Julio 2015

CONTRAINSURGENCIA EN MÉXICO PARA DERROTAR A LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL

Buscando la Racionalidad de lo Irracional.

Por Jorge Retana Yarto

La tesis central de este ensayo sobre la problemática de criminalidad transnacional globalmente concebida, es que se trata del problema más importante en nuestro país, por ser la síntesis, materia condensada, de otras tantas determinaciones radicadas en el fallido modelo económico-social de desarrollo nacional incluyente, de las profundas desigualdades regionales, del accidentado proceso de transición política hacia la conquista de mayores espacios de democracia –hoy, con retrocesos importantes- y de la subordinación ideológica, política y estratégica de los últimos gobiernos mexicanos protagonistas de las administraciones sexenales incondicionales a los dictados de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Pentágono de los EUA.

Todo ello, subsume la problemática desbordada de seguridad que hoy transcurre en nuestro país, y que erosiona la gobernanza, el avance democrático y el impulso de políticas públicas hacia la equidad social, cuyos factores estructurales que le componen, es un grave error el considerarlos como procesos separados, sin desvelar y abordar la matriz estructural que los imbrica; no sólo para dar cuenta de ello, sino para entenderlos desde nuevas concepciones y formulaciones político-sociales e ideológicas orientadas hacia una solución distinta a la que pretende dársele bajo la hegemonía de los EUA. Sintetizando la tesis misma: la crisis actual de seguridad es una síntesis de los factores estructurales irresueltos y agudizados en México.

Desde nuestra perspectiva política y analítica, consideramos que la actual estrategia de Contrainsurgencia contra la criminalidad, de ninguna manera es una nueva estrategia, sino parte de una vieja concepción militar actualizada que no podrá avanzar sustancialmente en la resolución o control del grave problema que nos ocupa por sus límites inherentes.

1.- En la etapa de institucionalización de la victoria de las fuerzas políticas y militares en el proceso revolucionario mexicano de 1910-17, surgió una doctrina militar o doctrina de guerra del ejército mexicano, en la pluma del General de División Luis Alamillo Flores (1943) que planteó claramente, que ante la enorme asimetría de poder con EUA, la historia de nuestras relaciones políticas y el desarrollo constante de dicha asimetría, era necesaria la distancia respecto de lo que concibiera, diseñara e implementara el poder estatal americano y su ejército en el ámbito regional-mundial, y como poder hegemónico, dado que las labores militares mexicanas se circunscribirían de manera radical hacia el orden interno, como garantes de las instituciones y como sostén histórico, fundamental del sistema político, lo cual fue la piedra angular –o una de ellas- de la política exterior durante décadas, de defensa de la Soberanía y la Autodeterminación, adicionada con la defensa irrestricta de la legalidad internacional, en suma, del nacionalismo mexicano. (Rodríguez Sumano: 2008; 74-77)

La Escuela de las Américas (EDA) fue creada en Panamá en 1946 para entrenar a los ejércitos latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia, y según los propios EUA, era la piedra angular de su política exterior, con lo cual, se reveló que era un centro de entrenamiento contrainsurgente (son 55 programas en total, de los más diversos contenidos, pero con ese eje fundamental), todo, para sofocar militarmente los brotes insurreccionales en la región. El principio fundamental era que tales ejércitos se concentrarían en la “seguridad interna”, es decir, en reprimir los brotes de descontento para favorecer el orden constituido de las sociedades latinoamericanas, incluso, con golpes de Estado ante “amenazas graves”. Se le conoció desde entonces como la “Escuela de los dictadores”, “de los golpes de Estado”. Luego, fue trasladada (1984) a Fort Benning, en el Estado de Georgia, en los EUA. Su presupuesto anual es hoy a un equivalente cercano de $20 millones de euros (www.youtube.com/watch?v=wX8P8b-Yp08)

El combate al tráfico de estupefacientes prohibidos desde México hacia EUA, quedó sellado como compromiso de Estado mediante el Acuerdo Díaz Ordaz-Richard Nixon (1969) y desde entonces, ha sido una política de Estado, implementada con distinta intensidad, medios y estrategias, por todas las administraciones presidenciales precedentes y por la actual.

2.- En los últimos tres sexenios de gobiernos en México (para tomar sólo este horizonte temporal), se han producido atrocidades que han devastado los derechos humanos y la legalidad constitucional, lo cual es una consecuencia directa de la propia concepción filosófica y política, así como de la más reciente doctrina militar elaborada y practicada desde los EUA para atender esta problemática debido a todo lo que conlleva; es el caso del concepto de “insurgencia narco-terrorista”.

Dicha construcción teórico-ideológica, es hoy impulsada mediante el arsenal existente de la doctrina de contrainsurgencia terrorista (COIN), en su versión actual, aplicada en Oriente Medio y América del Sur (Colombia, particularmente), como concepción estratégica y programa militar para combatir, tanto, la insurrección armada por el cambio social, como a la criminalidad transnacional. Esto último, ha dado paso a la presencia de toda la comunidad de inteligencia y seguridad de las agencias del Estado de la Unión Americana que integran el National Security Agency (NSA) en la Ciudad de México, y sobre cuyos agentes (más los que han existido siempre) a últimas fechas, el Senado de la República (la mayoría parlamentaria formada al efecto) autorizó la portación y permanencia en el país con armas de fuego para su seguridad, lo que era práctica habitual desde hace décadas, como reconocieron los agentes de la DEA en entrevista con J. Jesús Esquivel, en el libro “La DEA en México” (2013, pp. 103-105)

El uso de una seudo-categoría de análisis como la de “insurgencia narco-terrorista” se ha venido aplicando en el ámbito global, especialmente en Oriente Medio y en América Latina (Colombia, sobre todo), y su historia en México es reciente, remontándose con toda claridad a los momentos en que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante un discurso en el Club Commonwealth en San Francisco, California (8 de septiembre, 2010) aseveró: “Los cárteles de la droga (mexicanos) están adquiriendo muchos de los atributos de grupos terroristas e insurgentes en el mundo. Por primera vez están empleando automóviles cargados de explosivos. Uno los ve mucho más organizados de un modo paramilitar”.

Luego, lo reiteró (octubre del mismo año) en un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, al afirmar sobre la criminalidad que: “están empleando cada vez más señales de insurgencia”, y agregó: “México se está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años, cuando los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país”.

En este nuevo auge de la doctrina contrainsurgente, la Francia gobernada por Nicolás Sarkozy ha hecho su contribución, sobre la base de un documento llamado inicialmente el “Libro Blanco para la Defensa”, luego rebautizado por el gobierno de François Hollande, como “Libro Blanco: Defensa y Seguridad Nacional” (2013), que integra a dicho país en las nuevas elaboraciones contrainsurgentes, en paralelo con cambios institucionales en la policía, el ejército, la inteligencia del Estado, el marco legal militar, la seguridad interior, y en los enfoques de política global en cuanto a la determinación del “enemigo interno”, pero todo ello, revalorando la vieja doctrina francesa de la “lucha anti-subversiva” (por ejemplo, aplicada en sus colonias insurrectas, en África e Indochina), lo que conlleva a determinar la seguridad exterior a partir de la seguridad interior, con derivación hacia los temas de la criminalidad, así como también, del control social y el control de la economía, como piezas centrales de la seguridad nacional, que al viajar más allá de las fronteras de dicho país, se vuelve una doctrina –como la de manufactura estadounidense- que se globaliza a partir de uno de los conceptos que fungen como ejes centrales, como el de la “jerarquía paralela”, que significa que el Estado con todos los elementos antes mencionados genera una estructura defensiva y de seguridad que se desdobla en situaciones de crisis, proveyendo fuerzas coercitivas que van a funcionar clandestinamente bajo la infraestructura del poder civil, para combatir a un enemigo extremadamente violento, terrorista, que no se conoce ni se visualiza, localizado en el mundo árabe y musulmán.

