¿Qué podemos hacer con los bancos?

Si solo considerásemos los rescates bancarios producidos desde 2012, tendríamos la siguiente lista: Dexia en Bélgica y Francia (2012, tercer rescate), Bankia en España (2012), Espirito Santo y Banif en Portugal (2014 y 2015, respectivamente), Laïki y Banco de Chipre en Chipre (2013); Monte dei Paschi, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife en Italia (2014-2015), NKBM en Eslovenia (2012), SNS Reaal en los Países Bajos (2013), Hypo Alpe Adria en Austria (2014-2015).

En cuanto a las remuneraciones de los directivos bancarios, el techo de la parte variable decidida por el Parlamento Europeo el 16 de abril de 2013 tuvo por consecuencia inmediata… el aumento de la parte fija de las remuneraciones y el recurso a una disposición derogatoria prevista por la ley. Finalmente, con respecto a la financiación de la economía real, los esfuerzos desplegados hasta hoy por los Bancos Centrales, en particular el BCE, han sido impotentes para iniciar la más mínima recuperación de la economía. La realidad es que la banca europea continúa en una situación precaria y no presta dinero a la economía real.

Mientras tanto a escala de la UE se está promoviendo una Unión Bancaria que introduce el Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Esta operativa, que forma parte del BCE, supervisa los niveles de capitalización de la banca de tamaño medio y grande, y establece como norma las reestructuraciones bancarias a través de ‘rescates internos’ (bail-in), que priorizarán la absorción de los pasivos en balance en vez de fondos públicos provenientes de rescate externos (bail-out). De esta manera, y en ausencia de un fondo de garantía de depósitos común creíble en el sistema bancario europeo, se fragmentará aún más el sistema bancario europeo, generando una dinámica en la que los depósitos amenazados volarán de los bancos periféricos con problemas a los bancos más solventes del centro europeo, poniendo en riego a la banca periférica y subordinando aún más la periferia al centro.

Tras ese proceso se emplearía el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un fondo intergubernamental que puede llegar a constituirse en Fondo del Tesoro Europeo o en Fondo Monetario Europeo, si se termina incluyendo en los Tratados tal y como prevé el Informe de los Cinco Presidentes |1| (Albarracín, D; 2016). Este fondo moviliza hasta 700.000 millones de euros a partir de 80.000 millones de aportaciones de diferentes países –liderados por Alemania y Francia- para rescatar a la banca de tamaño sistémico “demasiado grande para caer” en riesgo de bancarrota. Ni que decir tiene que, a pesar de la puesta en marcha de la doctrina bail-in, llegado el momento el MEDE aportaría fondos para rescatar bancos, que hasta la fecha han tenido conductas rentistas limitando enormemente el crédito a la inversión. Esto conduce a hipotecar las cuentas públicas así como la política económica de países enteros, a los que se somete con la firma de Memorandos a políticas en detrimento de los derechos sociales, económicos y culturales –educación, sanidad, pensiones, condiciones de empleo y libertades- para garantizar los pagos, en una formidable operación de socialización de las deudas privadas convertidas ahora en públicas, y que ahogarán en la depresión a economías completas.

Asimismo, el BCE prosigue una huida hacia delante con sus medidas de Flexibilidad cuantitativa. Tipos de Interes nominales a cero y negativos en términos reales cambian la operativa bancaria a formatos inéditos que seguirán beneficiando a la banca en ausencia del control de las comisiones. La banca seguirá gozando de beneficios extraordinarios, a pesar de que sus márgenes comerciales decaigan, mientras mantenga el privilegio exclusivo de seguir percibiendo diferenciales de tipos al prestar al sector público. Esta política no conducirá a impulso alguno al crédito a la inversión, pues esto sólo puede conseguirse o bien con un marco de beneficios y una dinámica de negocio superiores a la existentes, mientras no se establezca una pauta que guíe las decisiones económicas por criterios alternativos (priorizar la utilidad y necesidad social, tomar decisiones de crédito sostenibles financieramente, pero no necesariamente de máximo lucro, minimizar costes sociales y medioambientales, etcétera). Además, se impone una lógica de selección discriminatoria que le concede al BCE un poder discrecional enorme, pues al poder escoger a quién comprar activos (deuda) en mercados secundarios, seguirá decidiendo sobre la exclusión de sectores, regiones o países, como Grecia, pero también administraciones municipales gobernadas por la izquierda como el Ayuntamiento de Madrid, dejándoles al margen de estas facilidades financieras.

