Informe especial|
Las Bandas Criminales Paramilitarizadas (BCP) se han convertido en un recurso asimétrico de la guerra irregular impuesta en Venezuela. Y si el imaginario colectivo cree que son formaciones que solo operan en la zona fronteriza con Colombia, está mal informado: operan prioritariamente en la capital venezolana.
Estas bandas cuentan con un organigrama de poder de incidencia que va desde los sindicatos, pasa por el corretaje contrabando-bachaqueo-dólar negro, mientras cobra “vacuna”, maneja redes de extorsión, mueve la droga, trafica las armas, administra el sicariato y el secuestro exprés y comienza a ‘“encargarse” de la seguridad en vastos sectores populares. Un trabajo territorial integral.
Son, de acuerdo a informes de inteligencia, grupos paramilitares que también cuentan con cable a tierra en lo político.
Dentro de este cuadro, y apelando a la razón estratégica, el pretendido intento por consolidar “los corredores de la muerte” en Caracas, haciendo que la línea de zonas populares que conectan a El Valle con El Cementerio y la Cota 905 comience a fungir como una suerte de “zona liberada” controlada bajo la metódica de las Maras centroamericanas, tenía un fin superior, estrictamente militar, al abrir un boquete en el mismísimo centro y suroeste de la capital.
La toma violenta de una gran extensión de territorio por parte de una organización paramilitar, ya supone el establecimiento de un gobierno de facto, que incide en el control de la vida cotidiana de todos lo que se encuentran en su área de influencia: desde toques de queda, hasta desalojo de viviendas y control de la distribución de alimentos y bebidas.
Tras meses de operativos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares del suroeste de Caracas, los organismos de seguridad venezolanos han podido develar la estructora social, política y organizativa de estas células param ilitares.
Gracias al testimonio de varias víctimas y de la confesión de delincuentes capturados, se ha podido develar también el modus operandi, que los asemeja mucho con las células “Convivir” que se instauraron en la colombiana Medellín en los años 1990. Así, desde el reclutamiento de jóvenes carretilleros del mercado de El Cementerio, hasta el establecimiento de una autoridad político-territorial de facto, son hechos procupantes que viven las familias del suroeste de Caracas.
Aunque se trate de información clasificada por los cuerpos de seguridad del Estado para proteger la identidad de las víctimas y la comunidad, es oportuno exponer un esbozo de las formas y estructuras de estas organizaciones.
Estructura”empresarial “del paramilitarismo venezolano
Así como las organizaciones privadas del comercio y la industria, las células paramilitares tienen una estructura jerárquica basada en funciones y posiciones de poder: vigilantes, cobradores, secretarias… Veamos cómo se divide estra estructura:
Gariteros: Son jóvenes recién reclutados, quienes acceden a esta labor bajo la promesa del lucro fácil y el reconocimiento social de la valentía. Es el eslabón más débil de estas organizaciones. Su trabajo es custodiar con armas de fuego los accesos del sector donde reside la banda paramilitar.
Por lo general se trata de varones jóvenes entre 17 y 22 años, que residen en los barrios donde la banda tiene influencia. Su incentivo económico son honorarios que van entre 20 mil y 40 mil bolívares mensuales, más comisiones por la venta de droga y de sicariato dentro del sector.
Los avances: Son jóvenes más experimentados que los gariteros, que por lo general operan en motos y vehículos, y su oficio es la “chamba” (robos menores y de vehículos) en las adyacencias de la zona donde opera la célula paramilitar. También están encargados de ejecutar los sicariatos de los funcionarios policiales o de los enemigos de la banda, labor que es recompensada en dólares: dependiendo del personaje asesinado, reciben una comisión de entre 30 y 500 dólares. Los más especializados o expertos en el uso de armas y explosivos, llega a ser parte del “carro” que lleva el jefe o “principal”.
Cobradores: Encargados de cobrar la “vacuna” para la banda. Por lo general lo hacen por teléfono, contactando a los dueños de los negocios que están en la zona de El Cementerio, El Paraiso y El Valle, para extorsionarlos. También están encargados de los trabajos de inteligencia y de planificación de secuestros. Forman parte del “carro” del jefe o “principal”. Su incentivo económico es por comisiones del cobro de las extorsiones y los secuestros.
