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El viernes pasado concluyeron en La Habana las
deliberaciones de la
Primera Conferencia sobre Estudios Estratégicos organizado
por el Centro de Investigaciones de Política Internacional dependiente del Instituto
Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba. Fueron tres días de productivas discusiones en los cuales
se pasó revista a distintos aspectos de la coyuntura geopolítica internacional
y el papel que en la misma juegan los países de América Latina y el Caribe.
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| El malecón de la Habana, azotado por la marejada |
Algunas reflexiones preliminares habían sido expuestas en un posteo anterior; a continuación se exponen algunas de las
conclusiones más relevantes de la conferencia:
a)
Necesidad de
una respuesta mucho más tajante de nuestros países en relación a la agresión
informática, el espionaje y los
ciberataques lanzados por diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos. De hecho,
cuando Google, Yahoo, Skype, Facebook y otras grandes compañías del mundo de la Internet reconocieron
públicamente que transferían sus archivos a los organismos de espionaje y seguridad
de Estados Unidos todos esos programas deberían haber sido eliminados
inmediatamente de los organismos gubernamentales de la región y reemplazados,
en la medida en que ello fuera posible, por sucedáneos del software libre.
Paralelamente tendría que haberse lanzado una gran campaña para desalentar su
empleo en las organizaciones no-gubernamentales y el público en general, cosa
que apenas se está haciendo en Brasil, víctima preferencial de esos ataques
junto con Alemania y Francia, según recientes revelaciones. Varios expertos
coincidieron en señalar que los programas convencionales de anti-virus revisan y
limpian todos los archivos de computadoras localizadas en tanto en El Cairo
como Buenos Aires o Bangalore, pero que la labor se hace en Estados Unidos y
que simultáneamente con la remoción o no de los virus esos archivos son
copiados y mantenidos en gigantescos servidores controlados por el gobierno de
Estados Unidos, donde son almacenados y revisados primeros por robots
informáticos y, cuando aparecen contenidos, emisores o destinatarios
sospechosos, por humanos. Conclusión: se
impone acelerar el tránsito hacia el software libre y, además, desechar todas
las computadoras hechas en Estados Unidos o por firmas norteamericanas
radicadas en terceros países, de donde se desprende la importancia de
desarrollar una industria latinoamericana de producción de hardwares de diverso
tipo (computadoras de mesa, laptops, tabletas, etcétera).
b)
Otra de las conclusiones se
focalizó sobre La silenciosa y permanente
agresión militar del imperialismo y el papel de la UNASUR.
Uno de los graves
problemas que enfrenta la región es que pese a estar cercada por 76 bases
militares estadounidenses los gobiernos de la UNASUR no han sido capaces hasta ahora de
consensuar una hipótesis de conflicto realista para la región. Hipótesis que
debe responder a una pregunta bien simple: ¿quién es nuestro más probable
agresor o quién es el que ya nos está amenazando? No obstante la abrumadora
presencia de tantas instalaciones militares estadounidenses diseminadas a lo
largo y a lo ancho de toda América del Sur esa respuesta todavía no ha sido siquiera
esbozada y continúa siendo un tema tabú al interior de la UNASUR. Obviamente
que la heterogeneidad del mapa sociopolítico sudamericano conspira contra una
tal iniciativa. Hay gobiernos que han asumido como su misión convertirse en los
“Caballos de Troya” del imperio y obedecer incondicionalmente las directivas
emanadas de Washington: en Sudamérica tal es la situación de Colombia, Perú y
Chile, con la muy probable adición a esta lista del gobierno del Paraguay. Hay otros
que pugnan por asegurar su autodeterminación y resistir a los designios y
presiones del imperialismo: casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y otros,
como Argentina, Brasil y Uruguay, que navegan a media agua: apoyan tibiamente a
los segundos en sus proyectos continentales pero comparten con los primeros su
vocación de instaurar en sus países un “capitalismo serio”, engañoso oxímoron
que enturbia la conciencia de gobernantes y gobernados por igual. El resultado
es la enorme dificultad de llegar a un acuerdo para, por ejemplo, exigir algo
tan fundamental como el retiro de las bases militares extranjeras de América
del Sur; o para mantener a esta parte del continente como una zona libre de
armas nucleares, cosa que ahora es imposible de certificar. ¿Cómo saber cuáles
son las armas que el Pentágono instala en sus bases? Hay sospechas muy fundadas
de que en algunas que posee en Colombia, como Palanquero, o en la de la OTAN en Malvinas (base que
cuenta con apoyo logístico y presencia militar estadounidense) puede haber
armas de destrucción masiva. Pero la verificación in situ ha probado
ser, al menos hasta ahora, imposible porque ni siquiera existe un acuerdo sobre
la necesidad o conveniencia de llevar a cabo una inspección.
