Es el momento para que el CADTM trate de nuevo el análisis de la
deuda pública propuesto por Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, |3| que se ha convertido durante el año 2014 en un best seller, traducido a varios idiomas. El CADTM se toma la libertad de retomar una parte de los argumentos desarrollados por Thomas Piketty, pero adopta un enfoque diferente con respecto a las soluciones aportadas. En primer lugar se presenta la posición resumida de Piketty, luego se desarrollan las soluciones propuestas por el CADTM. |4|
En su libro de casi 1.000 páginas en su versión original, Thomas Piketty dedica una decena de ellas, muy interesantes, a la cuestión de la deuda pública en el transcurso de los últimos dos siglos, centrando su análisis principalmente en Francia y Reino Unido. Tiene razón cuando afirma que el estudio del pasado en materia de deuda pública es útil para comprender y afrontar los retos de la actual crisis: «Este complejo problema del endeudamiento de los Estados y de la naturaleza de su patrimonio interesa tanto al mundo actual como al de 1800, y el estudio del pasado puede ilustrarnos sobre la muy acuciante realidad del mundo actual. A pesar de que la deuda pública está todavía lejos de alcanzar, en este comienzo del siglo XXI, el nivel astronómico que tenía a comienzos del siglo XIX, al menos en Reino Unido, llega en Francia y en numerosos países a estar muy cerca de esos récords históricos y suscita, indudablemente, aún más confusión en el mundo actual que en la época napoleónica.» |5|
Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Francia y Reino Unido adoptaron políticas totalmente diferentes en cuestión de deuda pública. Mientras que en los años 1760-1770 la deuda pública alcanzaba cerca del 100 % de la renta nacional en ambos países, cuarenta o cincuenta años después, la situación había cambiado completamente: la deuda pública francesa se elevaba a sólo un 20 % de la renta nacional en 1815, mientras que la británica había explotado y representaba el 200 % de la renta nacional.
¿Cómo se había llegado a esa situación? En Francia, el peso del reembolso de la deuda pública y el rechazo del pueblo a ser el único pagador tuvieron un papel central en la explosión revolucionaria de 1789. Las medidas en curso durante la Revolución redujeron radicalmente el peso de la deuda pública. Piketty resume de la siguiente manera la concatenación de los hechos: «La incapacidad de la monarquía francesa para modernizar sus impuestos y poner fin a los privilegios fiscales de la nobleza es bien conocida, así como la solución revolucionaria final con la convocatoria en 1789 de los Estados Generales, que desembocó en la instauración de un nuevo régimen fiscal desde 1790-1791 — especialmente, mediante un impuesto a la propiedad que obligaba a contribuir a todos los propietarios de tierras y a los derechos de sucesión que afectaban al conjunto de patrimonios— y en la “quiebra de los dos tercios” en 1797 (que en realidad es un default aún más masivo si se tiene en cuenta el episodio de los asignados |6| y de la
inflación que se produjo), lo que permite saldar las cuentas del Antiguo Régimen. Es así como la deuda pública francesa se encuentra reducida de golpe a niveles extremadamente bajos a comienzos del siglo XIX (menos del 20 % de la renta nacional en 1815).» |7|
La trayectoria británica es totalmente diferente. Con el fin de afrontar la guerra ante la declaración de independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte, y «sobre todo las múltiples guerras con Francia durante el periodo revolucionario y napoleónico, la monarquía británica optó por endeudarse sin límites. La deuda pública pasó así de cerca del 100 % de la renta nacional a comienzos de los años 1770 a cerca del 200 % en 1810, o sea diez veces más que en Francia, en la misma época.» |8|
Piketty explica que el Reino Unido necesitó un siglo de rigor presupuestario con continuos superávit, para reducir progresivamente su endeudamiento a menos del 30 % de la renta nacional a comienzos de la década de 1910.
¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia británica? En principio, no hay ninguna duda, según Piketty, que la importante deuda pública reforzó el peso de los patrimonios privados en la sociedad británica. Los ricos locales prestaron al Estado sin hacerse rogar.
Thomas Piketty prosigue: «… este endeudamiento público tan fuerte, globalmente, sirvió bastante bien al
interés de los prestamistas y de sus descendientes, al menos en comparación con una situación en que la monarquía británica habría financiado sus gastos haciéndoles pagar impuestos. Desde el punto de vista de los que tienen los medios, es evidentemente mucho más interesante prestar una determinada suma al Estado (y luego recibir los intereses durante décadas) que pagar los impuestos (sin contrapartidas).» |9| Y agrega que el recurso masivo del Estado al endeudamiento público permitió a los banqueros aumentar el tipo de interés, lo que benefició muchísimo a los ricos prestamistas: empresarios, rentistas, banqueros...Y eso era muy similar a la situación que caracteriza a la época actual.
