Agosto 2014

La REPUBLICA Argentina en la década Kirchnerista

 

Dra. Renee Isabel Mengo



Presentación

Para comprender las condiciones en que llego la República Argentina a comienzos del siglo XXI, es necesario recordar los tres grandes períodos que atravesó desde la fase de construcción de la Nación (1860-1930), dominada por un racionalismo liberal que encuentra límites a sus políticas modernizadoras en la protección de la propiedad concentrada de la tierra; pasando por el potente intervencionismo de rasgos populistas que corre decididamente entre los años 1945 y 1975, para, luego de su prolongada crisis, llegar al neoliberalismo de la década de los ´90. El corto reinado de un régimen que apela rígidamente a los postulados de la economía política neo clásica, no impidió que el mismo dé el golpe final a los parámetros normativos de una sociedad que tenía en la protección del mercado interno, en las políticas sociales y en el empleo cuasi pleno, su modalidad de inclusión. Más allá de las circunstancias, el neoliberalismo argentino, como orden capitalista extremo, sucumbió en su propio juego mercantilista, acelerando un proceso de deslegitimación de las normas y reglas sociales y políticas.

De allí en más, una intensa dinámica política, económica y cultural –que envuelve a la sociedad civil en un marcado activismo, al Estado en un ejercicio decisionista que comporta mutaciones importantes en las cuestiones que han venido constituyendo la agenda, y a las viejas corporaciones, que resisten históricamente a los cambios que de una u otra forma se ensayan-, caracteriza la realidad social y política argentina.

Luego de la crisis política y social del 2001 y 2002, se vuelve a la vida institucional republicana. La asunción presi­dencial de Néstor Kirchner (2003), generó un nuevo escenario político, in­terpelando fuertemente a la sociedad y a las organizaciones sociales movili­zadas (la vuelta a la «normalidad», la emergencia de un discurso progresis­ta «desde arriba» y el retorno tímido de lo nacional-popular); y por último, la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, desde el 2007, dentro del que se da la conmemoración del Bicentenario, y la muerte repentina del ex-presidente Néstor Kirchner (2010). Se caracteriza a este último momento (2008-2010) como el de la exacerbación de lo nacional-popular y la tentativa de construcción de la hegemonía.

En síntesis, se observa que desde el 2003 a la fecha, dentro del mismo gobierno se dan tres períodos: alto crecimiento y baja inflación entre 2003 y 2007, luego expansión fuerte de la economía y precios en alza entre 2007 y 2011, y la tercera, de 2012 al presente, con la inflación superando cómodamente el 30% y el PBI tratando de eludir la recesión.

 Desarrollo

 La década gobernada por el matrimonio Kirchner se ha caracterizado por la elaboración de un discurso que dominó la crisis, articulando la promesa de inclusión social, redimiendo el mito del Estado reparador y orientado a restablecer el lazo representativo. La producción retórica demostró tener sus efectos políticos, (Laclau, 2002), los cuales no pueden constatarse sin analizar las condiciones de recepción y de decodificación que intervienen en el proceso de interpelación. El discurso kirchnerista en este sentido apuntó hacia la opinión pública y la ciudadanía con su alto nivel de formalidad y abstracción. Las promesas allí dirigidas tuvieron que ver con garantizar la gobernabilidad, recuperar la investidura presidencial y encarar reformas institucionales que subsanen aquellas percibidas como corrompidas, todo ello hasta que concentró poder por sus propios medios. En el momento en que asume el poder, tendió a la centro izquierda, no a la izquierda y coincidentemente con el progresismo latinoamericano del momento fue: antiliberal, respecto a los 90; partidario de la recuperación de los Derechos Humanos y con vocación latinoamericanista. Lo más propio fue la “transversalidad”, que duro poco, porque volvió al peronismo, que siempre fue verticalista.

 Los primeros gestos de Kirchner contribuyeron a reconfigu­rar el campo político desde la esfera institucional: los cambios en la Corte Suprema de Justicia, la asun­ción de la política de derechos huma­nos como política de Estado, la reivin­dicación de una cierta autonomía de la política respecto de la economía, en el marco del default y, por último, la opción por una política económi­ca heterodoxa, signaron sus prime­ros pasos. Estos gestos interpelaron a un conjunto de organizaciones socia­les, entre las que se destacaron diver­sos organismos de derechos humanos, que habían sido golpeados duramente por las sucesivas leyes de impunidad (dictadas por los expresidentes, Raúl Alfonsín y Carlos Menem), y varias organizaciones de desocupados, ancladas en la tradición nacional-popular, pero desvinculadas –hasta ese momento– del Partido Jus­ticialista (PJ).

