COYUNTURA: EL TERREMOTO Y LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

Movimiento al Socialismo

En definitiva, frente a la crítica situación socioeconómica que vive el país, agravada por los desastres naturales, el régimen correista continúa descargando la crisis sobre las espaldas de la población más pobre y aprovecha el estado de shok colectivo provocado por los desastres naturales para obtener recursos financieros y mantenerse en el poder, cuando la alternativa real debía ser justamente la contraria: que sean los más ricos sean los que más contribuyan para enfrentar la recesión y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

El terremoto del 16 de abril puso al descubierto la falta de previsión y preparación de la sociedad, pero sobretodo del Estado, frente a los desastres naturales que la ciencia y la historia nos dicen que han ocurrido y deben ocurrir inevitablemente.

En el aspecto coyuntural el desastre se presenta en una situación de crisis económica que se expresa en hechos como el casi nulo crecimiento del PIB, la caída de los precios del petróleo y las exportaciones, el déficit fiscal cercano a los 10 mil millones de dólares, el acelerado nivel de endeudamiento externo e interno, la ola de despidos tanto en el sector privado como en el público, la falta de liquidez por la disminución de depósitos en el sistema bancario, etc.

En el tema estructural, no se han realizado las transformaciones ofrecidas en las campañas electorales de la “Revolución Ciudadana”, tales como el cambio de la matriz productiva, la soberanía nacional frente a las transnacionales y la grandes potencias, una revolución agraria que garantice la soberanía alimentaria, la superación de la extrema pobreza, la disminución significativa de la desigualdad entre clases sociales, la democracia participativa, iguales oportunidades para el acceso a la educación y la salud, entre otras.

El sismo de abril ha sacado a flote las enormes carencias de un país desigual y atrasado. Por ejemplo: en los 10 cantones más afectados de Esmeraldas y Manabí, el 74,4% de la población no disponía de los servicios básicos y el 42,3% vivía bajo la linea de la pobreza por consumo.

Es decir, el modelo desarrollista y modernizante impulsado por el correismo ha tenido un rotundo fracaso, pese a haber contado con los recursos financieros más alto en la historia del país.

Políticas de Correa frente a la crisis

Frente a la grave crisis humanitaria desatada por el terremoto, el gobierno de Correa ha aprovechado la situación para imponer una serie de leyes y medidas económicas que tendrán un fuerte impacto sobre la economía nacional y popular. Ente ellas podemos mencionar las siguientes:

- La llamada “Ley de Solidaridad”, aprobada por la Asamblea Nacional y el ejecutivo, cuyo aspecto medular es la elevación del el IVA del 12 al 14% con la cual se busca obtener unos 750 millones de dólares. Este impuesto es regresivo porque proporcionalmente lo pagan más los que menos tienen. Afecta más a la población de menores recursos que debe destinar un porcentaje mayor de sus esquilmados ingresos para adquirir productos como comida en restaurantes, compra de ropa, de electrodomésticos, o servicios como telefonía celular, asistencia a eventos culturales y un sinnúmero más. Los otros puntos que contempla dicha ley representan solamente unos 250 millones de dólares.

- Poco antes fue aprobada y está vigente la “Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas” que incrementó los impuestos a las gaseosas, cigarrillos y cervezas y otros. Más allá del pretexto utilizado por el gobierno argumentando que el objetivo de dicha Ley es cuidar la salud de los ecuatorianos, su objetivo es recaudatorio y afecta sobretodo a los dueños de pequeñas tiendas y negocios.

- La firma del Acuerdo Comercial con Europa, en la práctica un TLC, entra a la recta final con el nombramiento de Carlos Casinelli, representante de los grandes empresarios, como nuevo Ministro de Comercio Exterior. Este acuerdo tendrá graves consecuencias para la economía de los pequeños productores, especialmente agrícolas que no podrán competir con los productos importados de grandes transnacionales europeas y favorece a los grandes exportadores.

- El retorno al redil del FMI para obtener nuevos créditos que están condicionados a la aplicación de medidas de austeridad económica y elevación de impuestos y tarifas a los servicios básicos, aunque el gobierno lo niegue. Para muestra un ejemplo: ya está en marcha la subida del transporte.

- Se halla en trámite por parte de la Asamblea Nacional la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, con dos objetivos fundamentales: recaudar más tributos y ejercer control sobre los gobiernos locales (GADs) a través de la creación de una nueva Superintendencia que regulará a los municipios, lo cual contradice las normas constitucionales.

- El anuncio de la venta de varios bienes y activos del Estado como la Hidroeléctrica Sopladora que es la tercera más grande del país, la CNT, empresa estratégica de las comunicaciones que más bien debería ser fortalecida, el Banco del Pacífico, La Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), la empresa aérea TAME, dos canales de TV, entre otros. Es decir, se aceleran los procesos de privatización, accediendo a las presiones de los grupos de poder económico. “El terremoto ha constituido la ocasión propicia para el asalto a los bienes del Estado”, como lo señala el analista Jaime Muñoz Mantilla en su artículo “La doctrina del shok aterriza en el Ecuador” (Línea de Fuego, mayo 2016).

El cáncer de la corrupción

Además, siguen saliendo a la luz hechos que ponen de manifiesto la grave corrupción que aqueja a las más altas esferas del Estado. El último escándalo, a propósito de los “Panama Papers”, evidencia que los grupos económicos más poderosos del país han constituido empresas off shore en Panamá y otros paraísos fiscales, muchas veces para eludir impuestos e inclusive para lavar dinero ilícito. En este affaire aparece involucrado al ex-Gerente de Petroecuador, Álex Bravo, que fue destituído por el Presidente Correa. Pero el tema va mucho más allá. Según la denuncia de Fernando Villavicencio, Álex Bravo, junto a personajes como el ex-Ministro Pareja Yannucelli, forman parte del grupo Azul que, a través de la cobertura con la empresa australiana WPI, han manejado proyectos como la rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas y han realizado más de 200 contratos a dedo por un enorme monto que estaría entre los 1500 y 2000 millones de dólares.

Una real alternativa

Necesidad de la unidad para dar continuidad a la lucha

Hoy más que nunca es necesario impulsar y fortalecer el proceso de unidad de las fuerzas populares y las organizaciones sociales que se han movilizado en las calles en los últimos años por sus derechos fundamentales y continuar en la búsqueda de una alternativa económica, social, política y cultural para enfrentar al modelo capitalista decadente y depredador que se halla en crisis a nivel mundial.

De allí la necesidad de enfrentar el próximo proceso electoral con un programa clasista y popular que recoja las necesidades más sentidas por los trabajadores y las clases y grupos sociales oprimidos. También es necesario que la participación electoral sea con candidatos propios consecuentes con dicho programa y que garanticen la independencia de clase. No podemos volver a repetir los errores de la “izquierda” en el pasado que hipotecó sus luchas y sus fuerzas a candidatos de la burguesía como en los casos de Lucio Gutiérrez o Rafael Correa, los cuales una vez en el poder actuaron para mantener el sistema de explotación capitalista, favorecer los intereses de la burguesía y neutralizar la lucha social.

Movimiento al Socialismo.

http://chispaecuador.blogspot.mx/2016/05/coyuntura-el-terremoto-y-las-politicas.html

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