Junio 2015

ANTUCO: LOS MÁRTIRES DEL PUEBLO POBRE Y LA POLÍTICA MILITAR

Eduardo Ampuero Cárdenas

Se cumplen diez años de un crimen de proporciones atroces que refleja cruelmente la división social de nuestro país. Tras este tiempo es necesario hacer una reflexión crítica que nos permita entender los hechos, poniendo los abstractos principios de los “derechos humanos” sobre una materia concreta y no sobre otras abstracciones desligadas de las relaciones sociales en las que los seres humanos existen. De igual forma, el papel de las FFAA y de Orden sólo se puede comprobar en sus hechos. Durante todo el siglo XX sus únicos hechos de armas fueron dirigidos contra la población civil, contra los indisciplinados. Afortunadamente, los “valientes soldados” no han debido probarse frente a ningún ejército enemigo. De esta forma, sólo cuentan “hazañas” contra el movimiento obrero, cuya máxima expresión fuera la matanza de trabajadores del salitre en Iquique. Quizás el único combate efectivo lo libró el Ejército contra la marinería insurrecta que demandaba justicia social el año de 1931. Le siguen matanzas como la de campesinos y mapuche en Ranquil, y así hasta el cruento golpe de Estado de 1973. Luego, podemos seguir enumerando los crímenes sanguinarios de las fuerzas armadas. La violencia siempre está presente, ya sea suavizada en tiempos de inmovilidad social o acentuada cuando se expresa el descontento. La matanza de Antuco podrá parecer un hecho diferente, sin embargo, bastará con escarbar nada más un poco para que salten a la luz unas causas determinadas por el “orden social”.

A diez años del hecho, las cosas no han cambiado. Fue condenado un solo oficial con la pena de cárcel efectiva mínima. El alto mando uniformado salvó la situación, convirtiéndose en el administrador oficial del dolor de las familias bajo el liderazgo del ex General Juan Emilio Cheyre. De esta forma, los criminales vistieron de gala para construir la hipócrita leyenda de los “mártires del Ejército”, de los “patriotas” descalzos caídos en el combate contra la nieve, de los nuevos y siempre malogrados “rotos chilenos”, para establecer que aquel medio centenar de inocentes fue víctima de circunstancias aisladas e impredecibles. Por su parte, las familias de los conscriptos asesinados han ido alzando la voz ante los incumplimientos del Estado, ante la ausencia de justicia, agotando su paciencia de tanto repetir el ritual de “los héroes de Antuco” entre melosos oficiales y bandas militares. De esta manera, el caso queda abierto, no tanto para la Justicia -que ya dictó su sentencia discriminatoria y vergonzosa- como para la consciencia colectiva de los oprimidos. Por lo mismo, lo escrito en esa hora trágica y también con posterioridad, sigue pareciéndome válido y materia de discusión para las mujeres y los hombres que aspiran a conquistar una nueva sociedad.

Prólogo al artículo “Antuco: los mártires del pueblo pobre y la política militar”, Concepción, 2010

Eduardo Ampuero Cárdenas, Santiago, 18 de mayo de 2015

La solicitud reciente del Mayor de Ejército(R) Patricio Cereceda para ser librado de su pena de sólo cinco años y un día, se presentó primera en la lista de solicitudes de la Corte de Apelaciones de Santiago, en señal de trámite seguro. Solicitud inmoral considerando que apenas el 2008 fue sentenciado. El escándalo público que se provocó al conocerse de este trámite, cambió las cosas. Pero no es justo ni razonable quedar en este resultado, porque las lecciones de esta tragedia son mucho más profundas y acusan la cruda división de clases existente en las FFAA.

El 18 de mayo de 2005 todo un escuadrón compuesto por reclutas del Servicio Militar, muere en la montaña por congelamiento, todos por responsabilidad del Ejército de Chile. Los gestos de las autoridades del Estado coparon los noticiarios durante esos días. Ricardo Lagos en un masivo funeral el 21 de mayo, llegó a comparar a los jóvenes con los próceres de la patria abatidos en las épicas hazañas bélicas de antaño, comparándolos con Arturo Prat, como si estos muertos de hoy fuesen víctimas de una fuerza enemiga extranjera. Muertes honrosas, entonces, vidas pérdidas por la patria. Evadieron la verdad y ocultaron cobardemente la responsabilidad política del Ministerio de Defensa, del Mando Militar y, sobre todo, de esta legalidad bárbara.

