Julio 2015

Panamá. INEFICIENCIA, CORRUPCIÓN, NEPOTISMO, IMPUNIDAD:
a un año del Gobierno de Varela y del “pueblo primero”

Doce meses han transcurrido desde que Varela asumió la Presidencia de la República. El balance no refleja cambios en la conducción del Estado y es adverso para la mayoría de los panameños que esperaba se atendieran las demandas sociales. Igualmente, no se adecenta el Estado en la medida que la corrupción, nepotismo e impunidad se mantienen; la intromisión del Presidente en los otros Órganos de Gobierno sigue. Es decir, nuevamente las promesas electorales se constituyen en otro engaño.

INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA.

Juan Carlos Varela expresa la continuidad del modelo económico neoliberal y de gestión pública. En materia económica si bien el PIB crece, lo hace a tasas menores y concentrado en algunas actividades y regiones, centrada en una alta presencia de capital extranjero, mientras el local se configura en actividades improductivas e importadoras.

En los últimos tres trimestres (período de Varela), el crecimiento económico ha caído de 6.2% al 5.9%, (datos del INEC), si se valora en términos de los 4 primeros meses del 2015 es de 4.5%. El decrecimiento continúa en el sector productivo (agricultura), pero también confronta problemas en uno de los sectores dinámicos, la construcción, dada la paralización de algunos proyectos de infraestructura estatal y la baja ejecución presupuestaria, generando la protesta de sectores empresariales y la carrera de Varela en reunirse con la Cámara de Comercio, que evidenciaron que la acumulación de capital tiene como base la participación estatal en la economía a favor del capital privado.

Demostrando que las contradicciones entre los grupos de poder económico no es el modelo de acumulación (centrada en lo financiero-importador y en la actividad de la construcción), sino la disputa del control del gobierno para hacerse de los negociados (acumulación a través de actividades como la construcción de infraestructura, servicios y venta del patrimonio).

Por otro lado, el déficit fiscal continúa aumentando (B/. 564.7 millones), producto de los sobrecostos, la corrupción, el gasto suntuario. El déficit fiscal SPNF representa el 1.1% del PIB y del Gobierno Central que alcanza el 1.8% del PIB.

Los ingresos corrientes del Gobierno Central disminuyeron si se compara el mes de febrero del 2015 con febrero del 2014 (B/. 825.3 millones en el 2014 a 787.9 millones en el 2015), primordialmente por los derechos por concesiones a casinos (B/.45.5 millones) y los impuestos indirectos (B/.16.1 millones). Hubo aumentos, en los ingresos por dividendos de empresas en las que el Estado tiene participación, y por impuestos directos. El saldo de la deuda aumentó 11.6% si comparamos febrero 2014 a febrero 2015 (el gobierno recurrió tanto a la colocación de valores como a la contratación de empréstitos). La deuda total ronda los B/. 25 mil millones (incluye llave en mano). Por su lado, los gastos del gobierno central disminuyeron, principalmente en el renglón de inversión, lo que demuestra un signo de desaceleración económica. Los gastos en el primer trimestre del 2015 superan en 40% a los ingresos.

El desempleo aumentó del 2014 al 2015 (mes de agosto), de 4.1% a 4.8% respectivamente, la OIT pronostica un desempleo que ronda el 5% para este año. La informalidad laboral es casi de 40%. El nivel de contrataciones se mantiene estancado.

Los resultados demuestran ineficiencia de la política pública en materia económica. Se refleja una desaceleración de la economía que afecta fundamentalmente a la población que vive en condiciones de pobreza.

UN ENGAÑO: PROMESAS AL PUEBLO EN MATERIA SOCIAL.

Varela, al igual que sus antecesores, no rompe con el modelo de exclusión social y la concentración de la riqueza que prevalece en el país, mientras las demandas sociales de los sectores marginados no se atienden. Al igual que sus antecesores apuesta a la utilización mediática de subsidios, política que impulsan los neoliberales para rehuir el debate de la ausencia de democracia económica y mala distribución de la riqueza. En este sentido, el panorama es el siguiente:

1. Costo de vida sigue incrementándose. El costo de la canasta básica de alimentos lejos de disminuir aumentó, a pesar de ser disfrazado con artíficios metodológicos en su medición (se disminuye el número de miembros que conforman un hogar y se reduce en ciertos alimentos los kilocalorías que requieren consumir las personas pero cuyos precios son más elevados). Los propios voceros del gobierno se han visto obligados a reconocer que los “B/. 58.00 en el bolsillo” no son ciertos.
2. Sigue la importación de alimentos en detrimento de los productores. Otra falacia de Varela, “la creación de verdaderos incentivos para que los productores agropecuarios puedan aumentar la oferta de alimentos del país, garantizar nuestra seguridad alimentaria y exportar a los mercados internacionales”. Varela continúa la política de promover importación de alimentos en lugar de producir internamente, atentando contra la seguridad alimentaria y negando la soberanía alimentaria. La confrontación con los productores ha estado presente (movilizaciones, acciones de desagravio contra MIDA e IMA, suspensión de envío de alimentos a la capital, etc.), ante la negativa de Varela de sancionar la Ley 188 de AUPSA (según los productores permitiría controlar las importaciones en beneficio de la producción nacional, los empresarios se oponen ya que atenta contra los TLC que mantiene Panamá con diferentes países, Varela comulga con estos últimos).
3. Sin resolver el problema del agua. El “100% Agua Potable – CERO Letrinas” fue otra de las falacias de campaña panameñista, carente de una planificación con medidas concretas sobre el tema. Con las comunidades en las calles, reconocen su incapacidad en resolver el problema. Hoy admiten que el problema del acceso al agua potable se resuelve en el largo plazo, con lo cual aceptan que en la administración Varela el problema continuará. Mientras tanto, caminan hacia la privatización del vital líquido.
4. Las calles de Panamá siguen inundadas en basura. Los carros recolectores de basura no pasan constantemente, se demoran en recoger los desechos sin que las autoridades gubernamentales y de las alcaldías tengan una propuesta en torno a cómo resolver el problema. Existe un mal uso del presupuesto, bajos salarios de los trabajadores que no son atendidos de manera eficiente por el actual gobierno. Aunado al hecho de confrontación entre el Alcalde José I. Blandón y el director de la AAUD, Eladio Guardia, que quieren asumir el servicio, según algunas fuentes por el negocio tras la basura, entre ello el alquiler de camiones y de grandes flotas de vehículos.
5. Gobierno incapaces de honrar los acuerdos pactados con pobladores en materia de vivienda. La propuesta de Varela de “techos de esperanza” (cuyo costo por unidad es de B/. 17 mil balboas) no resuelve el déficit habitacional, ni las aspiraciones de humildes panameños sin techo y sin tierra, que de manera honesta buscan una solución real. En el caso de la ciudad de Colón, el proyecto se enmarca en “Colón Puerto Libre” el cual se corresponde con los intereses de los usuarios de la ZLC. Por otro lado, fruto de la lucha de las comunidades se creó una comisión para buscar y discutir soluciones de vivienda, una necesidad de miles y miles de panameños; sin embargo el gobierno pretende desconocer lo acordado en la mesa de diálogo y se empeña en desalojar de sus tierras a cientos de panameños que claman por su derecho a la vivienda digna.
6. En educación siguen creando crisis para justificar privatización. Al igual que en los gobiernos anteriores, este año escolar no inició en todas partes, 2% de los estudiantes al nivel nacional no iniciaron clases el primer día. El deterioro de la infraestructura escolar sigue profundizándose, 35% de los planteles en condiciones deplorables, 80% de los colegios grandes deteriorados. A pesar de todos los atracos vividos en la administración anterior, plantea la intención de entregar a las Juntas Comunales las reparaciones de los planteles, bajo el programa “escuelas de esperanza”. Se insiste en la privatización de la educación y se valora otorgar subsidios a los colegios privados. Continúa el irrespeto a los gremios de educadores a quienes se les mediatiza con el 1% (prima de capacitación gremial), mientras a muchos docentes aún no se les hace efectivo el ajuste salarial.
7. Salud y Seguridad Social tratados como mercancía. Se insiste en la privatización con el objeto de minimizar la responsabilidad del Estado en brindar salud a la población y utilizar los recursos financieros de la CSS. Pretenden imponernos el modelo neoliberal de la “industria de la salud” que deja a los sectores empobrecidos sin acceso al derecho a la salud (paquetes mínimos de salud), a través de la fusión MINSA-CSS que se discute en la “mesa de diálogo”. En el plano de la seguridad social, se entregó a los especuladores los recursos financieros de los asegurados so pretexto de alcanzar mayor rentabilidad financiera para hacer frente al déficit previsto en el 2016 en el programa de IVM, lo que es toda una falacia pues se trata de seguir sacando los fondos de IVM para que la banca privada lucre con los mismos. Además, nuevamente pretenden reformar la ley orgánica de la CSS para imponer reformas paramétricas. Se continúa con la externalización de servicios, en esta ocasión externalizar los servicios de cardiología (La forma planteada por Varela, violenta la Ley Orgánica y la autonomía de la CSS).
8. Se sigue aupando la ineficiencia privada en el transporte público. A cinco años de ineficiente operación de la empresa Mi Bus, dónde los usuarios no observan mejoras del transporte público, el gobierno de Varela negocia el pago a la misma, donde todo parece indicar que las “negociaciones” correrán la misma suerte de los corredores, una exorbitante indemnización para la empresa de capital colombiano y panameño (El colombiano “Grupo Fanalca” que posee el 70% de las acciones y el panameño “Felgate Entreprises” que posee el 30% de las acciones, y cuyo representante es un Motta, Guillermo Tomás Henne Motta).
9. Favorece la degradación ambiental y la economía extractivista. So pretexto de la “seguridad jurídica” y de “no ahuyentar la inversión extranjera”, Varela deja de lado su consigna electoral de “desarrollo económico sostenible: economía al servicio de la gente”, para defender los proyectos mineros e hidroeléctricos, primero chantajeando a las comunidades indígenas con la realización de proyectos sociales en las comarcas (Nabe y Guna), que son derechos y no dádivas, hasta amenazas de represión (ver caso de Barro Blanco). Igualmente la tala madedera en Darién, el desague de la Laguna de Matusagaratí, donde está implicada la empresa Agse Panamá, los permisos a las inmobiliarias para la construcción en áreas de manglares y humedales, todo ello con la complicidad de las autoridades del Ministerio de Ambiente.
10. Innegable aumento de la delincuencia común y feminicidios. La inseguridad sigue siendo un tema que preocupa a los panameños. La ola de robos, asesinatos, feminicidios, sigue creciendo ante la ineficiencia de una política de seguridad preventiva. Pese a su discurso de prevenir la delincuencia a través de “Más Oportunidades, para alcanzar Barrios Seguros”, su énfasis ha sido la política de “Mano Firme”, que se refleja en la forma en que son realizados los operativos policiales en los barrios, pero además, por el aumento salarial y creación de nuevos escalafones a la Policía Nacional, siguiendo con ello la conducta de su antecesor.

SIN ADECENTAR EL ESTADO: SIGUE LA CORRUPCIÓN.

En su propuesta de gobierno Varela prometió “…transformar nuestro sistema político actual, que acepta la corrupción, el clientelismo y la impunidad, por uno que respete, defienda y promueva la transparencia, la eficiencia, la equidad y sobre todo, la independencia de poderes del Estado y su rendición de cuentas”. Lejos de ello, en el primer año de su administración varios de sus ministros y directores han estado involucrados en escándalos de corrupción; el nepotismo ha sido la tónica de su administración, y la injerencia en los otros Órganos del Estado también tocó las puertas.

La siguiente radiografía es clara muestra de ello:

Un gabinete estructurado por los sectores de poder económico, del cual la mayoría de sus miembros se negaron a presentar declaración jurada de su patrimonio.

Ministros y directores que no solo nombraron parientes en las instituciones públicas, sino que con el mayor descaro justifican el nepotismo.

o El gobierno de “familia es familia”, solo la denuncia pública, el cuestionamiento de la ciudadanía provocó la renuncia de alguno de ellos.
o Varela con 14 familiares en cargos públicos. Marta Susana González Ruiz de Varela (Ex-viceministra del MIDES y ex-miembro de la Junta Directiva del PAN) como Secretaria de Asuntos Sociales; su prima Eyda Varela de Chinchilla, como viceministra de Finanzas y directora de la Caja de Ahorros; su prima Marta Patricia González Rodríguez, en el cargo de Secretaria General del MEF, Julia Guardia directora del IDAAN, Gloria de la Torre embajadora en Francia, Ilka Varela embajadora en Portugal. Se habla de 8 primos nombrados. este grupo de familiares de Varela le representa al Estado $1.3 millones de dólares en salarios al año.
o Designación como director de la CSS a Estivenson Girón, (hermano del Viceministro del MIDA, Esteban Girón Díaz), él cuál ha sido vinculado a empresas proveedoras de la Caja, entre ellas “Casa contra la Alergia”,
o Estivenson Girón, director de la Caja, nombra a Jaime Alemán como Director de Prestaciones Médicas, quién está vinculado a la empresa Ortosistemas, también proveedora de la institución.
o En el IMA, el exdirector Edwin Cárdenas, nombró a varios familiares en la entidad que dirigió (dos primos: Diorkis Cano y Ariel Ureña; dos cuñados: Nelson Monteza y Esteban Sandoval; y a la madre de su pareja, Cecilia Leone de Urriola).
o Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán nombró a un sobrino en la entidad que dirige, ante la crítica terminó renunciando.
o Designación de Milton Henríquez Pagés, hijo del ministro de Gobierno Milton Henríquez, como embajador en Israel; a su cuñada Florita Ciniglio, como jefa del Despacho Superior del Ministerio de Gobierno, al primero no se le realizaron los trámites para su nombramiento y la última renunció, ello ante las críticas al gobierno por nepotismo.
o Denuncias de presunto nepotismo en el MIDES (Janett Rodríguez, directora regional en Panamá Oeste, con varios familiares nombrados en la entidad) y en el MEF (la subdirectora de Recursos Humanos, Flor Escudero, tiene nombrados a cuatro familiares).
o La Procuradora Kenia Porcell con varios nombramientos de sus familiares en el Tribunal Electoral, entre ellos su padre Joaquín Porcell, su hermano del mismo nombre, quien labora en el Departamento de Finanzas del Registro Civil y su esposo, Igor Alvarado, quien dejó la posición meses atrás.
Erasmo Pinilla, admitió que varios miembros de su familia trabajan en el Tribunal Electoral, “pidió disculpas a la ciudadanía por haber hecho prevalecer el amor por mi familia”. No obstante, en un fallo de la Corte Suprema se desestima la investigación (En contra de investigar a Pinilla votaron los Magistrados Harry Mitchell, Oydén Ortega, Efrén Tello, Nelly Cedeño y Jerónimo Mejía). Aunado a ello, la esposa del hijo del magistrado Pinilla, Kenia Elizabeth García Córdoba, fue designada como cónsul en Tampa, Florida, en lo que parece una retribución de Varela a Pinilla.
o Otro magistrado del Tribunal Electoral, implicado en nepotismo, Eduardo Valdés Escoffery, fue premiado por Varela al nombrarlo en el cargo por 10 años más, hasta el 2025, con lo que sumaría 35 años como magistrado.
o El hijo del magistrado de Cuentas, Luis Alberto Cigarruista Vargas, ocupa un puesto en el Gobierno como cónsul de Panamá en Buenos Aires-Argentina.
o Se favorece con beca de estudios a familiares y amigos mientras se niega a humildes jóvenes panameños. El subdirector del IFARHU, Carlos Rubio del Partido Popular, quién en la pasada campaña electoral se la pasó barriendo las instituciones por corrupción), otorgó beca a Elizabeth Grimaldo (sobrina del Viceministro del MEF, Manuel Grimaldo) para estudiar producción de cine en Nueva York, mientras negó este derecho a Raphael Buchanan, joven humilde de la comunidad de San Joaquín, quien busca una asistencia económica para estudiar aviación.