El problema fundamental es que tales doctrinas de seguridad y defensa, orillan al Estado al rompimiento del Orden Constitucional en el uso de estos métodos de “paralelismo global”, y terminan practicando un terrorismo de Estado, tal y como lo explica analíticamente el Dr. Gabriel Periés, y lo deja entrever el documento citado. (http://www.ambafrance-es.org/Libro-Blanco-de-la-Defensa-2013)

El núcleo sustantivo de este “paralelismo jerárquico” de la escuela militar francesa, se parece mucho al proceso de desarrollo de las “guerras encubiertas” del Presidente Obama, sobre la base de las “Fuerzas Operativas Especiales” (FOE), pequeños ejércitos invisibles, ultra-especializados, apoyados por toda la maquinaria de inteligencia y seguridad del Estado de la Unión Americana, una estructura paralela de guerra subterránea sobrepuesta pero cobijada por las instancias constitucionales y civiles de gobierno, fuerzas presentes hoy en muchos países. Ante el regreso masivo de tropas desde Afganistán e Irak, las han redirigido hacia el combate al crimen transnacional, al entrenamiento en tácticas contrainsurgentes con expertos en operaciones encubiertas, al grado de que se ha publicitado la creación de una fuerza especial de 250 marines con sede en Palmerola, Honduras, mediante una base conjunta (militares de ambos países) para su desplazamiento en América Latina, en ayuda humanitaria, en combate al crimen transnacional, inteligencia y entrenamiento. (“Hay una Transnacionalización de la Doctrina de Seguridad Nacional”, actualizado, 28 de agosto de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=4LLaxy0AuQA)

3.- El impulso a la política de corte contrainsurgente para México en el combate al crimen organizado, se hizo formalmente desde otra instancia del Estado y posteriormente a las conceptualizaciones de Hillary Clinton, mediante una resolución del “Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, que aprobó un plan de contrainsurgencia para combatir a los cárteles mexicanos” como organizaciones terroristas, así lo establecía la noticia dada a conocer en la prensa internacional desde Washington D.C. (15 de septiembre, de 2011), enmarcada en la Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada (parte de los convenios suscritos por México en el ASPAN, Acuerdo por la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte), lo cual, como estableció con precisión el congresista demócrata Eliot Engels durante los debates, “haría pedazos la Iniciativa Mérida y apunta en una dirección distinta”, sí, claro, apunta en la intensificación de los combates militares, en la elevación del costo social en México, en vidas, en recursos financieros y materiales, en desapariciones forzadas, en violación masiva de los Derechos Humanos en la militarización de amplias zonas del territorio nacional, en saldos de sangre, y en injerencia militar de EUA en México.

No obstante, el Presidente Obama dijo al respecto: “Creemos que la iniciativa está teniendo un impacto positivo” (La Jornada, 17 de septiembre, 2011), refiriéndose a la “Iniciativa Mérida” (que concluía justamente a finales de 2011 y fue renovada, y originalmente firmada por los Presidentes George W. Bush y Felipe Calderón en 2008), en su aparente rechazo a la resolución cameral, pero consideramos, que las declaraciones de organismos militares de EUA que más abajo citamos, contradicen este supuesto rechazo del Presidente Obama, así como, las propias iniciativas de él mismo, de sus principales colaboradores, traducidas en presiones diplomáticas de importancia sobre México, y en hechos de la política anticrimen seguida por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. En realidad, la resolución cameral en EUA y la postura presidencial expresada en esa declaración, abrieron un futuro proceso negociador con México respecto a la política de seguridad mexicana, que pareció concretarse cuando unos meses después, ya iniciado el proceso electoral presidencial en México, EPN candidato, declaró su voluntad de ajustar la estrategia hasta entonces seguida en seguridad. Ello alineó las voluntades de ambos mandatarios en ambos lados de la frontera, así como de quien detentaba aún la Presidencia mexicana en aquellos momentos, Felipe Calderón.

La nota periodística citada sobre la resolución cameral agregaba:

“Bajo esta iniciativa los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional deberán elaborar un plan contrainsurgente definiendo a las organizaciones criminales en México, sus líderes, objetivos, evolución y áreas de influencia. Asimismo debe incluir una evaluación de las capacidades de la policía federal y de las fuerzas armadas de México, así como de instituciones gubernamentales estatales y locales, y organizaciones no gubernamentales.”

Toda una disección de la seguridad nacional del Estado mexicano. Pero observemos cómo aquella iniciativa legislativa sirvió como acicate del desarrollo efectuado en torno a la política de seguridad de EUA sobre México, de una ofensiva impresionante desde el gobierno de Barak Obama. Escuchemos lo siguiente:

“Los puntos ocultos en la presión de los EU, de acuerdo con un expediente de seguimiento de la ofensiva de seguridad nacional de Washington sobre México, serían los siguientes: (….)“

De octubre de 2011 a marzo de 2012, Obama ha enviado a México a sus principales operadores de seguridad nacional, incluyendo la visita ostentosa del director general de la CIA y ex jefe militar en Irak, David Petraeus. Para Obama, México es un tema central de su seguridad nacional, lo que ha justificado una intensificación de las presiones.” (Ramírez, Carlos: “General Jacoby, tenemos el reloj. EUA presiona la integración militar”, 15 de marzo, 2012, p.1, http://www.noticiastransicion.mx/images/indicador-pdf/2012/I-03/CIP-2012-03-15.pdf )

Ha seguido a ello, o se ha reforzado, el entrenamiento de las policías y los militares, de los agentes de inteligencia, el acceso a los equipos electrónicos, incluidos los drones, cuya autorización para volar los cielos nacionales durante el gobierno de Felipe Calderón, hizo nulas las prohibiciones constitucionales al efecto; adicionalmente, se insertan en esta misma lógica, la formación de los centros de fusión de productos de inteligencia manejados exclusivamente por estadounidenses, y otras medidas más.

Es decir, la llegada y desarrollo de la doctrina de contrainsurgencia en México, en plena guerra fría, ha sido renovada y adaptada hoy para ser enderezada contra el crimen transnacional, constituyendo una modalidad estratégica y táctica, que se funde con la concepción de las “guerras asimétricas y de baja intensidad” (GBI) lanzadas durante el gobierno de Ronald Reagan, pero desarrolladas y aplicadas por los gobiernos de “los Bush”, y entremezclada y sostenida hasta la actualidad –con variantes y sin ser la modalidad preferida por la Casa Blanca- con las “guerras encubiertas” propias de la administración de Barak Obama. A ello es a lo que llamamos antes adaptación del COIN para América Latina, y particularmente, para México, en donde, la COIN se nutre de la propia experiencia contrainsurgente aplicada por militares mexicanos (junto a la entonces Dirección Federal de Seguridad, DFS) durante los años de la “guerra sucia” (convencionalmente, ella comprende la intensa represión a los opositores, pacíficos y armados, de los años finales de la década de 1960 y la década de los 70, pero esta periodización no es precisa), y posteriormente, contra otros movimientos sociales y políticos armados: el EZLN, el ERP y el ERPI, por ejemplo. (“Contrainsurgencia Ante Movimientos Armados en México”, Tesina, Martínez Torres Blanca, 2007, p.42)

La Comisión Permanente del Senado mexicano, rechazó la iniciativa “HR 3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes” de Estados Unidos, argumentando y plasmando en el Punto de Acuerdo aprobado, que ella poseía “contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral”. Más explícitos y certeros no podían ser los senadores, al adicionar en dicha resolución: “que en materia de seguridad es deseable una cooperación multilateral, pero ésta debe ser negociada y acordada entre Estados, como pares” (18 de Enero, 2012). Pero, no podemos omitir que la seguridad bilateral y la hemisférica la dominan las políticas de EUA.

Pero, si el gobierno federal de entonces, con Felipe Calderón al frente, hubiera actuado con un rechazo irrestricto a tal exigencia, no habríamos visto instalarse a toda la comunidad de inteligencia estadounidense en México, ni aceptar los vuelos en cielo mexicano de los “drones” de EUA, ni tampoco aceptar la creación de centros de fusión de inteligencia manejados exclusivamente en forma directa por agentes estadounidenses. Todo ello cuadra en la lógica contrainsurgente y hace perfectamente creíble su implantación y avance en México al día de hoy.

Valoremos las siguientes aseveraciones desde el ámbito militar de los EUA:

“El Pentágono aumentará la ayuda que presta a México en la sangrienta lucha contra el narcotráfico, mediante el establecimiento de un nuevo cuartel de operaciones especiales en Estados Unidos, en el cual los efectivos mexicanos podrán recibir entrenamiento para enfrentar a los cárteles de la droga de la misma forma en que las fuerzas estadounidenses se preparan para luchar contra al-Qaida. La información fue proporcionada por funcionarios estadounidenses y obtenida de documentos militares. Esa asistencia podría servir para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto establezca una fuerza militar enfocada en las redes criminales que han sembrado el terror en varios estados de México, principalmente en el norte, y que incluso han amenazado la frontera con Estados Unidos (…) Con sede en las instalaciones del Mando Norte Estadounidense, en Colorado, el centro de operaciones especiales aprovechará un programa existente que ha permitido a militares, policías y agentes de inteligencia de México estudiar las operaciones antiterroristas de Estados Unidos (…) la forma en que las fuerzas de operaciones especiales construyeron una red entre varias agencias a fin de luchar contra Osama bin Laden, el líder de al Qaida y contra sus seguidores.” (Cable fechado por AP en Washington, el 17 de Enero, 2013).

Obsérvese cómo, esta información militar se produjo a unos cuantos días de iniciado el actual sexenio de EPN, y se enfoca totalmente a su gobierno, y adelanta o filtra también acuerdos existentes o en proceso, para el futuro inmediato.