Porque pensamos, y especialmente con referencia a la experiencia griega, que los bancos son un reto esencial para cualquier proyecto de cambio social, proponemos una lista de medidas inmediatas para alcanzar los seis objetivos siguientes:

1. Regular el sector financiero.
2. Reestructuración del sector bancario y reforma de su operativa
3. Erradicar el comportamiento rentista y las operativas especulativas
4. Fin del secreto bancario
5. Financiar de otra manera el gasto público
6. Reforzar la banca pública

En la segunda parte, desarrollamos nuestros argumentos en favor de la socialización del sector bancario.

I.-Medidas inmediatas

1. Regular el sector financiero

El establecimiento de una nueva regulación financiera es un paso previo para imponer democráticamente una nueva racionalidad de funcionamiento que termine con los oligopolios, el carácter rentista y especulativo del sector bancario, el poder privilegiado de creación de deuda y dinero de la banca, y que garantice la función social del crédito para promover inversiones socialmente productivas y ecológicamente sostenibles. Cualquier decisión de intervención ha de estar amparada en un marco legislativo nuevo que refiera a estos aspectos, y que venga acompañado de los instrumentos competentes necesarios para hacerlos cumplir, atribuyendo a la banca central un papel regulador y de inspección determinante y, desde luego, menos laxo y cómplice del poder de la gran banca. Parece fundamental, contemplar que los criterios establecidos han de ser cumplidos por la banca privada que, de no cumplir su función social del crédito en los términos considerados, deberá responder ante las autoridades públicas con sanciones, cambios de titularidad de su accionariado, o inculpaciones penales a los actores involucrados: accionariado, gerencia y acreedores influyentes y beneficiados por la conducta privilegiada y abusiva.

Entre algunas medidas que han de desarrollarse podemos identificar las siguientes:

La exigencia a los bancos de un aumento radical del volumen de sus fondos propios con respecto al total de su balance. |2| Mientras que los fondos propios son, generalmente, inferiores al 5 % del balance del banco, nosotros somos favorables a llegar a un mínimo legal del 20 %.

Prohibición de la socialización de pérdidas de los bancos y de otras instituciones financieras privadas. Se trata de prohibir a los gobiernos transferir las deudas privadas al sector público. Esto puede implicar que sea la banca la que aporte recursos para constituir un fondo de rescate bancario, bajo control público. Las crisis de balance bancario han de cargarse a beneficios, accionariado y acreedores principales, así como traducirse en actuaciones penales sobre la gerencia en casos de administración desleal. El erario público sólo decidirá aportar recursos con el objeto de reflotar activos, que engrosarían los de un nuevo polo bancario público, proteger a pequeños depositantes y accionistas, y dar una transición digna a la plantilla del banco.

Restauración de la responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas en caso de quiebra. El coste de la quiebra debe poder ser recuperado sobre el conjunto del patrimonio de los grandes accionistas (personas físicas o empresas/personas jurídicas).

En caso de quiebra, el beneficio de una garantía del Estado para los depósitos de los clientes del banco debe continuar. Según las directivas europeas, la cuantía garantizada es de 100.000 euros, aunque habría que decidir democráticamente una cuantía superior, por ejemplo 150.000 cuando se trate de cuentas de familiares, garantizando al menos el valor del coste medio de una vivienda principal, en caso de cuentas de ahorro vivienda.

Imposición a la banca de un régimen fiscal más elevado. Los beneficios de los bancos deben estar sometidos en forma estricta a las disposiciones legales en materia de imposición a las sociedades, retirándose toda desgravación fiscal en su caso. En efecto, actualmente el tipo efectivamente pagado es muy inferior al tipo legal, que es, de todas maneras, muy insuficiente. Deben pagar impuestos, también por las transacciones bancarias de divisas |3| y de títulos financieros. Las deudas bancarias a corto plazo han de tener una imposición con el fin de favorecer la financiación a largo plazo. En el marco del impuesto de la renta habría que equiparar el trato fiscal de las rentas del ahorro y de las del trabajo.

Llevar ante la justicia, en forma sistemática, a los dirigentes responsables de delitos y crímenes financieros, y retirar la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones y sean culpables de malversaciones.