Según Piketty, la diferencia esencial con el siglo XX (véase más adelante) es que la deuda se reembolsaba a precio de oro durante el siglo XIX: «...la inflación fue prácticamente nula desde 1815 hasta 1914, y el tipo de interés correspondiente a los títulos de renta del Estado era considerable (generalmente entre el 4 % y el 5 %) y en particular netamente superior a la tasa de crecimiento. En esas condiciones, la deuda pública podía ser un excelente negocio para los que poseían un patrimonio y para sus herederos.» |10|
Piketty nos propone que imaginemos que: «...la deuda pública... acumulada sea igual al 100 % del
PIB. Supongamos que el gobierno no busca pagar el principal sino que se contenta con satisfacer los intereses de cada año... Si el tipo de interés es del 5 %, necesitará cada año pagar el 5 % del PIB a los poseedores de esta deuda pública suplementaria, y así indefinidamente. Eso es lo que, aproximadamente, le pasó al Reino Unido en el siglo XIX.» |11|
Desplacémonos en el tiempo y en el espacio: en Grecia, en 2014, la deuda pública alcanza el 175 %. Si suponemos que el Estado paga la deuda a la
Troika y a otros acreedores con un tipo de interés medio del 5 %, |12| y si también consideramos que el crecimiento es nulo |13| y la tasa de inflación también es nula, Grecia tendrá que pagar a sus acreedores hasta las calendas griegas el equivalente al 8 % de su PIB sin reducir el stock de la deuda ya que estaría pagando solamente los intereses. |14|
Volvamos al siglo XIX: el stock de la deuda pública francesa, muy limitado en 1815, aumenta rápidamente en las décadas posteriores y en particular durante las monarquías censatarias (1815-1848). Después de la derrota de Waterloo en 1815, el Estado francés se endeuda fuertemente para financiar las indemnizaciones que debía pagar a los ejércitos de ocupación. Lo hace nuevamente en 1825, para financiar los famosos «mil millones de los emigrados» |15| abonados a los aristócratas exiliados durante la Revolución, para recompensarles, principalmente, por la confiscación de una parte de sus tierras. En total, la deuda pública aumentó el equivalente a más del 30 % de la renta nacional. Bajo el Segundo Imperio, las deudas se pagaron hasta el último céntimo.
Piketty nos recuerda el opúsculo La lucha de clases en Francia (La Lutte des classes en France) redactado por Karl Marx en 1849-1850, en el que denuncia al nuevo ministro de finances de Luis-Napoleón Bonaparte, Achille Fould, digno representante de los banqueros y de las altas finanzas, que decidió aumentar los impuestos sobre las bebidas con el fin de poder pagar a los rentistas. Veinte años más tarde, debido a la derrota frente a Prusia en la guerra de 1870-1871, el Estado francés aumentaba aún más la deuda pública para pagar un tributo de guerra equivalente a cerca del 30 % de su renta nacional. Finalmente, la política favorable a los acreedores en materia de endeudamiento, que prosiguió durante el periodo 1880-1914 llevó la deuda pública a un nivel más elevado en Francia que en el Reino Unido: entre el 70 % y 80 % de la renta nacional contra menos del 50 % en la época anterior.
Piketty agrega: «La renta de un título del Estado era una inversión muy segura durante todo el siglo XIX y contribuyó a reforzar la importancia y la prosperidad de los patrimonios privados, de la misma manera que en el Reino Unido.» Su conclusión es que la política de endeudamiento público llevada a cabo en el siglo XIX en Francia y en Reino Unido «permite comprender por qué los socialistas del siglo XIX, comenzando por Karl Marx, tenían una gran desconfianza respecto de la deuda pública, ya que la percibían —con una cierta clarividencia— como un instrumento al servicio de la acumulación del capital privado.» |16| Y prosigue con toda razón al afirmar: «...una gran parte de la deuda pública (...) la posee, en la práctica, una minoría de la población a pesar de que la deuda conlleva también una redistribución importante en el interior del país (...). Considerando la fortísima concentración que siempre caracterizó la distribución de los patrimonios, (..., estudiar estas cuestiones ignorando las desigualdades entre los grupos sociales es lo mismo que silenciar una buena parte de lo que se estudia y de las realidades que están en juego.» |17|
Piketty explica que en Francia se asistió a un cambio importante en el transcurso del siglo xx en materia de gestión de la deuda pública. Los poderes públicos aprovecharon la inflación y la utilizaron para reducir el valor real de la deuda:«La consecuencia para el Estado es que a pesar de una fuerte deuda pública inicial (cerca del 80 % de la renta nacional en 1913) y de los elevados déficits durante el periodo 1913-1950, en particular durante los años de la guerra, la deuda pública francesa se encontraba en 1950 a un nivel relativamente bajo (cerca del 30 % del ingreso nacional), al igual que en 1815. Los enormes déficits de la Liberación fueron prácticamente anulados de inmediato por una inflación superior al 50 % anual durante cuatro años consecutivos, de 1945 a 1948, con una atmósfera política de alta tensión. De alguna manera fue el equivalente a la bancarrota de los dos tercios de 1797: se saldan las cuentas del pasado con el fin de poder reconstruir el país con una baja deuda pública.» |18|
Sobre la base de esta experiencia, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX una visión bien diferente de la de Marx y los socialistas del siglo XIX, fundada en la convicción de que el endeudamiento público podía ser un instrumento al servicio de una política de gastos públicos y de redistribución social a favor de los más modestos.
