El
Peculiar Proceso de Integración Política y Militar de
México - EUA
Jorge Retana Yarto*
La tesis central de nuestro
ensayo es que México ha venido desarrollando desde hace unos
30 años, un proceso de integración política con
EUA, no sólo o esencialmente mediante los modelos
convencionales o típicos de instituciones bilaterales o
trilaterales (incluyendo a Canadá a partir de la firma del
NAFTA), los
cuales existen, sino por la vía fundamental de un
proceso peculiar que se ha producido a través de la
construcción de un proyecto transnacional muy conservador
formulado y llevado a la práctica por las élites
políticas y económicas de ambos países,
que se expresa
en un modelo de economía neoliberal progresivo con democracia
restringida, que ha ido avanzando sobre y asaltando las posturas e
instituciones emblemáticas del nacionalismo mexicano: la
ideología nacional-popular, la participación del Estado
en el proceso de desarrollo, el propio modelo de desarrollo con
plenos derechos sociales, las formas de producción colectivas
y comunitarias del campo, la industria energética
nacionalizada, la política exterior progresista, la autonomía
del ejército y la marina, esencialmente. Es decir, se ha
impuesto un
proyecto
retardatario, conservador mediante una alianza transnacional de
fuerzas de derecha en México y EUA, que
ha dado paso a un nuevo
pacto social desfavorable para los intereses sociales y políticos
de las grandes mayorías nacionales.
La integración
México-EUA no puede ser comprendida como un proceso
fatal ni fatídico,
porque existen
luchas nacionales del pueblo mexicano que han
trazado una ruta distinta;
por ello, las
fuerzas políticas contrarias a la esencia de aquellas
batallas, consideran tales episodios históricos como
“anacronismos”
que deben
suprimirse de la memoria colectiva como parte de una nueva
prospectiva de decisiones al futuro.
Mediante esa maniobra
de denegación histórica,
sólo
queda el camino hacia el norte, hacia EUA. Es una operación
de ideologización nueva del presente proyectada al futuro.
No cabe el
determinismo
para su entendimiento, sino
el análisis
e interpretación del proceso histórico concreto,
de frente a
nuestra realidad y aspiraciones nacionales. La integración
México-EUA es un proceso
histórico,
pero en sus
resultados de hoy, es un “estado
de
cosas”,
un orden
bilateral, una resultante de
aquel proceso político-social.
La integración México-
EUA, en retrospectiva
histórica,
tiene un siglo,
por lo menos. Dos ejemplos: ya en la época de la dictadura
porfiriana (en la etapa de principios del siglo XX) la
relación económica con EUA era predominante
(el comercio
exterior tenía niveles de concentración que superaban
el 60% sobre el total de intercambios y en un México en donde
el 80% de la actividad económica era agrícola, más
del 40% de la propiedad de la misma estaba en manos de propietarios
estadounidenses, por lo tanto, tenían un alto nivel de control
de la producción y el comercio agrícola, interno y
externo); a la firma de los Acuerdos de Bucareli (1923), abiertos
para negociar el reconocimiento del gobierno del general Álvaro
Obregón y procesar las demandas estadounidenses a cambio,
particularmente, de lo relativo a las empresas petroleras y sus
concesiones de explotación en México, así como
sobre temas diversos: deuda mexicana, demandas
contra México
y otras concesiones en materia petrolera (las inversiones más
importantes de EUA en el sector y en todo el subcontinente y el
mundo, estaban en México, ya que controlaban el 80% de las
principales explotaciones mineras, y en los pozos petroleros su
dominio era prácticamente total). (Ver,
Anuario Estadístico, Serie Histórica, 1900-2000).
Pero además, dicha relación arrastraba (o arrastra) un
trauma
histórico:
la guerra de
1847-48 en donde México pierde la mitad de su territorio
nacional, cuyos resultados afectaron la identidad nacional, la
mexicanidad.