El proceso de reindustrializa­ción fue favorecido por el esquema macroeconómico de «tipo de cambio alto y competitivo» –sostenido por intervenciones del Banco Central–. Más allá de esto, las políticas activas hacia la industria fueron escasas y no se formuló una estrategia de indus­trialización inclusiva y sustentable. Por ende, la reactivación económica y manufacturera que tuvo lugar a partir de 2003 no logró revertir los alcances de los años de desindustria­lización neoliberal.

La supuesta «vía indus­trial» debe ser relativizada, en la me­dida en que el crecimiento de la eco­nomía aparece ligado a la exportación de commodities (principalmente, la soja y sus derivados), favorecida por los al­tos precios internacionales.

Al respecto y para ilustrar, valido es el informe del vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet: desde 2003 la producción de soja pasó de 31,5 millones de toneladas (MT) a 50 MT; es decir que creció 60%, con una diferencia de 18,5 MT. A esto debe agregarse que el valor de exportación FOB (Free on Board) de la soja y varios subproductos aumentaron considerablemente en ese período: el aceite, la harina pellet y los granos crecieron, respectivamente, 98% (unos 488 US$/tonelada), 178% (309 US$/tn) y 133% (296 US$/tn).

Gracias a esta suba conjunta de la producción y los precios internacionales, Roulet sostiene que las exportaciones de soja pasaron de facturar US$ 6.957 millones en 2003 a los actuales US$ 23.000 millones. Esto deja un excedente de US$ 16.000 millones anuales y, si se suman los diez años de exportaciones, se ve que el complejo sojero aportó en ese tiempo unos US$ 155.923 millones. ^[1]

La política social, que se inicia en el período 2002-2006, se va construyendo como respuesta al largo período de crisis que hace eclosión en el 2001, medidas masivas de sustitución del ingreso -tipo work-fare –, a la vez que programas de reactivación económica, son sus primeras herramientas. Entre ellas, por su amplio alcance, cabe mencionar la política de subsidios a la producción de bienes exportables relevantes al consumo de las familias, se ubican decididamente en el campo de la política social. Una de ellas, sin duda la más relevante, deviene de una decisión política del Poder Ejecutivo, que otorga una Asignación Universal por hijo para Protección Social, suerte de ingreso básico dirigido a la niñez desprotegida^[2], medida promovida desde hacía muchos años por partidos y organi­zaciones sociales progresistas oposi­toras, que la presidenta sancionó por decreto en el 2009. La segunda de estas políticas es la representada por el Programa de Ingreso Social con Trabajo, “Argentina Trabaja” ^[3]; la decisión de descartar la privatización de la producción y distribución de la documentación de identidad, siendo asumida la misma el Estado, es también relevante. No están desprovistas así mismo de significados orientados al bienestar social, la sanción de la nueva Ley de Medios^[4] y el proyecto de Reforma Política, luego desestimada. (La Serna, C. 2009).Todo lo anterior se completó con la Ley de Matrimonio Igualitario (que incluye a personas del mismo sexo) y la nacionalización del sistema previsional.

La muerte repentina de Néstor Kirchner en octubre de 2010, terminó de abrir por completo las compuertas a lo nacio­nal-popular en su clásica versión es­tatista.

 Deudas no resueltas

 Las medidas adoptadas que marcaron distancia del neoliberalismo para incursionar en cierta regulación económica y en la puesta en práctica de políticas neo-bienestaristas, es todavía moroso frente al propio discurso. Parece en efecto relevante reclamar que un camino tal requiere solidificar la fiscalidad estatal e incrementar las posibilidades de una justicia distributiva. Así por ejemplo, están pendientes el proyecto destinado a gravar la renta financiera, algo muy extendido

en otros países; la transformación en ley impositiva de las quitas a las exportaciones; la aplicación de una tasa tipo TOBIN (Impuesto a las transacciones financieras) por el ingreso de capitales extranjeros, lo cual aplica Chile y más recientemente Brasil. Pero una mayor justicia en el manejo de recursos requiere que el fondo público más importante que existe en el país, esto es el aporte de los trabajadores formales a las denominadas Obras Sociales Sindicales, deje de ser gestionado por las mismas, para pasar a constituir un fondo estatal con control parlamentario y de la sociedad civil. El porqué de esta propuesta, reside centralmente en la poca transparencia en la gestión de estos fondos y en el enriquecimiento de que hacen gala las cúpulas sindicales correspondientes.