Es decir, nada revela que la negociación posible entre ambos gobiernos (FCH-Obama y EPN-Obama) haya podido tener como eje la aceptación o rechazo del gobierno mexicano del Plan Contrainsurgente, sino el que su implantación pudo haber versado –en condiciones muy desfavorables para México, dado que había una resolución del Poder Legislativo que daba cobertura a las fuertes presiones señaladas desde el Poder Ejecutivo, bajo una postura de fuerza muy grande- en torno a: la implantación gradual, restringiendo el manejo directo de los términos del plan por los militares del Pentágono, la continuación formal del Plan Mérida, y en paralelo, la absoluta discreción o inclusive, la simulación social sobre la instrumentación real y la vigencia del Plan Contrainsurgente, dados todos los hechos subsiguientes.

La sociedad mexicana, el ciudadano común, NO se ha enterado de casi nada de esto (de poco sirvió el rechazo a tal resolutivo del Senado en México), pero sí está padeciendo terriblemente los efectos o impactos de un programa militar como el mencionado, que enfatiza mayormente el rol del ejército mexicano y la armada (es usual en estos casos, que las fuerzas militares y policiacas nacionales sean asesoradas directamente por militares estadounidenses en el terreno de las operaciones, como sucedió en Colombia y otros países, en operativos a escala u operaciones quirúrgicas) al producirse los eventos más trágicos conocidos en demasía: Michoacán, Iguala-Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, etc., que desde la perspectiva mencionada aparecen una y otra vez, y desafortunadamente, seguirán presentándose por buen tiempo, como en Colombia.

Adicionalmente y como un elemento de confirmación agregado, se dio a conocer en México la noticia siguiente en el mes de junio de 2010: que desde el año 2008 el ejército estadounidense envía anualmente 20 equipos integrados por cuatro o cinco militares (es decir, entre 80 y 100 instructores) para entrenar a militares mexicanos “en contrainsurgencia, tácticas que se usan para desmantelar redes” terroristas, y que también se aplican para combatir a los cárteles criminales, pero sin participar en operaciones concretas (lo cual significa que podrían estar sobre el terreno sin entrar en combate directamente, pero sí, dirigiendo, asesorando, la conducción de movimientos armados), todos ellos, personal militar experto en guerra urbana irregular, en inteligencia, pero también, “en trabajo social y reconstrucción” desde las experiencias en Afganistán e Irak, actuando sobre la idea esencial de “que el enemigo vive entre civiles” y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha “formado a los militares mexicanos”, información dada a conocer por el general James Winnefeld Jr., nuevo comandante del Comando Norte, que es el encargado de cuidad y garantizar la seguridad nacional de EUA por cielo, tierra y mar, en todas las formas y puntos posibles.(Infodefensa.com,2 de julio, 2010, http://www.infodefensa.com/latam/2010/07/02/noticia-eeuu-entrena-a-las-fuerzas-armadas-de-mexico.html )

Pero, por si aún hubiera dudas de este vínculo causal, orgánico, entre programa contrainsurgente, mayor énfasis en lo militar, eventos por demás trágicos y devastación de la legalidad constitucional y los derechos humanos, debemos agregar que el soporte en términos de doctrina militar de tales planes rediseñados, fueron revelados cuando se hicieron públicas las directrices del “FM 3-24 / US Army Field Manual”, que son, desde entonces, uno de los referentes doctrinarios en el ámbito político-militar estadounidense. Se trata de un renovado “Manual de Contrainsurgencia” conocido comúnmente como "COIN" (contrainsurgencia en inglés o COIN como acrónimo), que constituye un “esfuerzo de adecuación” a las condiciones latinoamericanas de combate a la criminalidad transnacional, en particular, y en general, útil a los planes genéricos de desestabilización desde la estrategia americana, recargando el peso de las operaciones contra la criminalidad en los ejércitos nacionales, y éstos aplicando las tácticas respectivas desde el ámbito de las autoridades nacionales. (Lanz, Rodríguez Carlos: “Bases Doctrinarias de la Actual Doctrina de Intervención Imperial”, 18 de mayo, 2012, http://www.aporrea.org/tiburon/a143609.html ) en donde, el enemigo criminal transnacional escurridizo y oculto entre la población civil, provoca que cualquier grupo social pueda convertirse en potencial objetivo dentro de una campaña militar de rastreo, persecución y cerco contra el núcleo armado central, que es siempre el mejor equipado en armamento, el primer círculo de los capos mayores, etc.

4.- Estamos, entonces, ante un tipo de conducción estratégica de una guerra, diferente a la sola confrontación militar de un enemigo armado con influencia en ciertos núcleos de tolerancia o apoyo social (los tendidos de halcones, por ejemplo, que usa el crimen transnacional). Bajo dicha perspectiva, se omite el origen y naturaleza de la supuesta insurgencia y se enfatiza la necesidad de una respuesta armada generalizada bajo la concepción contrainsurgente desde el Estado. Los impactos en la población civil, los derechos humanos, la intensificación de las operaciones militares, son todos ellos, consustanciales a este tipo de guerra.

“La cuestión de la guerra contrainsurgente instala, inmediatamente, la problemática sobre la tortura, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Su íntima relación con el terrorismo estatal o las intervenciones militares imperialistas reactualizan sistemáticamente la preocupación, entre otras, por la violación de los Derechos Humanos y el genocidio”. Afirman luego los autores de la cita: “Hoy en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo son más tangibles las consecuencias de este tipo de planteo. Desde los ’90 se abre una nueva etapa del desarrollo de la doctrina contrainsurgente que prosigue lenta pero de manera sostenida, aunque en gran parte, inadvertidamente, corroyendo los pilares jurídicos del Estado Nación”. (P. Bonavena y F. Nievas: “La Guerra Contrainsurgente de Hoy”, 14 de noviembre, 2014, http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/368-la-guerra-contrainsurgente-de-hoy )

Frente a este, que es un cambio muy importante, un punto de inflexión en los procesos sociales mexicanos vinculados al desarrollo y combate a la criminalidad transnacional organizada, y en la comprensión de la agudización de la violencia estructural que nos acompaña desde hace tiempo, es importante no perder de vista la aguda observación de Carlos Montemayor:

“La guerra no es simple. Exige mucho tiempo de cálculo. Tiene un discurso pacifista y una esmerada justificación moral. Nunca dice ‘soy la guerra’. Dice otras cosas (….) Distinguir entre discursos y hechos en la guerra de ejércitos, en la guerra de invasión, en la guerrilla campesina, en los objetivos de seguridad nacional, en la guerra sucia, en el combate al narcotráfico regional o internacional (….) es una tarea que a menudo se torna, como la piedra de Sísifo, interminable o, al menos, recurrente. Pero algunas de sus modalidades se parecen”. (2007: 9)

Que otra cosa si no la constatación de lo antes afirmado nos revela lo dado a conocer recientemente por parte de los especialistas del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” en su informe del primer aniversario de la matanza en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, de junio de 2014, en el cual se lee lo siguiente:

“(…) la Orden de Relevo de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, de fecha 11 de junio de 2014 (19 días antes de los hechos), contenida en el expediente, se incentiva explícitamente la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Del catálogo de órdenes que regulan la actuación de la base militar, resalta el punto VII en el que se lee claramente que “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”. (Federico Mastrogiovanni, julio 2 de 2015, http://aristeguinoticias.com/0207/mexico/el-ejercito-mexicano-tiene-la-orden-de-abatir-civiles-articulo-de-federico-mastrogiovanni/ )

Es consustancial a los planes de contrainsurgencia, entre otros elementos, como el uso multiplicado de grupos paramilitares, la circunscripción territorial de las acciones, la construcción y puesta en práctica de programas amplios de apoyo social a la población de las zonas involucradas, regularmente marginales, entendidas como zonas de influencia para una guerrilla izquierdista o, como en este caso, de un grupo criminal armado. La equiparación de los dos fenómenos sociales, en cuanto a que en ambos, “la insurgencia” está orientada a derrocar a un gobierno constituido, los hace homólogos.

Así y por ello, la concepción, estrategia y tácticas de contrainsurgencia, convergen intrínsecamente, con la teoría de las “guerras de baja intensidad”, de las “guerras asimétricas” y de las “guerras encubiertas”, ofreciendo a ellas un tipo de operaciones militares muy útiles para combatir la insurgencia o resistencia revolucionaria y la insurgencia narco-terrorista, fundiendo los conceptos como uno solo para fines teóricos y prácticos, todos, tipos de guerra opuestos a la “guerra convencional”. Por ello, la “guerra contra el terrorismo” como construcción ideológica y de guerra psicológica y desinformativa, ha servido de pretexto o argumento para lo que considere necesario la Casa Blanca, el Depto. de Estado, la NSA y el Pentágono, ya que históricamente, el terrorismo ha sido entendido como un método de lucha o de ofensiva política, pero no ha sido ni es, un objetivo militar o un sujeto identificado. A esto nos referimos cuando hablamos del concepto de “insurgencia narco-terrorista” como construcción ideológica con fines de dominio, de hegemonía, como seudo-categoría analítica ideologizada.