Desde entonces, este fenómeno
integracionista
antes aludido
ha cursado por distintos momentos, diferentes coyunturas, incluso, de
ruptura
parcial y
búsqueda de un camino
alternativo,
como lo fue la
nacionalización de la industria petrolera en 1938 y el reparto
agrario masivo en el gobierno del general Lázaro Cárdenas
del Río. Sin embargo, dicha integración bilateral se
produjo como un proceso
de facto,
formalizado por
algunos instrumentos jurídicos que versaban sobre temas
concretos: el curso de las aguas en la frontera común, el
Acuerdo de Braceros por tiempo determinado, etc., es decir,
transcurrió, se amplió e intensificó, impulsado
por los factores geográficos, históricos, regionales,
la vecindad, incluso, por los conflictos, etc. Hay pocas relaciones
bilaterales en el mundo tan complejas como esta que tiene y ha tenido
México con EUA.
Contemporáneamente,
este fenómeno tomó
cuerpo y se
formalizo jurídicamente,
al influjo del
cambio de
fase en la economía internacional
(la
regionalización y la globalización) y con el
agotamiento de un modelo de desarrollo nacional (la estrategia de
sustitución de importaciones, que desembocó en la
crisis de sobre endeudamiento externo hacia 1982) y detonó
–desde las elites gobernantes y empresariales-, el cambio
social en México mal llamado “modernización”,
dentro del cual se formaliza la integración económica y
luego se procesa la integración en seguridad transfronteriza y
bajo la fuerza de ambas, un tipo de integración política
muy peculiar, para avanzar últimamente en una integración
de tipo policiaco-militar llamada “cooperación bilateral
en contra la criminalidad transnacional”.
En suma, “la
modernidad”,
el cambio
económico y
la seguridad
bilateral y regional
llegaron a
México bajo
el patrocinio estadounidense,
por no decir,
bajo la hegemonía de los EUA y la plena complacencia de las
elites nacionales que así sellaron un proyecto transnacional
conservador para México. Tales transformaciones configuraron
un nuevo
bloque de fuerzas sociales en el poder estatal
mexicano, en donde los gobiernos estadounidenses a través de
sus aliados internos y mediante los mecanismos bilaterales, tienen un
lugar de influencia muy importante, por momentos, determinante en la
política nacional que se proyecta a lo internacional.
Podemos distinguir cuatro
momentos
álgidos,
dos procesos ya
consolidados, uno en desarrollo y otro más en estado inicial,
respectivamente.
a) La firma del TLCAN (1993)
o Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
b) La firma del ASPAN (2005)
o Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de
América
del Norte (luego de los atentados a las Torres gemelas)
c) La integración policiaco-militar
(2009)
d) La integración en materia energética
(2013-14)
Es evidente que, si omitimos
el proceso de integración policiaco-militar (efecto directo de
“la guerra contra el crimen organizado” y el ASPAN), los
gobiernos estadounidenses y las elites mexicanas, se han dado un
plazo de 8-10 años para cada nuevo avance, para cada nuevo
reposicionamiento
de las políticas propias del modelo estadounidense en la
economía y la política mexicana,
que en conjunto
constituyen los
vértices
de una verdadera ofensiva estratégica
sobre México,
sobre el “nacionalismo mexicano” y las evocaciones
populares de su proceso revolucionario de 1910-17, mediante la cual
han ido concretando
posturas que la
alianza neoconservadora mexicana-estadounidense necesita para
revitalizar
y profundizar
periódicamente
su programa
común para
México. Y en los últimos 30 años han avanzado lo
que no les fue posible en los 70 años anteriores (para tomar
una visión histórica de un siglo), logrando superar muy
favorablemente la ruptura
parcial que
representaron las medidas cardenistas, que fueron vistas siempre en
EUA como “decisiones
antiamericanas
desafiantes”
(lo ratifica
así Alan Greenspan en su libro “La
Era de las Turbulencias”,
p. 377).
Con ello, la
integración económica se ha profundizado
y la nunca
deseada por el autoritarismo político mexicano (construido por
el PRI o Partido Revolucionario Institucional y conservado por el
Partido Acción Nacional, PAN) “integración
política”,
se ha
particularizado
y concretado
a través
de la alianza político-ideológica del
neoconservadurismo de derecha mexicano-americano, como subproceso
objetivo
ante la
profundización de la “americanización
económica
e ideológica”
por la que ha
cursado México, que sería un concepto más
preciso para concebir el proceso descrito. La ofensiva
estratégica
mencionada
sobre México ha sido una especie de moderna expedición
punitiva a territorio mexicano como la desarrollada por el general
Pershing del ejército de EUA en 1916-17 para capturar vivo o
muerto a “Francisco Villa”, por el ataque armado que este
realizó en territorio de EUA.
