(Home page)
Junio 2016



La Crisis de Chiloé

La Crisis Híbrida

Notas para informar la toma de decisiones Políticas


Guillermo Ríos / 2016

I.- LA ACCIÓN PÚBLICA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL NATURAL DE LA NACIÓN.

La alteración ambiental localizada en los sistemas acuícolas australes del País ha derivado en una crisis económica, social y política que afecta seriamente al Sistema productivo extractivista, que constituye gran parte de la base económica de esas regiones, pero también afecta grave y ampliamente a los habitantes de esa zona, puesto que esta forma de Industria se ha establecido sobre relaciones de producción precarias. Por una parte, aquéllas que son las tradicionales, propias de las comunidades chilotas y por otra, las establecidas por la industria, que están fundamentadas en lograr la mayor renta posible de los recursos naturales y/o de sus ecosistemas, que explotan y/o utilizan en y para sus procesos productivos.

Este modo de producir se ha establecido, como es fácil de demostrar, aprovechándose de las necesidades sociales, de la precaria legislación laboral y medio ambiental y utilizando además la fortaleza financiera y política de los industriales; suficiente como para establecer relaciones de producción tan inequitativas que le han asegurado a las empresas una desmedida apropiación funcional de los ingresos generados por esta actividad.

Esto explica también el escaso porcentaje que del resultado de este Producto queda para aplicar en los territorios donde se localizan los recursos naturales que son la base de estas industrias, lo cual se puede apreciar fácilmente observando el hecho de que pese a los años transcurridos de operación de esta actividad industrial pesquera, extractiva y/o de cultivo, de los miles de millones de dólares exportados, ningún beneficio proporcional se aprecia en dichas localidades, al menos como una mejoría sustantiva en la calidad de vida de sus habitantes.

Esta asimétrica inequidad hace que cuando ocurren estos verdaderos “Terremotos ambientales”, sus afectos negativos directos se multipliquen por sobre todas las Economías locales de la Región afectada; puesto que todas éstas tienen como su principal base económica a estos ecosistemas y generalmente, además, conforman la base vital de sustentación para estas poblaciones de aquellos recursos naturales que en ellos existen.

Estos ecosistemas se sabe que son de suyo frágiles y, pese a ello, han sido sometidos a una sobre explotación los recursos hidrobiológicos que en ellos habitan, así como también, a los propios ecosistemas acuícolas, se les ha sometido a una gran sobrecarga al introducir intensos cultivos de especies exóticas en esos ecosistemas, lo que ha redundado en una considerable pérdida de su capacidad productiva y, por cierto, una pérdida enorme para la economía local, tanto patrimonial como económica.

Por este deterioro de los ecosistemas acuícolas debido a la sobre y deficiente explotación a que han sido sometidos, las empresas explotadoras no han pagado ni indemnización ni multa por generar estas alteraciones graves en los ecosistemas.

Alteraciones que sí afectan a las comunidades locales, pero este impacto local y regional se multiplica de manera tremenda cuando ocurren los eventos ambientales perniciosos. En cambio, las empresas no lo resienten mayormente, salvo contabilizar las pérdidas mercantiles, las cuales son cubiertas por sus seguros y, porque además saben que de estas pérdidas se recuperarán con prontitud en Chile, al volver a operar, gracias a la enorme renta que extraen de estos recursos.

Entonces, se puede colegir que en la operación de este tipo de empresas de mayor tamaño y en el cómo explotan los recursos naturales de la Nación, se encuentra una de las claves que ha estado en la base de los reiterados conflictos locales que han estallado en diferentes Regiones del País en los últimos años, pues éstos, en su mayoría, han comenzado originalmente como conflictos medioambientales provocados por operaciones industriales, que han afectado de manera aguda a esas poblaciones y espacios locales, pero cuyas comunidades se han visto desprotegidas de amparo y solución colectiva, tanto por el Marco constitucional, jurídico institucional, que debiera ampararlos, como por las carencias o fallas en la acción de las autoridades del Estado, las cuales, muchas veces, operan y responden en el conflicto más bien cooptados por los poderes fácticos que movilizan los industriales.