Otro tipo de rescate bancario. Además de las disposiciones ya mencionadas: una responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas (sobre su patrimonio global), garantía de los depósitos hasta 150.000 euros, y la creación de un mecanismo para una quiebra ordenada de los bancos con la creación de dos estructuras: un banco de liquidación privado (a cargo de accionistas privados y sin ningún coste para el gobierno) y un banco público hacia el que son transferidos los depósitos así como los activos sanos. Algunas experiencias recientes pueden servir de fuente de inspiración, especialmente, la experiencia islandesa iniciada desde 2008. |4| Sin embargo, hay que alertar sobre operativas que empleen el uso de bancos malos para limpiar balances de bancos, como en el caso del Sareb, que al final corren en buena parte a cuenta de los poderes públicos (que representan el 45% del accionariado de lo que ya es “la mayor inmobiliaria española”) y hasta el momento solo benefician a fondos de inversión y especulación que compran activos a precios muy bajos.

2. Reestructuración del sector bancario y reforma de su operativa

Reducción radical del tamaño de los bancos, con el fin de suprimir el riesgo de que sean «demasiado grandes para quebrar», una característica de los bancos sistémicos. |5|

Separación entre los bancos de depósitos y los bancos de inversiones. Los bancos de depósito serán las únicas instituciones financieras autorizadas a custodiar los depósitos de los ahorradores y a beneficiarse de un respaldo público —garantía pública de los depósitos de ahorro y acceso a la liquidez del Banco Central—. Esos bancos de depósitos solamente estarán autorizados a conceder préstamos a particulares, a empresas y a otros actores públicos locales y nacionales. Tendrán prohibido realizar actividades en los mercados de capitales. Eso significa que les estará prohibido hacer titulizaciones: los créditos no pueden ser transformados en títulos negociables y los bancos comerciales deben conservar en su contabilidad, hasta su reembolso definitivo, los créditos otorgados. El banco que ha concedido un crédito debe ser responsable del riesgo que eso comporta.

Se establecerá un nuevo marco de regulación de productos bancarios y de la concesión de crédito. La banca privada es el principal actor creador de dinero mediante la operación de deuda, alterando de manera privilegiada el marco monetario y financiero. Para eso, los diferentes productos bancarios, sean de consumo, ahorro o de inversión, habrán de contar con requisitos más exigentes de cara a justificar su concesión, a establecer márgenes de tipos apropiados –primando la inversión productiva y social frente al consumo-, y acabar con las cláusulas abusivas. En especial, se regulará con especial énfasis el marco hipotecario y otros préstamos/créditos que afecten a bienes de interés social, como la vivienda, con una supervisión especial, con una regulación que ligue periódicamente el valor del principal de la deuda a la evolución de la tasación de la vivienda, cuando esta sea la vivienda principal.

En caso de quiebra, las pérdidas de los bancos de inversiones serán totalmente asumidas por el sector privado, comenzando por los grandes accionistas (teniendo en cuenta el conjunto de su patrimonio, véase más abajo), al mismo tiempo que habría que identificar y regular las responsabilidades del segmento de acreedores influyentes que toman ventaja de su posición y que, en la práctica, guardan un comportamiento equivalente al accionariado.

Prohibición de las relaciones de créditos entre bancos de depósito y bancos de inversiones. De acuerdo con Frédéric Lordon, para imponer un verdadero «apartheid» entre estos dos tipos de bancos, un banco de depósitos no podrá en ningún caso estar implicado en una relación de crédito con un banco de inversiones. |6|

3. Erradicación del comportamiento rentista y las operativas especulativas

Prohibir el empaquetamiento y titularización de activos para su especulación en los mercados financieros. Como propone Paul Jorion, es necesario prohibir la especulación. « En Francia, la especulación fue autorizada en 1885, en Bélgica, en 1867. La especulación estaba definida muy claramente por la ley que tenía por objetivo “prohibir las apuestas a la baja o al alza sobre títulos financieros”. Con esa prohibición, la gente que la practicaba, estaría infringiendo esa ley; que se encuentren en un banco X o Y, no cambiaba en nada. » |7| Podemos agregar que los bancos que especulen por cuenta del cliente o por su propia cuenta habrían de ser condenados. La adquisición por parte de un banco u otra institución financiera de un bien material (materias primas, alimentos, tierras, inmuebles…) o de un título financiero (acciones, obligaciones o cualquier otro título financiero) con el fin de especular sobre su precio estará prohibido.