Figuras del anterior gobierno, de la partidocracia en “oposición” son ratificados en cargos de dirección gubernamental y de la “oposición cariñosa” al que se le conceden espacios so pretexto de gobernabilidad.

o El gabinete económico cuenta en su cabeza a Dulcidio De La Guardia, ex viceministro de Alberto Vallarino durante el gobierno de Martinelli (Recordemos que aún con la expulsión de los panameñistas del gobierno, Martinelli nombró a Vallarino en las Juntas Directivas del Canal y del Fondo de Ahorro de Panamá).
o En el MEDUCA, Marcela Paredes de Vásquez, cercana colaboradora de Lucy Molinar.
o En el Ministerio de Salud se nombró a Francisco Javier Terrientes y a personas cercanas al ex Ministro de Salud, Javier Díaz.
o En el Ministerio de Trabajo, Luis Carles, viceministro durante la imposición de la Ley 30.
o En MIVIOT, Mario Etchelecu, asesor de Bosco Vallarino (exalcalde).
o En el caso del nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral, Varela confirmó el continuismo en el cargo al ratificar a Valdés Escoffery.
o Luis Felipe Icaza Franceschi (subcontralor de Gioconda Bianchini) es nombrado como secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).
o Ratificaciones de Frank Abrego, jefes policiales y Javier Carrillo en Migración como exigencia de los Estados Unidos, pese a ser denunciados antes por casos de corrupción y abusos contra la población.
o A esta cúpula se le suman figuras del PRD y sus familiares, quienes han sido designados en algunas Secretarias, Direcciones y Embajadas. Por ejemplo, se designa como embajadora de Belice a Marta Boza, esposa del diputado Javier “patacón” Ortega.

“Independientes” y representantes de la “sociedad civil” con las mismas prácticas de corrupción y nepotismo.

o Alida Spadafora, suplente de la diputada Ana Matilde Gómez, quien fue criticada por recibir doble ingreso gubernamental (viático como suplente por B/. 2,000 mensuales en la Asamblea, y otro por B/. 3,000 que recibe de la Alcaldía como Asesora Ambiental). Aunado a ello, el nombramiento de su hija como planificadora urbana dentro del Municipio de Panamá. Al igual que Spadafora, otros suplentes de diputados, también reciben doble salario. Además de los B/. 2,000 mensuales en concepto de viático, Hernán Morales suplente de Florentino Ábrego (B/. 6,000 como Director del Programa de Seguridad Integral –PROSI); Jorge Aquile Domínguez suplente de José Antonio Domínguez (B/. 4,000 como Subdirector del IMA); Armando Guerra suplente de Jorge Alberto Rosas (B/. 4,000 como Subdirector de la Lotería).
o Otra representante de la sociedad civil envuelta en escándalos es la exdirectora de Transparencia Internacional, Angélica Maytín. La hoy directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), ha realizado cuatro viajes al extranjero (Washington, París-Francia, Santiago-Chile y Hong Kong), posterior a su designación”. Además Maytín manejó tarjeta de crédito corporativa para viajes en ANTAI por el orden de los B/. 50 mil. Que rápido olvido “La rendición de cuentas es muy importante”.
o Nombramiento de Bernardo Jiménez Carrera como embajador de Bolivia. Jiménez Carrera, es hijo de Silvia Carrera a quién se le aumentó el sueldo a B/. 2,000 mensuales; lo que es visto como parte de los acuerdos de “gobernabilidad”.
o Siguen diálogo de “Yo con Yo” en Barro Blanco. Varela busca cooptar integrantes de la mesa a través del ofrecimiento de viajes, tal es el caso del viaje a Israel para garantizar los acuerdos en el marco del Pacto de Gobernabilidad con el PRD y miembros de la “sociedad civil”.
o El grupo MOVIN, vinculado a los Motta, que se denomina agrupación de la “sociedad civil” pero que responde a los intereses empresariales, ha estado detrás de varios nombramientos de sus miembros (Federico Humbert, Guido Rodríguez, Angélica Maytín, entre otros). Presiona frecuentemente por espacios y el gobierno le rinde cuentas. En campaña, impulsaron a Isabel Saint Malo a la vicepresidencia.