De ello, surgen tres preguntas clave: ¿el Programa Cruzada Contra el Hambre es parte de esta nueva estrategia contra las organizaciones criminales y revolucionarias en México?. Consideramos que sí; ¿es casualidad que el inicio de dicho programa fue en el sureste mexicano, en zonas de influencia zapatista (municipio de las Margaritas)? Consideramos que no es causalidad; y ¿será accidental que el eje de las investigaciones sobre el sangriento evento de Iguala- Ayotzinapa –para solo mencionar éste- se haya desplazado hacia el ejército mexicano? De igual manera, consideramos que no es casual. Es evidente, que de todos estos procesos y eventos, de la forma y contenido que han tenido, la institución más lesionada ha sido el ejército mexicano, aunque se haya querido desviar la atención, los hechos y actores presuntamente responsables, en otras direcciones.

Porque, todos los hechos mencionados antes, son piezas o elementos que se articulan con precisión en los procesos descritos y con la argumentación antes presentada.

A este respecto, nuevamente Carlos Montemayor afirma:

“En la estrategia de combate contra estas guerrillas rurales se recurrió también (se refiere a las de las montañas de Guerrero, JRY), como ahora en Chiapas, a la aplicación de diversos proyectos de desarrollo regional. Con la ocupación militar aparecieron créditos a la producción, alimentos, apoyos a la comercialización de productos, carreteras (…)”, etc. (Montemayor: 2007, 23)

No olvidemos tampoco, en el contexto de la contrainsurgencia dirigida a mermar y derrotar al EZLN, el ataque paramilitar contra una reunión religiosa pacífica en Acteal (Municipio de Chenalhó, Chiapas, diciembre, 1997), lo cual se explicó oficialmente, como un enfrentamiento entre grupos étnicos con problemas entre sí (murieron 45 civiles), por lo que la causa contra el entonces Presidente Ernesto Zedillo está aún vigente por parte de los familiares afectados por aquellas víctimas.

Cinco símiles o constantes entre Acteal e Iguala: contexto de guerra irregular o asimétrica en la región; misma estrategia contrainsurgente aplicada sobre la población civil; el ejército mexicano (la zona militar respectiva) aparece involucrado, aunque inicialmente se niegue; la población civil es objetivo militar por considerársele “territorio y base de legitimación o apoyo” del grupo armado (en el caso del EZLN, el soporte social y político, indígena y campesino ha sido más que evidente); más, el rol de la PGR, acusada de simular y “fabricar” pruebas para señalar como responsables a otros e inculparlos. (Revista Newsweek, de marzo, 2012, p. 18). Son demasiado claros los paralelismos entre ambas matanzas, para mencionar sólo a éstas dos tragedias.

Y es así, porque, en la guerra mediante estrategia contrainsurgente, las fronteras entre los objetivos militares son difusas, por ello, los eventos trágicos son recurrentes y tienen similitudes esenciales en detrimento de la legalidad constitucional, los derechos humanos y la integridad física de la población civil.

Desde esta perspectiva teórica, histórica y analítica, son mucho más entendibles dos aspectos nuevos (en su momento) en el entorno policiaco y militar en el país:

1. La presencia del general Oscar Naranjo en México durante los dos primeros años de gobierno de EPN, como asesor personal del Presidente en materia de seguridad, en la dirección de la lucha contra el crimen transnacional, dado su perfil de pupilo más avanzado de las doctrinas, tácticas y estrategias de la CIA y el Pentágono, que suscitaron el recelo de algunas instancias armadas en México hacia él, como fue el caso de las filas del propio ejército mexicano.

2. La creación de la Gendarmería Nacional (se anuncia en plena campaña electoral por EPN, abril de 2012) como cuerpo de élite de las fuerzas coercitivas del Estado, parte de la nueva estrategia de ataque territorial contra la criminalidad transnacional, de la regionalización de este combate para diferenciar las tácticas pero dentro de una misma estrategia nacional coordinada. Inicialmente se dijo también, que tendría a su encargo la custodia y preservación de las aduanas, los aeropuertos, los puertos, penetrados o tomados por el crimen transnacional organizado, espacios de seguridad nacional. No obstante, el día del anuncio de su puesta en práctica (junio de 2014), el comisionado nacional de seguridad pública, Monte Alejandro Rubido, dijo que el objetivo de los gendarmes será “salvaguardar los empleos y mantener el funcionamiento cotidiano de las ciudades”. Además, de inicio, se planteó un cuerpo de 40,000 efectivos y entraron en acción sólo 5,000. (14 de junio, 2015, http://www.vanguardia.com.mx/inicialagendarmerianacionalenmexico-2147478.html )

A su llegada a México, Oscar Naranjo explicó, los pilares de la “nueva estrategia de seguridad”: máxima coordinación intergubernamental; inteligencia en profundidad para darle prioridad a las operaciones de carácter quirúrgico, no masivas; y estrategias diferenciales contra el crimen, las cuales resumían aquélla (General Oscar Naranjo, “Ni Pacto ni Tregua con ningún cártel”, 3 de Diciembre, 2012, http://www.vanguardia.com.mx/generaloscarnaranjo;nipactonitreguaconninguncartel-1429834.html ), pero, agregamos, había un cuarto soporte: la creación de la Gendarmería Nacional, una policía nacional militarizada con objetivos y perfiles muy definidos, más otros dos sustentos: la expansión del paramilitarismo, y uno más, aparentemente inconexo: una cruzada nacional contra la pobreza alimentaria. En el fondo de todo ello, está la doctrina de contrainsurgencia diseñada en el Pentágono, las estrategias y tácticas de la CIA en las que Oscar Naranjo es un especialista consumado.

Los casos que se han presentado de apropiación criminal de la comercialización de productos como el limón, el aguacate, el sorgo, y parcialmente del plátano (que debiera ser tarea de la policía municipal, pero ante su incapacidad y la naturaleza del actor criminal, esta es relevada) justifica plenamente el objetivo expresado, pero ofrece también la impresión, de una modificación improvisada del mandato y sus objetivos originales, comprometiendo con ello su eficaz funcionamiento por la falta de una planeación adecuada y porque se adicionan objetivos que no parecen apropiados para un cuerpo de élite; por ejemplo, ha intervenido en el caso de afectación civil por problemas naturales como huracanes (Los Cabos) y depresiones tropicales, u otros (Hospital Infantil en Cuajimalpa) lo que antes hacía el ejército mexicano (Planes DN).

Pero, además, está integrada a la Policía Federal (forma la 7ª división), no como un cuerpo semi-autónomo, lo cual tampoco fue parte de la concepción original de ella. Lo errático es la norma. Se mantiene el principio de centralización del mando como criterio estelar, pero ello no necesariamente le ha dado solidez institucional y operativa.

Consideramos que su labor estratégica debe ser con amplitud y precisión, reforzar la Seguridad Interior, aunque este objetivo central está demasiado difuso por lo antes expuesto, sin embargo, basta revisar algunas de las principales acciones en las que ha intervenido, directa o indirectamente, para normar nuestro criterio sobre su pobre desempeño: ante las nuevas ofensivas de la criminalidad transnacional, en Valle de Bravo (alto índice de secuestros que derrumbó la asistencia a este centro turístico); en Michoacán (a pesar de que, el Comisionado Federal estableció que su presencia no era necesaria, finalmente se incorporó a la persecución de Servando Gómez “la Tuta”); en Jalisco (en el poblado de Ocotlán, por miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación, con cinco bajas, 11 en total, 4 transeúntes); en Guerrero (en donde se incorporaron a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y luego, de sus familiares, finalmente, asumieron las tareas de seguridad pública en Iguala); en la Ruana, Michoacán, en donde presenció pasivamente; en Acapulco, el enfrentamiento entre los contingentes de autodefensas comandados por Hipólito Mora y Luis Antonio Torres “el Americano”, formalmente integrado a la Fuerza Rural, en donde hubo 10 muertos, luego, custodiaron la seguridad de la Convención Nacional Bancaria (CNB). Apréciese la heterogeneidad de sus funciones (orden común y seguridad interior) y los escasos resultados, con lo cual, ningún mexicano puede estar complacido, al contrario.

Su operatividad regional, aumentando la rapidez, intensidad y agilidad de sus desplazamientos, apoyada en un trabajo de inteligencia de alta manufactura, y con una coordinación máxima con el ejército y la armada de México, debía ser fundamental ante la permanente redistribución del control de plazas y rutas, así como, en cuanto al rediseño constante de las alianzas del crimen transnacional en las propias regiones y subregiones de México, es decir, ante los cambios del mapa delictivo. Pero el gobierno federal sigue empeñado en el monopolio exclusivo del manejo y operación del tema de la seguridad aunque sin la eficiencia necesaria

La Gendarmería se dijo, “regresaría al ejército a los cuarteles”, falso de toda falsedad, ni ha sido así ni podía ser así, está haciendo funciones de apoyo y sustitución en diversos casos para que el ejército y la armada se concentren en la guerra contrainsurgente con las estructuras operativas del crimen transnacional, sus núcleos armados centrales (dotados de armamento pesado) y sus entornos sociales de legitimidad y apoyo existentes. Es aquí en dónde y cómo, se integra el rol de la Gendarmería a la nueva estrategia de combate al crimen organizado.