Pero también se puede observar que pese a su recurrencia, éstas crisis no han sido analizadas ni resueltas sistémicamente por el Gobierno, sino que se las sigue abordando como casos individuales, caso a caso y, por tanto, enfrentadas singularmente, por “Fuerzas de tarea” ad hoc, enviadas desde el Gobierno central, a cargo de “Delegados”, (A veces sin experiencia en las temáticas comprometidas), los cuales van en subsidio a incrementar las capacidades de las autoridades locales.

Estos delegados ad hoc, para cuando logran administrar cada una de estas crisis, se observa que el “Acuerdo” con la Comunidad se alcanzó después de un proceso iterativo de ensayo y error, a veces de muchos errores y reemplazos, lo cual resulta en un “Modus operandi” muy ineficiente para los afectado y costoso para los interventores porque, en política, se pagan caros cada ensayo fallido.

Recomendación 1

Por todo lo anterior recomendamos que dada la Matriz Productiva de Chile, esta crisis sea la oportunidad para que al fin se tome la decisión de aplicar una Política Pública con mirada sistémica y regional para enfrentar estos fenómenos, que establezca un protocolo de intervención apto para ser aplicado en estas emergencias en y por las autoridades de los gobiernos locales y regionales, que queden dotadas de capacidad institucional y presupuestaria capaces de responder en primer término las emergencias y que, evaluadas la dimensión de las mismas, en las circunstancias que corresponda, sean éstas reparticiones mismas las que soliciten las intervenciones complementarias que se requieran, pero, aún en estos casos, su aplicación siempre sea integrada a los comandos que administran la respuesta a la catástrofe, las respectivas autoridades locales y Regionales, según corresponda.

Por cierto este Modo de tratamiento de las emergencias y catástrofes de tipo ambiental debieran estar fundamentadas en un Plan estratégico para abordar estos fenómenos, con planes y programas de emergencia a nivel nacional, regional y local, pero contemplando en el corto plazo el desarrollo de las capacidades a nivel local y regional de manera que las autoridades del Estado a estos niveles, Municipalidades y GOREs, queden dotadas y también capacitadas para intervenir oportunamente y para evaluar idónea y responsablemente en el qué y cuándo solicitar el apoyo necesario y complementario para enfrentar y administrar la solución de la crisis.

Por de pronto hay que señalar que la base jurídica institucional para ejecutar tal política ya existe, al menos para hacerlo ahora ya, de inmediato, pues esta fue la intención que se plasmó como la base jurídica cuando se crearon los Gobiernos Regionales, al recomenzar la Democracia. Aunque éstos nunca fueron implementados apropiadamente y por lo cual éstos organismos quedaron sin las capacidades y recursos necesarios de administración Regional y Local como para asumir, entre otras muchas cosas, este tipo de crisis, las capacidades mínimas para implementar esta iniciativa existen aún en la ley.

Parece que no es necesario dar ejemplos de lo caro que para el Estado y los Gobiernos correspondientes le ha salido no haber implementado estas leyes, que, reiteramos, existen formalmente, con lo cual, hoy como ayer, se puede superar estos problemas sólo con la adecuada voluntad y decisión administrativa de implementar una política pública en este sentido, el de desarrollar las capacidades de administración de los Gobiernos territoriales para administrar el enfrentar y solucionar estos eventos naturales catastróficos.

II.- NOTAS PARA ORIENTAR HOY LA INTERVENCIÓN EN LA CRISIS DE CHILOÉ.



En esta ocasión el conflicto ha estallado en la zona Sur del País, al cual genéricamente se le ha denominado como “La crisis de Chiloé”. Si bien se trata de fenómenos de origen y causas ambientales, propias de las dinámicas caóticas de estos inmensos ecosistemas acuícolas, ocurre que el fenómeno natural agudo se ha visto potenciado aún más por la manera de operar de las empresas industriales, como se ha reseñado en el primer acápite, en este caso en particular, el de la industria salmonera, cuyas prácticas productivas, su alcance y efectos han sido nefastos para los ecosistemas.

Por cierto, toda la práctica institucional y productiva mundial dictamina que por las externalidades negativas que se produzcan, su mitigación y reparación deben ser de responsabilidad del que la produjo y/o coadyuvo a su ocurrencia, particularmente cuando aquellas se han derivado o alcanzado su magnitud producto del enorme esfuerzo de extracción y explotación a que han sido sometidos los ecosistemas naturales involucrados.