Acuerdos e Intromisión entre los órganos del Estado.

o En lo electoral, el proceso que se vivió, representó un proceso fraudulento, tanto en las elecciones del 4 de mayo, como en las posteriores (con Varela como Presidente), privando el clientelismo político, compra de votos, repartición de bolsas de comida y juguetes, uso de programas gubernamentales para favorecer figuras de la partidocracia, donde las autoridades electorales permitieron alianzas fuera de tiempo en abierta violación al Código Electoral y decretos promulgados, donde se otorgaron ilegalmente curules en circuitos impugnados, se permitió a personas ejercer el voto dos veces en muchos circuitos plurinominales y elegir dos diputados, y se permitió correr a quienes se les comprobó delitos electorales.
o Acuerdos entre la partidocracia para la conformación de las “nuevas” autoridades de la Asamblea de Diputados. La asignación de Adolfo Valderrama como presidente de la Asamblea no resultó nada extraño, para algunos lo nuevo fue el apoyo de la bancada del CD a éste. Los panameñistas apoyaron a los del PRD a la vicepresidencia (Benicio Robison y Alfredo Pérez) y Franz Wever como Secretario General fuertemente cuestionado por sus acciones pasadas tanto como diputado como en el deporte. El acuerdo compromete el siguiente periodo legislativo con un PRD a la presidencia. Éstos son los tradicionales “arreglos de recamaras” entre los partidos tradicionales so pretexto de la “gobernabilidad”.
o Varela negocia a escondidas con diputados del PRD para aprobar el nombramiento de los procuradores general (Kenia Porcell) y de la administración (Rigoberto González) y para consensuar un candidato a Contralor General (Federico Humbert). Una fracción del PRD denunciaba la promoción del transfuguismo por parte de los panameñistas; se compraban votos a cambio de conceder B/. 1.5 millones en proyectos y 100 plazas de trabajo a cada diputado del PRD.
o Los vínculos entre la procuradora general, Kenia Porcell y el magistrado presidente del Tribunal Electoral son más estrechos de lo que se conoce. Cuando Juan Carlos Varela ganó la Presidencia de la República, Pinilla logró recomendar a Porcell, como subdirectora del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), posición desde donde empieza a armar todos los expedientes contra los exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. Nombramiento temporal, porque el acuerdo entre Pinilla y Varela era colocar a Porcell como Procuradora General de la Nación.
o El nombramiento de Cigarruista como Magistrado del Tribunal de Cuentas, fue un acuerdo con Varela quién le pidió a Cigarruista que no se lanzara como diputado de la contienda electoral del circuito 7-2 de Los Santos. Cigarruista confesó que su designación en la Corte, surgió como un acuerdo político entre el Ejecutivo y miembros de la Asamblea Legislativa. Cigarruista aún tiene mucho que aclararle al país con respecto al caso (de pago de soborno para la supuesta aprobación del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios, CEMIS) y también por el caso de soborno en la ratificación de magistrados de la CSJ en enero de 2002?.
o Falló a favor de Martín Torrijos por el caso CEMIS. Varela en este caso se expresó en estos términos “debe haber una investigación integral sobre el caso CEMIS y no enfocarla en una sola persona”; al mismo tiempo Martín Torrijos reconoció su acercamiento a Varela.
o El Pacto de Gobernabilidad, más que hacer justicia, lo que en verdad le interesaba en el caso Moncada era hacerse del puesto del ex magistrado.
Se impuso un acuerdo que catalogamos de mafioso, defendido con vehemencia por el Fiscal y aprobado por las juezas de garantía. El acuerdo beneficioso para Moncada, buscaba proteger a otros, empresarios, banqueros, “políticos” y colegas de Moncada que fallaron con él. El día antes del juicio final y condena, Moncada Luna se reunió con el fiscal (Pedro Miguel González) en su casa, donde cumplía arresto domiciliario, para aprobar los últimos puntos del acuerdo (algunos no escritos). Esto permitió que la CSJ no investigaría a diputados. De esta manera, queda impune el uso de más de 400 millones del PAN por parte de los diputados en clientelismo político. Sobre el dinero del PAN ningún diputado dio informe alguno, como tampoco lo han hecho con los bonos que Varela les dio en diciembre. Después del juicio de Moncada, magistrados fueron chantajeados para no investigar a los diputados por el PAN. De esta manera podemos decir que el Ejecutivo intervino en caso Moncada. Con ello se liberó de un juicio en el pleno de la Asamblea donde el secreto a voces era las grandes sumas de dinero, sobornos, chantajes y coacción para alcanzar los votos requeridos.
o Siguiendo el clientelismo político, Varela en el mes de diciembre promovió en la Asamblea Legislativa la entrega de “bonos de 25 mil dólares a cada uno de los diputados” (Partida de B/. 1.5 millones). En las redes sociales, se denunciaba los mismos como pagó por la aprobación del nombramiento del Contralor y Procuradores. Además se entregó 10 mil balboas a cada representante de corregimiento y 25 mil a cada alcalde del país.

Continúa política de beneficiar a familiares, copartidarios, socios y financiadores de campaña a través de contrataciones con el Estado.