«La diferencia entre estas dos visiones es bastante sencilla: en el siglo XIX, la deuda se pagaba a precio de oro, lo que beneficiaba a los prestamistas y favorecía el refuerzo de los patrimonios privados; en el siglo xx, la deuda fue ahogada por la inflación pagándose con una moneda devaluada y, de hecho, permitió financiar los déficits por los que habían prestado su patrimonio al Estado, sin tener que aumentar los impuestos en la misma proporción. Esta visión “progresista” de la deuda pública continúa impregnado considerablemente los espíritus en este comienzo del siglo XXI, aunque la inflación desde hace tiempo se redujo a niveles cercanos a los del siglo XIX y sus efectos distributivos son relativamente oscuros.» |19| Thomas Piketty tiene toda la razón al insistir sobre los peligros de una visión unilateralmente positiva de la deuda pública.
¿Cuáles son las propuestas?
Tratemos ahora las propuestas que hace Piketty. Desde el principio precisa:
«Entiéndaseme bien: no tengo ningún aprecio particular por la deuda pública de la que ya apunté varias veces que a menudo acaba favoreciendo redistribuciones en sentido contrario, desde los más modestos hacia aquellos que tienen los medios para prestar al Estado (y a los que sería preferible hacerles pagar los impuestos).» |20| No podemos dejar de estar de acuerdo con Piketty. Además agrega que el «capital nacional está extremadamente mal repartido, con una riqueza privada que se apoya sobre la pobreza pública, y que, especialmente, tiene como consecuencia que gastamos mucho más en intereses de la deuda que lo que invertimos, por ejemplo, en nuestra enseñanza superior. Por otro lado es una realidad bastante vieja: teniendo en cuenta el crecimiento relativamente lento que se sucede desde los años 1970-1980, estamos en un periodo histórico en el que la deuda le sale globalmente muy cara a las finanzas públicas. Y esta es la razón principal por la que es necesario reducir rápidamente esta deuda (…)». |21|
Para reducir la deuda pública, Thomas Piketty pensó en dos soluciones que posteriormente rechazó y nos propone una tercera. La primera solución era la de privatizar los activos públicos con el objetivo de reembolsar la deuda. La segunda solución consistía en anular la deuda. La tercera que propugna es la recaudación de un impuesto excepcional progresivo «de forma que los patrimonios más modestos no lo tendrían que pagar, y en cambio pedir más a los patrimonios más elevados». |22|
No nos extenderemos aquí sobre la primera solución ya que es evidente que es algo a combatir. Sabemos que fue puesta en práctica por los gobiernos actuales que prolongan la ola de privatizaciones comenzada en los años 1980-1990.
Con respecto a la segunda solución, la anulación de la deuda que Piketty rechaza, es porque, evidentemente, plantea mal el problema, ya que no piensa en los diferentes escenarios de anulación de la deuda. Sólo menciona explícitamente la fórmula aplicada a la deuda griega en marzo 2012 mediante una operación llamada de haircut, mientras existen otras propuestas.
Y tiene razón en rechazar el tipo de anulación parcial de la deuda concebida por la Troika (Comisión Europea,
BCE y FMI) para Grecia. Esta anulación estuvo condicionada por medidas que constituyen violaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego, y que hundieron todavía un poco más a Grecia en una espiral descendente. Se trataba de una operación que tenía por objetivo permitir que los bancos extranjeros (principalmente franceses y alemanes) se liberaran del problema con pérdidas limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a costa del Tesoro Público y que la Troika reforzara en forma duradera su influencia en Grecia. La deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en 2009, y después de la anulación parcial llegó al 157 % en 2012, pero en 2013 alcanzó un nuevo máximo: ¡el 175 % del PIB! La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se elevó hasta el 27 % en 2013 (y al 50 % entre los menores de 25 años). Por lo tanto, Piketty tiene razón cuando rechaza ese tipo de haircut que sólo tiene por objetivo mantener con vida a la víctima para poder desangrarla mejor.
Por el contrario, se equivoca cuando no considera seriamente una anulación o suspensión del pago de la deuda decidida por el país deudor, con sus condiciones y bajo control de su ciudadanía. Es lo que hicieron en contextos diferentes Ecuador, en 2008-2009, e Islandia a partir de 2008. Ecuador, basándose en una auditoría organizada por las autoridades del país y realizada con una participación ciudadana activa entre 2007 y 2008, suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda, la que estaba en forma de títulos que tenían fecha de vencimiento en 2012 y 2030, cuyos principales tenedores eran bancos extranjeros. |23| El resultado fue positivo: Ecuador pudo recomprar el 91 % de los títulos mencionados a un 35 % de su valor. Y como consecuencia, habiéndose ahorrado ese dinero que correspondía al pago de la deuda, pudo aumentar en forma notable los gastos sociales, especialmente en los ámbitos de la educación y de la sanidad pública. (En el anexo 1 se ofrece una presentación más completa de la experiencia ecuatoriana). Sin embargo, en el caso de Ecuador, no debemos tomar como modelo la experiencia que se está desarrollando, y es indispensable conservar una mirada crítica sobre ella. No obstante, la experiencia ecuatoriana en auditoría y suspensión unilateral del reembolso de la deuda demuestra que es perfectamente posible para un país plantear un acto unilateral fundamentado con argumentos sólidos y, en consecuencia, tener la posibilidad de mejorar los gastos públicos en ámbitos como educación y sanidad.
Por su parte, Islandia rechazó en forma unilateral, a partir de 2008, asumir las deudas de los bancos privados que habían quebrado por su exposición en el exterior. Esto se hizo en un clima de fuertes movilizaciones ciudadanas que presionaron al gobierno islandés para que no cediera ante las exigencias de los acreedores extranjeros, en particular del Reino Unido y de los Países Bajos.