El evento se ha presentado con mayor alcance y complejidad que el habitual para los de la “marea roja”, puesto que son muchas las áreas oceánicas que se han visto seriamente afectadas, especialmente aquellas áreas estuarinas, las cuales son precisamente las que han sido sometidas a un mayor esfuerzo industrial por presentar las mejores cualidades, “Ventajas comparativas” para implantar los planteles de crianza de salmones, pero las cuales son también las áreas que ancestralmente han sido y son la base de las economías de todos los habitantes de las localidades y regiones involucradas.

Se argumenta recurrentemente, para justificar esta actividad de acuicultura, a esta escala y forma, llevada a cabo por las empresas de esta industria en Chile, acerca de los grandes beneficios que ella le ha significado a la Economía nacional y todo el trabajo que generan localmente.

Pero bastaría con auditar económicamente e integrar todos los efectos, positivos y negativos, que estas explotaciones acuícolas han tenido sobre aquellos recursos y/o los espacios hidrobiológicos, para evaluar correctamente el impacto que en verdad han provocado en los ecosistemas, en particular, al valorar el deterioro de las respectivas capacidades productivas y medioambientales, así como los efectos directos e indirectos de las externalidades negativas de las explotaciones evaluadas ex dure y ex post, que han impactado a las comunidades ribereñas.

Sólo así contabilizados y valorados estos impactos, se puede completar el Balance real del aporte y beneficios Económicos de tales emprendimientos frente a los ingresos que estas empresas han obtenido explotando los recursos naturales del Patrimonio nacional. De esta manera, sí se podrá medir el beneficio y evaluar el real aporte que las empresas de esta Industria pesquera hacen al PIB y a la sustentabilidad de la Riqueza patrimonial de Chile comparado con la ganancia que ellas se han apropiado por la comercialización de éstos recursos. 1

Otro indicador relevante sería estimar el efecto de estos emprendimientos industriales como pérdida observable en el acervo de capital natural que podría haberse utilizado para sustentar un Proyecto de desarrollo de aquellas localidades ribereñas, con el cual las comunidades podrían haber contado, como parte realizable de su activo natural para emprender o avalar iniciativas que les sirvieran, ahora, para superar su calidad de vida así como también para cuidarlo e incrementar su valor Patrimonial, en definitiva, sustentarlo como legado intergeneracional.

Al respecto vale escuchar lo que dicen los profesionales del Instituto de Fomento Pesquero al respecto "Estas empresas son transnacionales con capitales extranjeros, que llegaron a explotar nuestros mares de aguas prístinas y realizan una actividad totalmente anti natura, sobrecargando la capacidad de carga del ambiente y produciendo una gran contaminación en estuarios y fiordos en donde se encuentran sus centros. Bajo sus jaulas y en su entorno, es tal el nivel de contaminación, que se generan verdaderos desiertos marinos, donde la vida en su naturaleza prácticamente no existe. Por otro lado, el impacto de los cientos de miles de salmones escapados o 'liberados' de los centros de cultivo, que son especies foráneas altamente carnívoras, sigue siendo de magnitud desconocida", y agregan éstos profesionales en relación a la actual crisis”.

"la marea roja y el vertimiento al mar de miles de toneladas de salmones muertos, contaminados, en descomposición y con antibióticos en magnitudes desconocidas, dejan al descubierto un hecho ineludible como país y es la manera deplorable en que estamos explotando nuestros recursos naturales".