o En los primeros 36 días del gobierno de Varela se aprobaron 33 contratos directos, por más de B/. 2 millones, en el IDAAN, Tribunal Electoral, Tocumen S.A., MIDA, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, UDELAS y la Empresa de Generación Eléctrica.
o El exdirector del PAN, Rafael Guardia, indicó que se cobraba entre 5% y 10% de comisión por contrato, práctica que asegura no se ha dado únicamente en su administración o en la de Giacomo Tamburrelli. Dijo que esto viene incluso desde cuando el PAN era Fondo de Inversión Social (FIS). Aun así Varela decide mantener el PAN, considerando cambio de nombre, ahora como Dirección de Asistencia Social (DAS) y Unidad de Coordinación de Infraestructura Pública (UCIP).
o El exdirector del IMA, Edwin Cárdenas, además de nepotismo se le acusó de posible favoritismo y sobreprecios en contratos directos a favor de la empresa Punto Gráfico Bordados, S.A., entre cuyos directivos figura Aniceto Ávila Bernal (cuñado de Cárdenas), beneficiada con contratos en el IMA por B/. 16 mil. Además gestionado “varios contratos millonarios directos, para adquirir productos comestibles como jamones, lentejas, tunas, sardinas y arroz, por medio de la empresa The Horse Investment S.A., propiedad del ex grandes ligas Carlos Lee” (más de 90 contratos directos cuyo monto suma al menos B/. 5.7 millones).
o Un día después de la ratificación como contralor general, el empresario Federico Humbert (donantes de la campaña de Varela) fue favorecido por el PAN con un contrato directo para el transporte del arroz (Empresa de la familia Humbert “Panama Trucking Corporation”, contrato por B/. 340 mil).
o Se adjudicación a la empresa Petróleos Delta, de propiedad del contralor general de la República, Federico Humbert, la licitación para el suministro de diésel y gasolina (de 91 y 95 octanos) a la flota vehicular del Estado. Con esta decisión, la empresa Petróleos Delta, que tiene también como accionistas a la familia Motta (donantes de la campaña de Varela), controlará el suministro del 75% de los 36 millones de galones de combustibles que la flota vehicular del Estado consumirá en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017, tiempo que durará el contrato. Un negocio estimado en B/. 52.5 millones.
o Exoneraciones fiscales a la empresa a la que la ACP otorgue, mediante contrato, la concesión para el diseño, construcción, desarrollo y operación de un complejo portuario de la ACP dentro de una superficie de terreno ubicada en Corozal oeste (beneficia a los Motta).
o Licitación abreviada de la CSS por 2 millones de dólares para realizar consultoría para conocer qué equipos se debe comprar para la Ciudad Hospitalaria y el nuevo Centro Hospitalario Especializado de David, a pesar que la institución cuenta con los especialistas que conocen los hospitales y sus necesidades. Parece otro negociado que busca beneficiar a sectores privados determinados.
o A cinco años de ineficiente operación de la empresa Mi Bus, el gobierno de Varela negocia el pago a la misma, donde todo parece indicar que las “negociaciones” correrá la misma suerte de los corredores, una exorbitante indemnización para la empresa de capital colombiano y panameño (El colombiano “Grupo Fanalca” que posee el 70% de las acciones y el panameño “Felgate Entreprises” que posee el 30% de las acciones, y cuyo representante es otro Motta, Guillermo Tomás Henne Motta).
o Otro negociado, la venta de materiales para reciclaje. El CENA aprobó al MEF concepto favorable para el procedimiento excepcional que permitirá suscribir un servicio con el Consorcio Reciclemos Panamá (conformado por las empresas Movilex Recycling Panama, S. A. y Tres Puertos, S.A.), para la venta de los equipos, mobiliario y materiales en general, de naturaleza metálica, que las entidades estatales hayan descartado por deterioradas. Este servicio tendrá un valor de B/.760 mil. En otras dependencias como la ACP empresas pagan por este material.
o Contrato directo concedido por el administrador del Aeropuerto de Tocumen, Joseph Fidanque III (quién era directivo de la empresa COPA de los Motta), a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI (pertenece a un amigo) por B/. 80 mil mensuales durante seis meses (un total de B/. 480 mil), para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el aeropuerto).
o El MOP en 72 horas realizó seis contratos directos, que suman B/. 6,643,313 para el alquiler de equipos y reparación de calles. Tres de los contratos fueron otorgados a la empresa Constructora Urbana, S.A. (CUSA).
o Un millón de dólares por kilómetro . El Gobierno autorizó la contratación directa de la empresa Cemento Bayano (Cemex-Panamá) para la rehabilitación del tramo de carretera Nuevo Méjico N.° 2 – Chungal, al este de la provincia de Panamá. El tramo mencionado de 5.7 kilómetros tendrá un costo de 5 millones 338 mil 618 dólares con 24 centavos. La comunidad ha denunciado que los propios camiones de CEMEX , la empresa beneficiada con la contratación, fueron los causantes de los daños a la carretera.
o Llave en manos (Línea 2 Metro) por B/. 1,857 m (B/. 100 m iniciales los pone el Gob.). La licitación fue otorgada al consorcio Línea 2, compuesto por la brasileña Odebrecht y la española FCC Construction, fue muy cuestionada pues dos de los evaluadores se les denunció por intereses creados; además FCC está en medio del escándalo del proyecto de ciudad hospitalaria de la CSS.
o La crisis creada en el área de salud para justificar privatizaciones es aprovechada por el gobierno. En otro negociado, Varela transfiere fondo a clínicas y hospitales privados (alquilar 60 camas en cuatro hospitales privados para hospitalizar a los pacientes con problemas cardiovasculares); se realizarán, a nivel privado, unos 400 procedimientos de cateterismo (100 en cada hospital) y 250 cirugías cardiovasculares a un costo de dos millones de dólares (B/. 50 mil cada una). Externalizar algunos servicios de especialidades de la CSS, en este caso los servicios de cardiología, da paso a la privatización de esta entidad.
o Cancelación de becas a estudiantes panameños para especializarse en medicina en Cuba. Con ello, se busca inyectar dinero a las universidades privadas, constituyéndose en otro negociado. Familiares de estudiantes panameños en Cuba desmintieron afirmaciones del Ministro de Salud, en el sentido que la carrera en Cuba tiene un costo mayor: “La carrera de médico general en Cuba no cuesta B/. 70 mil, como él afirma, sino B/. 15,400.00 y cubre 79 meses de estudios, es decir 6 años siete meses en la reconocida ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA (ELAM). Es decir, una diferencia de B/. 54,600.00, con la cual se podrían formar cuatro médicos adicionales. La Valoración que hace sobre los B/. 36,000.00 que dice cuesta la carrera de medicina en la Universidad de Panamá, sí fuera cierta, aún este costo representaría más del doble del costo de la carrera en Cuba”. Para nadie es un secreto, el prestigio por el avance de las ciencias médicas en Cuba, Otra mentira más de las autoridades de gobierno.
o La empresa estatal Tocumen S.A., ha convocado a procesos de licitación que dejan sobradas dudas sobre su transparencia, ya que habría licitado en un tiempo récord de cuatro días (15 al 19 de junio), entre apertura y cierre de convocatoria, y con pocas posibilidades para que apliquen más de dos proveedores, con lo que pareciera beneficiar círculo de proveedores (licitación directa por invitación), por el orden de los B/. 326 mil 437. Igual sucedió en mayo con una licitación para el estudio, diseño y desarrollo de planos y remodelación de los servicios sanitarios, del Aeropuerto Internacional de Tocumen, también por el orden de los 326 mil 437 dólares.

Engaño también es corrupción: “En nuestro gobierno no se creará ni se aumentará ni un solo impuesto a la clase trabajadora y profesional de nuestro país” (JCV)

o Varela intento imponer un impuesto al combustible que fue ampliamente rechazado por la población panameña. El Gobierno anunció un aumento de 5 centavos al litro (20 centavos al galón) de gasolina y diésel, con lo que se espera recaudar unos B/. 100 millones adicionales en concepto de impuesto al combustible, so pretexto de aumentar el pago a jubilados y pensionados y aportar al fideicomiso del programa de IVM de la CSS. Para justificar esta propuesta la a viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que el impuesto de 5 centavos al combustible “es un gasto irrisorio, Panamá goza del impuesto más bajo de los países centroamericanos y la tendencia del combustible será a la baja y se mantendrá”; declaraciones que constituían una mentira a la población pues en ese momento ya la tendencia era a aumentar el precio del combustible, además de no ser el más bajo de la región.
o Estableció un impuesto a la minería no metálica que ha sido trasladada a los consumidores a través del incremento de los precios de las viviendas.
o Preservando los intereses económicos familiares, Varela lleva adelante ley de equiparación del impuesto de la cerveza con el establecido para los licores (Ley 15 de 2013 impuesta por Martinelli).

Impunidad y justicia selectiva.