El éxito de dicha
ofensiva inauguró en esta relación bilateral, la época
de las “administraciones
incondicionales
en México”
(de unos 30 años a la a la fecha) respecto
a los designios de los gobiernos estadounidenses sobre nuestro país.
Al fondo de toda esa política de EUA está la filosofía
política del Destino Manifiesto.
Porque en esta relación
bilateral, el supuesto teórico de la “interdependencia
de las
economías complementarias”
(como conciben
los ideólogos del “integracionismo
subordinado”
dicha relación)
es muy relativa, muy débil desde el lado mexicano,
comparativamente, habida cuenta de las grandes asimetrías de
poder entre ambos.
Luego de la caída del
“socialismo real” (1989-91), EUA (y Gran Bretaña)
desarrolló una ofensiva
mundial para conformar el unilateralismo hegemónico,
con la
ideología del neoliberalismo
modernizador
que alcanzó
a México con la firma del TLCAN; luego de los “atentados
a las Torres Gemelas” la reforzó con el ASPAN o “Acuerdo
para la Seguridad y la Prosperidad Económica” (en ese
orden jerárquico, “seguridad y
prosperidad”),
sometiendo a nuestro país a la lógica de su Seguridad
Nacional entendida regional y globalmente, ya que existe la
experiencia histórica de que durante la “crisis
centroamericana” (finales de los años 70 con la
revolución nicaragüense, y la década de los años
80, con la revolución salvadoreña y guatemalteca, en
donde México actuó a “contra pelo” de la
política injerencista y militar de Ronald Reagan) dos
gobiernos mexicanos (el de los Presidentes, José López
Portillo y Miguel de la Madrid) se atrevieron a actuar en sentido
inverso al intervencionismo militarista de R. Reagan en la región.
El Presidente José López Portillo repetía
entonces: “Presidente
mexicano
que no se mueve a la izquierda del Presidente de EUA está
perdido.”
Es durante la segunda
administración de Barak Obama, cuando se produjo el avance
definitivo
sobre las
posiciones de lo que quedaba del nacionalismo mexicano, usando varios
señuelos
o trampas:
la necesidad de
compartir ordenadamente la riqueza energética transfronteriza;
la futura pero inmediata autosuficiencia energética de EUA que
condenaría a la esterilidad la riqueza de los hidrocarburos
mexicanos; una reforma migratoria desde EUA no consumada de amplio
beneficio para los inmigrantes mexicanos, más la presión
diplomática permanente y las acciones encubiertas de los
organismos de seguridad e inteligencia en la “guerra contra el
crimen organizado”, agregando la enorme doblez de los
gobernantes mexicanos, con todo lo cual lograron abrir el sector
energético reservado a la Nación mexicana, en el
contexto del dominio de la alianza de derecha en el poder y de su
proyecto común con EUA sobre México, que incluye
destacadamente, el Bloque Energético de América del
Norte.
En este último aspecto
crucial de las relaciones con EUA (el energético), se negó
la “Doctrina
Carranza”
(formulada en
febrero de 1918, por el líder más conservador durante
la revolución mexicana, que sostenía que la defensa de
la Soberanía del Estado y los recursos del subsuelo, eran
prioritarios en la política exterior de México) y se
asumió con orgullo la “Doctrina
Monroe”
(1823,
formulada por el entonces Presidente de EUA James Monroe, cuya
consigna era “América para los Americanos”, bajo
la idea central de no permitir la injerencia de ninguna potencia
europea en el continente americano, que rivalizara con la influencia
de EUA en la región). Las fuerzas neoconservadoras actuales
consideran dichos pasajes históricos como “anacrónicos”,
algo irrelevante del “pasado.”