Es imperativo debatir abiertamente esta concepción (Plan COIN) y ofrecer alternativas, para ejercer la capacidad de dar la lucha ideológica como forma superior de lucha por el poder en un tema crucial para la sociedad, y que seguirá causando estragos. Pero, si partimos de su negación oficial o inexistencia, queda sólo sufrir sus efectos y protestar.

5.- Todo lo anterior inserta plenamente a México en la llamada por G.W. Bush “cruzada mundial contra el narco-terrorismo”, una variante del terrorismo a secas, que, como indica también con agudeza la autora Pilar Calveiro en su libro “Violencias de Estado” (2012: 92), es un concepto que juega el papel de “proveer a las potencias de un enemigo y un escenario de guerra hipotéticos, que justifique cualquier intervención militar”. Dicho en otra forma, es bajo la rudimentaria ideologización empleada por el ex presidente, con lo cual se adentra a México “en la monumental lucha del bien contra el mal”. La “Doctrina G.W. Bush” a plenitud.

El concepto de narco-terrorismo entonces, fusiona en sí mismo, la conceptualización estadounidense de la guerra contra las drogas y al crimen organizado, con la lucha internacional contra la ofensiva global de corte islámico, fundamentalista y radical, y se lo implanta en América Latina para ambas tareas estratégicas, pero también, para sofocar la insurgencia por el cambio social, como eje de sus políticas de seguridad nacional y de su doctrina estratégica de reconstitución hegemónica, en un escenario global modificado en sus correlaciones de fuerzas, no favorables, y le obliga a distintos replanteamientos.

Pero además, las formulaciones de la inteligencia estadounidense son completas: debemos a Gilberto López y Rivas un análisis de las bases filosóficas y conceptuales de la contrainsurgencia estadounidense, bajo la experiencia de sus aplicaciones en Afganistán e Irak, mediante especialistas en antropología y otros científicos sociales (incluidos en las sesiones de interrogatorios y torturas) insertos en las unidades de combate del ejército americano, coadyuvando con sus opiniones en las operaciones contrainsurgentes. El trabajo base de todo ello es el de la antropóloga Montgomery McFate y su programa denominado “Sistema Operativo de Investigación Humana en el Terreno”, cuyo axioma central es que “la antropología puede más que la artillería”, la cual el autor citado denomina “antropología mercenaria”, todo, contenido en el Manual de Contrainsurgencia antes mencionado, el “FM-3-24” adaptado a las condiciones de América Latina y con el cual se capacita a los militares latinoamericanos.

Esta parte táctica de la doctrina militar de EUA es aplicable a los llamados “enemigos irregulares asimétricos”, encuadrados en un entorno de “operaciones macro en donde se promociona el desarrollo económico, la gobernanza, el imperio de la Ley (que son variables ausentes en México). No es complicado encontrar contradicciones y polarizaciones casi irreconciliables en las variables sociales mencionadas, todo ello, aplicable a lo que dicha doctrina militar llama eufemísticamente en cuanto a su aplicación, la “nación huésped”. Uno de los parámetros de guerra que consigna el manual es “el uso combinado de las fuerzas de combate (soldados y marinos), con habilidades asociadas con frecuencia a agencias no militares. Ello supone la cooperación y coordinación intergubernamental del Departamento de Defensa con las demás agencias de la llamada “comunidad de inteligencia” (CIA, DEA, FBI, etc.) y, también, con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Estado, entre otras. También resalta en el Manual mencionado, la necesidad de que las campañas de contrainsurgencia cuenten con “fuerzas flexibles, adaptables a las distintas circunstancias en un país dado, con líderes castrenses ágiles, bien informados y astutos culturalmente”. Es decir, capaces de entender ”las culturas de los “nativos” que se rebelan contra el orden establecido”, o que atacan “al orden establecido” (agregaríamos nosotros) como es el caso del crimen transnacional (“Como Opera la Contrainsurgencia del Pentágono”, 6 de agosto, 2014, http://www.contrainjerencia.com/?p=88714 )

En los años más recientes, los Planes de Contrainsurgencia aplicados en México, no sólo han provenido desde el ejército mexicano, sino que han sido concebidos por organizaciones universitarias extranjeras, está el trabajo publicado por el CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas Asociación Civil) del Estado de Chiapas, en donde se hace una descripción de los términos y elementos de su aplicación contra el EZLN (“La Contrainsurgencia en Chiapas”, Hidalgo, Onésimo, 29 de mayo, 2003, http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/ciepac.htm ). Y así mismo, en el caso de la Sierra Norte de Oaxaca, por parte de las llamadas “Expediciones Bowman” bajo el proyecto hecho por especialistas de la Universidad de Kansas (EUA) denominado “México Indígena” durante el año de 2006. (18 de Agosto de 2014, Bessi y Navarro, http://subversiones.org/archivos/30901). Incluso, en la ciudad de México (Ferrer Miguel Ángel, “Contrainsurgencia estilo Mancera”, http://elsoldesanjuandelrio.com.mx/elsoldemexico/notas/n3017688.htm ).

Finalmente, afirmamos, que dicho programa, es un nuevo instrumento de intervención y de violación de la Soberanía Nacional con cierta anuencia local (ante su evidente ineficiencia e incapacidad), un programa genéricamente elaborado (para su adaptación concreta) por el general David Patraeus (que estuvo en México, dijimos antes), director de la CIA desde junio de 2011, y excomandante de las tropas aliadas en Afganistán, construido en el contexto de la concepción de las “guerras de baja intensidad” y de las “guerras preventivas” propias de la llamada “Doctrina Bush”, modificadas en ciertas formas y contenidos, pero sostenida en lo sustancial, por la “Doctrina Obama”, por sus “guerras secretas” y sus ejércitos paramilitares apoyados por el Pentágono y la NSA, con reorientación estratégica hacia la región asiática.

Nadie, responsablemente podría afirmar, que sea sencillo llevar un proceso de disenso en políticas de seguridad desde México con EUA, o que no conlleve riesgos, pero si no hay ni la voluntad política ni la concepción y estrategia alternativas, mucho menos aún será posible el cambio. En esta posibilidad, los especialistas que hay en el gobierno, deben no sólo disentir, sino procesar una ruta de riesgos calculados, de equilibrios recíprocos. Lo que sí es más que evidente, es que ya hemos puesto en la balanza como país una cuota muy alta de desestabilización, recursos financieros y sangre de nuestros compatriotas (ciudadanos, policías y militares, mujeres y niños). Urge anular este escenario nefasto.

Es muy complejo –decíamos- el disenso en esta materia, pero lo peor es que nada indica que los últimos tres gobiernos se lo hayan planteado, ni siquiera teóricamente. Seguir en la misma ruta, sólo aumenta el ya altísimo costo nacional, que tampoco nada garantiza, sea un proceso político que no pueda descarrilarse de las instituciones y del control gubernamental y crear una situación inédita en la vida política dentro de nuestras últimas décadas, como ya ha habido manifestaciones regionales evidentes en tal sentido. El riesgo es demasiado alto. El cambio urge. Es un tema de urgencia nacional.

Con todo lo antes referido y evidenciado, podemos entender con claridad que históricamente el posible siguiente paso pensado para México desde EUA es un Tratado militar trilateral que integre a México, con todos los grilletes necesarios, dentro de la órbita militar estratégica de EUA en su lucha por la reconstrucción de su hegemonía, frente al ascenso de las nuevas potencias regional-globales (China, Rusia).

En consecuencia, observamos cinco debilidades sustantivas del COIN mencionado:

1. Se trata de una estrategia que mantiene como eje del combate a la criminalidad transnacional, las operaciones militares, bajo la cobertura de un entrenamiento contrainsurgente, y de un incremento de la ayuda en equipos militares y armamento desde EUA.

2. Se actúa sobre el entorno social de las bases de legitimación o apoyo de las organizaciones criminales, con planes de promoción social, como mecanismos de contención y aislamiento político-militar del núcleo de dirección criminal, para facilitar su destrucción.

3. No se enmarcan tales planes de asistencia social, dentro de un Plan de Desarrollo Regional que requeriría mayores recursos y ajustes en el modelo económico actual para descentralizar las iniciativas de crecimiento y bienestar social, sino, como parte del programa militar.

4. La dependencia de México en cuanto al manejo de información de inteligencia aplicada a las operaciones en el terreno policiaco militar, está en manos de los comandos estratégicos ubicados en EUA, que son los verdaderos estrategas de dicha lucha, por lo que el ejército, la armada, la gendarmería y la policía federal carecen de una planeación autónoma en el terreno militar, dado que ella está determinada por la información de inteligencia suministrada externamente.

