales.

En segundo lugar, se establecen relaciones asimétricas entre las empresas transnacionales, los Estados y las poblaciones. Desde un punto de vista estructural, el principal efecto del extractivismo ha sido “reinstalar un nuevo patrón de asimetrías económicas y geopolíticas a través de la creación de territorios especializados en la provisión de bienes naturales, intervenidos y operados bajo el control de grandes empresas transnacionales”.

En tercer lugar, ha generado economías de enclave, como expresión extrema de espacios socio-productivos estructuralmente dependientes. Los enclaves representaban una de las principales formas de ocupación del espacio en la colonia; se caracterizan por no tener relaciones con el entorno y por sus economías “verticales”, que no se articulan con las economías de las poblaciones. Extraen, se llevan, pero no interactúan; empobrecen la tierra, el tejido social y aíslan a las personas.

En cuarto lugar, se registran intervenciones políticas potentes que consiguen modificar las legislaciones, al punto de que fuerzan a los Estados a otorgar importantes beneficios fiscales a las empresas, a garantizar la estabilidad de las ganancias, a eximirlas del pago de impuestos, de derechos de importación y de otras obligaciones que rigen para los ciudadanos, colocando a los países en una situación de dependencia que implica el fin de las soberanías. En Argentina, el Código de Minería declara expresamente que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas y, por eso concede a los “particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños…”.

En quinto lugar, se registra un ataque a la agricultura familiar y a la soberanía alimentaria. La minería y los monocultivos desconocen a las poblaciones y al medio ambiente local, generan un grave problema de agua, ya sea por escasez o contaminación, y rompen los ciclos biológicos; se evidencia una tendencia hacia la desterritorialización y la desintegración sociales; así, las comunidades pierden acceso a ciertas zonas de producción, la presencia extractiva fomenta la migración campo-ciudad y la redefinición de los territorios como consecuencia de la intervención vertical de las empresas y de la desintegración comunal, generando espacios locales transnacionalizados.

La militarización es el sexto aspecto a destacar. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, hay más de 206 conflictos activos como consecuencia de la megaminería en la región, que afectan a 311 comunidades. En Perú, la conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala y condujo a la militarización de varias provincias. Entre 2006 y 2011, los conflictos socioambientales provocaron la muerte de 195 activistas en el país andino.

Por último, el extractivismo es un “actor social total”. Interviene en la comunidad donde se instala, genera conflictos sociales y provoca divisiones. Pero también busca generar adhesiones a través de “contratos directos y dádivas u ofertas a individuos y comunidades particulares, bajo la forma de acción social empresarial, apuntan a dividir a la población, a fin de lograr una espuria “licencia social” o acallar a los sectores que se oponen”. Las empresas desarrollan vínculos estrechos con universidades e instituciones, hacen donaciones a escuelas y clubes deportivos. Se convierten en “un actor social total”. Tienden a reorientar la actividad económica y se convierten en agentes de socialización directa con acciones sociales, educativas y comunitarias. Pretenden ser “agente socializador” para conseguir “un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones”.

El extractivismo está promoviendo una completa reestructuración de las sociedades y de los Estados de América Latina. No estamos ante “reformas” sino ante cambios que ponen en cuestión algunas realidades de las sociedades, como el proceso regresivo en la distribución de la tierra. La democracia se debilita y en los espacios del extractivismo deja de existir; los Estados se subordinan a las grandes empresas al punto de que los pueblos no pueden contar con las instituciones para protegerse de las multinacionales.