o Corte Suprema de Justicia no admitió denuncia contra 34 diputados denunciados por el caso del PAN.
o Sobreseimiento provisional en el manejo que dieron las juntas comunales a los recursos recibidos entre 2009 y 2014 (B/. 240 millones).
o A pesar que el Código Penal tipifica mentir sobre la idoneidad, lo que en el caso de los trabajadores de la salud es mucho más serio, precaria ha sido la actuación del Ministerio Público sobre el caso del panameñista y exdirector de Promoción de la Salud del MINSA, Grimaldo Córdoba quién se hizo pasar por médico. Un nuevo caso donde la justicia no actúa con prontitud, quizás por estar vinculado al actual gobierno. Debemos tener claro que se puso en riesgo la salud de la niñez panameña. Además, este caso profundiza las irregularidades y fraude del proceso electoral del 2014, en la medida que Córdoba corrió para el cargo de representante de corregimiento por San Francisco-Panamá y era uno de los voceros de campaña de Varela.
o Aberración jurídica de la CSJ, quién libero a Rogelio Ramos, alias Juana Peña, sentenciado a prisión por tentativa de homicidio en el caso del asesinado del compañero Osvaldo Lorenzo, trabajador de la construcción y miembro del SUNTRACS. Recordamos que fue bajo el gobierno PRD de Martín Torrijos donde se introduce el sicariato y el asesinato por parte de policías, como forma de dirimir los conflictos laborales. El fallo lleva la firma de los magistrados Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía), Víctor Benavides y Harry Díaz. Carrasco, Mejía y Benavides fueron nombrados en el gobierno del PRD de Martín Torrijos y Harry Díaz en el Gobierno de Martinelli-Varela. La impunidad viene siendo garantizada desde la misma institucionalidad que debe velar por la justicia. Hoy Víctor Benavides ex–magistrado de la CSJ, está acusado por estar vinculado a tráfico de fallos judiciales, entre otras acusaciones, y optó por renunciar.
o El exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, al cual es mencionado en el caso de la compra de equipos de seguridad a Italia (radares), reveló que el contrato para fue negociado por el entonces ministro del MEF, Alberto Vallarino y el actual, Dulcidio de la Guardia. Sin embargo no pasa nada.
o Impera la justicia selectiva en los casos de corrupción, al punto que la población percibe que los “monos gordos” no serán tocados. Por ejemplo, Alberto Vallarino ex Ministro del MEF en el gobierno de Ricardo Martinelli, Vicepresidente del Panameñismo (actual partido en el gobierno) y Directivo de la ACP, ha sido mencionado por su participación directa en grandes atentados contra el erario público: Ley Banistmo (evasión de impuesto por más de 400 millones de dólares), Juan Hombrón (grandes negociados de tierra y proyectos inmobiliarios), Programa de Ayuda Nacional (PAN), Cobranza del Istmo (cuyo contrato se firmó siendo él ministro, empresa a la que se le acusa de haber obtenido comisiones pagadas de forma ilegal por 21.8 millones de dólares). Pero, además, en entrevista concedida a la Revista Forbes de México, Vallarino admitió que se dedicará al negocio de la logística en el Canal por lo cual adquirió 60 hectáreas cerca de donde se construirá el polémico Puerto de Corozal, violando el reglamento de ética de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
o El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien ha sido vinculado con la corrupción luego de que aprobara el pago de 7 millones de dólares a Cobranzas del Istmo, a pesar de que el contrato con esa empresa había sido anulado y se había ordenado una auditoría a las comisiones cobradas por la misma. No obstante Varela ha planteado que goza de su confianza y ha decidido mantenerlo en su puesto. En este mismo caso Sidney Sittón presentó una denuncia ante la CSJ contra los diputados Benicio Robinson (PRD), y José Luis “Popi” Varela (Panameñista), basado en que supuestamente estos diputados recibieron B/. 1 millón cada uno en coima por pagos relacionados al contrato de Cobranzas del Istmo.
o Denuncias de corrupción (cobro de coima para agilizar pagos adeudados a empresarios) en la AMPYME, contra su directora Ada Romero.
o Uno del club de los 115 ultra millonarios y financiador de la partidocracia, Felipe “Pipo” Virzi, es investigado por el caso de corrupción en el proyecto del Sistema de Riego de Tonosí. Virzi es objeto de una segunda investigación penal por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, relacionada con fondos recibidos por el exmagistrado de la CSJ Alejandro Moncada Luna. Si Pipo Virzi hizo todo esto en el gobierno de Martinelli, qué no hizo en los gobiernos PRD (su partido, además fue vicepresidente de Pérez Balladares). Después de “devolver” B/. 5 millones, es beneficiado con casa por cárcel.
o La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la encargada de vigilar cualquier movimiento bancario que considere sospechoso e informarlo a las autoridades correspondientes (Tribunal de Cuentas, Superintendencia de Bancos) para que investiguen. A pesar de que en la pasada administración personas consideradas ‘políticamente expuestas’ como Rafael Guardia Jaén o Guillermo Ferrufino (ministro de Desarrollo Social), Mario Martinelli (hermano del presidente Ricardo Martinelli), por mencionar algunos, empezaron a abrir cuentas y depositar millones de dólares en distintos bancos, la UAF no emitió ninguna alerta. Trece bancos han sido querellados por “blanqueo de capitales” (Banco general –Federico Humbert A.; Jorge Vallarino S. –Global Bank; Banco La Hipotecaria –Lorenzo Romagoza L.; Credicorp Bank –Raymond Harari; St. Georges BanK –Ramiro Ortíz M; Banco Universal –José Virzi L; Balboa Bank & Trust –Ramón Quijano; Banistmo –Aimee Sentmat de Grimaldo; Banesco –Ricardo Ayala; Towerbank –Fred Kardonski; Unibank –Mordechai Askenazi; Banco Ficohsa –Camilo Atala Faraj; Banco Panamá –Guillermo Quijano C. En el Centro Bancario solo hay 20 bancos de origen local: 2 estatales y 18 privados). Algunas de estos nombres están vinculados al actual gobierno, han sido financiadores de las campañas de la partidocracia, miembros del club de los 115 ultra millonarios.
o Justicia Selectiva y tratos preferenciales a los involucrados en casos de corrupción en el anterior gobierno pero allegados al actual gobierno: Lucy Molinar (del Opus Dei al igual que Varela); Roberto Henríquez (hermano de Milton Henríquez); Susy de Varela (Familia del Presidente). Pero también los intocables: Alberto Vallarino (Vicepresidente del Panameñismo) y Demetrio Papadimitriu (quién se autodenomino estratega de la campaña publicitaria de Varela).
o El exalcalde Bosco Vallarino (panameñista y asesorado en ese momento por el hoy alcalde José Isabel Blandón) salió de la Alcaldía de Panamá (2012) tras la difusión de un video en el que se le ve negociando y recibiendo dinero de manos del empresario brasileño Alexandre Ventura Nogueira. A Vallarino se le entregaría unos B/. 250 mil a cambio de consignar a las empresas de Ventura una serie de contratos públicos de la Alcaldía. Vallarino admitió haber recibido unos B/. 6 mil, hoy goza de una medida cautelar de casa por cárcel. Otro caso de justicia selectiva.
o Justicia a la carta a favor de Roberto Eisenmann. Luego de cinco recursos rechazados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentados por la defensa del empresario propietario de Desarrollo Golf Coronado, acusado de evadir más de 3 millones de impuestos, los magistrados, a merced de los propietarios de medios de comunicacón (el poder real) y chatajeados por el Gobierno de Varela, fallaron ahora un recurso a favor del presidente vitalicio de La Prensa.
o Mientras el pueblo panameño sigue exigiendo Justicia para los desaparecidos y perseguidos, el gobierno prepara las condiciones para otorgar al dictador Manuel Antonio Noriega medida cautelar de país por cárcel. Le pidieron que pidiera perdón ante las cámaras para enviarlo a su casa. Varela está detrás de esta entrevista de MEDCOM, al igual que sectores de la jerarquía católica, partidos políticos del Pacto de Gobernabillidad y el Establishment. Lo de Noriega es la antesala del perdón de Martinelli y otros, es decir la continuidad del régimen de impunidad de esa Mafiocracia que ha gobernado Panamá.