Y, ¿qué pasó luego en Islandia? Debido al desplome del sistema bancario en 2008, Islandia se negó a indemnizar a los ciudadanos de Países Bajos y Reino Unido que habían colocado fondos en las filiales de bancos islandeses, que acababan de quebrar, por un total de 3.900 millones de euros. Fueron las mismas autoridades británicas y neerlandesas las que indemnizaron a sus ciudadanos y exigieron el reembolso de esas indemnizaciones a Islandia. Bajo la presión popular (manifestaciones, ocupaciones de plazas, referéndum), las autoridades de Reykiavik rechazaron esa demanda. Y eso tuvo como consecuencia la inscripción de Islandia en la lista de organizaciones terroristas, la congelación de los haberes islandeses en Reino Unido y la presentación de una denuncia de Londres y La Haya contra Reykiavik ante el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés). |24| Por otro lado, Islandia bloqueó totalmente la salida de capitales del país. Finalmente, ha salido del conflicto mucho mejor que otros países europeos que aceptaron las exigencias de los acreedores… Por supuesto, hay que evitar hacer de Islandia un modelo pero podemos sacar enseñanzas de su experiencia.
Los casos de Ecuador y de Islandia constituyen dos experiencias recientes que deben estudiarse seriamente ya que demuestran que al lado del haircut a la griega u otras formas de reestructuración, existen otras soluciones para la anulación de una deuda. |25|
Estos dos ejemplos muestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y de ninguna manera acarrea el desmoronamiento del país.
Pero volvamos a la posición defendida por Thomas Piketty. Éste está convencido de que una anulación no afectará significativamente a los acreedores más ricos ya que lograrán «reestructurar a tiempo su cartera» y por lo tanto «nada garantiza que aquellos que efectivamente contribuirán serán los que deban hacerlo». |26| Esta afirmación todavía no ha sido demostrada. Piketty no nos ofrece ninguna prueba basada en ejemplos concretos o en datos estadísticos. Sin embargo, la historia muestra que cuando un país da a entender que podría suspender el pago de su deuda o cuando suspende efectivamente ese pago, el precio de los títulos de la deuda se desploma y es muy difícil para los grandes tenedores de títulos librarse de ellos a buen precio. |27| Eso es lo que pasó en Ecuador entre 2007 y 2009, y todos los que siguen de cerca lo que pasa en los mercados de deuda saben que es prácticamente imposible deshacerse de un gran paquete de títulos sin afrontar pérdidas importantes en caso de suspensión o anulación unilateral de las deudas. Por otra parte, se puede imaginar muy bien que un país decrete la anulación o una suspensión unilateral del pago y tome medidas para indemnizar a los pequeños inversores y proteger el ahorro de los más modestos. Es posible obligar a contribuir a los que deben hacerlo y proteger a los que lo merecen.
Tratemos ahora la propuesta que hace Piketty para reducir el peso de la deuda. Después de haber pensado sobre la posibilidad de «… un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados…», |28| rechaza esa propuesta porque «no tendría mucho sentido aplicar un impuesto proporcional |29| sobre todos los patrimonios privados europeos.» |30| Piketty sostiene que «vale más aplicar un baremo progresivo, de manera que los patrimonios más modestos no paguen y que los patrimonio más ricos paguen más». |31|
Thomas Piketty se pronuncia por una reducción parcial de la deuda del orden del 20 % del PIB. Para alcanzar ese objetivo, propone un impuesto excepcional progresivo: «0 % hasta 1 millón de euros, 10 % entre 1 y 5 millones de euros, y 20 % para los mayores de 5 millones de euros» |32|, aunque indica que podrían aplicarse otros baremos.
Debemos lamentar que Piketty no aborde en esta obra la cuestión de la legitimidad de la deuda pública. No podemos dejar de asombrarnos por este hecho, ya que, a lo largo de su libro, demuestra perfectamente que la política fiscal regresiva favorece la acumulación de la deuda pública. Además, como declara varias veces en su obra, los pagadores de la deuda son mayoritariamente los de abajo, de acuerdo a su participación en los impuestos, mientras que los de arriba prestan al Estado por ser una inversión segura. Tampoco propone que la ciudadanía de manera organizada audite la deuda aunque debe saber que desde 2011, en Francia (y en otros países de Europa), se están desarrollando iniciativas de auditoría ciudadana con un cierto dinamismo. |33|
| La propuesta del CADTM sobre la deuda pública
Con el fin de contribuir al necesario debate sobre las soluciones, el CADTM propone que la parte de la deuda pública identificada como ilegítima, cuando no ilegal, no se pague, y eso implica su repudio. El CADTM completa la propuesta con las siguientes disposiciones: 1. El destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción ambiental. |
A propósito de la propuesta central de Thomas Piketty: un impuesto mundial progresivo sobre el capital
Piketty se inclina por «una actualización adecuada del programa socialdemócrata y fiscal del siglo pasado». Según él, hay que defender y mejorar tanto el Estado social como el impuesto progresivo sobre la renta. También se debe innovar «instaurando un impuesto mundial y progresivo sobre el capital, acompañado de una transparencia financiera muy grande». Esta «medida permitiría evitar una espiral de desigualdad sin fin y regular eficazmente la inquietante dinámica de la concentración mundial de los patrimonios.» |36|
Piketty no se hace ilusiones sobre una rápida aplicación de su propuesta: «El impuesto mundial sobre el capital es una utopía: uno no se imagina, a corto plazo, al conjunto de las naciones del mundo ponerse de acuerdo sobre su instauración, establecer un baremo de imposición sobre todas las fortunas del planeta, y después repartir armoniosamente la recaudación entre los países. Pero es una utopía útil…».
