China: la gran depuración
Ígor Pankratienko
En 2012, cuando la dirección del Partido propuso implantar en el país un sistema para hacer pública la información sobre bienes de los funcionarios y controlar la objetividad de esos datos, contra esa propuesta votó el 98,7%, casi todos los delegados de la Asamblea del Pueblo de Toda China. Eran esos los "datos primarios", al momento de encabezar la nación el Presidente Xi. La magnitud de la amenaza exigía una respuesta a gran escala, y no se hizo esperar.
Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping se lleva a cabo en el país la "Gran Depuración", de escala comparable con la época de Mao Zedong. Funcionarios del Partido y del Gobierno esperaban que la guerra contra la corrupción, que libra la nueva generación de líderes chinos bajo el lema de "combatir la degeneración del PCCh", fuera sólo otra campaña más. Que todo eso se había concebido para eliminar a los clanes más influyentes, opuestos a la dirección del país. Esas esperanzas no se cumplieron.
El arresto por cargos de corrupción en el 2013 y la sentencia de cadena perpetua dictada contra Bo Xilai, el poderoso secretario del Comité Urbano del Partido en Chongqing, no resultó ser el final de las purgas, sino su comienzo. Después, las limpiezas alcanzarían al Buró Político, al ser detenido Zhou Yong Kang, quien atendía todos los organismos armados del país. Se extendieron al santuario de la política china: el Ejército y la Seguridad del Estado. Y hoy, siguen ampliándose de manera gradual, abarcando casi todas las corporaciones del Estado, instituciones del Gobierno y estructuras de la esfera ideológica: el Ministerio de Cultura y la Televisión Central.
Por supuesto, en los expedientes sobre corrupción está presente un componente político eliminar a rivales y a individuos leales a los hasta hace poco poderosos clanes, para reemplazarlos con los suyos, fieles a Xi Jinping y a la "quinta generación de líderes". Pero dicho componente se reduce cada vez más. Esto, porque la principal misión de la "Gran Depuración", que emprendiera el presidente Xi, no es en absoluto pese a que sea difícil creerlo para consolidar su poder personal, sino para librar al país de funcionarios corruptos, que al satisfacer su propia codicia, frenan el desarrollo de China y por tanto, impiden que se convierta en una gran potencia.
Las razones de la implacable lucha que a gran escala libran contra la corrupción Xi Jinping, y su equipo, son bastante simples. Hasta hace poco la dirección del Partido Comunista de China sólo "bajaba los humos" a los malversadores y corruptos más asiduos, considerando que es un mal inevitable, que suele acompañar las reformas. Para los funcionarios del Gobierno y el Partido lo más importante eran dos reglas: no rebasar todos los límites y sí seguir leales al régimen, o más bien, al Politburó y al Presidente de la RPCh.
Hoy día, hay expertos que afirman que el alcance de los sobornos no tiene análogos en la historia de China, ni en la práctica mundial. Pese a toda su obvia exageración, hay algo de cierto en esto. Pero el motivo principal de la actual lucha implacable es que, en primer lugar, la malversación y el soborno han devenido auténtica amenaza para el desarrollo socioeconómico y un obstáculo para las reformas y el éxito de la economía china, incluso en el mundo entero.
En segundo lugar, ha surgido la amenaza real de que el PCCh se degenere, al aparecer una capa de funcionarios del Partido y el Gobierno que vinculan su futuro con Occidente. Y eso ya es un peligro cierto no sólo para el PC, sino también para todo el país.
Para empezar hay que referirse un poco a la economía, o más bien, cómo la arruina la corrupción en un frente totalmente inesperado: la confianza de los consumidores locales y del resto del mundo respecto de la calidad de los productos chinos.
Como mínimo el 30 % de la economía de China está de forma directa o indirecta en manos de entidades que controla el Estado. Según algunas estimaciones, ese índice está incluso por encima del 50%. Una parte significativa de las firmas que figuran en la lista de la Bolsa de valores de China es de propiedad del Estado, y su mayor número son monopolios. Por un lado, eso lleva a que los bancos que controla el Estado, por indicación de autoridades locales, den créditos para el desarrollo de negocios sólo a las compañías suyas, que también controla el Estado y cuyos ejecutivos son a menudo familiares de los mismos funcionarios del gobierno de la localidad. Así, a los "demás", que no pertenecen a la relación consanguínea entre las autoridades y los negocios, ni cuentan con facilidades algunas, lo que les queda es el soborno y la extorsión.