La silenciosa pero muy efectiva ingerencia de Washington sobre las fuerzas
armadas latinoamericanas se traduce también en la insólita continuidad de los
programas de “formación y adiestramiento” de militares y -¡cuidado con esto!- de
fuerzas policiales en la región. Incluso en gobiernos claramente enfrentados
con el imperialismo norteamericano la inercia de tantas décadas de formación en
la Escuela de
las Américas y otras del mismo tipo torna difícil sustraerse a la presión
militar para continuar con esos programas. Pero cuando la costumbre y los
incentivos crematísticos no son suficientes la
Casa Blanca apela a la extorsión. Si un país decide no enviar sus oficiales a tomar
cursos de formación en Estados Unidos en represalia Washington puede interrumpir
el suministro de equipo militar a los países del área, sea bajo la forma de
donaciones o ventas subsidiadas. De ese
modo el gobierno desobediente podría después ser acusado de “no colaboración”
en la guerra contra el narcotráfico o el terrorismo, entre otras cosas por no
contar con los equipos y armamentos adecuados para la tarea. Y es lógico pensar
que quien se adiestra en Estados Unidos es entrenado para combatir a quienes
ese país considere como sus enemigos. Y ya sabemos quienes son éstos para el
imperio: precisamente los gobiernos y las fuerzas antiimperialistas de la
región. En suma: los cursos, las armas y las doctrinas militares conforman una
trinidad inseparable. Los países que envían a sus oficiales a entrenarse en
Estados Unidos están también dejando en manos de ese país decidir quienes son
los enemigos a combatir y cómo hacerlo.
En la misma línea debe señalarse la
absurda sobrevivencia del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca desahuciado en los hechos por la colaboración brindada por Washington
a Gran Bretaña en la Guerra
de las Malvinas; o la continuidad de las periódicas reuniones de los
Comandantes en Jefe o de la Junta Interamericana de Defensa; o la realización
de operaciones conjuntas con fuerzas de Estados Unidos, siendo que éste es el
único enemigo regional a la vista. Todo lo anterior se complementa, en el plano
jurídico, con la aprobación en casi todos nuestros países de una legislación
antiterrorista sólo inspirada en la necesidad de proteger la sigilosa ocupación
de los Estados Unidos del territorio latinoamericano y de criminalizar a las
fuerzas políticas y movimientos sociales que se oponen a los avances del
imperialismo.
c)
También surgió de la conferencia la necesidad de estudiar sistemáticamente
al imperialismo norteamericano. Es preciso revertir una peligrosa tendencia
muy presente en las fuerzas políticas y los movimientos antiimperialistas de la
región y que se sintetiza en una consigna rayana en el suicidio: “al enemigo no
se lo estudia sino que se lo combate.” Se exalta el fervor militante, lo que
está bien, pero se subestima la necesidad de conocer científicamente,
minuciosamente, al imperialismo, lo que está mal. Sin estudiar a fondo a Estados Unidos como
centro nervioso del sistema
imperialista; sin conocer cómo funciona; sin saber cuáles son los dispositivos
mediante los cuales establece su predominio a escala mundial y quiénes son sus agentes operativos en los
planos de la economía, la política y la cultura; desconociendo cuáles son sus
estrategias y tácticas de lucha, sus artificios propagandísticos y sus
concepciones ideológicas, y quiénes sus peones locales se torna casi imposible
librar una batalla exitosa contra su dominación. Por eso tenía razón José Martí,
uno de los grandes héroes de nuestras luchas antiimperialistas, cuando para
fundamentar su diagnóstico sobre los ominosos designios de Estados Unidos le dijo
a su amigo Manuel Mercado que “viví en el monstruo, y le conozco las entrañas.”