Continúan diciendo los Profesionales del IFOP, a propósito de la actual crisis, "Estimamos que las demandas de los habitantes de Chiloé son justas y dan cuenta del sufrimiento que están padeciendo, propiciado por una normativa laxa y políticas del Estado que apuntan a favorecer a las trasnacionales que se enriquecen a costa de la trasgresión sistemática de las normas de cultivo con estándar internacional, el uso indiscriminado de antibióticos y el trabajo mal remunerado producto de la necesidad de nuestra gente",

Aunque hay que señalar que este tipo de explotación no sustentable no sólo se da en la industria salmonera, también ocurre en la explotación de otros recursos renovables, cuyos espacios y paisajes se explotan hasta el colapso, aplicando métodos y técnicas que están prohibidos o severamente regulados en otros países y a la vez dañando casi irreversiblemente los sistemas eco naturales que los sustentan, tanto los terrestres, como ocurre con las plantaciones de bosques y sus sistemas ecológicos, o en otros ecosistemas acuícolas, que se utilizan para el cultivo y/o la captura y recolección de peces y mariscos

De paso también hay que señalar que esta misma sobre explotación del patrimonio natural del País también se ejerce sobre los recursos no renovables, cuyo caso presenta otros ribetes quizás aún más graves, pues éstos recursos, una vez extraídos de sus ecosistemas, ya no generarán renta futura y, para entonces, las comunidades aledañas como el País, sólo heredarán sus pasivos ambientales y sociales, vale decir la explotación de éstos recursos naturales, tal como se realiza, afecta sin retorno a los ciudadanos del presentes como a los del futuro.

Para evaluar lo grave de la situación sirve la misma declaración de los profesionales del Instituto de Fomento Pesquero que manifiestan lo siguiente desde su particular perspectiva “El sistema de explotación de los recursos naturales que se aplica en Chile no sólo afecta a los recursos pesqueros, cuya gran mayoría (70%) se reconocieron oficialmente como 'en situación de colapso', también se tiene a las termo-eléctricas y el impacto de las mineras que utilizan ingentes cantidades de agua, destruyendo glaciares y, finalmente, contaminando nuestras playas con metales pesados, que hacen insostenible la vida para los organismos marinos, poniendo en peligro la salud de la población” 2

Recomendación 2.

Comenzar de inmediato a hacer una Investigación y Auditoría en los Ecosistemas acuícolas afectados, para determinar y distinguir las causas naturales de las causas antrópicas, tanto de aquellas que son propias del manejo industrial realizado como aquellas negligentes que resulten responsables del escalamiento de la actual alteración del ecosistema. Bien parece la decisión de conformar el Comité científico de alto nivel, que debe responder por la calidad del cometido, pero es necesario de dotarlos de los brazos operativos idóneos, que deberían ser provenientes de entidades académicas de Chile y del extranjero, de la FAO, con participación del IFOP e Instituciones científicas, nacionales y extranjeras.

En caso de haber faltas o delitos, efectuar las denuncias en las cortes nacionales, extranjeras e internacionales y cuando se cursen las sanciones administrativas y las sentencias de los juicios correspondientes, la parte de las multas cursadas se debieran abonar al gasto realizado desde el Erario Público para mitigar la emergencia e implementar las soluciones más permanentes.

Recomendación 3.

Como todas las recomendaciones de intervención que se hacen y las recomendaciones para el fortalecimiento de la acción pública ad hoc, son Políticas Públicas y por tanto debieran financiarse desde el Erario Público, entonces para no ocupar los escasos recursos del Presupuesto Fiscal, se recomienda comenzar a formular y tramitar una legislación que aplique un “Royaltie” efectivo por la explotación de los recursos naturales, en particular aquellos que forman parte o están adosados o utilizan para producir sus productos algún Patrimonio Nacional.

También con este propósito, de utilizar los fondos obtenidos, la creación de un Fondo de Administración, destinado a la regulación de las intervenciones y conservación del Patrimonio Natural, distribuido regionalmente, al cual habría que complementar con multas e ingresos provenientes de la gestión del patrimonio y que no hayan sido asignadas a casos específicos o a beneficios locales o étnicos. 3

Recomendación 4.

Esta crisis puede representar una oportunidad para que el Gobierno comience a diseñar y aplicar una política con mirada estratégica para preservar nuestro patrimonio Natural, recomendando que para el cuidado y la administración directa, esta se regionalice efectivamente y quede radicada en los espacios de gobiernos locales y regionales correspondientes.

Esta gestión regionalizada al menos debiera comprender la vigilancia y cuidado patrimonial así como contar con la capacidad de primera instancia para la evaluación, regulación y control de la gestión productiva que de ellos se efectúe.