En resumen, la corrupción por parte de las autoridades no sólo estrangula los pequeños y medianos negocios, sino también lleva a que los empresarios, al procurar aumentar sus ganancias, se comporten con falta de conciencia: "Si a ti te roba el Estado, ¿por qué tú mismo no puedes engañar al cliente?", razonaba un hombre de negocios chino.
Véase cómo describe ese tipo de estado de ánimo el escritor Mu Song Xiu Yejun:
"No hay una frontera clara entre lo legal y lo ilegal. Casi todas las empresas incurren en fraudes al pagar impuestos, y casi todas transgreden la ley en algo... Tomemos, por ejemplo, al propietario de una pequeña tienda. En el afán de ponerse las botas a cuenta de su negocio, casi todas las entidades del Estado, sea el departamento de comercio, la oficina de impuestos, la jefatura de la Policía, la inspección de incendios o el departamento de salud pública, pueden amenazarlo con cerrarle su tienda. Si se arriesga a no cumplir con las exigencias de esas entidades, él y su familia estarían en peligro de arruinarse por completo. Debido a esa situación de indefensión, la mayoría de los ciudadanos no emprende proyectos a largo plazo, sino se centra en negocios que le den una ganancia rápida. Son muchos los que en el Gobierno, los negocios y la vida privada no se preocupan para nada por el lado
ético de sus acciones, sino sólo por el dinero".
La cita es larga, pero explica la situación de manera exhaustiva. Después de todo, el empresario chino no sólo piensa así, sino comienza a actuar en consecuencia, por lo que los escándalos relacionados con la notoria "calidad china" estremecen al país y al mundo. Véase sólo algunos de los ejemplos más llamativos, además, en una sola área: la industria alimentaria. Los directivos de las empresas de esa industria son ahora mundialmente conocidos por que, al procurar abaratar costos, añaden a sus productos sustancias químicas nocivas para la salud.
En 2007, la producción china de alimentos para animales causó la muerte a cientos de perros en EE.UU. La defunción de un gran número de personas ocurrida en Panamá ese mismo año se atribuye a un aditivo químico detectado en un jarabe para la tos de producción china. En marzo de 2013, a flote del río que abastece el acueducto de Shanghái, se encontraron cientos de miles de restos de cerdos infectados, desollados y destripados. Su origen aún no está claro, pero hay razones para suponer que se está en presencia de un fallo en el sistema de venta, ilegal pero generalizada en el país, de animales enfermos para productores de cárnicos, que obligaría a granjeros a lanzar los cerdos al río.
El mayor escándalo ocurrió en el 2008, cuando se reveló que el fabricante de una popular marca china de fórmulas para bebés, a fin de reducir costos, añadía una sustancia química llamada melamina. Como efecto de su consumo, se enfermaron en el país unos 300 mil infantes, de ellos 860 fueron hospitalizados, y seis murieron. Ahora las madres chinas procuran, según sus posibilidades, comprar alimentos importados.
Y en la base de todos esos crímenes están la corrupción y los sobornos a funcionarios. Una vez más: son ejemplos de una sola industria, en un lapso relativamente breve. ¿De qué confianza en los productos chinos se puede hablar, tras tales historias? ¿De qué aplicación de acuerdos del PCCh y el Gobierno para ampliar exportaciones y expandir productos del patio a mercados mundiales?
Pero más allá de su "dimensión económica", la corrupción como amenaza a la seguridad del Estado también tiene una dimensión "política". Li Shi, directivo del Centro de Investigaciones de la distribución de la renta, adjunto a la Universidad Pedagógica de Beijing, ha calculado que la diferencia entre los ingresos del 10% más rico de la población del país y el 10% de los ciudadanos más pobres aumentó de 7,3 en 1988, a 23 en 2007.
