Julio 2012

“Nuevos tipos” de golpe de estado y subversión permanente en América Latina
Por: Hugo Moldiz Mercado

Los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina enfrentan un asedio permanente de la derecha, local e internacional, cuyas nuevas modalidades de golpe de estado pretenden interrumpir, con el silencio cómplice de la OEA, esta condición de posibilidad de avance emancipador.

Han transcurrido 13 años desde que en América Latina y el Caribe, por voluntad de los pueblos, se abriera un período de constitución de gobiernos de izquierda y progresistas que, sin la existencia del campo socialista de la Europa del Este como contrapeso pero con la presencia activa y digna de Cuba, representan una condición de posibilidad para construir o al menos alterar el orden destructivo del capital.

Pero esos gobiernos revolucionarios y progresistas, producto de la combinación de las resistencias al neoliberalismo y al colonialismo -antes y después de la fundación de las repúblicas-, se desarrollan en un escenario caracterizado por el permanente asedio, abierto y encubierto, de las fuerzas capitalistas lideradas por el imperio más implacable que la humanidad haya conocido en su historia de miles de años.

No hay día que transcurra para los pueblos y los gobiernos que están protagonizando el tercer momento emancipador de América Latina y el Caribe, sin que cientos de obstáculos aparezcan en su camino: unos, complejos y numerosos por las grandes dificultades de desmontar más de cinco siglos de orden del capital; otros, construidos por la creatividad destructiva del imperio.

Las tareas son bastante grandes y difíciles. La transición se muestra, de esta manera, compleja y larga; no hay día que pase sin que la condición de posibilidad de avanzar hacia la emancipación no esté acompañada de la condición de posibilidad de la reversión de los procesos y la instalación de la contrarrevolución en sus peores formas.

A cada medida revolucionaria o de reforma social progresista que toman los gobiernos de izquierda, la derecha le responde con otra para frenar su materialización. Es la lucha permanente entre la vida y la muerte. Entre la construcción de una sociedad de nuevo tipo o el restablecimiento de los hilos ocultos de la dictadura del capital.

Desde 1999, cuando en Nuestra América se instala el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, hasta la victoria de Fernando Lugo en Paraguay en 2008, las formas del asedio contrarrevolucionario han sido bastantes y todas comandadas por la Casa Blanca y la derecha internacional.

Por bastante empleadas que fueron en la década de los 70, cuando las dictaduras de la “seguridad nacional” asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de personas, la táctica de los golpes de estado ha sido de la más utilizada en lo que va del siglo XXI, con la adición no menos importante de mecanismos permanentes de subversión, entendida como la alteración sistemática del nuevo orden que se pretende edificar. Una parte de los medios de comunicación privados juegan un papel importante en el desarrollo de la subversión amplificando los conflictos, tomando algunos elementos de la realidad para construir la realidad que quieren mostrar. Es decir, es la estrategia del desgaste prolongado.

Contra Chávez se desarrollaron dos modalidades de golpe: la patronal y la militar de nuevo tipo. En la primera se hizo uso del predominio de las formas privadas de concentración de la propiedad y la producción para desabastecer la provisión de alimentos y servicios y así generar un ambiente de desconcierto y desesperación de los sectores más amplios de la sociedad. En la segunda se utilizó a una parte de los destacamentos especiales de hombres armados (militares y policías) del estado capitalista para secuestrar al presidente legal y legítimamente constituido por voluntad popular. La segunda modalidad se caracteriza, a diferencia de la experiencia de las décadas de los 60 y 70, en que una fracción de los militares hace el trabajo sucio, pero los civiles asumen la dirección.

Esta segunda modalidad de golpe de estado de “nuevo tipo” ha sido desplegada contra Chávez y Manuel Zelaya en 2002 y 2009 respectivamente. La primera fue derrotada por la rápida reacción popular y por una correlación de fuerzas sociales internas desfavorables a los golpistas. La segunda salió exitosa a pesar de la inmediata reacción internacional liderada por los países del ALBA (que no existía cuando se pretendió liquidar la revolución bolivariana) y debido a la escasa cohesión social interna. Pero en ambos casos, correspondió a los civiles (dirigentes empresariales o políticos) asumir el mando: por no más de 48 horas en el caso de Venezuela (con Pedro Carmona) y por varios meses en Honduras con Roberto Micheleti.