Las mamis o perras: Son mujeres que se dedican al trabajo de inteligencia y distracción. Son las encargadas de hacer seguimiento, para luego “marcar” o “pichar” a los objetivos de secuestro y sicariato de las bandas, y de traficar y vender los alimentos dentro del barrio. Alguna de ellas han participado incluso en enfrentamientos y sicariatos contra funcionarios del Estado.
En diciembre de 2015 una de ellas apodada “Piel Canela” murió luego de accionar una granada en El Cementerio, contra una comisión de la policía técnica judicial. La recompensa económica de estas mujeres varía entre honorarios mensuales que oscilan entre 30 y 50 mil bolívares, hasta las comisiones por venta de droga, alimentos, vacunas, sicariatos, secuestros. También depende en cómo se relacionen sentimentalmente con los miembros de la banda.
El Carro: Es un grupo de sujetos que forman parte del “alto mando” de las bandas. Exhiben su opulencia dentro del barrio, puesto a que comparten el lugar más alto de la organización criminal. Controlan y asignan las armas y las drogas que se distribuyen en los barrio y mantienen a los secuestrados en las denominadas “neveras”. Debido a su rango, muy pocas veces salen del barrio o del área de influencia, sólo para “chambas” de gran magnitud o para celebrar fiestas y reuniones con miembros de otras células paramilitares. Funcionan también como emisarios del jefe ante otras bandas. Hace dos meses en una de las guaridas del “carro “de la cota 905 se incautaron 200 mil dólares en efectivo.
Los principales: Son los más altos jerarcas de las bandas. Estos sujetos son los que gestionan la droga, las armas, los alimentos y hasta el comando de facto de la población que vive en su área de influencia. Su designación no se hace a la fuerza o a plomo limpio (ese es un mito urbano), sino a través de la recomendación de un organizador externo, que funciona como emisario de factores paramilitares colombianos. En el caso de la organización del suroeste de Caracas, alias “El Coqui” fue designado y financiado directamente por la organización de Julito Vélez, ex concejal de Cúcuta y relacionado con Álvaro Uribe Vélez. Desde 2014 alias “El Coqui” fue instalando esta estructura paramilitar que aún se mantiene en pie.
El “tal”: El “tal” o “tal que pin”, son sujetos externos a la banda paramilitar, que mantienen contacto con los principales. Son los que giran las órdenes de los asesinatos selectivos o ataques a las comisiones policiales. También son los proveedores al mayor de la droga y de las armas que usan las bandas, así como del financiamiento en dólares de toda la estructura criminal: Ofrecen la droga y las armas a un precio muy bajo o a veces a crédito a 60 días. Ellos realizan también el trabajo del lavado de dinero y apertura de cuentas bancarias en el exterior a los “principales” bajo la figura de testaferros.
Los sapos o brujas: Son sujetos externos a las bandas que prestan cierto tipo de colaboración a cambio de “favores” o de dinero. Entre ellos hay policías, funcionarios públicos y periodistas, que operan como voceros de estas organizaciones paramilitares.
El proceso de reclutamiento
El reclutamiento de estas células paramilitares tal vez sea lo más dramático y preocupante para las madres de jóvenes: Muchachos de entre 17 y 22 años que bajo promeza de lucro y en ocasiones bajo amenazas, se ven forzados o animados a formar parte de la organización criminal. “O agarras esta bomba -sueldo-, o a lo mejor quedas pa’ los paleros”, es la amenaza que reciben algunos jóvenes que ya están inmersos en el mundo de las bandas y que aún no participan en la organización.
Por otro lado, existe también el reclutamiento de estudiantes o trabajadores, a los que abordan ofreciéndoles aparte del sueldo, un celular de última generación o un Play Station. El objetivo preferido han sido los liceístas de los últimos años y los carretilleros de los mercados de El Cementerio y de Coche.
El primer trabajo de estos adolescentes, es el de garitero -vigilante- que funciona como un primer anillo de seguridad para la banda en el sector. Sirven de carne de cañon, pues son los primeros en dispararle a los cuerpos de seguridad y los primeros en caer en los enfrentamientos.