Sin embargo, Sun Liping, profesor de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Qing Hua, dio a conocer datos más impactantes: hoy ese índice se ha elevado a 65. Según el profesor, la mayor parte del capital se concentra en manos de personajes del monopolio del sector estatal. Se asiste a la formación de una clase de "oligarcas rojos" cuyos intereses son directamente opuestos a los del país. Por eso el presidente Xi ha declarado en sus discursos que "la corrupción y la degeneración de dirigentes comunistas" es la amenaza más grave que tiene China en general, y en particular el PCCh.
¿Cómo se presenta eso en "cifras frías"? Según la Academia China de Ciencias Sociales, -institución científica rectora del PC-, desde mediados de los noventa hasta hoy, han huido del país al exterior, o sencillamente desaparecido, de 16 a 18.000 funcionarios del Partido y de órganos de la seguridad y la justicia, empresas del Estado y organismos chinos ubicados en el extranjero. En total, se han llevado unos 800 miles de millones de yuanes, o 127 mil millones de dólares.
En 2010, durante la sesión parlamentaria de primavera, Lin Zhe, miembro de la Asamblea Nacional del Pueblo y profesor de la Escuela Central del Partido, dijo que de 1995 al 2005 se habían instalado de forma definitiva en el extranjero un millón 180.000 hijos y cónyuges de funcionarios chinos. "Esa cifra muestra que en cada provincia de China trabajan como promedio unos 40.000 funcionarios en cueros- explicó. Ese término identifica en la RPCh a empleados públicos, cuyas familias y riqueza personal están fuera del país.
Según un documento interno preparado para la dirección del Partido, a la altura de marzo del 2012, cuando arriba al poder la "quinta generación de líderes" que encabeza Xi Jinping, la situación se presentaba así:
187 de los 204 miembros del Comité Permanente del Buró Político del CC del PCCh de la 17ª convocatoria tienen familiares directos con permiso de residencia o ciudadanía de EE.UU. y Europa, lo que representa el 91%;
142 de los 167 miembros que integraron el Buró Político tras el XVII Congreso (el 85%) y 113 de los 127 miembros de la Comisión Central de Control Disciplinario (el 89 %), tienen familiares directos residentes en el extranjero.
Es de destacar que en 2012, cuando la dirección del Partido propuso implantar en el país un sistema para hacer pública la información sobre bienes de los funcionarios y controlar la objetividad de esos datos, contra esa propuesta votó el 98,7%, casi todos los delegados de la Asamblea del Pueblo de toda China. Eran esos los "datos primarios", al momento de encabezar la nación el Presidente Xi. La magnitud de la amenaza exigía una respuesta a gran escala, y no se hizo esperar.
El primer trueno fue el referido caso de Bo Xilai. Algo más tarde se depuró la ciudad de Nanjing, destinada a convertirse en la primera capital provincial en que el Alcalde y el jefe del Comité Urbano se vieran investigados por corrupción. El alcalde Qi Jiang, representante de la generación de los "príncipes herederos", debía su carrera y el cargo de jefe de una de las ciudades más importantes a su suegro, Cao Dezheng, influyente funcionario del Partido.
Su "par" en la dirección de la ciudad, Yang Weide, secretario del Comité Urbano del Partido, tras ser detenido el alcalde, renegó de aquél por todos los medios, comparando públicamente la destitución de Qi con una operación para extirpar un tumor canceroso: "Duele, pero el cuerpo sanará". De nada le sirvió: un año más tarde "vinieron" también por él.
Pero lo más importante estaba por delante.
En diciembre del 2014 tuvo lugar un hecho mucho más importante. Tras largo arresto domiciliario, quedaba oficialmente a disposición de los órganos judiciales Zhou Yong Kang, político chino de peso pesado y figura de enorme alcance, si no épica. La decisión de arrestarlo se tomó, tras una acalorada discusión en una reunión especial del BP del CC del PCCh, ya que ese procedimiento significaba abolir una prohibición secreta para no procesar a moradores de "la cúspide del poder."
