Octubre 2013

Economía: Balance positivo y futuro incierto
Juan Mendoza

El desempeño macroeconómico de los primeros dos años de gestión de Ollanta Humala ha sido destacado. Las tasas de crecimiento económico del 2011 y 2012 fueron de 6,9% y 6,3%, entre las más altas del mundo, y las más altas de América entre los países con más de 5 millones de habitantes. La inflación de 2,7% en el 2012 es una de las más bajas de la región. Las reservas internacionales del Banco Central de Reserva superan los 60.000 millones de dólares, equivalentes a más de un año de importaciones. Las cuentas fiscales no solo están en equilibrio sino que, además, el Fondo de Estabilización Fiscal, destinado a atender cualquier imprevisto, excede los 7.000 millones de dólares. El riesgo país del Perú, una medida de la confianza de los inversionistas internacionales en la solidez de nuestras finanzas públicas, es uno de los más bajos del mundo. El Perú se encuentra entre los mayores receptores de inversión extranjera directa en América Latina, con 12.000 millones de dólares en 2012. La gestión de Humala ha continuado con los principios de conducción macroeconómica que el país sigue desde 1990, los que han permitido que el ingreso nacional del Perú se haya triplicado en los últimos 23 años. Si nuestro país pudiese continuar creciendo a estas tasas, tendría el ingreso per cápita de Europa Occidental hacia mediados del presente siglo.

Pero la continuidad del crecimiento económico futuro, al menos a tasas aceleradas, está en riesgo por la manifiesta inacción de la gestión de Humala en tres áreas clave: la educación, la provisión de bienes públicos y los conflictos redistributivos alrededor de la inversión minera. En el caso de la educación pública no solo no ha habido avance alguno; más bien podríamos decir que se ha retrocedido. Las tímidas reformas de la administración de Alan García, dirigidas a premiar el desempeño docente destacado, se han desechado y la política educativa brilla por su ausencia. Mientras tanto, nuestros estudiantes ocupan los últimos lugares del continente, junto a Haití, en pruebas internacionales de Matemáticas y Comprensión Lectora. La evidencia empírica nos indica que todos los países que han salido del subdesarrollo lo han hecho porque han sido capaces de mejorar sus niveles educativos de manera apreciable. Además, una sociedad educada es una sociedad tolerante y democrática, que privilegia la innovación y la búsqueda de conocimiento, y que respeta los derechos individuales.

Sin un cambio radical en la provisión adecuada de estos bienes públicos no será posible continuar por la senda de crecimiento acelerado de los últimos años.

En segundo término, con la notable excepción de la iniciativa de la Ley del Servicio Civil, no se ha avanzado en absoluto en la reforma estructural del Estado, que es esencial para continuar creciendo en las décadas venideras. Ello ha ocurrido a pesar de que la provisión de bienes públicos fundamentales, como la seguridad ciudadana, la salud pública y la defensa nacional, es claramente ineficiente.

Analicemos brevemente, a modo de ejemplo, el caso de la seguridad, función arquetípica y primordial del Estado. Incluso de acuerdo con los datos más conservadores, cada año un tercio de los peruanos es víctima directa de los delincuentes. Ante el abandono del Estado, los ciudadanos realizan enormes esfuerzos por protegerse. La arquitectura de nuestras ciudades está dominada por rejas y cercos eléctricos; los guardias privados —muchas veces policías en sus días de franco— son omnipresentes; el miedo domina la cotidianidad; con la Policía concentrada en la protección de los funcionarios públicos, delincuentes extranjeros migran al Perú atraídos por la absoluta indolencia de nuestro Estado. El abandono de la seguridad ciudadana por parte del Estado es la peor forma de redistribución del ingreso, pues determina que los recursos de las personas productivas, en especial de aquéllas de menores ingresos, terminen en manos de los delincuentes. Y es difícil exigir resultados a una fuerza policial desmoralizada gracias al sistema del 24 x 24, con remuneraciones y pensiones equivalentes a un tercio de las observadas en la región. Poco se puede esperar cuando la participación del presupuesto del Interior en el presupuesto nacional ha caído desde poco más de 8% en 2000 a alrededor de 5% en los últimos años. La ausencia de seguridad pública eficiente, así como de salud pública o defensa nacional, no se explica por la falta de recursos, sino por las decisiones de nuestros gobernantes. Sin un cambio radical en la provisión adecuada de estos bienes públicos no será posible continuar por la senda de crecimiento acelerado de los últimos años.

El Gobierno de Humala tampoco ha sabido administrar las protestas en contra de la inversión minera. Éstas, en parte motivadas por las promesas electorales del propio Humala, han conseguido paralizar algunos proyectos emblemáticos como el de Conga en Cajamarca y Cañariaco en La Libertad, y demorar otros igualmente importantes como el de Quellaveco en Moquegua. Aunque queda por ver el devenir de los proyectos mineros en los siguientes tres años, las paralizaciones y demoras son lamentables, porque han impedido al país recibir decenas de miles de millones de dólares en inversión. Asimismo, al no generarse producción minera adicional, se han dejado de aprovechar las cotizaciones de metales excepcionalmente altas de los últimos años. El desafío del Gobierno consiste en conjugar las demandas sociales redistributivas con el desarrollo del enorme potencial geológico del país.

A modo de ilustración, hay, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas y el Banco Central de Reserva, más de 40.000 millones de dólares de proyectos mineros en cartera para los próximos cinco años. Si estos proyectos se llevaran a cabo, se estima, en un escenario moderado de precios internacionales de los metales, que las exportaciones mineras se doblarían hacia 2019 y se triplicarían hacia 2024, al tiempo que el ingreso nacional crecería a tasas cercanas al 10% anual. Por ejemplo, en el caso del cobre, si todos los proyectos en cartera se ejecutaran, el Perú compartiría con Chile el primer lugar en la producción cuprífera mundial en el año 2022. Esta expansión de la actividad minera implicaría, además, que los ingresos del canon se doblarían en términos reales en los siguientes 10 años, lo que tendría un efecto dinamizador sobre la inversión pública regional y municipal.

Más allá de mantener las políticas macro de las últimas décadas, la presente administración no parece tener un rumbo de acción claro en materia económica. Al abrupto reemplazo de las propuestas iniciales de Gana Perú por la llamada Hoja de Ruta le ha seguido una preocupante falta de planes y propuestas,el paulatino distanciamiento de su base política, diversos escándalos de corrupción de encumbrados miembros del partido, y un creciente encono con las otras tiendas políticas. El aislamiento político del Gobierno, la falta de liderazgo en temas de consenso nacional y la orfandad de ideas poco ayudan si queremos asegurar el crecimiento económico futuro.

Ideele Revista N° 232
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