Prohibición de los productos derivados. Eso significa que los bancos y otras instituciones financieras que quieren protegerse contra los riegos de diferentes tipos (riesgos de cambios, de tipos de interés, de cesación de pagos, etc.) deben volver a utilizar los clásicos contratos de seguros.

Obligación de los bancos de inversiones a pedir autorización previa a la emisión en el mercado de productos financieros. Cualquier producto financiero nuevo (sin tener en cuenta los productos derivados, ya que habrán sido prohibidos) deberá someterse a las autoridades de control de los bancos de inversiones con el fin de obtener una autorización antes de ponerlos en el mercado.

Separación de las actividades de asesoría de las de mercado. Estamos también de acuerdo con el economista belga Éric de Keuleneer, que propone separar las actividades de asesoría de las actividades de mercado: « Efectivamente, es anormal que los bancos asuman riesgos en la colocación de títulos y, a la vez, aconsejen a sus clientes sobre la calidad de esos títulos, o que, actualmente, sean capaces de especular con oro, y aconsejen de manera “desinteresada” a sus clientes para que lo compren. » Para ello propone recrear la función de correduría, que habría de estar regulado como carrera profesional independiente con plazas a obtener vía concurso-oposición y sometida su operativa a auditoría pública regular.

Prohibición del trading de alta frecuencia y de la banca en la sombra. Limitar estrictamente las operaciones fuera de balance. Prohibición de las ventas en descubierto.

4. Fin del secreto bancario

Consideración de delito penal de las actividades en el marco de los mercados de común acuerdo, en particular los Mercados “Over the Counter” (OTC), y todas las actividades de la banca en la sombra, exigiendo que su operativa esté bajo el alcance de la regulación. Todas las transacciones en los mercados financieros deben ser registradas, ser rastreables, reglamentadas y controladas. Hasta ahora, los principales mercados financieros son los de común acuerdo, es decir, que no están sometidos a ningún control: se trata de los mercados de cambios, en el que se mueven 5,3 billones de dólares cada día, |8| del mercado de derivados, del mercado de materias primas y de productos agrícolas, |9| etc.

El fin del secreto bancario. Los bancos deben tener la obligación de comunicar todas las informaciones sobre sus responsables, sus diferentes entidades, sus clientes, las actividades que ejercen y las transacciones que realizan por cuenta propia y por cuenta de los clientes. Asimismo, las cuentas bancarias deben ser legibles y comprensibles. El levantamiento del secreto bancario debe convertirse en un imperativo democrático mínimo, para todos los países. Concretamente, eso significa que los bancos deben tener a disposición de la administración fiscal lo siguiente: una lista nominativa de los beneficiarios de intereses, dividendos, plusvalías y otras remuneraciones financieras; las informaciones sobre apertura, modificaciones y cierres de cuentas bancarias con el fin de tener una lista nacional de todas las cuentas bancarias; todas las informaciones sobre las entradas y salidas de capitales, y en especial con la identificación del ordenante.

Prohibición de las transacciones con los paraísos fiscales. Es necesario prohibir a los bancos cualquier transacción con un paraíso fiscal. Si no se respeta esta prohibición, se debe imponer serias sanciones —pudiendo llegar hasta la retirada de la licencia bancaria— y el pago de elevadas multas.

5. Financiar de otra manera el gasto público

Se debe imponer a los bancos privados la posesión de una cuota de títulos de la deuda pública.

Dar una nueva misión a los Bancos Centrales: la de otorgar préstamos a los gobiernos a cero por ciento de interés. O sea, a la inversa de lo que hace el BCE, de acuerdo con los tratados europeos. El Banco Central sería capaz de permitir la financiación a tipo de interés 0 de un Estado y del conjunto de estructuras públicas (colectividades, hospitales, organismos para la vivienda social, etc.) con el fin de llevar a cabo políticas socialmente justas en el marco de la transición ecológica.

6. Reforzar la banca pública

El sistema bancario público debe constituirse en el principal actor del sistema financiero, siempre y cuando opere con criterios de interés general, transparencia, control democrático y promueva el uso del crédito disponible en términos financiera y ecológicamente sostenibles y productivamente útiles. La concesión de crédito o préstamos ha de seguir el criterio de estudio de viabilidad –no de máximo beneficio- a medio y largo plazo, concesión informada, y regulación general de tipos en función de la actividad.