En consecuencia, todos estos
cambios en la relación con EUA han
trastocado el antiguo pacto social entre los mexicanos y han dado el
paso a un nuevo orden político de
perfiles claramente reaccionarios con bajo nivel de Soberanía
política.
De todo este proceso de
“americanización”,
la mayor
pérdida o
retroceso se ha resentido en cuatro
aspectos fundamentales de la vida nacional:
En lo que fue alguna vez un proyecto nacional
progresista y popular (durante el cardenismo), respetado, apreciado
y ejemplar en el contexto latinoamericano y de las luchas
latinoamericanas;
En la fortaleza soberana del Estado Nacional y
en su capacidad de Autodeterminación;
En el principio de la justicia social como
atributo inherente del desarrollo económico; y
En la posibilidad de
superación definitiva del viejo
y siempre nuevo autoritarismo mexicano,
que
respaldaron las elites políticas de ambos lados de la
frontera y que frustró siempre la verdadera democracia
mexicana, cambiándola por la estabilidad
a toda costa
que festinó
el vecino del norte y que le ganó su apoyo, a pesar de las
trapacerías represivas, la elevada corrupción y las
torpezas en el manejo económico que caracterizaron a aquél.
Pero lo peor de todo esto se
desenvuelve gradualmente ante nuestra incredulidad y como efecto
directo de la firma del ASPAN (aunque formalmente haya concluido): la
integración-subordinación militar,
el “tercer
vínculo”
-como lo llamó
Carlos Fazio analista latinoamericano-, que enterrará para
siempre la doctrina militar independentista y de distanciamiento del
ejército estadounidense, soporte de la Soberanía del
Estado Nacional mexicano y de la política exterior con dosis
de independencia y por la Autodeterminación, porque existe un
origen común
entre la
Constitución Política (sus principales postulados), el
ejército mexicano de origen popular (su proceso de
institucionalización) y el orden social (en lo fundamental,
emanado del proceso revolucionario), y no
puede o no podía trastocarse el uno sin alterar todo.
En consecuencia, todos los
avances mencionados, han
dejado listo el camino para la integración-subordinación
militar, el
“punto
de inflexión”
puede situarse
claramente en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa, a partir de la visita a México de Hilary Clinton,
cuando empezó abiertamente la nueva andanada de medidas
intervencionistas estadunidenses en territorio mexicano: se abrió
la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), cuyas instalaciones se
encuentran en el corazón de la Ciudad de México, en
donde opera: personal del Pentágono asignado a la Agencia de
Inteligencia Militar, a la Oficina Nacional de Reconocimiento y a la
Agencia Nacional de Seguridad; así como agentes de la Oficina
Federal de Investigaciones, del Departamento de Justicia, de la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; agentes de
Inteligencia de la Guardia Costera; de la Oficina de Cumplimiento
Aduanal y Migratorio.
Igualmente, operan efectivos
de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros,
que representan al Departamento del Tesoro; todas, dependencias
gubernamentales estadunidenses, más un sistema de
“cooperación” en inteligencia policiaca y militar,
cuyo eje operativo estratégico es el Centro de Inteligencia de
El Paso, Texas (EPIC), uno de los tres más grandes e
importantes en EUA, más los programas de capacitación y
equipamiento militar (ejemplo, la instauración de la Academia
Nacional de Formación y Desarrollo Policial, en San Salvador
Chachapa, Puebla, inaugurada en mayo de 2012 por el embajador
estadunidense Anthony Wayne), las maniobras militares conjuntas,
maniobras navales “Unitas
50-09”
en Mayport,
Florida, del 20 de abril al 5 de mayo de 2009, y las maniobras
militares conjuntas que se han ido desarrollando, por ejemplo, entre
los Estados de Texas y Tamaulipas, del 2 al 9 de mayo
de 2012, por
parte de ambos ejércitos), los vuelos autorizados de ”drones”
(parte de los “Acuerdos Secretos Obama-Calderón y
vigentes con EPN) sobre el espacio aéreo mexicano,
anticonstitucionales.