Pero el desconocimiento del imperio no es atributo exclusivo de la militancia
antiimperialista. Lamentablemente en la academia de nuestros países el estudio
de los Estados Unidos es una materia que brilla por su ausencia. Se cuentan con
los dedos de una mano los centros de investigación que se dedican a estudiar a
nuestros opresores, mientras que en Estados Unidos son alrededor de trescientos
los centros y/o programas de enseñanza e
investigación que tienen por objeto investigar nuestras sociedades. Estas
preocupantes realidades deberían suscitar una rápida reacción de las fuerzas
antiimperialistas de la región, recordando lo que con tanta razón observara
Lenin al decir que “nada hay más práctico que una buena teoría”. Una buena
teoría sobre el imperialismo contemporáneo que debe articular la tradición
clásica, sobre todo la teoría leninista del imperialismo, con las novedades que
asume el fenómeno un siglo después de que el revolucionario ruso escribiera su
libro sobre el tema. Novedades entre las cuales no es precisamente la menor el
desplazamiento del centro del sistema imperialista desde las potencias
coloniales europeas a los Estados Unidos; novedades, también conviene
subrayarlo, que lejos de refutar las previsiones y los análisis de Lenin no
hicieron sino ratificarlos pero bajo nuevas formas que no pueden ser ignoradas
si lo que se pretende es librar un eficaz combate contra tan perverso sistema.
Necesidad, por lo tanto, de estudiar seriamente el funcionamiento del “complejo
militar e industrial” norteamericano, y su insaciable voracidad. Es este
entramado de gigantescos oligopolios lo que constituye el corazón de la clase
dominante norteamericana y, por extensión, de la burguesía imperial. Para el
“complejo militar e industrial” la paz equivale a la bancarrota: sin guerras no
hay ganancias y sin ganancias no se puede financiar a la clase política de
Estados Unidos. Perversa articulación entre la rentabilidad de la industria
armamentística –una industria que sólo provoca destrucción y muerte- y las
necesidades de los políticos norteamericanos de costear sus carreras políticas
que inevitablemente terminan colocando a los vencedores al servicio de sus
financistas. No sorprende, por lo tanto, constatar que las ventas de las
industrias del “complejo militar-industrial” hayan aumentado en un 60 % entre
2002 y 2012, desde el comienzo de la gran contraofensiva militar después del
11-S hasta nuestros días.
Dato adicional: ¿se acuerdan que hace unos seis meses parecía que el mundo
enfrentaba un inminente ataque atómico lanzado por Corea del Norte? ¿Qué pasó
con eso? ¿Ahora los norcoreanos ya no ponen en jaque al planeta? Después se
dijo que parecía que la obstinación de Irán de continuar con su programa
nuclear ponía en peligro la paz muncial, y más tarde el problema de las “armas
químicas” de Siria parecía colocarnos, otra vez, al borde de una Tercera Guerra
Mundial. Conclusión: para la rentabilidad de sus negocios el “complejo
militar-industrial” necesita garantizar que siempre haya crisis, y si no las
hay las inventa, y si no las inventa las construye mediáticamente. Para eso
está la prensa hegemónica que, cual la puta de Babilonia, se presta solícita a
difundir esas patrañas que amedrentan a la población al paso que estimulan la
producción de nuevos y cada vez más letales armamentos.
d)
Diversas ponencias de la
conferencia señalaron la continuidad de
la política de la Casa Blanca
hacia América Latina y el Caribe. En este sentido hubo un consenso
prácticamente unánime en señalar la identidad existente entre las políticas
latinoamericanas de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama,
razón por la cual conviene dejar de utilizar ese nombre –“administración”- y
hablar mejor del “régimen de Washington”, para señalar de este modo la
sistemática violación de la legalidad internacional y los derechos humanos
practicada por el gobierno norteamericano, de cualquier signo. En lo
que toca a Cuba si algo hizo el “régimen” norteamericano fue intensificar el
bloqueo financiero, comercial y económico contra la isla, ajustando aún más los
controles establecidos por la legislación estadounidense. No deja de ser
sorprendente que no haya todavía surgido una queja universal en contra de la
ilegal e inmoral extraterritorialidad establecida por la Enmienda Torricelli
a la Ley Helms-Burton.