En el caso español, tras un proceso de concentración sin parangón en la historia de la península, privatización casi completa de la banca pública, de desaparición de las cajas de ahorros y de marginación de la banca ética, la arquitectura del sistema bancario ha de invertirse. Un polo bancario público debe vertebrar y garantizar la función social del crédito a la inversión, para lo cual ha de constituirse a partir de los activos limpios de Bankia y Mare Nostrum, así como por los recursos procedentes de los rescates bancarios, y, principalmente, de los activos fruto de la socialización de recursos de aquellos bancos que no se ajusten a la nueva regulación bancaria o que sean procedentemente sancionados.

El sistema bancario público tendrá un trato preferente con la banca ética, y admitirá banca de depósitos y de inversión privada en los términos ya referidos en apartados anteriores.

II.- POR LA SOCIALIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO

En el Estado español, se han producido varios procesos de gran envergadura en los años recientes. Mientras se le facilitó a la banca privada la compra masiva de las cajas de ahorros –apenas sobreviven dos entidades, cuando comportaban antes de la crisis la mitad del sistema financiero español-, o se instó a su conversión a formatos bancarios, también se produjo un fenómeno de concentración bancaria inaudito por su intensidad y velocidad. Actualmente cuatro entidades poseen más del 70% de los activos.


Fuente: ABC

En los últimos años, la reestructuración del sistema bancario ha estado acompañado por procesos de reducción del crédito, cierre de sucursales y despidos de trabajadores de los bancos. El crédito prestado a las familias y las empresas no financieras ha disminuido en los últimos años pasando de 1,87 billones en 2008 a 1,31 billones en febrero de 2016. Muchas oficinas se han cerrado, pasando de 46.000 sucursales en 2008 a 31.000 en la actualidad. Un gran número de empleados han sido despedidos, lo que reduce el empleo en el sector de 278.000 empleados en 2008 a 202.000 en la actualidad. Este proceso de reducción de costes a través de despidos y cierre de sucursales, según las últimas noticias, parece no haber acabado.

El fenómeno de conversión y adquisición de las cajas de ahorros por los bancos, cuyos problemas exigían reformas que en modo alguno se solucionaban haciéndolas bancos, se hizo a un precio irrisorio tras un enorme lavado público de sus balances, y consiguiente socialización de pérdidas, que supuso un gran desembolso de los poderes públicos de más de 53.000 millones de euros, de los cuales 41.300 millones fueron solicitados como rescate financiero al MEDE para salvar de la bancarrota al sistema bancario español a cambio de austeridad y ajustes estructurales incluidos en el Memorando de Entendimiento (MoU) de 2012. En el caso de Bankia se desembolsaron 23.500 millones de euros. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumió como pérdidas gran parte de su participación en Bankia. A día de hoy se pretende reprivatizar Bankia y Banca Mare Nostrum, también rescatada con dinero público, una vez ya han sido saneadas. Estas entidades, por el contrario, debieran ser los primeros ladrillos de un nuevo sistema bancario público. Este polo bancario habría de aumentarse tras un proceso de intervención bancaria, junto con los activos retirados a la banca privada por sanciones, incumplimientos de la nueva regulación o por mala gestión. Distintas iniciativas como Desbanka, 15MpaRato y recientemente el Tribunal Ciudadano de Justicia, han denunciado las violaciones, abusos y la necesidad de que Bankia permanezca pública y al servicio del bien común.

Debe hacerse especial mención a la Sareb, sociedad llamada coloquialmente ‘banco malo’, que fue creada para limpiar los balances bancarios. El 45% de la propiedad de la Sareb está en manos públicas a través del FROB. Esta sociedad adquirió casi 100.000 millones de euros de activos financieros e inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos, aproximadamente a mitad de precio y los está vendiendo muy por debajo del precio al que los adquirió a grandes fondos de inversión extranjeros. Según el mismo presidente del FROB, el dinero no recuperado de los rescates bancarios ronda ya los 40.000 millones de euros. La Sareb ha de ser expropiada, con compensaciones simbólicas, de cara a construir un parque público de vivienda en alquiler que garantice el derecho a techo de toda la ciudadanía que no lo tenga cubierto.