La “bomba” o sueldo que perciben apenas entran a la organización es de hasta 40 mil bolívares, los que exclusivamente son gariteros y de 20 mil bolívares más comisiones a los que cumplen la doble función de garitero-vendedor de drogas, que pueden llegar a percibir hasta unos 200 mil bolívares en un “mes bueno”.
La escala de premios e incentivos económicos
Es la promesa del lucro fácil lo que sostiene la cohesión (o coerción) social en estas organizaciones Obviamente se necesita de mucho dinero para sostener esta estructura. No es casualidad que los cuerpos de seguridad hallaran 200 mil dólares en efectivo en una de sus tantas casas-guarida.
Los premios para quienes incursionan en las bandas paramilitares va desde un celular de última generación, motos, vehículos, hasta miles de dólares en efectivo, dependiendo del crimen, quién lo comete y a quién se le comete. Un inspector de la policía técnica-judicial o un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, puede “valer” 500 dólares. Para acceder a este “premio”, tiene que ser confirmado por un testigo de la banda y haber salido en los medios… Sin repercusión mediática no cobra. Y para eso sirven los periodistas que ya manejan de antemano que se va a cometer el homicidio.
Otros premios son motos, armas o vehículos, a medida que el integrante de la organización vaya sumando víctimas. Por ejemplo, si el miembro ya lleva 5 víctimas en su haber, bien sea por robo, sicariato o eliminando a un rival, se le da otra arma con más poder letal, como una pistola Glock 19 con fuego automático y 2 “cocosettes” (cargadores de 50 cartuchos), un fusil AR-15 automático con dos cargadores, dos granadas de mano o una escopeta calibre 12 con cartuchos “pepa rasa”.
También como incentivo se maneja las comisiones por venta de droga, que van entre 10 y el 15%, así como los secuestros: el 60% va para el “principal” y el “carro”, y el resto se lo reparten quienes perpetran el rapto. Las vacunas también funcionan en comisiones por porcentaje, aunque no se ha precisado aún la proporción.
Tal como en una organización empresarial, los honorarios y las ganancias van aumentando a medida que se obtiene un rango mayor en la organización: desde 40 mil bolívares que gana un “nuevo”, pasando por 10 mil dólares que obtiene regularmente un miembro del “carro”, hasta unos 100 mil dólares al mes que puede ganar un “principal”.
Las bandas paramilitares llevan un control exhaustivo y cibernético de todos sus activos y su flujo de caja, nómina, un inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y manejo de comisiones, todo discriminado en moneda nacional y en moneda extranjera. También cuentan con contactos externos que se encargan de manejar las cuentas en Panamá.
Apropiación territorial, establecimiento de una jerarquía política
La toma violenta de una gran extensión de territorio supone per se el establecimiento de un gobierno de facto, que incide en el control de la vida cotidiana en su área de influencia: desde toques de queda, hasta desalojo de viviendas y control de la distribución de alimentos y bebidas.
Otra cosa que controla la organización es el permiso y circulación de camiones de comida y cerveza que abastecen estos sectores, así como del transporte suburbano que deben pagar una vacuna (coima) para su operación.
Ya al crear un Estado de facto por la fuerza de las armas, lo que sigue es buscar los mecanismos para gobernarlo. Quizá comparándolo con el caso de la ciudad de Medellín, que primero hubo una promesa política que luego se convirtió en violencia, en el suroeste de Caracas se plantea al revés: primero la violencia y luego la promesa política. La intención de legitimarse ante la población existe: Se ha prometido seguridad por un lado, aunque por otro se incrementa la violencia: los ajusticiamientos y los muertos por balas perdidas y detonaciones accidentales de explosivo han incrementado más. El miedo es sin duda lo que impide a la organización erigirse como protectorado, o como figura patriarcal.
Otra política de los paramilitares es la limpieza social de cualquier funcionario del Estado o de cualquier militante chavista. Los oficiales de policía que no han sido asesinados y viven en el sector, son forzados a abandonar la zona o la carrera. En esas zonas los militantes chavistas no se atreven a sacar un afiche del expresidente “porque vienen las mujercitas o esos muchachitos gafos y te lo obligan a quitarla”, señalan las víctimas…
Esta política es un reflejo dee lo ocurrido en Colombia con los miembros del partido Unión Patriótica, que sufrió uno de los más graves politicidios de la historia, con el asesinato de cinco mil de sus cuadros y dirigentes más significativos, en manos del paramilitarismo alentado por la familia del epresidente Álvaro Uribe.