El gran poder de presión para logar todo
esto, fue una resolución del Senado de EUA en donde se
demandaba al gobierno de Barak Obama, negociara un programa
“multi-agencias” de perfil contrainsurgente en México,
para contener a la criminalidad transnacional conceptualizada como
“narco-terrorismo”, al igual que hicieron en la Colombia
de los años 80, justamente, con el Plan Colombia. El gobierno
mexicano, hipotéticamente, negoció lo uno (la
instalación de la comunidad de agencias de seguridad e
inteligencia de EUA, pero no el plan contrainsurgente supervisado por
el ejército de EUA). Gravísimo. México debió
formular otra alternativa global, no la aceptación parcial de
la demanda del senado, con mayoría republicana.
El “tercer
vínculo”
–el
militar, demandado durante décadas por el Pentágono y
negado por los gobiernos y el ejército mexicano- se expresa en
todo lo anterior a su más alto nivel, desde las
“administraciones mexicanas incondicionales” de las
últimas casi tres décadas. Será su
responsabilidad histórica.
Todo este cuadro histórico
y socio-político antes formulado, constituye una verdadera
política
de depredación de la Soberanía Nacional
que aún
quedaba en firme a los mexicanos, que es responsabilidad histórica
de la alianza neoconservadora de derecha, por ello, sin proyecto
nacional, sino con un proyecto transnacional sometido y dirigido
hacia y por EUA.
La cultura propiamente
mexicana también se ha debilitado ante la invasión de
la “guerra de las marcas” comerciales a que dio lugar la
integración económica en todo el ámbito social y
nacional, imponiendo nuevos
patrones de comportamiento en el consumidor
que trastocan
los hábitos sociales precedentes. Más aún, en
las ciudades regionalmente
integradas
en la frontera
común, bajo la influencia
de tres factores:
el comercio,
las manufacturas compartidas (maquilas) y los servicios tradicionales
(hoteles, restaurantes, etc.), todos bajo un verdadero boom
expansivo, que se tradujo en un reordenamiento económico,
demográfico y territorial, que viene de antes pero alcanzó
su máximo en las últimas dos décadas.
Para algunos autores esta
integración interregional en la frontera ha conformado una
especie de “tercera economía” que asume ya una
dinámica propia, a pesar de sus fuertes disparidades. Es
decir, la
integración no suprimió las desigualdades entre ambas
regiones, sino que las condujo a un estadio distinto.
Es un área geográfica
que resiente severamente los vaivenes del ciclo económico
entre ambas economías nacionales. Por ejemplo, el PIB de la
frontera norte de México en 1993 era el 21.3% del PIB
nacional, y en 2003 fue del 25%. Hoy se estima prácticamente
del 30%. La maquila tuvo una década de expansión a una
tasa de 20% anual promedio y ha dado empleo al 20% del sector
manufacturero nacional, y la inversión extranjera en toda la
zona suma el 30% del total nacional. (INEGI,
2007).
Estados fronterizos del norte de México
han participado de manera importante en este proceso a partir de su
incorporación a lo que ha sido, una gran expansión del
comercio exterior mexicano en toda la frontera norte y en el sur de
EUA, lo cual incluye a cientos y miles de establecimientos
mercantiles y empresas de mediana y grande estructura que tienen su
asiento legal, tanto en el norte de México como en el centro
del país, sin omitir que siempre ha habido en toda esa zona,
relaciones comerciales, sociales y culturales entre los habitantes de
ambos lados de la frontera, pero han llegado a un punto máximo
ante el evento de integración fronterizo y trasfronterizo
ocurrido, que modificó la estructura económica,
demográfica y social.
Pero también se dio el fenómeno –y
contribuyó en gran forma a ello lo antes dicho- en lo relativo
a la producción manufacturera en ciudades como Tijuana, Ciudad
Juárez, Mexicali, Matamoros y Nogales, así como el
comercio con ciudades de EUA como San Diego, Ca léxico, Mac
Allen, California, Arizona, Brownsville, El Paso, Eagle Pass. Sin
embargo, al ser el proceso perfectamente localizado en lo regional,
ha acentuado las diferencias con otras subregiones, no sólo
del resto del país, sino del propio norte.