Según esta monstruosidad jurídica -diseñada exclusivamente para perjudicar a un
solo país en el mundo: Cuba- el gobierno de Estados Unidos está autorizado para
aplicar sanciones a cualquier empresa nacional o de un tercer país (por
ejemplo, una británica, japonesa o sueca) por el sólo hecho de comerciar con
Cuba o iniciar emprendimientos económicos con la Isla, por ejemplo, en la
explotación del petróleo. En otras palabras, Estados Unidos “legaliza” al imperialismo
mediante la despótica imposición de la
ley estadounidense por encima de la de todos los países del globo. ¡Imaginemos
lo que ocurriría sin país cualquiera pretendiera hacer algo igual, por ejemplo,
universalizar su legislación prohibitoria de la pena de muerte y sancionara a
aquél que, como Estados Unidos, aún la aplicara! Para quienes todavía dudan de
que vivimos bajo un sistema imperial los ejemplos anteriores bastan y sobran
para convencerlos de lo contrario.
Otro rasgo que demuestra la enfermiza persistencia de la agresión en contra de
Cuba está dado por el hecho de que Washington continúa utilizando transmisiones
ilegales de radio y televisión convocando al pueblo de la Isla a subvertir el orden
constitucional vigente y a rebelarse en contra de su gobierno, con el objeto de
lograr el largamente acariciado “cambio de régimen”. Dichas transmisiones no
sólo divulgan propaganda sediciosa sino que, además, interfieren en el normal
funcionamiento de las emisoras de radio y televisión cubanas. Se estima que el
costo de estas actividades ilegales patrocinadas por Washington se eleva a unos
30 millones de dólares anuales. Un informe reciente de la Auditoría del Gobierno
estadounidense referido exclusivamente a las actividades de la USAID y el Departamento de
Estado reveló además que entre 1996 y el 2011 esas agencias destinaron 205
millones de dólares para promover el derrocamiento del gobierno cubano. Muchos
millones más fueron seguramente apropiados por la CIA, la USAID, el Fondo Nacional
para la Democracia
y otras instituciones afines para promover tan siniestros objetivos. Por lo
visto le asistía toda la razón a Noam Chomsky cuando interrogado a fines del
2008 sobre su pronóstico acerca de la inminente inauguración del “régimen de
Obama” respondió sarcásticamente que éste sería apenas el tercer turno de la Administración
Bush. Tenía razón, como lo demostró la historia, aunque se
quedó corto: si se computa el número de muertes civiles ocasionadas por los
aviones no tripulados norteamericanos, los “drones”, el inverosímil Premio
Nobel de la Paz
superó con creces el saldo luctuoso de su predecesor. ¡Ah!, a seis meses de las elecciones
presidenciales venezolanas el muy distraído Obama todavía parece no haberse
enterado que el triunfador de esa contienda fue el candidato chavista Nicolás
Maduro y sigue sin reconocer oficialmente su victoria y alentando, de ese modo,
los planes desestabilizadores de la oposición fascista en la República Bolivariana
de Venezuela. Y los cuatro luchadores antiterroristas cubanos que purgan en las
cárceles del imperio su osadía de pretender desmontar la máquina terrorista
instalada en Miami -y protegida por el “régimen de Washington” – podrían ser
puestos inmediatamente en libertad si Obama ejerciera las atribuciones del perdón
presidencial que le confiere la constitución. Pero no lo hace. En cambio, sigue
apadrinando a terroristas como Luis Posada Carriles o el ex presidente
boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya extradición es solicitada por la
justicia de ese país por su responsabilidad en la masacre de 67 personas
durante las jornadas de protesta popular que provocaron su caída.
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