«A mi entender», precisa Piketty, «el objetivo debe ser un impuesto anual y progresivo recaudado sobre el capital |37| a escala individual, esto es, sobre el valor neto de los activos que cada uno controla». |38| Propone tres variantes de este impuesto progresivo sobre el capital privado.
1ª variante: una tasa de 0 % por debajo de un millón de euros; de 1 % entre 1 y 5 millones de euros; de 2 % más allá de los 5 millones de euros.
2ª variante: sumar hacia arriba, 5 % o 10 % más allá de 1.000 millones de euros.
3ª variante: sumar hacia abajo, 0,1 % por debajo de 200.000 euros y 0,5 % entre 200.000 y 1 millón de euros
Este impuesto es complementario a lo ya existente, pero puede servir para reducir impuestos actuales (o para reducir la deuda, nota 2, p. 577, capítulo XV). Constituiría un complemento relativamente modesto de los ingresos actuales de los Estados. Este impuesto, aunque muy bajo, permitiría a las autoridades conocer el patrimonio de los habitantes de sus territorios.
Piketty añade: «Actualmente, las organizaciones internacionales que tienen la tarea de regular y supervisar el sistema financiero mundial, comenzando por el Fondo Monetario Internacional, no tienen más que un conocimiento extremadamente aproximado del reparto mundial de los activos financieros y, en particular, de la importancia de los activos guardados en los paraísos fiscales.» |39| Entonces, «el impuesto sobre el capital sería una especie de catastro financiero del mundo, que actualmente no existe.» |40|
Es necesario apoyar la propuesta de un impuesto progresivo sobre el patrimonio privado o el capital, retomando la expresión empleada por Piketty. Pero no se puede estar de acuerdo con él cuando pretende que hay que dar prioridad absoluta a este objetivo. Se necesita un verdadero programa de medidas complementarias. El impuesto progresivo sobre el capital, así como la anulación de la deuda ilegítima y la reducción radical de la parte de la deuda pública que no se haya identificado como ilegítima, deben formar parte de un amplio programa cuya realización permitirá iniciar una transición hacia un modelo postcapitalista y postproductivista. Un programa como éste, que debería tener una dimensión mundial y europea, comenzando por ponerse en marcha en uno o varios países, comprendería, en particular, el abandono de las políticas de austeridad, la reducción generalizada de la jornada laboral, con contratos compensatorios y mantenimiento del salario, la socialización del sector bancario, una reforma fiscal general, medidas para asegurar la igualdad hombre-mujer y la aplicación de una política determinada de transición ecológica. |41|
Piketty tiene la ilusión de que puede convencer de la necesidad de dar prioridad absoluta a su propuesta, mientras que lo que puede ser realmente eficaz y aglutinante es definir una plataforma común de un máximo de fuerzas favorables a un cambio democrático radical a favor de la justicia social.
Por otra parte, como se afirma en el texto «Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir?»: «La crítica fundamental que se le puede hacer a Thomas Piketty es que piensa que su solución puede funcionar aunque se mantenga el sistema actual. Propone un impuesto progresivo sobre el capital para redistribuir las riquezas y salvaguardar la democracia, pero no se cuestiona las condiciones en las que estas riquezas se originan ni las consecuencias que resultan de ese proceso. Su respuesta sólo remedia uno de los efectos del funcionamiento del sistema económico actual, sin atacar la verdadera causa del problema. En primer lugar, admitamos que logramos, mediante un combate colectivo, una imposición al capital, sin embargo, la recaudación generada por este impuesto corre el riesgo de ser succionada por el reembolso de deudas ilegítimas, si no actuamos para que se anulen. Pero sobre todo no nos puede satisfacer un reparto más equitativo de las riquezas, si éstas son producidas por un sistema depredador que no respeta ni las personas ni los
bienes comunes, y acelera la destrucción de los ecosistemas. El capital no es un simple «factor de producción» que «juega un papel útil» y por lo tanto, merece «naturalmente» un rendimiento del 5 %, como dice Piketty, es también, y principalmente, una relación social que se caracteriza por la influencia de los que poseen sobre el destino de las sociedades. El sistema capitalista en tanto que modo de producción está en el origen no sólo de las desigualdades sociales, cada vez más insostenibles, sino también del peligro que corre nuestro ecosistema, del saqueo de los bienes comunes, de las relaciones de dominación y de explotación, de la alienación en los mercados, de la lógica de acumulación que reduce nuestra humanidad a mujeres y hombres incapaces de transformar sus pulsiones, obsesionados por la posesión de bienes materiales y despreocupados por lo inmaterial, que, sin embargo, es la base de nuestra vida.» |42|
A la vez, una de las características y una de las debilidades de la propuesta de Piketty es que no llama a la movilización social para obtener un cambio de las políticas en curso. Es verdad que es consciente de que la