 Otros campos en los que existe una fuerte deuda, quizás más reciente por su carácter, son aquellos de los derechos del trabajo precario, del género y del medio ambiente.

 La incertidumbre debida a la falta de normas y reglas aceptadas colectivamente, es lo que lleva a la sociedad civil, en un ejercicio reflexivo, a recrear interpretaciones, y a ensayar con base en ellas nuevas prácticas.

 Para ilustrar las expresiones sostenidas se expone lo siguiente: El gobierno de Néstor Kirchner impulsó el consumo para reconstruir el mercado interno. En 2003 el salario mínimo era de $200, un año más tarde subió a $450 y llegó a $2.875 en 2013. Se les dio cobertura a 2,5 millones de personas en edad jubilatoria y el haber mínimo subió 1.254%. Pero esa mejora vino acompañada por el solapamiento: hoy el 70% de los jubilados cobra la mínima. Esta transferencia de recursos permitió que el consumo traccionara al empleo, con el comercio y la industria aprovechando la capacidad ociosa que había dejado la década anterior.

 Para el sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA, en un reportaje sostuvo^[5]: el crecimiento económico o la década ganada fue sólo para las clases media y media alta. Las clases que alcanzaron un trabajo sólido y cubren los derechos sociales miran a la sociedad pobre como lo distinto. Y está aún esa concepción de que los distintos son peligrosos. Es una marginalidad que no desea seguir el ejemplo de los que elevaron su clase social, es decir, no hay un deseo de alcanzar a las clases medias y altas. No se los considera como alguien a quien ayudar porque siempre van a estar ahí. Entonces necesitamos una política estructural que cambie eso.

Según el Indec^[6], el 1,5% de la población es indigente. A nosotros las mediciones nos indican que es del 5,4% la indigencia en Argentina. La pobreza es del 5,6% para Indec y para nosotros se ubica en el 26, 9%. O sea que estamos hablando de que para nuestras estimaciones son 2 millones de personas que no cubren la canasta básica de alimentos, por eso son indigentes. Y alrededor de 10 millones que no cubren la canasta básica total (alimentos más servicios).

Pero además, hay que considerar que el 50% de los trabajadores urbanos ganan menos de $3.500 en Argentina. Esto marca que si la Canasta Básica Total está cerca de los $3.000 para una familia tipo (cuatro integrantes), es evidente cuántos pueden apenas cubrirla.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina nace a comienzos de la primera década del siglo XXI. Adquiere mayor relevancia en 2004, cuando comienza a elaborar e implementar sus propias estadísticas producto del trabajo de campo que hoy realizan.

La pérdida de credibilidad del Indec posicionó a este organismo no gubernamental en un punto de referencia a la hora de hablar de pobreza, educación y calidad de vida en Argentina. No busca competir con instituciones oficiales, pero sí busca claridad en las lecturas que se realizan de los problemas sociales que afectan al país.

Para fines del 2013, el mismo Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), relevó: en el país hay más de 11 millones de pobres. Son un 27,5% de los 41 millones de habitantes, además del 27% de pobreza, hay un 34% de trabajo ilegal y un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian. El Gobierno oculta la condición de pobre de más de una de cada cinco personas, son nueve millones de personas, ya que el organismo estatal responsable del relevamiento e información –INDEC-, fue intervenido desde el 2007 y lo que informa es altamente sospechado.

 Otro aspecto muy importante de la década, es el atraso energético, inexplicable con los ingresos que obtuvo el Estado por saldo de exportaciones, lo que ha llevado a la compra externa de energía. En 2013 se importaron combustibles por valor de 13.000 millones de dólares, una cantidad que intensificó la pérdida de reservas del Banco Central, que bajaron de 45.000 millones de dólares en julio de 2012 a menos de 29.000 millones en la actualidad(Lozano, 2013) ^[7].

Argentina tiene dificultades serias. Existe un sistema de dicotomía, de dualidades, y se construyó una lógica mediante el cual este gobierno sostuvo su poder. Esa lógica de crear conflictos más que consensos, es la que hoy prima. La historia argentina está cargada de dualidades que vienen desde la Revolución de Mayo. Siguiendo esa línea, los enemigos están adentro y no afuera. Con eso, se busca desacreditar al otro y construir legitimidad. Es un modo que utilizan para garantizar el poder. Entonces, en la medida en que hay que destruir al enemigo no se apunta a crear un sistema que acompañe a la ciudadanía mediante políticas de Estado. Esto se agravó en los últimos 10 años. Se crispó a la sociedad en la lógica amigo- enemigo. Por eso, se dejó de lado una de las oportunidades más grandes que tuvo Argentina en los últimos años. Podría haber incluido un tercio de la sociedad que está afuera todavía.

