Mayo 2016

El golpe de los corruptos

Por Alejandro Marcó del Pont

La comunidad internacional debería de estar asombrada, perpleja, desorientada por los intentos de destitución de la presidenta de la mayor economía de América Latina y la octava del mundo. ¿Tan cómodo puede ser darle un golpe de Estado a una presidenta de un país con las magnitudes descripta?

Es perfectamente posible, y no tendría nada de extraordinario si no tuviéramos que ponderar ciertas cuestiones. ¿Cuáles son los delitos cometidos y su gravedad? Lo cual deberá ser, por cierto, en nuestra América, de una magnitud tal que amerite ante nuestra historia la destitución. ¿Y quiénes tendrán el rango moral de ser los jurados de este juicio?

La presidenta de Brasil no tiene cuentas en Suiza, no tiene departamento en playas de su país, no tiene un aeropuerto particular (por el cual se fuguen presos), no tiene dinero en los bancos y no incrementó su patrimonio. No está en la lista de Odebrecht y tampoco se encuentra en el dantesco escándalo de sobornos de Petrobras que mancha a la clase política y empresaria de Brasil. Todas y cada una de estas negativas se encuentran investigadas por la justicia, los medios y los opositores golpistas; es decir, no hay realmente nada.

¿De qué se la acusa entonces a Dilma? La mandataria es acusada de promover maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas durante 2014 y parte del 2015. La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.

El argumento es que esa práctica está prohibida por ley de Responsabilidad Fiscal, pero este y otros gobiernos tambíen lo hicieron para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

Básicamente, los acusadores dicen que cometió delitos de “responsabilidad” y “presupuestarios” según el artículo 85 y 86 de la Constitución de Brasil. En esos artículos también queda determinado que la presidenta de la Nación puede ser acusada, siempre y cuando sea la responsable principal.

Rousseff niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.”¿Impeachment sin crimen de responsabilidad es? Un golpe de estado”.

Quienes son los acusadores. Una vez presentado las denuncia (existen 9 contra la presidenta) según la Ley 1079 del año 1950, el parlamento deberá crear una Comisión Especial ad doc para determinar si procede o no el Impeachment, compuesta por 65 miembros. Esta comisión fue impulsada por el diputado Eduardo Cunha del Partido del Movimiento Democrático Brasileño –PMDB- y fue votada por amplia mayoría.

Eduardo Cunha es el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los impulsores del juicio y miembro del partido al cual pertenece el vicepresidente. Estos datos no son menores. Uno de las denuncias más fuertes contra Dilma fue el financiamiento de la campaña política para la presidencia actual. Esta denuncia fue desechada por el presidente de la Cámara, ya que el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión de Rousseff, pertenece a su partido y podría caer junto con ella, ya que la campaña los involucró a ambos.

El presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del juicio a la presidenta fue en principio acusado por las autoridades fiscales de haber aceptado U$S 5 millones en sobornos, entre 2006 y 2012, relacionados con la construcción de dos buques de perforación de la empresa Petrobras.

El Ministerio Público de Suiza envió a la Procuraduría General de la República la confirmación de la existencia de tres cuentas del acusado de lavado de dinero y corrupción Eduardo Cunha. El Departamento de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia actuará para enviarlo nuevamente a la Procuraduría.

Lo cierto es que el Presidente de la Cámara de Diputados sigue orquestando la farsa del juicio político, y se debería considerara su pedido de prisión como una carta a Santa Claus, porque a pesar de las cuentas, y las más de 10 diferentes pruebas que se encontraron al allanar su despacho, ninguna funcionó.

Dentro de los 49 políticos que el Tribunal Superior permitió que se investigarán por los casos de corrupción de Petrobras, se encuentra no sólo el ya probado Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (PMDB) el Presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB), 33 del Partido Progresista (PP), 9 del (PMDB), 8 del PT, 2 Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) y 1 del Partido de los Trabajadores de Brasil, sino que se halla también el unipersonal de la corrupción, Collor de Mello.

Si prestan atención se darán cuenta que el bloque opositor actual, el que se puede quedar en el gobierno, es el que más acusados de corrupción tiene. De hecho, según el matutino Los Ángeles Times (http://xurl.es/w2am3) “los políticos que votaron el Impeachment contra la presidenta de Brasil tienen más acusaciones de corrupción que ella”.

De los 65 miembros de la Comisión, para el periódico angelino 37 miembros afrontan acusaciones de corrupción y otros de crímenes graves. Cinco miembros de la Comisión son acusados de lavado de dinero, seis de conspiración, 19 están investigados por irregularidades en sus cuentas y 33 por corrupción. Es decir, al menos la mitad de la comisión tendría que estar presa.

Según la página Transparencia de Brasil (http://www.transparencia.org.br/) de los 513 diputados de la Cámara Baja que tendrán que decidir el domingo la surte de la Presidenta, 303 (59%) son investigados por algún delito, y la misma tónica la sigue el Senado, segundo resquicio del juicio político, donde 49 miembros de los 81 senadores son investigados por idénticas causas.

No es necesario que el New York Times diga que una mujer honesta como Dilma puede ser depuesta por corruptos; no es necesario que el candidato opositor Aecio Neves, quien perdiera las pasadas elecciones y el vicepresidente, no sean todavía formalmente investigados a pesar de las cuentas secretas del primero en Liechtenstein, mientras Michel Temer fue acusado de haber autorizado créditos incompatibles con el cumplimiento de las metas presupuestarias y sin el visto bueno del Congreso, los mismos cargos que se le imputan a la presidenta Rousseff.

Lo insólito es que en este escenario los periódicos O Globo y Fohla de San Pablo intentan demostrar con números de diputados que la surte de la presidenta está echada y presionar a los diputados. Comienza a quedar claro, que a nadie le conviene el caso Petrobras y que con esta destitución todos los investigados serán consignados al laberinto del olvido. Sus actos de corrupción quedarán omitidos por los medios y comenzara otra vez Brasil a ser el Brasil de los negocios, sin la intromisión del PT.

https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2016/04/16/el-golpe-de-los-corruptos/







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