acción de los de abajo desempeñó un papel en las orientaciones tomadas después de la primera guerra mundial, que denuncia la represión que sufrieron los mineros de Marikana en Sudáfrica, en agosto de 2012, pero del centenar de páginas que dedica al final para presentar unas propuestas y reflexionar sobre las soluciones que se deben aportar a los problemas centrales, ninguna de ellas está dedicada a la acción de los ciudadanos organizados, no hace ninguna alusión al movimiento de los Indignados, aunque haya mencionado al movimiento Occupy Wall Street en la parte que precede a sus propuestas. A lo sumo, podemos tener la esperanza de que la divulgación de trabajos, como los suyos, contribuirá a la concienciación que podrá inducir los cambios. Es una debilidad importante en la trayectoria de Piketty. ¿Hay que asombrarse entonces de que proponga la creación, al lado del Parlamento Europeo, de un «Parlamento presupuestario de la eurozona»? |43|
Considera que «este parlamento podría contar con unos cincuenta miembros de cada uno de los grandes países de la zona, a prorrata de la población. Los miembros podrían provenir de las comisiones de finanzas y de asuntos sociales de los parlamentos nacionales, o elegidos de otra forma.» |44| Más adelante, no ve con malos ojos la proposición de «la elección por sufragio universal de un presidente de la Unión Europea, propuesta que lógicamente debería ir acompañada de una extensión de sus poderes». |45| Piketty sigue la vía de reformas que no cuestionan los tratados ni la arquitectura europea, donde el predominio de los intereses del gran capital es inamovible. Pues bien, es indispensable un cambio fundamental, que pasa por la abrogación de los tratados y la apertura de un proceso constituyente, en el que la ciudadanía, unida en la acción, exija sus reivindicaciones.
En conclusión, el trabajo de Thomas Piketty tiene un gran valor por su recolección de datos sobre las desigualdades durante los últimos dos siglos, y ofrece una límpida descripción de su evolución. |46| Su libro constituye un instrumento muy útil y alimenta el debate sobre las alternativas.
El Capital en el siglo XXI. Precisión en la investigación y confusión teórica
Así como Thomas Piketty es preciso en la recogida de datos y su obra es útil con su análisis del reparto desigual del patrimonio y de los ingresos, algunas definiciones son netamente confusas y discutibles. Por ejemplo, la definición de capital que propone: |47|
«En todas las civilizaciones, el capital cumple dos grandes funciones económicas: por una parte, para alojarse (es decir, para producir «servicios de alojamiento», cuyo valor se mide por el valor locativo de la habitación; es el valor del bienestar aportado por el hecho de dormir y vivir bajo un techo y no a la intemperie) y por otra parte como factor de producción de otros bienes y servicios…». Prosigue: «Históricamente, las primeras formas de acumulación capitalista parecen concernir a la vez a los útiles (sílex, etc.) y a los acondicionamientos agrícolas (cercado, riego, drenaje, etc.), así como a los rudimentos de habitación (cavernas, tiendas, cabañas, etc.), antes de pasar a unas formas cada vez más sofisticadas de capital industrial y profesional y de locales de habitación cada vez más elaborados.». Henos aquí sumergidos por Thomas Piketty en una historia de la humanidad donde el capital está presente desde sus orígenes.
Esta importante confusión continúa en los análisis que hace en su libro El capital en el siglo XXI . Para Piketty, un apartamento de un valor de 80.000 euros o un depósito de 2.000 euros en una cuenta de ahorro |48| constituye un capital tanto como una fábrica o un edificio comercial de 125 millones de euros. Evidentemente, en la vida cotidiana, el señor y la señora de la calle consideran que tienen un capital en forma de un departamento que vale 80.000 euros, al que se suma un seguro de vida de 10.000 euros y tal vez 2.000 euros en una cuenta de ahorro postal, y seguramente estarán plenamente de acuerdo con la definición dada por Piketty, los manuales tradicionales de economía y su banquero. Pero se equivocan, pues el capital en la sociedad capitalista no se reduce a esto. El capital es otra cosa diferente de lo que muestran las apariencias, es una relación social que permite a una minoría de la sociedad, el uno por ciento más rico, si se quiere dar una cifra, enriquecerse apropiándose del trabajo de los otros.
Así, cuando Thomas Piketty habla de un impuesto progresivo sobre el capital, considera todos los patrimonios privados, ya sean los 1.000 euros de una cuenta bancaria o la fortuna de Lakshmi Mittal o Liliane Bettencourt.
La confusión prosigue cuando se trata de la renta: la renta del alquiler de un departamento de 80.000 euros es considerada por Piketty una renta del capital, así como la renta que obtiene Liliane Bettencourt de su participación en la firma L’Oréal.
Igualmente, la ganancia que consigue un jubilado de su cuenta en el banco (si tiene 10.000 euros con un 2 % en el 2014, lo que le proporciona 200 euros al año) es considerada una renta del capital por pequeña que sea.
Si pasamos a los salarios, Thomas Piketty considera que todas las ganancias declaradas como salarios son salarios, tanto sea el de un presidente-director general de un banco que percibe un salario de 3 millones de euros al año, como para un empleado bancario que gana 30.000 euros anuales.
Por lo tanto, es pertinente cuestionar el sentido que Piketty da a términos como «capital» o «trabajo» y definir de otro modo lo que se entiende por rentas del capital y rentas del trabajo,
Por ejemplo, el
beneficio que se obtiene del alquiler de un bien, de un depósito bancario o de acciones de una empresa no se tendría que considerar un ingreso del capital más que a partir de cierto monto. Asimismo, el patrimonio inferior a cierto monto no se debería considerar un capital.