 ¿Cómo interpretar los cambios operados en el tiempo del Kirchnerismo? La Socióloga Maristela Svampa^[8], quien ha analizado pormenorizadamente el periodo, sostiene que no hubo reconstitución po­lítica desde abajo, pero el tejido social organizativo cambió, lo que se ex­presa tanto en la presencia de la ma­triz clasista como en la expansión del militante autonomista, con fuerte formato territorial y aspira­ciones de democratización. Una de las características de ese mo­mento inicial fue la configuración de un discurso progresista «desde arri­ba», facilitada por la emergencia de un espacio progresista a escala regio­nal y el retorno –todavía tímido– de lo nacional-popular, de la mano de la revalorización del rol del Estado.

La autora destaca del periodo la lucha intraclases, en base a:

Cuando en el 2008, se quiso aumentar las retenciones al campo, el gobierno confundió el componente social de la protesta, no era la vieja oligarquía, sino sectores medios rurales de tradición familiar en la actividad, convertidos en generadores de los agro negocios, se manifestaron en contra del aumento de las retenciones como sectores medios rurales con apoyo urbano; ese fue el punto del conflicto, ya que el gobierno nunca cuestionó a Monsanto; a la Barrick Goold por la mega minería, o la reciente firma de acuerdos con Chevron; es decir que en la economía extractiva con expansión de la frontera agropecuaria, mostraron al verdadero modelo de acumulación que se expresaba discursivamente como “Nacional y popular”, reparador, al tiempo que las alianzas económicas con las grandes corporaciones y en su mayoría extranjeras, se dedicaron a la desposesión de tierras; minas; áreas petroleras; pesqueras, etc. A los desocupados urbanos, se le sumo los desalojados rurales, entre ellos muchas comunidades de pueblos originarios.

Esta polarización social se observa hasta el presente, debido a:

-Hegemonización del modelo.

-Deterioro económico por: inflación, precarización laboral; políticas impositivas regresivas; cepo cambiario; etc

-El relato del Modelo Nacional y Popular, mientras cubre a las corporaciones internacionales, provocando grandes contradicciones.

Por lo que se deduce que desde el 2008 el modelo se convirtió en populismo hegemónico. Este giro estuvo respaldado por sectores medios progresistas, confrontando con sectores medios tradicionales. Así surgió Carta Abierta (intelectuales; artistas). La Cámpora (construcción desde arriba de la juventud), ambos llevaron a cabo la batalla cultural propuesta desde el modelo, polarizando a la sociedad, fundamentalmente a los propios sectores medios.

 La respuesta electoral al enfrentamiento con el campo, se mostró en la derrota legislativa del 2009. Luego de la muerte de N. Kirchner, su esposa retuvo el capital simbólico, que fue expresado en el triunfo del 2011 para su reelección con el 54% de los votos.

Por lo anterior se deduce que: a partir del 2012, se acentuó el encapsulamiento del poder, terminando en un extremo presidencialismo, apoyado en La Campora. Ello ha conducido a la polarización política y social, con alto contenido de intolerancia.

Como panorama actual se incluye que, en el 2012/13, la puja ideológica fue de interclase, entre el monopolio progresista para la inclusión social y las acumulativas denuncias por corrupción; se le une la ruptura con el sindicalismo, abandonando el sostén del populismo clásico.

Sus políticas actuales en economía son bastante ortodoxas. Construyó ciudadanos consumidores, más que ciudadanos con derechos, es la revolución pasiva.

Se infiere por lo tanto que, el Kirchnerismo ha demostrado no cambiar el orden tradicional, más bien, ejerce una participación social controlada. Es decir, no tiene afán democratizador. No aceptan que las clases medias se hayan convertido en actores económicos importantes, mientras que las clases populares están asistencializadas con escaza participación, sometidas al clientelismo político como siempre, cuyo techo son los sectores medios progresistas. Así, el Kirchnerismo es dominación jerárquica.

