Febrero 2016

10 años de gobierno del MAS: Perpetuar a "líderes máximos" y a la vieja matriz productiva

Bernardo Corro Barrientos
Periódico PUKARA

En un acto marcado por el desgaste pachamamista y la poca presencia de público, el gobierno inauguró en Tiwanaku la conmemoración de sus 10 años de gobierno. Una balance en el cual la misma pachamama sale perdedora al haber sido reemplazada como movilizadora propagandística por el Rally Dakar.

A diez años del gobierno del MAS y a cinco del Estado Plurinacional, los que creyeron en este gobierno expresan su decepción. Ellos votaron por el desarrollo económico y social, por la democracia, por el fortalecimiento de las instituciones, contra el autoritarismo y contra la corrupción, pero ahora ven que poco o nada de eso se cumplió.

En el poder se instaló en realidad una «oligarquía burocrática de Estado», autoritaria, que cambia de Constitución simplemente para perpetuar en el poder a sus «líderes máximos». El estatismo que se fortalece solo pretende potenciar y perpetuar el poder de un pequeño grupo social autoritario, similar probablemente al existente en Cuba y en Corea del Norte.

El modelo económico que se implementó no tiende al auténtico desarrollo económico y productivo de los distintos sectores sociales y regiones, sino simplemente a reproducir la vieja matriz productiva subdesarrollada que existe en el país desde hace más de cien años. Esta matriz sigue caracterizándose por estar constituida por un pequeño «sector productivo moderno», con menos del 15% de la población y de las empresas, y por otra parte, por un gran sector atrasado y marginado, donde se encuentra el 85% de la población y de las unidades productivas. No es con bonos sociales, canchas de futbol, satélites y teleféricos, que se resolverá el problema del subdesarrollo secular.

Los pequeños campesinos, los indígenas, los pequeños productores urbanos, los gremiales y las clases medias urbanas, siguen siendo los sectores sociales más relegados y explotados. Para éstos, la mayoría de la población, nada cambió.

El gobierno afirma repetidamente que representa y lucha por el mejoramiento de las condiciones económicas y productivas de la los pequeños productores urbanos y los gremiales, pero su política oficial desde un principio de amplia apertura de las importaciones y del contrabando ha inundado los mercados y las calles de productos provenientes sobre todo de China y de la India. Estas importaciones masivas destruyen la economía de los pequeños, medianos y micro empresarios urbanos y no hay protesta y reclamo que pueda doblegar la voluntad gubernamental.

El desempleo masivo que esta política provoca es canalizado por el gobierno hacia el sector de pequeños comerciantes y gremiales. Estos han inundado las calles y las veredas de grandes sectores de las ciudades, a tal punto que existen numerosas calles donde no es posible circular libremente. En estas calles y “mercados” se incuba además la delincuencia que daña la vida de las familias y de los trabajadores informales.

Los gobernantes proclaman en sus discursos encendidos que representan a los pequeños campesinos y a los indígenas de las tierras altas y bajas. Día y noche las altas autoridades gubernamentales afirman que los pequeños campesinos y los indígenas se encuentran “a la cabeza del poder”, que forman parte del “bloque indígena y popular en el poder”. El gobierno emite diariamente en cada región, pueblo y ciudad cientos de toneladas de propaganda en este sentido, decenas de radioemisoras y cadenas de televisión repiten hasta el cansancio los discursos incendiarios de que los pequeños campesinos y los indígenas son los que encabezan la “revolución indígena y cultural” y “el proceso de cambio”. La dramática realidad, sin embargo, es que las familias de los pequeños campesinos ya no pueden vivir en el campo y en los pueblos. Es conocido que las regiones campesinas y los pueblos se vacían cada vez más.

Lo que sucede es que el gobierno del MAS implementó desde un principio, desde hace 10 años, una amplia política de apertura de fronteras, de importaciones y de contrabando masivo para los alimentos similares a los producidos por los pequeños campesinos e indígenas. Estos alimentos provienen en particular de los países vecinos tales como el Perú, Chile, Argentina y Brasil. La política oficial de amplia apertura de fronteras para los productos campesinos e indígenas tiene por objetivo “aplastar los precios de los campesinos, con el propósito de bajar la inflación en las ciudades. Bajando los precios de la canasta básica en las ciudades —de alimentos, de bienes de consumo, etc.— es posible mantener bajos los salarios de los trabajadores de las empresas privadas y de las oficinas, pero sobre todo del gigantesco sector público. El campesino y el indígena sirven, por consiguiente, de colchón y de escudo protector del gobierno.

Los diversos estratos de la clase media urbana sufren también las penurias causadas por las políticas económicas del gobierno. El gigantesco desempleo causado por el aplastamiento a las pequeñas, medianas y microempresas, es absorbido por el pequeño comercio de las calles, pero esta actividad no genera los ingresos necesarios para compensar sus necesidades familiares. Otra solución para este sector social es la migración al exterior, por lo que crecientemente miles de familias bolivianas optan por trasladarse al exterior para buscar empleos más decentes y remuneradores.

Se observa también un fuerte deterioro del funcionamiento de las instituciones públicas. La reforma del sistema judicial, es sólo un ejemplo. La millonaria reforma del sistema judicial de 2010 sólo sirvió, en realidad, para fortalecer las redes de extorsión de los abogados cercanos al partido oficial, así como para incrementar los chantajes a los necesitados de justicia. No hay día en que no estallen los escándalos sobre las extorsiones cometidas por estos magistrados y hombres de la ley cercanos al gobierno. Es en realidad la intromisión del poder gubernamental y la organización de redes de abogados y de magistrados al servicio del poder gubernamental lo que exacerbó la corrupción y el mal servicio del sistema judicial.

Finalmente, los bolivianos experimentan gradualmente el creciente autoritarismo que emana del gobierno en las diversas actividades públicas, así como el control y la disminución de las libertades de expresión y de pensamiento. El “pensamiento único” del gobierno es impuesto con mayor fuerza por los diversos medios y la gente tiene cada vez más miedo de hablar y de opinar libremente.

PUKARA Febrero 2016 Qollasuyu Bolivia Año 10 Número 114. Pg. 8.
http://www.periodicopukara.com/archivos/pukara-114.pdf







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