Y por otra parte, si se quiere entender cómo el uno por ciento acumula capital, hay que ir más allá de reflexiones tales como «a partir del momento en que el capital desempeña un papel útil en el proceso de producción, es natural que obtenga un rendimiento». |49|
La confusión mantenida por Thomas Piketty, sin duda, hay que relacionarla con sus convicciones:
«No me interesa denunciar las desigualdades o el capitalismo como tal, (…) las desigualdades sociales no constituyen en sí un problema, por poco que sean justificadas, es decir, fundadas en la utilidad común…» |50|
Mi crítica de las observaciones de Thomas Piketty no resta nada al interés del panorama monumental que presenta de la evolución de las desigualdades en materia de patrimonio o de rentas en el curso de los últimos siglos…
Anexo 1. El pueblo ecuatoriano contra la deuda pública ilegítima
A partir de finales de los años 1990, una serie de movimientos sociales ecuatorianos, en particular Jubileo 2000 Guayaquil (la ciudad comercial más importante y el mayor puerto de Ecuador), comenzaron una campaña contra la deuda injusta reclamada al país. Las posiciones de estos movimientos sociales eran al principio bastante moderadas y confusas. Por ejemplo, asistieron a una reunión del Club de París en 1998 pensando que podrían negociar una reestructuración de la deuda ecuatoriana y obtener su reducción. Al cabo de dos años, se dieron cuenta de que el Club de París no tenía ninguna voluntad de negociar y que sólo aceptaban discutir problemas de relaciones públicas. En 2001-2002, el CADTM Internacional y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) iniciaron una campaña sobre el tema particular de la deuda de Ecuador contraída por la compra a Noruega de buques pesqueros. Ambos grupos elaboraron un dossier que demostraba que esta deuda con Noruega era ilegítima porque este país no había vendido esas naves para servir a los intereses ecuatorianos, sino para responder a la crisis de un sector importante de las exportaciones noruegas, en este caso los astilleros. Noruega buscaba países dispuestos a comprar barcos pesqueros, pero los que vendió a Ecuador casi nunca se emplearon para la pesca, sino para transportar bananas, en beneficio de una de las grandes fortunas del país. Este ejemplo concreto ilustra cómo comenzó una campaña contra la deuda poniendo la mira en una deuda particular e introduciendo la noción de deuda ilegítima. Se logró una alianza con la organización noruega SLUG y la introducción del tema la auditoría para poner en claro lo que se reclamaba a Ecuador. La campaña se desarrolló en un marco de grandes movilizaciones sociales a finales de los años 1990 y principios de los años 2000, con numerosos movimientos populares muy importantes, que echaron a dos presidentes neoliberales, uno en el año 2000 y el otro en 2005. Ya había habido importantes movilizaciones en los años 1990, pero en el año 2000 el presidente liberal fue desalojado por la movilización popular. El nuevo presidente electo, Lucio Gutiérrez, había realizado su compaña con un programa anti-FMI, con un programa de izquierda y anti Estados Unidos. Pero, una vez electo, cambió completamente su discurso, y dijo: «Yo soy el mejor amigo de Estados Unidos, Chávez es nuestro enemigo». Esto causó descontento, frustración y una nueva sublevación popular en el año 2005. Gutiérrez huyó del palacio presidencial en helicóptero antes de que asumiera el gobierno de transición, en el cual Rafael Correa, que en el año 2006 sería electo presidente, desempeñaba el cargo de ministro de Finanzas, en un contexto en el que el precio del petróleo era bastante elevado. El tema de la deuda era importante, porque los movimientos sociales estaban realizando una campaña contra la deuda desde hacía 7 u 8 años. En su condición de ministro de Finanzas, Rafael Correa tomó la iniciativa de destinar todos los suplementos de los ingresos originados por el alza del precio del crudo a gastos sociales en educación y sanidad. No era cuestión de que los ingresos suplementarios generados por el petróleo fueran absorbidos por el reembolso de la deuda. Siendo ésta ilegítima, es la población la que debe beneficiarse de los recursos de la exportación y de la recaudación fiscal que se genera. El Banco Mundial y el FMI reaccionaron con dureza y rechazaron la idea de que el dinero proveniente de los ingresos del petróleo fuera a gastos sociales. El BM amenazó con suspender los préstamos a Ecuador si se aplicaba tal medida. Correa se negó a plegarse al diktat del BM y defendió su posición en el gobierno. Prefirió dimitir antes que retirar el decreto que defendía los intereses del país y fue así como se encontró en la oposición. Sin embargo, el presidente interino que reemplazó a Gutiérrez organizó una comisión de auditoría, aunque con unas atribuciones muy restringidas. Pese a todo, ésta realizó un interesante trabajo de estudio de la deuda ecuatoriana, que contribuyó a popularizar aún más la cuestión de la deuda. En las elecciones presidenciales del año 2006, Correa se presentó proponiendo: 1. La necesidad de modificar radicalmente la Constitución del país con una democratización política fundamental; 2. la necesidad de poner fin a la deuda ilegítima. Su mensaje era el siguiente: «Elegidme como presidente y me comprometo a tomar medidas para que el país cese de pagar una deuda ilegítima.» También proclamó que si era elegido presidente, pondría fin a la base militar naval puesta a disposición del ejército estadounidense por Ecuador. Se trataba de que Ecuador recuperara su soberanía y su dignidad. Asimismo, pondría fin a las negociaciones con Estados Unidos concernientes a un tratado de libre comercio. Los grandes temas de su campaña eran: democratización política, cambio constitucional, anulación de la deuda ilegítima, recuperación de la soberanía poniendo fin a la presencia del ejército estadounidense en su territorio y cese de las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
La auditoría de la deuda en 2007-2008 y sus consecuencias positivas
Electo en diciembre de 2006, entabló una batalla en febrero-marzo de 2007 por un referéndum sobre una nueva Constitución, referéndum que ganó a pesar de que toda la oposición y los grandes medios estaban contra él. La etapa siguiente era el pago de la deuda… a partir de mayo de 2007. La primera iniciativa de Correa fue expulsar al representante permanente del Banco Mundial en Ecuador. El mensaje era claro: El BM no había respetado la soberanía de Ecuador en 2005, lo que había causado la dimisión de Correa. El BM se inmiscuye en las cuestiones del país, ¡Fuera, BM, váyase! En julio de 2007, por un decreto presidencial, Rafael Correa instituyó una comisión de auditoría.