Conclusión

En la Argentina, la primera década del siglo XXI y tras la crisis del 2001-02, se caracteriza por la llegada al poder de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), quienes impulsaron transformaciones en política económica, derechos humanos y una política internacional con mayor presencia en la región latinoamericana. Asimismo, existe una mayor regulación de los servicios del Estado y mayor asistencialismo hacia los sectores más pobres.

Se pasó de Néstor Kirchner como presidente– progresis­ta y tendencialmente nacional-popu­lar a exacerbar lo nacional-popular, desde 2008 –bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Existe pues un amplio campo de cuestiones pendientes en el campo de la política social, cuya irresolución está generando creciente tensión social con insatisfacción de la ciudadanía…

En el orden de los «populismos real­mente existentes», la actualización de lo nacional-popular, realizada a tra­vés de la profundización de los anta­gonismos y la activación de estruc­turas de inteligibilidad binarias, se halla más cerca de las clásicas versio­nes organicistas de la hegemonía que de una visión pluralista. No obstante, aunque la matriz nacional-popular puede reclamar hegemonía (asentada sobre todo en una construcción cultu­ral-mediática), se muestra incapaz de aglutinar y contener todos los fren­tes de conflicto y todas las formas de expresión de lo popular.

 Bibliografía

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Bolsi, A. y Paolasso, P. (2009), “La pobreza entre los argentinos del Norte Grande”, en Ciencia Hoy nº 109, febrero-marzo.

Chávez Molina, E. y Salvia, A. (2007). Sombras de una marginalidad fragmentada. Aproximaciones a la metamorfosis de los sectores populares de la Argentina, Buenos Aires, Miño y Dávila.

Dalle, Pablo. (2010). Estratificación social y movilidad en Argentina (1870-2010). Huellas de su conformación socio-histórica y significados de los cambios recientes en Revista de Trabajo • Año 6 • Número 8 • Enero / Julio 2010. Buenos Aires.

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Laclau, Ernesto (2005), La razón populista. FCE, Buenos Aires.

Salvia, A. (2007), “Consideraciones sobre la transición a la modernidad. La exclusión social y la marginalidad económica”, en Salvia, A. y E.

Lozano, C. (2005).Comportamiento de los sectores dominantes. Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en Argentina., ponencia presentada en el encuentro .Plan Fénix, en víspera del segundo centenario. Buenos Aires, septiembre de 2005.

Svampa M. (2011). Argentina, una década después Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular. Revista Nueva Sociedad N^o 235, septiembre-octubre de 2011, ISSN: 0251-3552,

Torrado, S. (comp.) (2007). Población y Bienestar Social en Argentina del Primero al Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo I, Buenos Aires, Ed. EDHASA.

UCA. (2013). Observatorio de la deuda social argentina. Buenos Aires.

1 - Obtenido de. http://www.chacabuconoticias.com.ar/2013/06/agro/los-dolares-que-aporta-la-soja/ [Consultado el 14 de Abril de 2014].

2 - No sanciona estrictamente un beneficio universal. Puede decirse con mayor precisión que el beneficio que se otorga esta “reducido” a los padres o madres desocupados o con trabajo no formal, que no perciben la asignación denominada Salario Familiar que, por otro lado, sí perciben por ley los trabajadores formales. Su real alcance sin embargo se puede evaluar si reparamos en que se trata de un mercado de trabajo en el que cerca del 35% del empleo es de carácter precario, esto es, no goza de las protecciones sociales de ley, a lo que debe agregarse que la tasa de desempleo se sitúa en un 12% de la Población Económicamente Activa.

3 - El mismo constituye una suerte de continuidad de la política estatal en el campo de la economía social que se venía implementando, concentrada en diversos programas, tales como los llamados Manos a la Obra, Más y Mejor Trabajo y, entre varios otros, los programas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), ente éste fiscalizador y promotor de este sector de la economía. El nuevo programa, lanzado a frente a los efectos recesivos de la crisis mundial, está dirigido a crear 10 millones de puestos de trabajo.

4 - Ley de Medios y Comunicación Audiovisual N° 26.522.

5 - Salvia, Agustín: La década ganada fue solo para la clase media y media alta''. Reportaje de Jerónimo Balut en: http://www.eltribuno.info/agustin-salvia-la-decada-ganada-fue-solo-la-clase-media-y-media-alta-n292722 [Consultado el 12 de mayo de 2014].

6 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Intervenido desde el año 2007.

7 - Lozano, Claudio. Economista y Diputado Nacional por agrupación Sur.

8 - Investigadora del CONICET. Universidad de La Plata.

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