5. El Plan de Contrainsurgencia relega a segundo plano, o simplemente no toma en consideración, la necesidad de un cambio en la concepción de la temática del crimen transnacional, de la implantación de un nuevo paradigma del cual se derive una nueva estrategia (necesidad reconocida por el Secretario de Gobernación en su discurso ante la ONU, 8 de mayo 2015), sino que incorpora variantes a una concepción y política estratégicas anti-crimen que han probado su fracaso en lo esencial (destrucción o derrota del enemigo) y que ello ha sido reconocido en primer lugar en los propios EUA.

Por lo tanto, México debe avanzar en la conformación de una concepción, un paradigma y una estrategia que parta de las diversas causalidades estructurales que han dado históricamente origen internamente a la problemática: en lo económico, lo político, lo social, lo regional, lo jurídico y lo cultural. La estrategia actual es una nueva imposición que lesiona, de nueva cuenta, gravemente nuestra capacidad soberana y debilita al Estado Nacional y a la propia institución militar. Pero ello será imposible si el objetivo primario desde el gobierno es no perder ni compartir el control y el poder en el diseño e instrumentación de la política anti-crimen antes que sustraer a la Nación mexicana del actual escenario tan lamentable. En tal situación, debe desplazarse el eje de la acción estratégica hacia la ciudadanía organizada.

El Primer Vínculo Extraordinario

La búsqueda y encuentro, real o ficticio, sospechado o comprobado, entre alguno de los grupos izquierdistas que en México han asumido la vía armada como proceso hacia el cambio social y el crimen transnacional, es decir, la simbiosis “narco-guerrilla”, nuevamente sigue la lógica de investigación, inteligencia y combate militar mediante operaciones encubiertas del gobierno estadounidense, en Oriente Medio y en Sudamérica (Colombia).

En esa postura están hoy también, los organismos de seguridad e inteligencia (incluyendo los militares) de ambos lados de la frontera: sur de los EUA y norte de México. Es extremadamente complejo logar acceder a información ultra secreta, y la que exista ya, ultra clasificada, de manera que necesariamente debemos trabajar con la muy escasa información accesible y con hipótesis derivadas de nuestro instrumental analítico puesto en acción.

Uno de los líderes políticos más explícitos con este planteamiento (vínculo narco-guerrilla) y hecho públicamente, es el gobernador del Estado de Morelos Graco Ramírez, pero además, asumiendo la perspectiva insurreccional, quien afirma:

“(…) ese fenómeno es el que vive la guerrilla en Colombia, hay un sector de la guerrilla que ya se confunde con el narco para sobrevivir. Aquí se está generando ese vínculo, evidentemente, o es por la acción de los policías delincuentes y de los delincuentes incorporando este elemento Ayotzinapa al escenario, o por deliberada decisión o por casualidad, no creo en las causalidades, pongamos en las dos, el resultado es el mismo: metes a un sector y una franja que tienen otra visión de la lucha política, y que se siente agraviado, que se siente golpeado con toda razón, pero empieza en un país en donde hemos caminado en la lucha por la democracia y el voto, se empieza a generar una especie de visión insurreccional y las redes han sido muy importantes en este sentido (….) en ellas se observa perfectamente que una narrativa y todo un discurso de la insurrección política, de la revolución blanda. Te aseguro que si no cambiamos la estrategia en un año vamos a enfrentar guerrilla urbana en muchas partes del país”. (15 de diciembre, 2014, El Universal, http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/guerrilla-y-narco-con-vinculos-graco-ramirez-1061964.html )

Varias cuestiones surgen de su lectura y reflexión:

1. el vínculo narco-guerrilla es para la segunda, una vía de sobrevivencia;
2. ello, es un proceso en curso;
3. se ha producido por la vía de que la criminalidad incorpora al factor político armado dentro de una especie de alianza tácita, en donde cada grupo tiene sus propias razones e intereses;
4. juntos, empiezan a compartir y desarrollar una perspectiva insurreccional para México, que existe también en las redes sociales masivamente, lo cual es contrario al proceso de transición política a la democracia recorrido por nuestra sociedad;
5. la visión insurreccional en las redes sociales, presagia la aparición de la guerrilla urbana muy pronto, de no cambiarse la “estrategia actual”.

Entendemos, que en esta última parte, se refiere a romper esta alianza de conveniencia narco-guerrillera. Finalmente, en dicha entrevista, plantea una solución de doble vertiente: llegar a la verdad sobre los vínculos de la alianza narco-guerrillera y la legalización de la marihuana, cambiando “el paradigma sobre el narcotráfico”, para aislar a un sector importante de la criminalidad y generar formalidad económica en donde hoy hay informalidad.

Como se aprecia claramente, este discurso de la alianza narco-guerrillera es plenamente funcional al programa contrainsurgente en vigor, es complejísimo negar o afirmar tal hipótesis (el gobernador no ofrece ninguna evidencia), otra vez, el supuesto se basa en y se invoca la experiencia colombiana, en la versión de los gobiernos colombianos y de los servicios de inteligencia de EUA. Es funcional, decimos, porque justamente lo legitima conceptual y políticamente, y valida la estrategia militar de contrainsurgencia en vigor y de doble proyección: guerrilla izquierdista en México y crimen transnacional.

Bajo esa perspectiva, ni el tema de la insurrección armada como vía para el cambio social, ni el combate a la criminalidad transnacional, tiene otra salida que no sea la derrota militar, el exterminio de las organizaciones que protagonizan ambos tipos insurreccionales, pero tampoco, hay posibilidad de luchar por y obtener una gran reforma social para México, sino solamente poner en marcha aquellos programas asistenciales o compensatorios que den cobertura a la ofensiva militar en curso expansivo.

El acierto del gobernador de Morelos es hablar de la necesidad de un nuevo paradigma sobre este terrible problema nacional, pero, otro error es considerar que ello se concreta en la legalización de una parte de la oferta criminal de estupefacientes, y pequeña en cuanto al pool de servicios y actos criminales que caracterizan a las organizaciones delictivas transnacionales (me refiero a los más de 20 tipos de crímenes que practica la criminalidad, el tráfico de cannabis es sólo uno de ellos), lo que implica una visión muy estrecha del cambio de paradigma necesario; pero un nuevo acierto es la perspectiva de una mayor generalización de la violencia que desestabilizará a las grandes ciudades, como ha sucedido ya en reiterados episodios, por ejemplo, en Monterrey.

La consecuencia de este enfoque general es: el baño de sangre continuará, los eventos trágicos en donde se victimiza colectivamente a la población civil indefensa, con la muerte o la desaparición forzada, seguirán como una de las perspectivas políticas más probables para nuestra sociedad, en detrimento de los derechos humanos, de la legalidad constitucional. La inmensa mayoría queremos la paz y el cambio pacífico, pero no llegarán solos.

Hay dos variantes más: la primera, los vínculos, también en investigación o ya comprobados –dependiendo de quién ofrezca testimonio- entre los movimientos populares y la guerrilla izquierdista mexicana.

Quizá los casos, precisamente más difundidos desde los tres gobiernos mexicanos últimos, han sido, el caso justamente de los alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, la CETEG, la CNTE y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Guerrero, así como, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la CNTE en Oaxaca, en ambos casos, con el ERPI y el EPR, esencialmente.

Nuevamente, bajo tal discurso político desde el poder o los medios de comunicación poco o nada críticos, el Programa Contrainsurgente es el más apropiado para enfrentar tales amenazas al Estado Mexicano, y a sus gobiernos en turno, no obstante sus intolerables costos sociales. Por ejemplo, un periodista como Raymundo Rivapalacio, que ha filtrado información desde organismos de seguridad e inteligencia del gobierno, comentó recientemente:

“El 29 de octubre de 2006, fuerzas federales entraron al Centro Histórico de la capital de Oaxaca y rompieron las barricadas con vehículos antimotines (….) con lo que se terminó con un conflicto de cinco meses mediante el cual la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca quiso derrocar al gobierno de Ulises Ruíz (…) Oaxaca sirvió como laboratorio para probar estrategias de guerra de guerrillas urbanas al EPR y empezar su rearticulación nacional. El trabajo del EPR en Oaxaca lo encabezó Constantino Alejandro Canseco Ruíz, el comandante José Arturo, miembro de una de las tres familias fundadoras de la guerrilla, captado varias veces por las cámaras del CISEN dando instrucciones en las movilizaciones (…) en esa coyuntura, el EPR infiltró organizaciones fachadas en la APPO y activó sus liderazgos dentro de la dirigencia magisterial, para tomar el control del movimiento (…) Veintitrés organizaciones fachada y 17 ‘asambleas populares’ fueron creadas en Oaxaca, que reprodujeron en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis y la ciudad de México. Fue el comienzo de la construcción del ‘Poder Popular’ que trasladarían al nivel nacional” (El Financiero, 5 de Junio, 2015).

