Perú: La batalla del río Marañón

Raúl Zibechi
Programa de las Américas

Un nuevo frente de lucha social se abrió en Perú, en defensa del río Marañón, donde multinacionales pretenden construir veinte hidroeléctricas para abastecer de energía a la mega minería a cielo abierto.

El lunes 28 de diciembre el dirigente social Hitler Ananías Rojas González fue asesinado en el poblado Yagén, en el distrito Cortegana de la región de Cajamarca, por un grupo que le tendió una emboscada. Rojas de 34 años era presidente de las Rondas Campesinas, vicepresidente del Frente de Defensa y había sido elegido alcalde de Yagén, un pequeño poblado en el departamento de Celendín donde la población resiste el avance de la minería y las grandes obras hidroeléctricas.
Rojas era un reconocido defensor del río Marañón y opositor a la construcción de la represa Chadín II de la empresa brasileña Odebrecht que generará 700 megavatios. La ejecución de este proyecto obligará al desplazamiento de miles de personas que habitan cerca de las orillas del río, ya que grandes extensiones de los valles serán inundadas.
La resistencia ambientalista a la minería y las megaobras se vio potenciada por dos derrames de hidrocarburos en el mes de enero, uno de ellos en el Oleoducto Norperuano de la empresa estatal Petroperú, en la provincia de Loreto en la región amazónica. A raíz de este derrame de 3.000 barriles, el analista Gerad Honty recordó que en Perú se produjeron 60 derrames desde el año 2000, un promedio de uno cada tres meses [1].
El domingo 6 de marzo la comunidad wampi en la localidad de Mayuriaga en el distrito de Morona, retuvo un helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaban funcionarios de Petroperú para inspeccionar los daños causados por un derrame de petróleo ocurrido el 3 de febrero. Mayuriaga es una de las comunidades afectadas por el derrame [2].
La apertura de un nuevo frente en torno al río Marañón (donde se proyectan más de veinte hidroeléctricas), se debe a la necesidad de la minería de contar con fuentes de energía y a la presencia de grandes empresas que buscan construir represas en los cauces de los caudalosos ríos que bajan de los Andes hacia el Amazonas. Como asegura Milton Sánchez, dirigente de la resistencia a Conga en Celendín (Cajamarca), “nos gobiernan las empresas que han capturado el Estado” [3].
Con más de 20 años de experiencia en la resistencia a la minería, que ingresó a gran escala luego del golpe de Fujimori en 1992 que disolvió el parlamento, los activistas de Celendín recuerdan las promesas de las mineras y la realidad posterior. “Cuando llegaron a Cajamarca, era el cuarto departamento más pobre del Perú y 23 años después hemos caído al más pobre del país”, reflexiona Milton sobre las promesas de “desarrollo” que hicieron la multinacional Newmont y el Banco Mundial.
El Marañon, nuevo frente de lucha
El río nace a casi cuatro mil metros de altura en la sierra andina, desciende hacia el norte entre valles y tierras cálidas en paralelo a la costa del Pacífico, luego se vuelve hacia la Amazonia y después de recorrer 1.600 kilómetros confluye con el Ucayali para formar el Amazonas. Su largo y accidentado recorrido que lo lleva de las cumbres hasta el nivel del mar, lo convierte en un río con fuerte potencial hidroeléctrico.
Los estudios realizados desde la década de 1970 han identificado 20 proyectos hidroeléctricos posibles, siete de ellos en la región de Cajamarca [4]. Si todos ellos se concretaran, el río podría generar 12 mil megavatios, superior a la potencia eléctrica instalada del país. Por lo tanto, esas veinte represas no abastecerán a la población.
Meses antes de dejar su cargo, el presidente Alan García emitió un decreto supremo, el 27 de abril de 2011, en que “declara de interés nacional y social la construcción de veinte centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón” [5]. El decreto considera al Marañón como “Arteria Energética del Perú” que puede aportar “una generación aproximada de 12.430 megavatios”. Lo que supone una central cada menos de cien kilómetros.
Dos años después, el 20 de setiembre de 2013, el presidente Ollanta Humala dijo en la 31° Convención Minera en Arequipa, mientras mostraba una mapa de la Macro Región Norte: “En esa zona predominan los proyectos de oro y cobre, ubicados en la sierra de Piura, Lambayeque, Cajamarca y Trujillo. Para funcionar, requieren energía, y para ello se prevé la construcción de al menos cinco centrales” [6].