Se intentó hablar de errores. ¿Errores? Muchachos que apenas se apartaban de sus familias, que cumplían el mes de reclutamiento, enviados a los montes cordilleranos bajo malos pronósticos climáticos, sin equipamiento ni ropas aptas para la montaña; cuatrocientos jóvenes con órdenes de marchar en condiciones imposibles para expertos… un desastre, un crimen.

Esta tragedia reveló mucho más que magníficos errores. Reveló por sobre todo el desprecio de una parte de la humanidad por la otra. Un menosprecio permanente, oculto tras las formales convenciones militares y tras los muros de los regimientos, presente en las barracas militares o en las exclusivas fiestas de la oficialidad, y lejos del mundo civil al que llaman “ciudadanía” (esa abstracción suprasocial donde todos se suponen individuos libres y sin distingos sociales).

A pesar de todo, a veces el menosprecio por los pobres excede ciertos límites tolerables, incluso para los parias habituados al maltrato, y trasciende extramuros. Los pobres, comúnmente puestos en escena por los medios de comunicación para ser ridiculizados, pasan a ocupar en esos mismos medios un papel distinto –muy de vez en vez-, cuando el poderoso se ve forzado por la magnitud del escándalo a reconocerles como personas. Por eso es que, a causa de 44 jóvenes muertos y un sargento en el volcán Antuco, el poder está obligado a referirse, a articular palabras ante este horror, que de error nada tuvo.

Sabemos que el abuso es una práctica común y sistemática hacia la juventud alistada, que hoy alcanza a dos mil reclutas. Una relación forjada –y escrita- por la casta de oficiales, demasiado cerca de los señores banqueros, industriales, latifundistas, de los políticos burgueses, de la clase alta, y demasiado lejos del pueblo.

¿A quiénes se alista en el servicio militar? ¿Quiénes componen el reclutamiento? En ningún caso son los hijos de empresarios o de la fracción más rica, no son los jóvenes de la “clase media”, aquellos hijos de profesionales o de empleados de mejores salarios. En el caso de tener una opción militar, estos la realizarán en la escuela de oficiales. El Servicio Militar, en cambio, se conforma de los más humildes del campo y la ciudad, de campesinos sin tierra o del minifundio, hijos de trabajadores pobres, cesantes o de empleo ocasional.

Estos muchachos pobres son entrenados en la obediencia ciega a sus oficiales, en la adoración por sus jefes. Formados en este disciplinamiento, son entregados luego para servir al interés de las élites poderosas que deciden los destinos de la “patria”, que se juegan la suerte del país en sus propios bolsillos, pero que por más de un siglo no han hecho sino lanzar a la milicia y a la juventud alistada contra el “enemigo interno”. También, sin embargo, suelen ser entregados a los caprichos de oficiales viciosos. Las extrañas muertes de conscriptos y los crímenes no resueltos llegaban a superar la decena al año principiando el siglo XXI. Bajo el amparo de un régimen extra civil con poderes extraordinarios, se han concedido a la jefatura plenas facilidades para el abuso. Es sabido que los conscriptos a veces deben servir en las casas de los oficiales o en sus fiestas. Pero, aunque existen denuncias, a la sociedad no llegan las noticias del tráfico de drogas ni de las fiestas en que conscriptos son utilizados en actividades sexuales para el capricho de los oficiales.

Al menos debe considerarse el caso del cabo de Ejército Orlando Morales Pinto. Según el alto mando, se “suicidó” en el regimiento… tras ser torturado. En su ocupación administrativa había descubierto corrupción económica de sus oficiales. O el caso emblemático del conscripto Pedro Soto Tapia, en el que se denunció tráfico de drogas, utilización sexual y tortura, pero en el que la Justicia sólo halló sus huesos. Casos no resueltos entre muchos que acusan la corrupción moral de una institución cerrada y poderosa.