Al respecto proponer una legislación que permita establecer, a nivel de los GOREs, planes estratégicos para la administración y gestión de los recursos naturales patrimoniales, en una primera instancias para los ecosistemas hidrobiológicos, que permita a las regiones administrar éstos patrimonio y, en particular para las municipalidades, considerarlos como activos locales y en este sentido, formular planes y proyectos destinados a la administración, preservación y multiplicación de los recursos hidrobiológicos de sus respectivos espacios.

También que las califique para establecer alianzas estratégicas tanto para utilizar estos recursos como para realizar la capacitación y formación de profesionales y propender a generar una investigación del estado de estos recursos a nivel regional y al desarrollo del valor de éstos recursos hidrobiológicos, explorar las articulaciones positivas con otras fuentes y recursos zonales, validar la infraestructura y los emprendimientos destinados a genera valor agregado local y crear economías de escala con otras zonas semejantes para buscar y aplicar en otros mercados .

III.- NOTAS PARA ADMINISTRAR LA ACCIÓN PÚBLICA.

Pero aún hay otro costo significativo que el Estado chileno ha tenido que pagar, puesto que vemos que ha debido asumir, con el Erario nacional, todas las externalidades negativas económicas y/o sociales del fenómeno ampliado, así como financiar las medidas de solución derivadas de la agudización de ésta nueva crisis. En todo caso ello también ha ocurrido en todas las crisis que sobre bases de alteraciones medio ambientales y/o naturales de efectos catastróficos se han producido.

La ocurrencia de fenómenos naturales catastróficos, es una condición natural del País, Chile es tributario de casi todos los eventos naturales catastróficos de mayor impacto, pero su Patrimonio Natural también está siendo afectado por condiciones antrópicas, las cuales multiplican y aumentan lo dañino de un fenómeno natural, como ocurre en el caso actual, en que estos desastres naturales se han amplificado significativamente producto de las intervenciones industriales o constructivas de las empresas privada que han estado operando sobre estos recursos por gran tiempo.

Sin embargo es finalmente el Estado el único que debe asumir los costos no sólo en recursos, sino cuando su intervención no es todo lo asertiva y/o efectiva que se requiere, pues entonces este costo se paga también en credibilidad y pérdida de prestancia.

Vale decir el Estado debe asumir no sólo el costo de mitigación de los efectos directos de los fenómenos naturales así como también pagar también por los errores, abusos y felonías que los emprendimientos privados han potenciado, asumiendo todos los costos, como han quedado de manifiesto en cada uno de los estallidos sociales de los últimos años.

Recomendación 5.

Pensamos que se debiera establecerse la obligatoriedad, cuando se otorgan las autorizaciones ambientales para explotar estos recursos y gozar de la renta generada por este Patrimonio nacional, que las empresas favorecidas tomen un seguro a favor del Estado para compensar la ocurrencia de estos siniestros y ayuden efectivamente a mitigar el impacto que provocan.

Por último, existe otra área de debilidad del sistema público y del Gobierno en particular para actuar en éste tipos de circunstancias y poder hacerlo de manera eficaz y efectiva. Esta es la limitación del Estado para intervenir sobre los procesos productivos privados, no sólo por prohibiciones aherrojados en la constitución, sino que también por los déficits de capacidad funcionaria que lo afecta, todo lo cual coadyuva a tener que enfrentar semi ciegos y semi inválido las circunstancias de cada uno de estos eventos, improvisando interventores y careciendo de personal experto, tanto a nivel central como en especial al nivel de los espacios territoriales afectados, “La tormenta perfecta”.

Cierto que el origen de esta debilidad del Estado es fruto de la majadera consigna de que hay que disminuir su tamaño y capacidad para intervenir en la Economía y los negocios de los privados, suponiendo maniqueamente, que esto se hace en favor del Mercado. Con ello al Estado se ha limitado en su capacidad de emprender en actividades económicas y construcción de infraestructura social básica, así como de poder contar con una efectiva capacidad de fiscalización y, como se lo acaba de manifestar la OECD, de Regulación, a todo nivel, tanto ex ante como ex post.