Otros casos de corrupción.

o El Río La Villa fue contaminado con atrazina, un caso que evidenció la falta de controles en el país; las prerrogativas y beneficios que se le otorgan a empresarios extranjeros y los intereses del poder económico local. La empresa Campos de Pesé responsable de la contaminación forma parte del Consorcio Licorero Nacional, S.A. y pertenece a la familia Pellas (uno de los capitales más poderosos y antiguos de Nicaragua). Su empresa en Panamá produce el Seco SL, etanol para combustible y alcohol. Sus principales clientes son la CSS, Carta Vieja y Varela Hermanos (propiedad de la familia Varela y junto a “Campos de Pesé”, opera en las riberas del Río La Villa y en el pasado también ha estado envuelta en casos de contaminación). Cuando se conoció el problema de contaminación, el IDAAN aseguró a la población que el agua era apta para el consumo humano; pasó una semana para que el MINSA reconociera que no podía ser consumida.
o Denuncia de algunas comunidades que señalan que MIVIOT viola acuerdos y cede terrenos a particulares. Por ejemplo, los terrenos se le han dado a un político de La Colorada, Veraguas.
o El caso vivido por los trabajadores de Minera Panamá subsidiaria de First Quantum Minerales (empresa canadiense), puso en evidencia algunos elementos de las concesiones que se han entregado: el predominio de un modelo de enclave. La contratación de fuerza de trabajo extranjera más allá de lo permitido por la ley (cantidad y condición para su contratación), lo que demuestra las ilegalidades que se vienen cometiendo con la complicidad de los gobiernos (1,000 filipinos trabajando en la mina, casi 500 indocumentados).
o En el marco de la discusión sobre el proyecto de ley que eliminaría el Crisol de Razas, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, acusó a su colega del Partido Panameñista e integrante con el PRD del Pacto de Gobernabilidad, Jorge Alberto Rosas, de tener una empresa dedicada a gestionar empleos para extranjeros en Panamá (la firma “Rosas & Rosas Abogados”). A raíz de las denuncias de que los filipinos estaban de manera ilegal en Minera Panamá dado que al momento de que las autoridades llegaron ninguno portaba sus documentos, el director nacional de Migración, Javier Carrillo, señaló que estos extranjeros se encontraban legalmente en el país pues poseen “visas estampadas, las cuales no se tramitan en Panamá sino desde el Consulado en Filipinas, y es el cónsul quien decide a quién otorgarle la visa”. El actual Cónsul de Panamá en Filipinas, quién es además Embajador, es nada menos que Rolando Aníbal Guevara Alvarado, miembro de la firma “Rosas y Rosas Abogados”, Las irregularidades en los consulados vienen de los años 50-60 hasta los días actuales. Generalmente no reportan los ingresos, hecho que se convierte en peculado; generalmente en el cargo son nombrados familiares y amigos de los gobernantes.
o Al igual que sus antecesores, Varela arremete contra las áreas revertidas para sufragar el déficit fiscal. Durante el 2015 la Unidad Administrativa de las Áreas Revertidas planea realizar un total de 28 subastas (4,948 hectáreas revertidas se encuentran disponibles de las cuales solo quedan por subastar el 50%), con las cuales se podrían recaudar unos B/. 70 millones.
o La celebración de 100 años de funcionamiento del Canal, se hizo al margen del pueblo siendo marginados de cualquier tipo de actividad. La ACP funciona como una República aparte, como un nuevo enclave, a favor de los intereses de los 115 ultra millonarios, mismos que en su momento se opusieron a la lucha por nuestra soberanía y que acusaron a los luchadores sociales de maleantes, revoltosos, subversivos y comunistas. La ampliación del Canal, aprobada por toda la partidocracia, tal como lo señaló FRENADESO ha resultado un engaño: no se realizó en el tiempo que señalaron, ha costado mucho más de lo programado los sobrecostos que se le ha pagado al GUPC. Los altos ejecutivos de la ACP, quienes al parecer no están conformes con los altos salarios que perciben, se han repartido entre ellos casi B/. 25 millones en bonos en los últimos 10 años, mientras niegan a los trabajadores un ajuste de salario justo.
o Gobierno de Varela postula a Esmeralda Arosemena de Troitiño (Ex-Magistrada de la CSJ, nombrada por Martín Torrijos) ante el CIDH a pesar de los cuestionamientos de organizaciones del movimiento social panameño, por haber impidió investigar el asesinato de Floyd Britton, Narciso Cubas y otras víctimas de la dictadura militar y por el manejo que dio al expediente de las víctimas del dietilenglicol. Troitiño es la suegra de Salvador Sánchez González, uno de los principales asesores político de Varela, encargado del tema de las reformas constitucionales; además es prima hermana de Rafael Arosemena, prófugo de la justicia por 16 años por el desfalco al BNP de quien fuera gerente en el período de la dictadura militar de Noriega.
o Panamá es uno de los 7 países de América Latina que negocia en el más absoluto secreto el Trade in Services Agreement (TiSA), el cual pretende seguir oculto durante 5 años adicionales después de entrar en vigencia. El TiSA obligará a los gobiernos firmantes a fortalecer y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis, quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios, forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos e impedirá que adopten medidas para evitar otras crisis creadas por el neoliberalismo. Melitón Arrocha, ministro del MICI, aceptó que el gobierno panameño ha estado participando en las negociaciones de este acuerdo de servicio que responde a los intereses de los grandes capitales de los Estados Unidos y Europa, tal como se revela en los Wikileaks. El reconocimiento de la participación de Panamá se dio luego que FRENADESO diera a conocer las críticas internacionales sobre el pacto secreto. Quizás este es uno de los compromisos desconocidos que adquirió el gobierno de Varela en su reunión con John Kerry Secretario de Estado de los Estados Unidos unas horas antes de tomar posesión el 1 de julio del 2014.
o Como si fuera poco, en doce meses que Juan Carlos Varela lleva en la Presidencia, ha realizado 17 viajes fuera del país.
o En la última Conferencia Internacional de la OIT, en Ginebra, en el mes de junio del presente año, Juan Carlos Varela se dio golpes de pecho de que su gobierno respetaba la libertad sindical. Sin embargo, al igual que el gobierno de Martinelli, ha rechazado la personería jurídica del Sindicato Nacional de Educadores (SINTE), pese a fallo favorable del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De esta manera las autoridades cometen abiertamente desacato.

Siguen los Pinchazos

Un conjunto de investigaciones se realizan en torno a la desaparición de las máquinas espías que Martinelli utilizó para seguir los intercambios telefónicos, ingresar a los correos electrónicas y otras formas de comunicación de todo aquel que consideraba su enemigo político y hasta sus propios copartidarios y colaboradores.

Por este hecho guardan prisión los anteriores jefes del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, mientras que Julio Moltó, último jefe policial de Martinelli, también se menciona, pero hasta ahora escapa de la suerte de los otros.