Este reconocimiento de que las centrales hidroeléctricas sobre el Marañón serán para abastecer a la minería, fue clave en el despertar de la conciencia popular. La región Cajamarca, que cuenta con 13 provincias y 1,5 millones de habitantes, es la más afectada tanto por la minería de oro y cobre como por las hidroeléctricas proyectadas.
La tasa de pobreza es del 49% de la población, pero la región concentra a su vez el 80% de las reservas probadas de oro fino del país y el 30% de las de cobre. Las provincias de Cajamarca y Celendín concentran la mayor parte de esas reservas. La inversión minera prevista en la región es de 10 mil millones de dólares, de los cuales el proyecto aurífero Conga de la minera Yanacocha (Newmont Mining Corporation), es el mayor con 5.000 millones [7]. La resistencia de la población de Celendín al proyecto Conga ha sido una de las más importantes de América Latina [8].
En 2014 se aprobó el estudio de impacto ambiental de la primera de esas centrales, Chadín II, concedida a AC Energía, filial de la brasileña Odebrecht, que debe entrar en operaciones en 2023 produciendo 700 megavatios. Las obras estarán en la cuenca media del Marañón entre las provincias de Celendín y Chachapoyas. Si se construye esta represa -a que se suma el proyecto Veracruz, en la misma región-, “los proyectos mineros tendrán energía asegurada para el desarrollo de sus operaciones” [9].
Sin embargo, en octubre de 2015 Odebrecht decidió “suspender temporalmente” las obras previas a la construcción de Chadín II hasta setiembre de 2016. La gerencia de la empresa dijo que la suspensión se debía a la necesidad de completar estudios de ingeniería.
Pero Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendina aseguró que la suspensión temporal es parte de una estrategia que busca desinformar a la población, del mismo modo que lo hizo Yanacocha con el proyecto minero Conga: “Ellos va a seguir. Eso significa que persisten la amenaza sobre el río Marañón, la inundación de zonas productivas y el conflicto social generado por ellos, y que continuará mientras no se retiren definitivamente” [10].
Odebrecht contra las comunidades
El conflicto entre las empresas y las comunidades viene de muy lejos. La población de la región ha conocido a lo largo del tiempo diversos proyectos para modificar sus formas de vida sin consultarlos y ya no confían en el llamado “progreso” o “desarrollo” [11]. Esta experiencia acumulada a lo largo de décadas de promesas incumplidas, es un activo que lleva a las comunidades a ponerse de pie cada vez que alguien llega con nuevas promesas.
El 29 de setiembre de 2013 el Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado de Yagén, el mismo pueblo donde fue asesinado Rojas, emitió un pronunciamiento de rechazo a Chadín II. “Para nosotros el río Marañón no representa un accidente geográfico más, sino una fuente de trabajo, de subsistencia, un modo de vida, que generación tras generación ha contribuido con el alimento no solo para nuestros pueblos sino también para las regiones de Cajamarca y Amazonas” [12].
Denuncia la llegada a la comunidad de “personas extrañas que con engaños han generado división y malestar”. Los pobladores aseguran que la empresa les ofreció construir carreteras, pero que es ella la que las necesita para trasladar maquinarias y turbinas. Destacan además que el Perú quedará endeudado con los bancos de Brasil que liberan los préstamos para la construcción de la represa y que la energía es para los 14 proyectos mineros en marcha.
Uno de los párrafos más significativos del pronunciamiento de la comunidad de Yagén dice: “Nos han ofrecido trabajo por dos años, cuando los valles de nuestro río Marañón vienen generando trabajo generación tras generación y gracias a ello hemos podido educar a nuestros hijos; si se represa el Marañón, cientos de nosotros perderemos nuestra fuente de trabajo y estaremos condenados a vivir en la miseria”.
En julio de 2015 Odebrecht realizó una serie de talleres informativos en Ucuncha, provincia de Bolívar, dirigido a pobladores de varias provincias. Según denuncia de varios pobladores los talleres se realizaron “con la presencia de numerosos policías, más de cien”, además de personas de otros lugares por lo que se sintieron presionados por la empresa ya que todo el distrito tiene apenas mil habitantes [13].
