Septiembre 2015

DECLARACION CONJUNTA SOBRE EL CONFLICTO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

El gobierno de Colombia acusó a Venezuela por la supuesta violación de los derechos humanos de algo más de un millar de sus ciudadanos que habitaban el estado de Táchira en la franja fronteriza. Esta acusación fue fincada en organismos internacionales y se amplificó a través de la campaña montada por los grandes medios de comunicación que responden a los grandes intereses transnacionales y a  los sectores de derecha  de ambos países, lo cual se suma a la implacable agresión desestabilizadora contra la revolución  bolivariana que comenzó desde que asumió el presidente Hugo Chávez en 1998 y que incluyó un intento de golpe de estado frustrado en 2002.

El primer organismo que atendió el asunto fue la OEA, donde el pasado 1°de septiembre el pleno de representantes no aceptó la petición colombiana que buscaba convocar una Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores. En esa sesión Colombia obtuvo 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y hubo una ausencia, por lo que la moción fue derrotada. 

Hay que señalar, que llaman la atención los votos de El Salvador y Uruguay a favor de Colombia. En el caso de Uruguay recordamos que al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el canciller Nin Novoa, desafortunadamente, comparó el tema de los derechos humanos en Venezuela -por la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos con antecedentes como partícipes activos en el fracasado golpe 2002, - con lo acontecido durante la pasada dictadura en su país, algo que se cuestiona como no equiparable y de distinta naturaleza.

Por otra parte, hubo  países que también votaron a favor de Colombia, asumiendo  la  bandera de los derechos humanos, lo que denota un discurso de doble moral en el tema migratorio, ya que la deportación masiva en los últimos años se ha incrementado en proporciones alarmantes. Sólo en el  caso de Estados Unidos se deportaron 22,500 inmigrantes mexicanos y centroamericanos durante el primer semestre de 2015;  además de la enorme cantidad de maltratos, violaciones, secuestros y  asesinatos cometidos  durante el paso  de migrantes  a través de las fronteras norte y sur de México, todo lo cual representa un atentado de gran magnitud a nivel mundial contra los derechos humanos.

El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, expresó que el gobierno de Venezuela, ”no es partidario de discutir este tema en la OEA por su lamentable historial” y sostuvo que lo más indicado sería en la UNASUR,  ya que este organismo ha sido el adecuado para resolver situaciones conflictivas en los últimos años en América Latina. La reunión se iba a llevar a cabo el  8 de septiembre, sin embargo, lamentablemente,  el gobierno de Colombia se opuso a esa instancia regional.

Ese gobierno resolvió presentar el conflicto en forma distorsionada como un simple problema de desplazamiento de colombianos, lo que difiere sustancialmente con la realidad de los hechos.  La repatriación de un número limitado de colombianos se debe a que  estas personas -de una u otra forma-, se vinculaban a acciones ilegales, desde diversas escalas de contrabando hasta las de utilización de construcciones y viviendas como refugio y base de operaciones del crimen organizado.  Entre los edificios señalados para su demolición existen refugios de secuestradores y sitios en que los irregulares repatriados obtenían alimentos y bienes a precios reducidos que luego eran vendidos en Colombia.

Lo paradójico es que la repatriación de ese limitado número de colombianos vinculados a la delincuencia- los que en cualquier otro país hubieran sido juzgados y encarcelados- contrasta con la presencia de cinco millones y medio de sus connacionales residentes en Venezuela- lo que constituye un 20% de su población-quienes han sido acogidos con generosidad, poseen plenos derechos políticos y gozan de todos los programas sociales bolivarianos, incluyendo la educación gratuita, la asistencia sanitaria, los alimentos subsidiados, así como la vivienda. Se estima que un promedio de 150.000 colombianos emigran a Venezuela cada año en busca de una vida mejor

En ese número de residentes se contabilizan 110 mil desplazados por el conflicto bélico en Colombia, según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados.

Es evidente que el conflicto no puede enfocarse en uno de sus efectos, sino que merece una explicación más profunda basada en causas comprobables por la comunidad latinoamericana.

Debido a esta grave situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el Estado de Excepción en específicos municipios del estado Táchira, así como el cierre provisional de la frontera, luego de que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran baleados y heridos.

Esta decisión se tomó con la finalidad de enfrentar la eventual embestida de paramilitares, lograr la desarticulación de atentados socioeconómicos, de frenar el contrabando de alimentos, medicinas y otros bienes, así como de evitar la extracción exponencial de la moneda venezolana, debido a que los contrabandistas aprovechan ilegalmente el tipo de cambio para utilizarlo en la adquisición de bienes esenciales a muy bajo costo, subvencionados por el gobierno venezolano con el fin de garantizar la alimentación y el bienestar de su pueblo. El caso del contrabando de gasolina a gran escala es un gran negocio ilegal debido a sus bajísimos precios en Venezuela en relación con los de Colombia. El argumento del gobierno bolivariano para estas y otras medidas es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos de su la población venezolana.

En base a lo expuesto, ofrecemos todo nuestro apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, y nos sumamos a su rechazo categórico al intento  de confundir y desplazar el foco de atención  por parte del  gobierno de Colombia en su propósito de ocultar su responsabilidad en el conflicto.

Consideramos que la única solución para evitar la confrontación entre estos países hermanos, es el diálogo constructivo que permita llegar a una solución en los términos que lo ha manifestado  el presidente Maduro en Caracas este 9 de septiembre:  

“….yo propongo que se trabaje desde las cancillerías,  para que el presidente  Santos y yo firmemos un pacto de paz, de convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela..."

Esta propuesta ya se ha iniciado  al haberse fijado para el 12 de septiembre una reunión de las dos cancilleres en Ecuador.

COORDINADORA MEXICANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA
MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA
COMITE MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON BOLIVIA
MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD NUESTRA AMERICA





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