El sistema bancario público debe regirse por un sistema de control democrático múltiple, en el que participen tanto las estructuras de gobernanza corporativa como las instituciones democráticas de distintos niveles (banco central, estado, autonomías y municipios). No se trata de estatizar la banca en sí sino de socializar la actividad bancaria transformándola en radicalmente democrática y social, integrándola en una estrategia más amplia de transformación social. Representantes democráticamente elegidos, con capacitación técnica y debidamente asesorados, de las plantillas de trabajadores, de depositantes, de la ciudadanía y los poderes políticos, habrán de participar en el gobierno de estas entidades y hacer seguimiento con sistemas de controles mutuos, rotación, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas públicas. La atribución de responsabilidades debe ser clara para impedir intereses creados o corporativos, y el mandato ha de ser necesariamente limitado al que debe dedicarse de manera principal y de manera económicamente compensada para garantizar la independencia.

Lo que demuestra la experiencia de estos últimos años es que no podemos dejar los bancos en las manos de los poderes económicos privados. Si, mediante la movilización social, se llegara a poder aplicar las medidas inmediatas antes mencionadas (que están sometidas a la discusión con el fin de mejorarlas y completarlas), estos poderes buscarían por todos los medios recuperar una parte del terreno perdido, multiplicando las actividades que les permitan evadir las reglamentaciones, utilizando sus potentes medios financieros para comprar el apoyo de los legisladores y de los gobernantes con el fin de desregular de nuevo y de aumentar al máximo sus beneficios, sin tener en cuenta el interés de la mayoría de la población.

Es necesaria la socialización del sector bancario bajo control ciudadano

Porque los poderes capitalistas demostraron hasta qué punto eran capaces de cometer delitos y asumir riesgos, de los cuales se niegan a responsabilizarse, con el solo objetivo de aumentar sus ganancias, porque sus actividades comportan periódicamente un pesado coste para la sociedad, porque la sociedad que queremos construir debe estar guiada por la búsqueda del bien común, de la justicia social y de la reconstitución de una relación equilibrada entre los humanos y los otros componentes de la naturaleza, es necesario socializar y democratizar radicalmente la mayor parte del sector bancario.

Socializar el sector bancario significa:

- La expropiación sin indemnización (o con la sola indemnización simbólica de un euro) de los grandes accionistas, mientras que los pequeños accionistas serán indemnizados.

- La concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria con solo una excepción: la existencia de un sector bancario cooperativo, o de banca ética, de pequeño tamaño (sometido a las regulaciones fundamentales del sector público) y de carácter especializado (de carácter regional y sectorial) y un claro comportamiento ético (donde el lucro no sería su principal motivación, aunque sí habría de ser sostenible financieramente).

- La creación de un servicio público de ahorro, de crédito y de inversiones, doblemente estructurado: por una parte, una red de sucursales cercanas a la ciudadanía, y por la otra, la creación de agencias especializadas a cargo de las actividades de gestión de fondos y de financiación de inversiones que no puedan cubrir los ministerios responsables de los diferentes ámbitos: sanidad, educación, energía, transportes públicos, pensiones, transición ecológica, etc. Estos ministerios deberán estar dotados del presupuesto necesario para la financiación de las inversiones que les corresponden. Las agencias especializadas intervendrían en los ámbitos y en las actividades en los que no alcancen las competencias y las esferas de acción de estos ministerios, con el fin de asegurar que no queden aspectos desatendidos.

- La definición, con participación ciudadana, de una carta sobre los objetivos que se quieren alcanzar y las misiones que se quieren proseguir, que ponga de manifiesto un servicio público del ahorro, del crédito y de la inversión al servicio de unas prioridades definidas según un proceso de planificación democrática. La formulación colectiva de los objetivos finales debe trascender a la concepción del sector bancario como una herramienta pública bajo control del gobierno, y enfocarse más bien a devenir un sistema subordinado formalmente a la apropiación democrática y colectiva en la búsqueda de metas de desarrollo sociales conformadas por trabajadores de la banca en colaboración con otra demandas sectoriales y colectivas.

- La transparencia (de la contabilidad) de las cuentas que deben presentarse al público de manera comprensible.