A fin de comprender el alcance de ese paso hay que explicar quién es Zhou Yong Kang. En los noventa, dirigió el Comité del Partido de la provincia de Sichuan y la Corporación Nacional del Petróleo y el Gas de China. Después, ocupó de manera sucesiva los cargos de Ministro de Seguridad Pública y secretario del Comité Político y Legislativo del CC del PCCh, atendió los órganos de la seguridad, los tribunales y la Fiscalía, integró el órgano de poder supremo y más cerrado del país: el Comité Permanente del BP del CC del PCCh.
"Su conducta minó de forma seria la reputación del Partido, dañando de manera significa al Partido y al pueblo, con efectos graves" -expresaba un mensaje especial de la agencia XINHUA, que develó el secreto en torno al caso del ex "amo de los servicios especiales" del país. Se informaba que Zhou Yong Kang era acusado de violar la "disciplina política, organizativa y confidencial", divulgar secretos de Estado, usar sus cargos en intereses de otros y aceptar sobornos. El informe presentado a los miembros del BP con la decisión de arresto, decía que el funcionario "había utilizado su posición para ayudar a familiares, concubinas y amistades de negocios, y como resultado se había infligido un grave daño al fisco del Estado". Sin embargo, hay evidencias indirectas de que el informe mencionaba delitos aún más agravantes para Zhou Yong Kang. En
particular, el asesinato de su ex esposa y los preparativos de un golpe de Estado.
Tras ser arrestada una figura de esa envergadura, resultaba claro que ni el sanctasanctórum Ejército Popular de Liberación (EPL) o la seguridad del Estado quedarían fuera de la atención de los investigadores.
Las últimas grandes dimisiones en los servicios secretos del país habían ocurrido en 1999. Resultó que el general Qi Shende, a cargo de la agentura de Inteligencia en el Ejército, al margen de su actividad operativa, prestaba diversos servicios a Lai Chang Ping, el "contrabandista del siglo", que operaba en Xiamen, ciudad del sur. Desde entonces esos servicios se consideraban "libres de traidores y renegados. Hasta que llegó Xi Jinping.
Como parte del caso Zhou Yong Kang, fue detenido Ma Qiang, viceministro de la Seguridad del Estado. En el otoño del 2014, otra figura importante caía bajo investigación: el Mayor General Yui Shang Jung, jefe de la Dirección de la Seguridad (Contrainteligencia en el Ejército). Otra investigación se iniciaba contra el Mayor General Qin Yong Ming, ex jefe del exclusivo servicio de Inteligencia de China: la Dirección de Relaciones Externas de la Dirección Política General del EPL, especializada en "operaciones de influencia" y propaganda encubierta en el extranjero.
El liderazgo actual de China ha venido depurando las FFAA, tras pasar la justicia militar, atendida antes por la Dirección Política General del EPL, al control inmediato del Consejo Militar Central (CMC), que se subordina de forma directa a Xi Jinping. El comienzo de la campaña fue el caso del coronel general Xu Caihou, segunda figura de la élite militar y política, sustituto del jefe del CMC análogo del Consejo de Seguridad de Rusia NdT). "Los investigadores del Partido", funcionarios de la Comisión Central de Control Disciplinario, "se llevaron" al general directo desde el hospital donde se estaba tratando por un cáncer.
Durante el registro de su residencia en Beijing, el dinero en efectivo y el jade, por el que el general tenía pasión, no se contó, sino hubo que pesarlos: diez camiones se requirieron para transportar esos valores.
Cuando al General se le presentó el inventario de lo confiscado y se le exigió identificar el origen de esa riqueza, bajó la cabeza y reconoció su derrota" así describió la situación con estilo poético la agencia británica REUTERS.
Pero no sólo "reconoció su derrota", sino que antes de su pronta muerte por cáncer cooperó de manera activa con la investigación. Además de reconocer los sobornos, incluidos los aceptados a cambio de promociones en el servicio, el general tuvo tiempo de contar muchas cosas de interés sobre otros corruptos en el Ejército. Como resultado, hasta hoy se ha detenido al exsustituto del jefe de la Dirección General de Logística del EPL, al exsustituto del jefe de la Región Militar de Chengdu, al exsustituto del jefe de la Dirección General de Logística. En total, 16 generales y más de 40 oficiales superiores.