Un planteamiento que ameritó respuesta del propio EPR (el documento se titula” Al Periodista Raymundo Rivapalacio”) quien difundió su versión de los hechos “ateniéndonos al derecho de réplica y para desmentir lo que constituye una mentira y por consecuencia una calumnia”, agregando también, en otra parte de su argumentación escrita, que “se desvincula de cualquier movimiento social” así como de cualquier “organización criminal”. (Garrido Raúl, Periódico Los Angeles Press, 10 de octubre, 2013). Obviamente, para el EPR el paradigma político-militar de lucha es la estrategia de Guerra Popular Prolongada (GPP), dentro de cuyo periodo caben distintas variantes a partir de la fusión del partido político con la estructura armada del movimiento social.

Pero el tema, es que tales versiones equívocas o verdades (no lo sabemos) permiten englobar a todos los grupos armados sin distingo de su origen, naturaleza social y objetivos, en la estrategia de contrainsurgencia, con las modalidades tácticas que cada caso amerite, que para eso están, no sólo los militares, sino los antropólogos, al concebirlos como “organizaciones insurgentes narco-terroristas” bajo una conceptualización ideologizada y construida en el Pentágono y la NSA de los EUA, con todas las piezas antes comentadas. Se trata de todo un engranaje para poner en marcha una maquinaria político-militar.

El Segundo Vínculo Concebido

Esta otra imbricación social supuesta, se refiere a los posibles vínculos entre policías comunitarias y/o autodefensas con las guerrillas izquierdistas y/o el crimen transnacional en diversos Estados del país, articulaciones reales o ficticias, según sean las fuentes y evidencias que se ofrezcan.

Refiriéndose al CISEN, el periodista James Bargent, afirma:

“Según los documentos de la agencia de inteligencia (….) varias figuras importantes en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), una organización de policía comunitaria ubicada en el estado costero del Pacífico de Guerrero, trabajan con el grupo guerrillero de izquierda, el Ejército Popular Revolucionario (EPR). El documento identifica a cuatro personas -un asesor legal del CRAC, un reclutador, un organizador de diez grupos de policía comunitaria y un miembro responsable por la creación de las fuerzas de policía comunitaria en 23 pueblos- como "promotores" del EPR. El informe también afirma que el brazo armado del EPR está siendo desplegando en los bastiones del CRAC en el estado. Según la evaluación del informe, la estrategia del EPR es construir conexiones entre ellos, la policía comunitaria y los movimientos sociales, como los sindicatos radicales de maestros“. (“¿La Policía Comunitaria de México tiene vínculos con la Guerrilla”?; 9 de Enero, 2014, http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/la-policia-comunitaria-de-mexico-tiene-vinculos-con-la-guerrilla).

El surgimiento de las autodefensas en Michoacán es geográfica y cronológicamente precisa: emergen en este contexto y conforman el perfil de un actor que altera el cuadro de las disputas criminales, sustituye en alguna forma y medida al actor estatal extremadamente debilitado y penetrado por la criminalidad, pretendiendo reforzar el “polo de la autoridad pública”.

En un estudio muy documentado, Luís Hernández establece sobre las autodefensas:

“Nacidas originalmente de la confluencia de intereses de los grandes agricultores privados, del Ejército, y muy probablemente de cárteles rivales de los Caballeros Templarios, las autodefensas michoacanas se transformaron muy rápidamente en una movilización social armada, con fuerte contenido popular. Al calor de ella, la reivindicación de autodefensa indígena en la entidad se recompuso. Aunque nunca han sido un movimiento contra el gobierno (....) Las autodefensas se convirtieron, en los hechos, en un ejército informal. No sólo defendieron sus municipios, sino que emprendieron ofensivas militares sobre el territorio controlado por los Templarios”. (Hernández Navarro Luis: “Hermanos en Armas”, 2014, p. 34)

Sin embargo, consigna también como antecedentes directos, la propia aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en diciembre de 1994, como influencia externa, y regionalmente, la formación en 2008, en la comunidad purépecha de Nurío, la guardia comunitaria que funciona hasta nuestros días; luego, en 2009, lo mismo en la comunidad nahua de Ostula así como, en la comunidad de Cherán, y la máxima influencia regional, fue a partir del Congreso Nacional Indígena (CNI) que mediante el Manifiesto de Ostula, reivindicó el derecho a la autodefensa indígena, en junio de 2009, lo cual se extendió a otras comunidades indígenas, como los nahuas de Ayotitlán (2012), teniendo como entrono, a grupos d pistoleros armados al servicio de las grandes empresas mineras. Emergieron dos grandes razones más para su proliferación: la lucha contra el despojo de sus recursos naturales por las propias empresa mineras extranjera y nacional, así como la injerencia con fines de control y exclusión, de las organizaciones criminales con el tema del comercio ilícito de drogas.

Me permitiría agregar un factor interno más: la política de “cambio de estrategia” anunciada por el entonces candidato electo Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, a instancias de las aportaciones que pudiera hacer su consejero estrella en la materia: el general colombiano Oscar Naranjo, ex jefe de la Policía Nacional (con 167,000 efectivos y armamento estratégico en abundancia, fue llamada “un ejército dentro del ejército”), conocido por sus éxitos de alto costo en vidas y un amplio legado de víctimas, contra los cárteles de la cocaína en Colombia y contra la insurgencia armada izquierdista, de “línea dura”, quizá el mejor discípulo de los organismos de seguridad e inteligencia de los EUA (incluyendo a los militares) durante su larga actuación en Colombia (más de 10 años), quien declaró a su llegada a México:

“(…) no habrá pacto ni tregua" con los cárteles mexicanos de la droga y señaló que la coordinación será un factor determinante en la nueva estrategia contra el crimen que aplicará el gobierno entrante” Añadiendo que: “los ‘cambios estructurales’ que impulsa Peña Nieto en materia de seguridad apuntan a que la Secretaría de Gobernación logre armonizar las capacidades contra el crimen de los municipios, los estados y las autoridades federales a fin de que ‘se superen graves niveles de desconfianza y descoordinación interagencial’, además de que: “ se desarrollarán estrategias diferenciales contra el crimen”. (General Oscar Naranjo, “Ni Pacto ni Tregua con ningún cártel”, 3 de Diciembre, 2012, http://www.vanguardia.com.mx/generaloscarnaranjo;nipactonitreguaconninguncartel-1429834.html ).

Máxima coordinación intergubernamental; inteligencia en profundidad para darle prioridad a las operaciones de carácter quirúrgico, no masivas; y estrategias diferenciales contra del crimen, parecían ser las tres columnas de la anunciada “nueva estrategia”, a la que se sumó el cuarto soporte: la creación de la Gendarmería Nacional, una policía nacional militarizada con objetivos y perfiles muy definidos. Es muy probable que en el fondo de todo ello, esté la doctrina de contrainsurgencia diseñada en el Pentágono, en la cual Oscar Naranjo es un especialista consumado.

Porque, en el General Oscar Naranjo Trujillo, son también muy conocidas sus tácticas de enfrentar a los cárteles de la cocaína en Colombia, mediante cinturones de grupos paramilitares bajo órdenes de la Policía Nacional (en otro nivel, del Ejército y los generales estadounidenses), y la arbitrariedad contra las poblaciones en los territorios escenarios de desplazamientos policiacos-militares y combates, sin ningún reparo en la seguridad humana. En Colombia los grupos paramilitares llegaron a rebasar las 100,00 personas armadas que se agruparon en la coordinadora llama Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consideradas casi unánimemente, como grupos de “extrema derecha”.

Nos dice la analista mexicana San Juana Martínez refiriéndose a Oscar Naranjo:

“Entre los hechos deleznables que se le atribuyen está el arresto de 182 personas en un operativo a quienes secuestró e incomunicó sin respetar sus garantías individuales. Algunas de estas personas permanecieron en presión más de dos años, según informó el periódico El Universal de Colombia. Entre las detenciones masivas realizadas por el general Naranjo son famosas las de las regiones como el Cauca, Valle del Cauca y Risaralda.” (“El oscuro historial del general Naranjo”, 10 de septiembre, 2012, http://foroparalelodemilenioelotroforo.blogspot.mx/2012/09/san-juana-martinez-el-oscuro-historial.html )

Entonces, por lo menos, un personaje extremadamente polémico, con un historial, nefasto o encomiable, dependiendo desde el ángulo político-ideológico y cultural que lo analicemos, en su trayectoria, pero que sin duda, tuvo una gran influencia en lo que se hizo en los dos primeros años del gobierno de EPN en materia de confrontación con las organizaciones transnacionales del crimen, desde su posición como asesor personal de EPN.