En este aspecto es particularmente dramático lo que sucede con la capacidades del Estado a nivel Regional y local, cuyas instituciones que precisamente están ubicados en los espacios geográficos en dónde ocurren estas catástrofes, es lamentable verlas tan limitadas para reaccionar y clamando al Gobierno central para que las ayuden, no sólo con recursos sino también con profesionales con capacidad de asumir las emergencias, debido a la escasa o limitada dotación de capacidades profesionales y/o técnicas que poseen.

Recomendación 6.

Por ello otra recomendación es la de formular un programa para dotar de las capacidades profesionales necesarias a las instituciones locales y regionales para allí, en el terreno propio, localizar y canalizar la gestión de recursos profesionales y técnicos destinados a enfrentar y administrar territorialmente estas crisis. Por cierto estas dotaciones debieran ser permanentes para que gestionen y controlen la utilización sustentable de los recursos naturales como de los ecosistemas que los sustentan.

Este tema de contar con dotaciones técnicas suficientes y necesarias no dice sólo con tenerlos en las entidades de Gobierno, sino hay que propiciarlo y hacer factible que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que tienen en estos recursos hidrobiológicos su sustento puedan también disponer de estas capacidades, tanto para sus dirigentes como para poder contar con asesorías técnicas de buen nivel para sustentablemente puedan explotar, conservar y potenciar el uso y goce los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas localizados en las riberas de mar, islas o aguas interiores.

Recomendación 7.

Respecto a lo anterior también recomendamos generar a nivel central un división ad hoc, encargada de la Administración cuidado y valorización del Patrimonio Natural y de velar tanto por la dotación y capacitación de los recursos humanos nacionales y locales suficientes como para ejercer el ejercicio y el control de gestión y regulación de los emprendimientos que utilizan los recursos hidrobiológicos tanto para su sustento o como mercancías para los mercados internos y/o externos, ya como productos finales o como insumos industriales.

La recomendación se complementa con la sugerencia de establecer formalmente un Programa Público de convenios, financiados vía los sistemas sugeridos, para que las entidades Universitarias y/o Técnicas regionales lleven a cabo investigación y desarrollo especializado en los recursos hidrobiológicos, en particular de aquellos que existen en los ecosistemas aledaños a sus localidades, en áreas temáticas como la prospección, el dimensionamiento, cuidado y preservación así como la reproducción, diversificación, repoblamientos y cultivo de estos recursos, de manera de que éstas instituciones de formación superior establezcan programas de extensión efectivos en sus regiones para implementar, idealmente participativos, de apoyo y capacitación dirigido a las comunidades ribereñas.

IV.- OTRAS SUGERENCIAS COMPLEMENTARIAS.

Derivadas de los petitorios de los gremios y los ciudadanos de la Región afectada, se señalan algunas de sus sugerencias puntuales, pero que consideramos significativas para estas poblaciones, dignas de tomar en consideración para formular la solución, de manera de volver a tomar el control público de la situación:

GRC/2016


1 Nota. Por cierto la industria extrativista, así como las de enclaves y/o de plantaciones, para citar sólo a las de carácter primario, nunca han compensado ni reconocido el ancestral y enorme beneficio unilateral que han obtenido en los Países en que han operado, pues es un hecho conocido que la ganancia no benefició a los países “Huéspedes”, salvo a sus oligarquías dominantes y aunque hoy, con el discurso de la “Globalización”, de la Economía internacional, se pretende igualar a los “Oferentes” y “Demandantes” en los mercados de bienes transados, pero la apropiación de renta, como una plus ganancia, aún se realiza, “Legitimada” mediante tratados de libre comercio, capturada y realizada generalmente a través de los sistemas comerciales y circuitos financieros, bursátiles, aseguradoras, productores de tecnologías o, por último, depositada como reservas en paraísos fiscales.

2 Existe toda una historia acerca de cómo la Industria Pesquera de las “7 familias” no sólo han hecho colapsar las pesquerías nacionales sino que estratégicamente han controlado y cooptado al Sector de tal manera que hoy su dominio oligopólico y oligopsónico es completo. Pero esta historia es para otro informe.

3 Nota. Por cierto estas medidas de aplicar una recaudación a objetivos específicos habría que implementarlo según el estatuto Público de la normativa fiscal.










(Volver a página inicial)