Parte de ese “boom”,
han sido “los cruces fronterizos” a pie y con vehículos
privados, que crecieron a una tasa promedio del 3% anual, 30 % en 10
años, 60% en los 20 años
hasta hoy
transcurridos. Pero los cruces fronterizos en vehículos de
carga comercial, lo
hicieron al
doble. Una verdadera explosión
comercial pero asimétrica.
(Mendoza,
Jorge, http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/, p. 522)
No obstante, desde la
perspectiva mexicana de izquierda, el proceso en sus resultados es
sumamente negativo por todo lo antes expuesto. El “boom
comercial, industrial y financiero-bursátil” durante el
ciclo total del TLCAN con sus efectos colaterales (empleo, ingresos,
expansión empresarial, etc.), aún si omitiéramos
su carácter asimétrico que acentuó las
diferencias regionales en México, nunca podrá
justificar – solamente explicar objetivamente- la
succión política de la que ha sido objeto la Soberanía
Nacional del Estado Mexicano, el retroceso pronunciado en el pacto
socio político entre los mexicanos y el cambio reaccionario
del orden social, del cual era parte el status preexistente de las
relaciones con EUA en las distintas materias.
La perspectiva
estadounidense, no oficial, muy probablemente haya quedado bien
representada en lo que señaló el ex embajador de EUA en
México (1998-2002), el Sr. Jeffrey Davidow, quien en su libro
“El
Oso y el
Puercoespín”
(2004), se une
a otras voces en EUA (como el Senado) que conciben el proceso de
integración México-EUA como un proceso
claramente fallido
debido a tres
grupos de interferencias mayores:
los problemas
irresueltos de la inmigración, el terrorismo en tierras
estadounidenses (la afectación del mismo en la dinámica
de ambas fronteras) y la violencia desatada por el crimen organizado
del narcotráfico y otros muchos delitos.
Pero aún, en este
punto de vista, podemos darnos cuenta de que las élites
políticas en EUA, no aceptan íntegramente las causas de
fondo de la integración fallida, es decir, “los
problemas
o fallas de origen”,
la inmensa
gravitación de otros factores de tipo histórico
estructural
(además
de los mencionados por él ex embajador), la
dinámica
política tan desigual que el proceso abrió, el
impacto
de los problemas y transiciones de la hegemonía
estadounidense, los
cambios
en la economía y la política internacional, los
elementos de orden
ideológico involucrados y
los efectos
extraordinariamente dispares que el proceso provocó al
tener como base una concepción
teórica que ha manifestado sus graves inconsistencias e
inconvenientes en la praxis histórica: la tesis de la
convergencia y homogenización en los niveles de desarrollo
entre economías tan asimétricas como la de México,
EUA y Canadá (país
en donde están vigentes las asimetrías económicas
con México, pero no los conflictos político.-sociales)
que se integran mediante Tratados de Libre Comercio u otras
modalidades, como lo ha demostrando la integración de la
Eurozona, entre los países del Norte y del Sur de Europa,
fuertemente asimétricos en lo económico, nacional y
regionalmente.
Todo indica que aquí
tenemos un factor
determinante no suficientemente ponderado,
despreciado por
las teorías sobre la integración Norte-Sur en un
momento dado de la historia de dichas relaciones, porque ello
conlleva, todo
el peso de las historias
nacionales estructuralmente diferenciadas,
atributos y
factores que no se pueden suprimir –como estamos constatando en
Norteamérica y en la Eurozona- en periodos históricos
relativamente breves (10-15 o 20 años) y partiendo de
desigualdades tan pronunciadas comparativamente.
Por lo menos, hasta hoy no se ha manifestado así
en los procesos de integración Sur- Sur, en donde existen
problemas para avanzar, pero no de la misma naturaleza, no
ocasionados por las amplias asimetrías de poder y nivel de
desarrollo.