Pese a las promesas que hiciera al respecto, primero en campaña y luego en el gobierno, al parecer, por información vertida por diarios locales, esta práctica continúa especialmente contra líderes sindicales del SUNTRACS, lo que no extraña pues Varela al igual que Martinelli justificaron la presencia de María del Pilar Hurtado, procesada en su país (Colombia) por el escándalo de pinchazos telefónicos.

De acuerdo a estas informaciones, el expediente de más de 20 tomos de los Pinchazos contiene declaraciones de miembros actuales del Consejo de Seguridad Nacional que aseguran que los pinchazos continúan, así como la práctica de infiltrar agentes dentro de las manifestaciones y protestas de las organizaciones populares a las que consideran una amenaza. Estos “pinchazos”, según los declarantes, se hacen sin orden judicial alguna.

La situación es más grave si se toma en cuenta que estos hechos se dieron cuando la actual Procuradora, Kenia de Porcell, era la número 2 de ese Consejo de Seguridad.

Siendo así, es probable que las investigaciones que se llevan adelante y la misma Procuraduría esté controlado por los elementos militares que integran ese órgano y que, además jefaturan los principales estamentos militares, así como la Unidad de Análisis Financiero.

Como siempre, atrás quedaron las promesas de campaña

Donde quedó el “Tendremos cero tolerancia con la corrupción y el clientelismo. En nuestro gobierno ambas conductas serán parte del pasado” (Juan Carlos Varela). Su primer año de gestión demuestra todo lo contrario.

Se actúa con irresponsabilidad. No se ha visto comparecer a reconocidas figuras del pasado gobierno, como por ejemplo, el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, sólo se han detenido a dos de los cincos secretarios del Consejo de Seguridad Nacional, y no se conoce aún de ningún intento serio para actuar directamente contra Ricardo Martinelli, el principal responsable de los casos de corrupción y de violar la privacidad de un número plural de panameños.

Pero, además, no se ha actuado contra ningunos de los funcionarios del actual gobierno que fungieron durante el período de 26 meses de responsabilidad compartida en el gobierno entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático. Juan Carlos Varela, no quedó exento de denuncias: intento de venta de un terreno en Chilibre para la llamada Ciudad Hospitalaria, uso de la Cancillería para promover los productos de Varela Hermanos, negociados en la Alcaldía dirigida por su copartidario Bosco Vallarino y su aval como ministro de Estado a varios contratos dudosos, lo hacen corresponsable en muchos hechos. Además, el caso de los miembros de la Junta Directiva del PAN que aprobaron la compra del equipo de espionaje, las mochilas, comida deshidratada, autorizaron las partidas circuitales y otros, entre los que figuran ministros (Dulcidio De La Guardia y Alcibiades Velásquez), diputados (José Luis Varela), funcionarios (Susy de Varela, familia del Presidente) y dirigentes del Partido Panameñista (Alberto Vallarino), incluidos también el asesor de campaña de Varela, Jimmy Papadimitriu. Una investigación seria debería incluir, además, a las empresas y bancos que se beneficiaron del robo del PAN y de los sobre costos en las obras.

Tampoco se evidencian acciones contra los responsables de crímenes de lesa humanidad como las masacres de Changuinola, San Félix, Colón, ni los quemados del Centro de Menores de Tocumen, ni las numerosas víctimas de la brutalidad y abuso policial.

Y menos hemos visto diligencias para actuar contra violadores de los derechos humanos, pinchadores y corruptos de gobiernos anteriores, quienes se han beneficiado todos estos años del reino de impunidad que existe para los delincuentes de cuello blanco que hicieron de la gestión pública una fuente de enriquecimiento.

Mientras tanto, el gobierno se sigue alineando a los requerimientos de Washington, como evidencia el denominadoi Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos junto a su Dirección Nacional de Aduanas y Protección Fronteriza, suscrito el pasado 29 de mayo, en presencia del embajador gringo, Jonathan Farral, antes de partir de Panamá, cuyo contenido se desconoce; las negociaciaciones secretas del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) y la integración a la denominada Alianza del Pacífico, contraria al proceso de integración que impulsan los gobiernos y pueblos de la Patria Grande.

El movimiento popular

Como hemos visto, lejos de superarse los graves problemas nacionales, estos se agudizan. Además de ello, la crisis institucional, la podredumbre que carcome las obsoletas estructuras del Estado, se profundizan.

El Establishment así lo reconoce, El choque de estos clanes de la mafiocracia los está envolviendo a todos con cosecuencias impredecibles.

Por ello, buscarán un nuevo pacto de la Partidocracia mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente Paralela o reformas constitucionales, en busca de amoldar la constitución a los proyectos neoliberales ya enunciados y crear la falsa sensación de cambios.

Hemos visto que las condiciones objetivas de deterioro de las condiciones de vida de los panameños, de falta de credibilidad en las instituciones, de descomposición de los partidos políticos tradicionales no solo se mantienen sino que empeoran,

Son las mismas situaciones que prevalecen y se tornan más críticas, las que incidieron en la decisión de los luchadores sociales de emprender contra viento y marea la inscripción de un partido político electoral y participar en las elecciones de 2014, como un vehículo de denuncia, concienciación, apoyo a los esfuerzos organizativos del pueblo y de construcción de poder popular.

Al margen del revés electoral, este objetivo de dotar al pueblo de un instrumento político electoral, a la luz de las condiciones actuales que vive el país, mantiene plena vigencia.

Por ello, tomando como base el balance auto crítico desarrollado a nivel nacional a lo interno de nuestras organizaciones y del Frente Amplio por la Democracia (FAD), esforzándonos en superar debilidades organizativas, estableciendo una política de alianzas real, aprendiendo de los errores, pero sobretodo, aprovechando el acumulado político y social alcanzado, corresponde intensificar los esfuerzos para reinscribir a la mayor brevedad el instrumento político electoral (FAD), procurando además democratizar el Códigio Electoral.

En ese proceso de construcción de poder popular es imperioso mejorar los niveles de formación política de los cuadros, el análisis oportuno de la realidad concreta, denunciar la corrupción, el oportunismo, la confusión ideológica y el divisionismo de sectores seudo izquierdistas en alianza y a la cola de fracciones burguesas; elevar los niveles de comunicación con el pueblo fortaleciendo los medios alternativos, la prensa popular, el uso de las redes sociales para romper el cerco informativo que nos han impuesto para aislarnos; consolidar la corriente clasista en el movimiento obrero y popular, incidir en los gremios para alejarlos de la influencia de los círculos de poder económico que solo buscan cooptarlos para mediatizar o eliminar las reivindicaciones alcanzadas en la lucha, priorizar los aspectos de organización territorial en las comunidades del campo y la ciudad, el trabajo con jóvenes, estudiantes, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes.

Todo ese efuerzo de acumulación de fuerza social organizada, de construcción de poder popular, debe crear las condiciones para que el pueblo haga valer su poder soberano y convocar una auténtica Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, que de los escombros de esta institucionalidad podrida y caduca, funde una Patria para todas y todos.

Panamá, junio 2015.

EN HOMENAJE AL COMANDANTE FEDERICO BRITTON EN
EL TERCER ANIVERSARIO DE SU DESAPARICION FISICA

FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3925





(Volver a página inicial)