Él mismo, en entrevista refiriéndose a los grupos paramilitares denominados autodefensas en su país, indica reveladoramente:

“Los grupos paramilitares, de la forma como fueron concebidos al final de la década pasada, ya no existen. Hoy nos encontramos frente a organizaciones que luchan por apropiarse de los mercados del crimen que dejaron esas estructuras. Y se valen del conocimiento acumulado por las cadenas de narcotraficantes. En otras palabras, hoy se puede afirmar que son una expresión típica del crimen organizado narcotraficante. Por eso personajes como Daniel Barrera, como los hermanos Calle o Valenciano y alias Sebastián, son objetivos de alto valor que deben ser sometidos”. (“El general de los generales”, 10 de Septiembre de 2011, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-general-de-los-generales-articulo-298350 )

Hay dos afirmaciones que parecen perfilarse mediante razonamiento inferencial con claridad y precisión: las autodefensas en la experiencia colombiana, cursan dos etapas, una, la inicial, cuando son útiles, otra, más cercana a la actualidad, cuando pierden su perfil original y se vuelven correas de transmisión del crimen organizado, por lo que deben ser sometidas, exterminadas. A esa primera etapa se refiere diciendo “de la forma en que fueron concebidas”, es decir, es claro que fueron una construcción social necesariamente de alguien (como grupo social) con poder para ello, no producto de un proceso espontáneo, un instrumento de una instancia de poder para objetivos precisos. Y las posiciones que él ha desempeñado del más alto nivel, en las estructuras policiaco militares y en el combate a la criminalidad transnacional, lo hacen un actor muy probable a tener un lugar determinante en dicha construcción. Estamos dentro de un razonamiento lógico, no de una evidencia tangible, que por lo demás, sería extremadamente complejo obtener, dada la naturaleza del caso.

En consecuencia, no podemos descartar su mano y su iniciativa intelectual, en la parte que el mismo Luis Hernández Navarro, llama de “confluencia de intereses”, más la necesidad objetiva de la creación de las autodefensas desde la realidad social que se vivía hacia febrero de 2013, cuando deciden crearlas en Coalcomán y Tepalcatepec, subvencionándolas económicamente mediante contribuciones de agricultores, comerciantes, ganaderos, muebleros, restauranteros, etc. sin la oposición frontal del gobierno local o federal, y luego, desarrollando acciones armadas conjuntas con ellos, por parte del ejército federal. Entonces, todo indica, que en el curso de su desarrollo y fortalecimiento, tales grupos ganan en autonomía, en capacidad de decisión, de contenido netamente popular, de soporte financiero y de combate militar, y se salen del control del gobierno federal, para quienes fueron funcionales a sus necesidades y objetivos de contención ante una criminalidad extensiva y también, altamente empoderada, pero, ya instaladas en ese nivel las autodefensas, no podían dejar que se autonomizaran, se auto-movilizaran y crearan objetivos estratégicos propios.

Sin embargo, hay también una modalidad que puede convertirse en emergente, pero que contraviene los supuestos del gobierno, de sus órganos de inteligencia, sobre los vínculos crimen-organizaciones de autodefensa:

“(…) algunas asociaciones de empresas en Guerrero se reunirán con grupos de autodefensa con el fin de discutir la mejor forma de combatir la extorsión; una marcada diferencia con el enfoque agresivo adoptado contra estas organizaciones paramilitares en otras partes de México. Fernando Meléndez Cortés, presidente de la asociación empresarial COPARMEX en el municipio de Chilpancingo, dijo que ha habido un aumento en la extorsión, con un promedio mensual de 350 empresas cerrando sus puertas y 800 puestos de trabajo perdidos.”

(Mario Carrillo: “Grupos de Autodefensa en México Entrenan a Empresas para Contrarrestar Extorsión”, junio 19, 2013, http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/grupos-de-autodefensa-en-mexico-entrenan-a-empresas-para-contrarrestar-extorsion)

Todo lo anterior nos revela que estamos en presencia de una ofensiva militar general de corte contrainsurgente, bajo cuya lógica el gobierno actual, siguiendo los enfoques y concepciones del gobierno estadounidense, encuadra a todos los grupos que hoy se han armado de diversas maneras y por muy diferentes causas en México, pero también, a los movimientos populares opositores pacíficos a los que conceptualiza genéricamente como “frentes de fachada” de organizaciones guerrilleras, lo cual complica en extremo la misma lucha pacífica y de masas, porque bastará que se afirme que son movimientos infiltrados, para que se vuelvan objetivos de la represión, incuso militar, es decir, se trata de un enfoque que pretende cancelar en la práctica la lucha social por cualquier cambio por mínimo que pueda ser, por lo que podemos concluir racionalmente, que México vive un Estado de “guerra interna” más o menos extendida en distintas regiones, parcial aún, sí, pero que avanza gradualmente hacia otros territorios y zonas del país. Probablemente cabría el concepto de “estado pre-insurreccional”, frente a lo cual, hay una respuesta militar transnacionalmente concebida y aplicada localmente por las autoridades actuales. No se está dispuesto a acudir a la política y a las concesiones populares como fórmula de gobernanza, sino a la cerrazón y a la milicia como formas de pacificación forzada en el corto y mediano plazo.

Lo antes expuesto ofrece testimonio analítico de una conducción política errática del gobierno actual, con un rumbo estratégico difuso en el urgente y muy delicado tema de la seguridad y frente al inmenso malestar social, ante todo lo cual, su eje articulador, la contrainsurgencia generalizada, no parece poder ofrecer los réditos que el gobierno necesita. El estado de cosas está en camino de descarrilarse, es necesario detenerlo a tiempo con la política como disciplina científica de la conciliación de los intereses sociales encontrados y del ejercicio de la Soberanía y de la Autodeterminación de los Estados.

Es evidente que los planteamientos oficiales, mediáticos y de algunos seudo-analistas sobre vínculos estrechos (hipotéticos o reales) entre la guerrilla izquierdista mexicana y la criminalidad transnacional, o entre las autodefensas y policías comunitarias con estos dos actores antes mencionados (guerrillas y criminales), ofrece cobertura política e ideológica (habrá casos en que no se lo desee) a la generalización de la actual ofensiva contrainsurgente como respuesta a la problemática de los grupos armados en México, así como a las causas sociales diversas que les dieron origen y desarrollo, convirtiendo dicha visualización de conjunto, en funcional a la seudo-conceptualización de “insurgencia narco-terrorista”, a su programa en curso en México y a su estrategia operativa de carácter militar, que ha generado una ofensiva expansionista que ataca diversos objetivos militares según la subregión y que afecta gravemente a la población civil y a las propias instituciones nacionales (incluyendo las armadas).

Y si todo esto es así, ¿por qué México dijo recientemente en la ONU que está abierto a un cambio de políticas sobre drogas, incluyendo su eventual legalización parcial? Pareciera un contrasentido, pero no lo es. En primer lugar, porque la estrategia contrainsurgente no está dando los resultados esperados de corto plazo y ha provocado conflictos sociales y humanitarios muy grandes con severo impacto internacional, resultados que le urgen al régimen para recomponer su tan cuestionada y malograda legitimidad. Luego, la clave está en la economía: la apetitosa y tan esperada apertura energética, tiene como uno de sus diques poderosos, no sólo el cambio de coyuntura en el mercado mundial del petróleo, sino también, la violencia extrema, la inestabilidad político-social y el control territorial de la criminalidad en ciertas subregiones con riqueza petrolera y gasera, un entorno social desfavorable para la inversión foránea. Hay empresas transnacionales que han tenido que pactar con la criminalidad para operar sus negocios (las mineras canadienses en Michoacán, en Sinaloa, empresas de servicios petroleros en Veracruz y Tamaulipas, etc.), lo que llevó al Embajador de EUA en México a afirmar que la violencia criminal inhibe la inversión extranjera, porque aumenta exponencialmente los costos a incurrirse en seguridad por parte de las empresas, y porque crea un ambiente impropio para ella.

La sociedad mexicana, la intelectualidad progresista, los partidos de la izquierda mexicana, la ciudadanía organizada, y los sectores sociales (privados y públicos) con mayor visión de la situación actual de emergencia en materia de seguridad y combate a la criminalidad, no pueden ni deben dejar pasar la oportunidad brindada por el próximo encuentro y debate de alto nivel a celebrarse en la ONU sobre política de drogas, los días del 19-21 de abril del próximo año (UNGASS, 2016), así como, en los debates sociales y de búsqueda de alternativas en la próxima legislatura en México previos al evento, para gravitar políticamente, impulsando un cambio sustantivo en la materia. Es un tema crucial para el futuro de nuestro país. Es necesario romper el monopolio actual del Poder Ejecutivo en la materia, más aún, si éste ha sido ineficiente, equívoco y de costos sociales múltiples y exorbitados y posicionar la voz y concepciones ciudadanas.

No olvidar la montaña de cadáveres y de desapariciones forzadas, de destrucción del tejido social y de la institucionalidad nacional, sobre todo lo cual se asienta y actúa hoy al relevo una política de contrainsurgencia que ha incrementado ad infinitum la cuota de sangre de la sociedad mexicana. Esto es lo que debemos colectivamente detener de manera urgente y cuya convocatoria es imperativo llevar a todos los rincones del país.

Junio, 2015.







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