Por lo tanto, todo lo
anterior, ha
debilitado el “proceso integracionista”
en América
del Norte y particularmente, entre México y EUA. Se ha
manifestado con claridad en la pérdida
de impulsos económicos y en la amplia filtración
competidora de otros poderes planetarios -como los asiáticos-
a su interior,
por lo que los
gobernantes de ambos lados de la frontera, se han visto compelidos a
inyectarle
nuevas fuerzas a través de la apertura-incorporación
del sector energético mexicano y del reforzamiento de su
derechista alianza política e ideológica,
la cual han
hecho patente promocionalmente, subrayando una nueva etapa de
“revitalización
y
fortalecimiento”
de aquel. A
pesar de lo poco que ha obtenido México y de lo mucho que ha
dado.
Está por verse cómo
influirá más decisivamente en este “proceso
integracionista”, que ha resultado ser un verdadero
proceso de absorción
gradual del
Estado y la sociedad nacional de México por el Estado y la
sociedad nacional de los EUA (la que menos disposición
socio-cultural tiene para ello por su endémico rechazo), los
continuos cambios en la geo economía y la geopolítica
regional, en la transición hegemónica de EUA y en el
fortalecimiento inexorable de sus grandes competidores asiáticos
en una región que algún día fue de su exclusiva
influencia, de su gravitación prácticamente única,
y hoy es espacio de evolución hacia el Orden Multipolar.
Sin embargo, todos los
procesos sociales son susceptibles de agotarse, de desfallecer,
incluso, de detenerse y revertirse, de cambiar su orientación
fundamental por otra
orientación
alternativa. Por supuesto, en una perspectiva histórica, no
inmediata. Y esa es la tarea de las fuerzas sociales partidarias del
México alternativo.
Últimos Eventos Relevantes sobre
esta Temática.
En las últimas semanas, han tenido lugar
dos eventos relevantes, en realidad, ambos dentro de la lógica
del integracionismo militar de América del Norte, aunque uno
de ellos, de consumo e impactos más bien internos: el primero,
la “Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de
América del Norte” celebrada el 24 de abril de 2014, en
las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional de
México, entre los comandantes de las fuerzas armadas de
México, EUA y Canadá, estuvieron: el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, comandante del Ejército Mexicano, contando
con la presencia del Almirante Vidal Francisco Soberón,
titular de la Armada de México; Charles Timothy Hagel,
Secretario de Defensa de EUA y Robert D. Nicholson, Ministro de
Defensa de Canadá.
De ellos surgió un
enfoque de los temas tratados, de la situación y tareas de las
fuerzas armadas de los tres países, que corrobora plenamente
varias de las conceptualizaciones y argumentaciones antes señaladas,
porque dicha reunión le da un rumbo preciso a lo afirmado por
nosotros en nuestra reflexión precedente, en donde
establecimos que todos los eventos anteriores aquí referidos,
como, lo relativo al adiestramiento policiaco, los centros de
inteligencia y seguridad abiertos en México, las maniobras
militares conjuntas, los apoyos militares y hasta las amenazas del
programa de contrainsurgencia militar para México sustituyendo
la Iniciativa Mérida hechas desde el Senado de EUA, “han
dejado
listo el camino para la integración-subordinación
militar”.
Y
efectivamente. Pero, no perdamos de vista esa “doble
representación militar mexicana”: Ejército de
Tierra y Aire y la Secretaría de Marina. Está dando y
dará más qué analizar y concluir.
El enfoque asumido, los conceptos manejados y
los acuerdos tomados así lo revelan:
“La profundidad
de nuestras relaciones, geografía, demografía e
integración económica”
hace que los
tres países compartan “intereses
mutuos
de defensa”.