Pero a las dos modalidades empleadas contra Chávez y Zelaya, se añade otra de aparente legalidad: el golpe de estado congresal, aunque una combinada con la participación de militares y otra de sola concurrencia parlamentaria. En el caso del presidente hondureño se emplearon ambas, pues el general Vásquez encabezó el golpe pero la conducción del país fue asumida por el presidente del Congreso Nacional. La variante de la sola participación parlamentaria fue experimentada el pasado viernes (22 de junio) en Paraguay, cuando en menos de 48 horas diputados y senadores abrieron y cerraron, respectivamente, un juicio político en el que el acusado (Fernando Lugo) no tuvo tiempo ni para defenderse. De ahí que fuera calificado como “Golpe parlamentario Express”. Aquí la condena internacional salió de UNASUR, MERCOSUR y el ALBA. La OEA -brazo político de EE.UU.-acompañó el golpe con su silencio.

Pero siempre en la línea de los golpes de estado, la América Latina y el Caribe del siglo XXI ha experimentado una cuarta modalidad: la del golpe cívico-prefectural, por hacer referencia a la combinación de fuerzas sociales conservadoras y autoridades subnacionales. Este es el caso de Bolivia, donde en 2008 el presidente Evo Morales enfrentó una arremetida ultraderechista focalizada en lo que se llamó “la media luna”, integrada por los departamentos orientales de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Se trataba de forzar el derrocamiento del presidente y líder indígena por la vía de dividir el país en dos. La ofensiva derechista fue derrotada, pero su ejemplo despertó la simpatía de las clases dominantes asentadas en el estado de Zulia en Venezuela y Guayaquil en Ecuador.

Pues bien, a los cuatro “nuevos tipos” de golpe de estado que la derecha ha puesto en juego en el siglo XXI, hay que sumar otra: la del amotinamiento policial. Todo empieza como protesta reivindicativa y va tomando en horas la forma de proyecto político. Le ha correspondido al presidente ecuatoriano Rafael Correa experimentar en 2010 y su derrota solo fue posible por la actitud valiente del jefe de estado y la rápida reacción de la mayor parte de la ciudadanía, además del rechazo internacional de UNASUR y el ALBA, pero también con el silencio de la OEA.

Si bien habrá que esperar a reunir los hechos y apreciar mejor el desplazamiento de los actores, una situación más o menos parecida se ha registrado ahora en Bolivia. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha advertido que en Bolivia se pretende imitar lo que sucedió en su país. Una protesta policial asentada en una demanda sectorial comprensible ha tomado la forma de un amotinamiento violento y horas después se tradujo, a pesar de la convocatoria del gobierno al diálogo y el ofrecimiento de más que duplicar el salario mínimo, en la toma de instalaciones, el saqueo y quema de documentación, el apedreamiento de dos Ministerios (de Gobierno y Justicia), el uso de capuchas, la advertencia de abrir los recintos penitenciarios y la amenaza de poner fin al mandato del presidente Evo Morales.

La protesta policial se registra, casualidad o no, poco tiempo después que se descubriera el fallido intento de la embajada de Estados Unidos de trasladar armas, sin autorización alguna, del departamento del Beni a Santa Cruz, y del cambio del mando policial que desactivó el operativo estadounidense y en medio de la disputa por el ascenso a generales.

La respuesta del gobierno ha sido “encapsular” el conflicto en lo reivindicativo y solo algunas parcas declaraciones de las autoridades y una reacción de los movimientos sociales a través de los medios de comunicación, principalmente estatales, ha mostrado algunos componentes de lo político. En Bolivia no se ha registrado una alteración estructural del orden constitucional, pero que se construyó un escenario de golpe de estado es innegable.

Más de cinco golpes de estado de “nuevo tipo” desde 2002 -de los que dos han resultado exitosos-, muestran los grandes peligros que acechan a los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe. La transición no está llena de pétalos de rosa.

La Epoca







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