Control económico: la vacuna, el comercio y las relaciones clientelares
Asimismo, establcen controles económicos a la población como el impuesto a través del cobro de vacuna (coima) o del manejo de las mercancías que se consumen en el territorio de influencia. Transportistas, pequeños y medianos negocios que están dentro y fuera del barrio son las víctimas, así como de “peajes” que se montan en escaleras y callejones, donde el impuesto queda a consideración del maleante (dinero, el celular o lo que se traiga en la bolsa de mercado).
Otra medida impopular es la apropiación de la distribución de las mercancías que se expenden dentro de los barrios: los camiones de comida y sobre todo, los de cerveza, no ingresan al sector sin el debido permiso de la organización. Ellos deciden qué tomar para sus bodegas propias y saben cuál es el inventario de las otras bodegas, eso les da una idea del impuesto que van a cobrar sobre esas mercancías.
La historia ha comprobado que todo Estado de facto o para-Estado, se forma a partir de un interés económico y el caso de la organización paramilitar del suroeste de Caracas no es la excepción: la zona representa un mercado de intercambio -más allá de las drogas y los secuestros, el sicariato y el tráfico de armas- que puede generar beneficios entre 10 y 15 millones de dólares anuales.
Estas ganancias han creado un emporio capaz de mantener una estructura clientelar de periodistas, abogados, contadores y “gestores” que les permiten tener acceso a ‘reconocidos’ bufetes de abogados, a la legitimación de capitales y hasta información de seguridad privilegiada
El uso de la tecnología como arma militar
El para-Estado instaurado en el suoeste de Caracas cuenta con el acceso a las últimas tecnologías civiles y militares en telecomunicaciones, como drones para sobrevolar y vigilar las zonas de El Valle y los accesos de El Cementerio, así como de servicio satelital de teléfono y dispositivos celulares de la empresa Movistar, la única telefónica que no colabora con las fuerzas de seguridad del Estado.
También usan dispositivos de internet de enlace dedicado de la misma empresa española Movistar, que es un servicio de banda ancha tipo Frame Relay que tiene un enlace directo con el nodo de las Américas, sin pasar por el nodo venezolano que lo lleva la estatal Cantv.
Sorprendente también es la presunta utilización de radios de comunicación con tecnología Tetra Relase 2.0, utilizada por agencias gubernamentales y militares para codificar y encriptar sus comunicaciones.
Las redes sociales también suponen un área importante, no sólo para difundir sus comunicados, sino también paraseleccionar sus víctimas. A través de redes como Facebook, Instagram y Tinder donde los usuarios pueden exponer su imagen, su ubicación y hasta sus hábitos, se puede acceder con facilidad a esta información, para luego elaborar perfiles de “secuestrable” u objetivo de asesinato selectivo.
Una cabeza de playa
Aunque las organizaciones paramilitares comenzaron su operación en territorio venezolano entre 2004 y 2005, la creación de un Estado de facto con las características del instaurado suroeste de Caracas, supone un ensayo previo para replicarlo en varias poblaciones y comprobar el alcance y la incidencia que puede tener en todo el país. Su fundación, auspiciada desde Colombia obedece -según los organismos de seguridad- a una política internacional de paramilitarización de los territorios, para ejercer el control político-territorial-económico de los países latinoamericanos y para diezmar a través de la fuerza a los movimientos progresistas de la región.
El paramilitarismo no es un fenómeno nuevo de la década de 1990, es más bien la continuación de un modelo de guerra irregular financiada por grandes capitales, como los contras en Nicaragua, la disidencia cubana, los grupos paramilitares en México, las milicias en Congo, el Estado Islámico y Al-Qaeda en Medio Oriente, los grupos separatistas de Europa del Este (Chechenia, Kosovo, Siberia) .
Según los organismos de inteligencia y seguridad venezolanos, las Bandas Criminales Paramilitarizadas (BCP) han recibido golpes a sus principales cabecillas, otras han sido desmanteladas o están en proceso de disolución. Pero en la propia Caracas aún no se respira seguridad.
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