De esta manera, el menosprecio es una forma de esclavitud que, aunque pasajera durante el Servicio Militar, se perpetúa en las instituciones castrenses y se prolonga en la miseria continua y en la subordinación social. El pobre en la milicia es subhumano para muchos oficiales, como el Mayor Cereceda, y para los ricos no es otra cosa que “carne de cañón” para las maniobras del capital.

Sin embargo, aun frente a la catástrofe, nadie en los grandes medios y en las alturas oficiales del gobierno fue jamás al verdadero fondo, al asunto medular que finalmente afecta a los intereses de una fracción privilegiada. En el canal televisivo Chilevisión, el 22 de mayo de ese año, unos “críticos” periodistas no dieron nunca con lo fundamental. Alejandro Guillé dijo que se trataba de un problema “cultural”, de un “algo” en los hábitos de los militares que es necesario cambiar. Fernando Paulsen pidió al Gral. Juan E. Cheyre y al Ministro Jaime Ravinet (el mismo que hoy resurge como ministro del Presidente Piñera) que pusieran sus cargos a disposición del Presidente de la República. Fernando Villegas se espantó porque, una vez más a causa de un “incidente aislado”, se estaba intentando intervenir desde la “lógica civil” a una sagrada “lógica militar”. Ninguno llegó a la cuestión esencial.

En medio del estupor, se activó la turbia alianza política de esta época. Desde el gobierno y la derecha, pasando por los progresistas de la Concertación, se levantó un cerco entorno a Cheyre, como un solo cuerpo. Aún así, no se trataba de Cheyre ni del Ministro Ravinet, ni del gobierno, se trata de la estructura clasista de nuestras FFAA, prolongación de la estructura social de clases.

Hasta hoy, los altos mandos lucen gestos dolidos y humanos en forzadas ceremonias. Pero el único gesto noble fue el de aquel sargento que se jugó la vida con sus hombres. El escándalo fue tal que no pudieron parar la ola de indignación y no pudieron evitar la fuga de testimonios del horror. Algunos medios, sobre todo radiales, fueron honestos. Si no fuese por lo indesmentible de estos hechos y por la presencia de esa prensa, políticos y militares de la clase alta habrían ocultado el crimen. Al fin, el desprecio por los más pobres fue superado por la voz de denuncia. Sólo entonces caen de sus puestos tres mandos del Regimiento Los Ángeles, encabezados por el desquiciado Cereceda. Se corta el hilo por lo más delgado: salvar a Cheyre y la imagen de las FFAA. Esa es la orden.

Sin embargo, si el problema de nuestras FFAA no es Cheyre por sí mismo ni lo es la abstracta tradición de los hombres de armas, entonces cuál es. La cuestión es su carácter clasista e injusto. El pueblo que luchó contra la dictadura conoció cómo las FFAA servían a la tiranía. Por eso es que la sociedad, conocedora de una de las experiencias de horror más prolongadas de la histroria nacional, fue capaz de levantar propuestas militares democráticas para salir de la dictadura, las mismas que la Concertación incluyó como promesa en su primer programa de gobierno. Hoy, como todo lo que en justicia se reclamó, ello ha sido olvidado. Los compromisos se han esfumado como la tinta falsa de los bromistas. ¡Qué poco dura la promesa de los políticos burgueses!

Democratizar las FFAA significa que los institutos militares admitan el acceso de jóvenes de todas las clases sociales que demuestren su vocación y aptitud, a todos los niveles del servicio de armas. Terminar así con la actual fórmula de selección que exige condiciones de clase, estatus económico, “pureza de sangre” en el alto linaje del mando militar. Sin embargo y a largo plazo, cambios como éste tampoco bastarán y hay que pensar desde ya en esto. Es necesario llegar un día a terminar con los ejércitos, terminar con el dominio de la burguesía sobre los recursos de la fuerza. Tal obra de humanización requiere la reestructuración completa del actual Estado y el traspaso del control de la fuerza a todo el pueblo.

La voluntariedad por sí sola no acaba con el juego de castas y el elitismo, por tanto, no permitirá construir una institución que respete al ser humano como tal. Se conservará ese menosprecio por los pobres, y ellos, a su vez, seguirán siendo los desposeídos del campo y de la ciudad que hallan un empleo en la milicia, incluso a riesgo de perder la vida, aunque no en el frente de batalla, sino que en manos de sus propios oficiales.

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