La palabra «socialización» se utiliza de preferencia a «nacionalización» o «estatización» para indicar claramente hasta qué punto es esencial el control ciudadano, compartiendo decisiones entre dirigentes, trabajadores, clientes, asociaciones, representantes electos locales y representantes de instancias bancarias públicas, nacionales y regionales. Por lo tanto, es necesario definir de manera democrática el ejercicio de un control ciudadano activo. Asimismo, es necesario alentar el ejercicio de un control de actividades del banco por parte de los trabajadores del sector bancario y su participación activa en la organización del trabajo. Es necesario que los órganos de gobierno de los bancos remitan anualmente un informe público sobre su gestión. Se debe privilegiar un servicio de proximidad y de calidad que rompa con las políticas de externalización llevadas a cabo actualmente. Hay que estimular al personal de los establecimientos financieros para que garanticen a sus clientes un trato humano, que cultive la comunidad, y un auténtico servicio de asesoría, que facilite el desarrollo económico social y ecológico, rompiendo con las políticas comerciales agresivas de ventas forzadas o sin consentimiento debidamente informado.

La socialización del sector bancario y su integración en los servicios públicos permitirán:

- que los mercados financieros ya no tengan la misma influencia sobre la ciudadanía y los gobiernos;
- la financiación de los proyectos de ciudadanos y ciudadanas y de las administraciones públicas;
- la dedicación de la actividad bancaria al bien común junto a otras misiones, como la de facilitar la transición de una economía capitalista, productivista a una economía ecosocialista.

Porque consideramos que el ahorro, el crédito, la seguridad de la liquidez monetaria y la preservación de la integridad de los sistemas de pago tienen interés general, preconizamos la creación de un servicio público bancario para la socialización de las empresas del sector bancario y de seguros que no se ajusten a la regulación ya señalada o tengan un carácter oligopólico.

Porque los bancos son actualmente un útil esencial del sistema capitalista y de un modo de producción que sacude al planeta, genera un desigual reparto de los recursos, siembra guerras y pauperización, recorta cada día un poco más los derechos sociales y ataca las instituciones y las prácticas democráticas, es esencial tomar el control y hacer de ellos herramientas al servicio de la colectividad.

La socialización del sector bancario no puede considerarse solamente como un eslogan o una reivindicación que será autosuficiente y que los dirigentes aplicarán después de haber tomado la buena dirección. Esta socialización debe concebirse como un objetivo político a alcanzar mediante un proceso dirigido por una dinámica ciudadana. No solamente se necesita que los movimientos sociales organizados existentes (como los sindicatos) lo prioricen en su agenda, y que los diferentes sectores (colectividades locales, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de consumidores, etc.) se posicionen en ese sentido, sino también, y sobre todo, que los empleados y empleadas de la banca sean sensibles a la función de su trabajo y a las mejoras que de las que gozarían si los bancos fueran socializados; que se inicien procesos participativos en los que los usuarios, desde sus oficinas bancarias (por ejemplo, esto se podría solicitarse a través de una campaña de ocupaciones simultáneas de sucursales bancarias, como sucede en Francia) ser parte del proceso de redefinición de lo que debe ser un banco al servicio de la mayoría.

Solamente una potente movilización puede garantizar que la socialización del sector bancario llegue a concretarse, puesto que esta medida afecta al propio corazón del sistema capitalista. Si un gobierno de izquierda no toma esta medida, sus acciones no podrán provocar un cambio radical sustancial, que rompa con la lógica del sistema y permita un nuevo proceso de emancipación.

La socialización del sector bancario y de seguros debe formar parte de un programa mucho más vasto de medidas complementarias que permitan iniciar una transición hacia un modelo poscapitalista y posproductivista. Tal programa, que debería tener una dimensión europea, aunque comience por uno o varios países, comprendería especialmente el abandono de las políticas de austeridad en relación a los derechos sociales y servicios públicos, el fin de los rescates bancarios y las políticas favorables a la industria privada, la anulación de las deudas ilegítimas, la instauración de una reforma fiscal total —con una fuerte imposición al capital—, la reducción generalizada del tiempo de trabajo con contratos compensatorios y mantenimiento del salario, unas medidas para garantizar la igualdad hombre-mujer, la socialización del sector de la energía, el desarrollo de los servicios públicos y de la protección social y el establecimiento de una política determinada para la transición ecológica.

Hoy, la socialización integral del sistema bancario es realmente una urgente necesidad económica, social, política y democrática.

¿Qué podemos hacer con los bancos?

Medidas inmediatas para ir hacia la socialización de la banca

Notas