Betty Rocha, activista de Celendín, asegura que las mineras y ahora las empresas constructoras “crearon ONGs para resolver los problemas de la población, regalaron cocinas y balones de gas con lo que consiguieron dividir a las familias, realizaron campañas de desprestigio de los dirigentes y establecieron un cerco comunicacional contra los que se oponen a sus proyectos” [14].
Con estos antecedentes, a los que debe sumarse el permanente hostigamiento de Máxima Acuña [15] por la minera Yanachocha, muchos activistas de Celendín sospechan que Odebrecht tiene alguna relación con el asesinato de Rojas. El asesino contó desde el primer momento con dos abogados y la justicia lo castigó con sólo 8 años de cárcel, suponiéndose que puede salir en libertad en dos años y medio, según Mirtha Vázquez, abogada y directora de Grufides.
“Esto se va a poner peor”
Uno de los momentos más tensos del Foro Público realizado en Cuzco, fue la intervención de las directoras de Cooper Acción, Ana Leyva, y de Grufides, Mirtha Vázquez. La primera recordó que la inversión en minería tuvo un fuerte descenso y que las exportaciones del sector cayeron de un máximo de casi 27.000 millones de dólares en 2011 a 18.500 millones en 2015. Eso hace que los ingresos del gobierno hayan experimentado una fuerte caída.
Pero lo más grave, en su opinión, es que el empresariado minero ha pasado a la ofensiva en contra de la regulación ambiental. “Desde 2013 los mineros hacen campaña contra la legislación ambiental porque sería un obstáculo para las inversiones”, dijo Leyva. Con ello el sector logró modificar decretos que trastocan los estándares de calidad ambiental para agua destinada al consumo humano, y además se simplifican los trámites para conseguir licencias ambientales.
Mirtha Vázquez, por su parte, adelantó que el futuro inmediato será peor. En Perú hay elecciones presidenciales el 11 de abril y ningún candidato, con la excepción de la izquierdista Verónika Mendoza, formula críticas a la minería y las megaobras de infraestructura.
Según la directora de Grufides hay una tendencia a considerar al que protesta como criminal. “Antes el bloqueo de vías era un delito menor al que le correspondían seis años, pero ahora se considera extorsión y le corresponden 25 años de cárcel” Agregó a que hay una tendencia a denunciar a los manifestantes en el mismo momento en que se convoca una protesta y que los juzgamientos son muy rápidos, en apenas dos o tres días.
Vázquez explicó que cada vez se utilizan figuras penales más severas como secuestro y asociación lícita para delinquir cuando se enfrentan acciones de movimientos sociales. Y dijo que en el próximo gobierno habrá un intento para “destrabar los megaproyectos”, mientras se propiciará la “participación de las fuerzas armadas en el control del orden social, o sea militarizar los conflictos”.
Uno de los puntos más graves es que se tiende a la “protección y garantía de impunidad a miembros de las fuerzas armadas y policiales involucrados en procesos judiciales y se propone destinar fondos públicos para la defensa y patrocinio legal de los acusados”. Se trata de una suerte de “estado de emergencia permanente”, en el cual los derechos de los ciudadanos están recortados y sometidos a la fuerza pública.
En lugares como Celendí esta es una realidad cotidiana. Existe una masiva judicialización de la protesta, recuerda Milton. La resistencia a Conga provocó 300 procesos judiciales contra los activistas y la resistencia a las hidroeléctricas del río Marañón ya tiene cien procesos en curso. Si a eso le sumamos el cerco informativo, la situación del activismo es cada vez más difícil. “De las 25 emisoras que hay en Celendín sólo una recibe nuestros comunicados y denuncias”, asegura.
Sin embargo los movimientos hacen su aprendizaje. Por un lado, saben que gane quien gane las elecciones la minería y las grandes obras seguirán avanzando. Aunque saben que no todos los candidatos son iguales, sólo pueden ganar los que tienen mucho dinero para campañas, dinero que suele salir de las grandes empresas multinacionales.
Otra enseñanza es que el país de origen de esas empresas es un dato secundario. La inversión en minería en Perú la lidera China, con el 34% de la cartera total de proyectos, seguido por Estados Unidos con el 18% y Canadá con el 15% [16]. Más allá del origen del capital, los proyectos donde hay multinacionales de estos países (enfrentados entre sí en el escenario geopolítico) provocan los mismos daños ambientales y los similares conflictos sociales con los pobladores.