Por el lado ecuatoriano, había, por una parte, representantes de la sociedad civil «de base», es decir, movimientos sociales, y por otra, cuatro cuerpos del Estado: el Tribunal de Cuentas, la comisión anticorrupción, el ministerio de Finanzas y de Economía, y el ministerio de Justicia. A este grupo se agregaron seis representantes extranjeros expertos en la materia. Con ese motivo, formé parte de la comisión, cuyo mandato era analizar la deuda pública interna y externa entre los años 1976 y 2006. Teníamos el poder de obtener toda la información necesaria para nuestro trabajo de auditoría a fin de presentar un informe sobre las deudas ilegítimas y hacer recomendaciones al Gobierno y al Estado. Después de 14 meses de trabajo, remitimos nuestras conclusiones y recomendaciones al Gobierno. Durante esos 14 meses nos reunimos en tres oportunidades con el presidente Correa y su gobierno, que a continuación estudiaron nuestras conclusiones y recomendaciones durante un mes y medio. En noviembre de 2008, se anunció la suspensión unilateral del reembolso de dos tercios de la deuda comercial, es decir, la deuda en forma de títulos vendidos en los mercados financieros con vencimiento en 2012 y en 2030. Durante seis meses, Ecuador dejó a los mercados financieros sin información, manteniéndolos en una incertidumbre completa. La decisión se había tomado sin publicación previa. Ecuador encomendó al banco Lazard, un conocido banco internacional, recomprar los títulos en el mercado secundario de la deuda por cuenta del Estado, pero sin revelarlo oficialmente. Esto permitió a Ecuador recomprar una buena parte de los títulos y a continuación hacer una oferta a los tenedores de los títulos restantes, aquellos que no se habían vendido aún al banco Lazard. El gobierno propuso la recompra de los títulos a un 35 % de su valor nominal, aunque ya había comprado una parte al 20 % de su valor. La oferta se hizo en abril de 2009 y en junio de ese mismo año Ecuador anunció públicamente que había recomprado el 91 % de los títulos. La oferta concluía y el 9 % restante de los títulos quedaba fuera. Los tenedores de títulos habían tenido tiempo suficiente para venderlos al Estado. Para concluir, la operación costó unos 900 millones de dólares que el gobierno utilizó para rescatar títulos por valor de 3.200 millones de dólares. El ahorro total, teniendo en cuenta la recompra de los títulos a precio reducido y los intereses que ya no habría que pagar hasta el año 2030, fue de 7.000 millones de dólares. Este dinero se utilizó para aumentar radicalmente el gasto público, en particular en la salud pública, en educación y en infraestructuras. Si se mira el presupuesto ecuatoriano, se ve que a partir de los años 2009-2010, las sumas destinadas al servicio de la deuda se reducen radicalmente y que el gasto social útil aumenta de una forma extremadamente importante, permitiendo una mejora de las condiciones de vida de la población. Esto explica por otra parte por qué Correa fue reelegido en el año 2009 en el marco de la nueva Constitución. Su mandato terminó a principios de 2013, se presentó nuevamente a las elecciones y fue reelecto con el 57 % de los votos, es decir, tuvo más votos para su tercer mandato que para los dos anteriores.
¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? Correa ganó las elecciones de 2006 esencialmente porque entabló la batalla contra el BM y el problema de la deuda ilegítima. Era uno de los principales temas de su campaña y fue sobre esta base que ganó un apoyo popular muy significativo. La primera lección es la siguiente: una organización o un candidato o un frente de organizaciones, como por ejemplo el frente popular que estaba en la oposición, puede convencer y conseguir el apoyo de una parte importante de la opinión pública para llegar al gobierno con el objetivo de tomar medidas tendientes a poner fin al pago de una deuda ilegítima. Y esto es posible si hay también un trabajo de base realizado durante años por los movimientos sociales. Los discursos sobre la deuda son extremadamente importantes para llegar a la opinión pública y demostrar que existen alternativas a las políticas existentes.
Traducido por Griselda Pinero