¿Cómo pudo pasar que tantos codiciosos llegaran a tan alto nivel? pregunta el mayor general en retiro Luo Yuan, en un artículo sin precedentes por su franqueza, y que la censura china dejó pasar-. ¿Serían capaces de comandar ejércitos en batallas? Y agrega: "La capacidad combativa del Ejército se reduce porque los soldados no quieren batirse por comandantes corruptos, ni reconocen a jefes que hayan conseguido sus cargos por medio de sobornos. La razón principal de las purgas actuales en el Ejército está en la amenaza a su capacidad combativa, y no en la "política", como a veces se trata de presentar el caso.
La Comisión Central de Control Disciplinario del Partido
Los grupos itinerantes de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido, llamada en chino Jiwei, funcionan ahora en las sedes de 26 de las principales corporaciones del Estado. Nadie se esperaba semejante intensidad y alcance, ya que en dos años y medio desde la llegada al poder del presidente Xi, las brigadas de "investigadores del Partido" han examinado sólo 14 de estas estructuras. Sin embargo, el resultado ha sido muy notable: 70 altos dirigentes de empresas estatales fueron destituidos y llevados ante los tribunales. Dada su magnitud, la cosecha de "arrestos" de este año será mucho mayor.
Instituciones donde antes era difícil imaginarse ver aparecer inspectores han sido objeto de comprobaciones.
La prensa china publicó de manera sorpresiva el acuerdo del CC del PCCh de crear siete grupos para inspeccionar el aparato del CC y el Gobierno, en particular, el Parlamento, el Consejo Consultivo, la administración del gobierno, así como el buró de organización y el secretariado del Partido.
Las autoridades están organizando para los funcionarios excursiones a las cárceles, con "fines educativos". Así ocurrió, por ejemplo, en el Comité Estatal de Desarrollo y Reformas de China. En un año, 19 funcionarios de ese organismo han sido detenidos y condenados, mientras a los restantes los han llevado a conocer las condiciones de vida allí. A manera de insinuación, por así decirlo.
El Comité Urbano del Partido en Shanghái, tras una reunión con el presidente Xi, adoptó una resolución según la cual, en primer lugar, se prohíbe a cónyuges e hijos de dirigentes participar en los negocios dentro de los límites de esa ciudad. En segundo lugar, se prohíbe a los hijos de jefes de los organismos de la seguridad pública, la justicia y los tribunales, dedicarse a los negocios en las zonas en que trabajan sus padres. Es un instrumento que se extiende cada vez más y con el que las autoridades centrales tratan de detener la fusión entre el aparato estatal y los negocios.
Pero no es la única herramienta, ni tampoco la principal. Xi Jinping y su equipo ponen el énfasis principal en combinar el control estatal con el social e incorporar a la lucha contra la corrupción a toda la población del país. Se trata, por un lado, de extender y fortalecer los órganos de aplicación de la ley y control partidario, encargados de enfrentar la corrupción y los delitos económicos; implantar un sistema para divulgar la información sobre bienes personales de los funcionarios y controlar la objetividad de esa información.
Por otro lado, se trata de alentar los señalamientos de la población sobre funcionarios corruptos. Así, el 15 de octubre del año pasado, la agencia XINHUA informó que de octubre del 2007 a junio del 2012, los órganos de supervisión y control disciplinario de todo el país habían recibido más de 6 millones 606 mil quejas de corrupción de funcionarios. Respecto de éstos se iniciaron más de 643.000 procesos, de los cuales se concluyeron 639.000, y se sancionó a más de 668.000 funcionarios del Partido.
No hay duda de que en la etapa actual de lucha frente a la corrupción que emprendió el presidente Xi hace dos años y medio, esas cifras serán superadas con creces. No es nada personal, como se dice. La lucha contra los "oligarcas rojos" es por la seguridad y la prosperidad de China, una "gran depuración" en aras del futuro del país.
(Título original: La gran depuración de Xi.)
* Historiador ruso, analista político, investigador del Strategic Culture Foundation.
http://tercerainformacion.es/spip.php?article86368
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