Mentiras y desinformación: obstáculos para la refrendación de la paz
Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Agencia de Prensa IPC
El 18 de julio la Corte Constitucional aprobó el plebiscito por la paz como el mecanismo de refrendación a través del cual los colombianos dirán si ratifican o no los acuerdos de La Habana (Cuba), para la terminación del conflicto entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. La aprobación de lo pactado es un paso fundamental para que la implementación de los acuerdos tenga éxito, pero enfrenta varios desafíos.
Algunos de los obstáculos a superar son la desinformación y la deficiente pedagogía sobre el proceso de paz, la falta de legitimidad del mismo entre la población civil, y la arremetida de quienes se oponen a la negociación política con la insurgencia y, por ende, a la aprobación de lo pactado.
El asunto fue analizado el pasado 27 de abril en el auditorio Rafael Uribe Uribe de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia —Unaula, durante el evento “MÁS DEBATE, MENOS CÁTEDRA: La refrendación de los acuerdos de paz en Colombia”, convocado por el Grupo de trabajo sobre “Cátedra de paz” de Unaula, en asocio con el Instituto Popular de Capacitación —IPC, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD, y el Colegio Mayor de Antioquia.
Max Yury Gil, investigador y socio de la Corporación Región.En este espacio pedagógico, Max Yury Gil, investigador y socio de la Corporación Región, explicó que el grave problema de legitimidad que tiene el proceso de paz dentro de la población, obedece a varios factores: “En primer lugar, el modelo de la mesa de negociación de adelantarse en La Habana, en un ambiente de confidencialidad, no ha permitido que la población sienta el proceso como muy cercano. En segundo lugar, creo que es normal que las sociedades experimenten procesos de polarización después de tantos años de guerra y de violencia. Pero también creo que en esto aportan de manera muy significativa los enemigos del proceso, que han rodeado de mentiras y han engañado a la población colombiana sobre lo que se está negociando y sobre los impactos que tendrá en el país”.
Desde que empezó el proceso de paz se hizo visible la polarización en el país entre sectores que respaldan o rechazan la negociación política con la insurgencia, estos últimos encabezados por el senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y su partido Centro Democrático. Esa polarización se recrudece al entrar el proceso en su recta final y aproximándose el momento en que los colombianos refrendarán los acuerdos.
El pasado 13 de mayo, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, uno de los principales opositores, envió una carta pública al presidente, Juan Manuel Santos, acusándolo de violar la Constitución con la decisión de elevar el Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, a la calidad de “Acuerdo Especial” para que haga parte del bloque de constitucionalidad. Según Órdoñez, “Lo que su Gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la mesa de conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les han otorgado”.
En esa misma línea se expresó el senador Álvaro Uribe Vélez el pasado 23 de junio, cuando el Gobierno y las FARC firmaron el punto sobre el cese bilateral al fuego. En su discurso, Uribe manifestó: “La palabra paz queda herida por un Gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas. Ubican esos acuerdos en el Bloque de Constitucionalidad con la osadía de que sean inmodificables, esto es, abusan de la Constitución y tiran la llave al mar con la pretensión de impedir futuros correctivos que deberán ser introducidos”.
Albeiro Pulgarín, constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en Medellín.
Para el constitucionalista Albeiro Pulgarín, docente de derecho constitucional de la Universidad Nacional en Medellín y asesor de la constituyente de 1991, es falso lo que dicen quienes se oponen a la paz pues, según él, los puntos acordados están contenidos dentro de la Constitución de Colombia.
“Todos los acuerdos lo único que están haciendo es refrendar normas constitucionales. Si la comunidad leyera con cuidado los artículos 1, 2, 13, 16, 17, 40, 94, 95, 58, 59, 64, 228, 247 y 374 de la Constitución, concluiría que todo lo que se ha aprobado en los acuerdos está respaldado por la carta política vigente”, explicó el constitucionalista.
Por eso, Albeiro Pulgarín concluyó que esos discursos en contra de la paz representan “el abuso que hace la retórica bélica del analfabetismo de la comunidad, que no ha leído la constitución, pero si le dicen que la violó, repite que la violó”.
No obstante, las dificultades no responden únicamente a lo que dicen quienes se oponen a la paz, en parte obedecen a “la crisis de pedagogía que tiene el proceso y también a la deficiente información sobre lo importante que va a ser la sociedad colombiana y la institucionalidad (los estados locales, departamentales y el Estado-Nación), la implementación de los acuerdos”, opinó Carlos Iván Lopera,coordinador territorial en Antioquia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD, quien concluyó que se requiere mayor pedagogía.
A los obstáculos expuestos hasta ahora, se suma que el pasado 21 de julio, tres días después de que la Corte aprobara el plebiscito por la paz, se conoció una demanda del abogado Tomás Javier Oñate contra el fallo que dio vía libre a ese mecanismo de refrendación. El jurista pidió reevaluar las reglas del plebiscito, argumentando que la decisión de reducir el umbral de votación del 50% al 13%[i], “transgredió el ordenamiento constitucional y legal”[ii].
Participación debe trascender del plebiscito a la implementación
Carlos Iván Lopera, coordinador territorial en Antioquia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD.
Según Carlos Iván Lopera, la refrendación es un paso muy esencial, pero se no puede caer en el sofisma de que la participación se limite a decir sí o no a los acuerdos de La Habana, pues “lo más importante, una vez firmados los acuerdos, es cómo los vamos a aplicar y cómo va a tener un alta participación la sociedad y la institucionalidad en esa implementación”.
Dicha participación implica mejorar aspectos como el conocimiento pleno de los acuerdos por parte de los ciudadanos y la cualificación de las organizaciones comunitarias para que puedan hacer campaña política y piensen con vocación de poder, anotó Lopera.
Y, tal vez lo más importante, es que haya “una transformación de lo que hemos llamado la estructura social para la implementación de los acuerdos, que es cómo ajustar la institucionalidad y cómo ajustarnos como instituciones para responder a nuevos retos. Por ejemplo, el tema de desarrollo rural, no lo podemos hacer con la estructura antigua del Estado”, explicó el funcionario del PNUD.
Lopera concluyó que “los procesos de paz se pueden diseñar muy bien, pero el reto grande es implementarlos bien”.
El plebiscito será entonces la puerta de entrada a esa etapa de implementación y construcción de la paz, que seguramente implicará para el país un nuevo escenario político con mayores exigencias sociales, una real apertura democrática y una verdadera inclusión social. De ahí la importancia de que la sociedad respalde el proceso refrendando los acuerdos de paz.
[i] En su decisión, la Corte estableció que el plebiscito deberá ser refrendado con al menos el 13% del censo electoral del país, esto quiere decir que el SÍ deberá sacar un mínimo de 4.396.625 votos. La Corte aclaró además que, de ser aprobado, este plebiscito tendrá un carácter vinculante para el Presidente de la República quien, en ese escenario, podría vincular los acuerdos a la Constitución. El plebiscito resultaría negativo en caso de que el SÍ no alcance el umbral mínimo, cercano a los 4,4 millones de votos, o sea superado por el no.