El propio
General Cienfuegos estableció: “existe
una
importancia geoestratégica en América del Norte que
nos impulsa a estrechar lazos para atender amenazas que son de
naturaleza diversa y de alcance multilateral”,
agregando que
“ante
los
cambios profundos y tendencias globales es necesario el intercambio
de enfoques comunes, en los cuales se basa la paz y la seguridad de
Norteamérica”,
una de tales
amenazas fue mencionada “el
crimen
organizado internacional”;
El Sr. Hagel mencionó
que desde hace tres años los intercambios trilaterales “han
sido
impresionantemente productivos con grandes incrementos en la
cantidad de intercambios militares”;
Uno de los acuerdos señala:
”Continuar
con la
identificación de medidas y procedimientos para apoyar a las
instituciones civiles de seguridad pública (y) desarrollar
mecanismos para trabajar en forma conjunta, con el fin de
incrementar la eficiencia de nuestras fuerzas armadas”;
Otro fue: “Compartir
información
en relación con los retos de defensa cibernética y
métodos para enfrentarlos e identificar las oportunidades
para coordinar las actividades que contribuyen a fortalecer la
seguridad de las zonas fronterizas de la región de
Norteamérica”;
Igualmente, resolvieron
“continuar
trabajando
para fortalecer los foros de defensa hemisférica, como la
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y la
Junta Interamericana de Defensa”
(JID) (La
Jornada, 25 de abril, p.12)
Es muy evidente lo afirmado:
México hace su
entrada y se articula en los esquemas de seguridad militar
estratégica de EUA;
ya no sólo contra el
crimen transnacional, o regional, sino ante los “cambios
profundos”
del escenario
internacional, sobre los cuales EUA conforma alianzas regionales
(JID) y globales (OTAN) contra sus rivales regionales en ascenso
mundial, China y la Federación de Rusia, particularmente;
y este alineamiento
estratégico en lo militar
(hasta pocos
años, ausente, y al cual se resistía el ejército
mexicano) se extiende a la “guerra
cibernética”
(recordar que
el ejército estadounidense declaró hace 3 años
al ciberespacio como “zona
de
guerra”)
y cuyos
conatos se han dado ya entre China y EUA; y
de igual manera, se
mantiene el enfoque del combate militar a la criminalidad. Y
a despecho de todo este enfoque
geopolítico y geoestratégico,
se sigue
hablando de colaborar para favorecer la “seguridad
pública”.
México
se ha “colombianizado”
completamente
desde esta perspectiva.
Falta la
propuesta –como la hay ya para Colombia- de integrarlo en el
mediano plazo a la OTAN. Ya llegará creándonos muchos
problemas.
Diversos analistas, comentaristas y académicos,
pasan por alto (consciente o inconscientemente) la enorme
trascendencia de estos eventos para nuestro sistema político,
para la solidez del Estado Mexicano (muy menguada desde distintos
frentes, uno de ellos muy poderoso, es éste, y el ciudadano de
a pie, ni se entera. Gravísimo.
Este mismo día 25 de abril, se conoció
la resolución unánime del Senado para limitar el “fuero
de guerra” o “fuero militar” del ejército
mexicano, demanda democrática frente a las tropelías de
miembros del instituto armado en poblaciones y ciudades (las menos),
dentro del combate militar a la criminalidad trasnacional, lo que
implica que ante la comisión de delitos por miembros
castrenses sobre la población civil, ellos serán
llevados a juicio ante tribunales civiles específicos para el
efecto, y para ser juzgados por su eventual comisión,
incorporando el tema del respeto a los derechos humanos como parte
esencial de su conducta. Termia así una larga tradición
militar y una resistencia castrense a esta posibilidad. El
complemento necesario sería dotar de un marco jurídico
adecuado a la actividad de los militares en tareas de “seguridad
pública”, violatorio de la Constitución, o mejor
regresarlos a sus cuarteles, ante la falta de garantías y
normatividad para desarrollar atípicamente esta función.
Esta puede ser una vía primaria para
empezar a modificar la militarización del combate a la
criminalidad transnacional, concepción también impuesta
por EUA a toda la región.
Agosto de 2014.
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* Jorge
Retana Yarto
Licenciado en Economía
por la UNAM, miembro del Colegio
Nacional de Economistas (CNE)
y de la Asociación
Mexicana de Estudios Canadienses (AMEC),
así como de la Asociación
de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE)
Capítulo-México, con sede en Houston Texas, EUA, en
cuya institución realizó estudios para Certificación
y sobre Auditoría
Forense, es
integrante de la Red
de Economistas de América Latina y el Caribe adscrita
al Centro de
Estudios China-México de
la Facultad de Economía de la UNAM. Posee una Especialización
en Inteligencia
para la Seguridad Nacional por
el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
joretyar@yahoo.com.mx
joretyar@aol.com
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