Marzo 2012

Pronunciamiento contra la persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS
A lo largo de 65 días, cientos de mujeres y hombres indígenas representantes de 34 pueblos del Oriente, Chaco, Amazonía y Tierras Altas marcharon junto a sus esposos, hijos e hijas, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas a la cabeza de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) en la VIII Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure(TIPNIS).

Durante seis días la Marcha fue privada de agua y alimentación, con un bloqueo conjunto entre colonizadores de Yucumo y policías enviados por el Gobierno "para evitar enfrentamientos" en la localidad de San Miguel de Chaparina. Ante esta situación desesperada, el 24 de septiembre, las mujeres reaccionaron frente a la presencia del Canciller David Choquehuanca que sin oír las demandas de la Marcha fue a testificar la posición del presidente Evo Morales construir la carretera "quieran o no quieran". Ante esta situación, las hermanas indígenas lo tomaron del brazo y lo obligaron a marchar junto a ellas para pasar el bloqueo policial y luego dejarlo ir pacíficamente sin provocarle daño alguno.

Frente a esto, el ex Ministro Wilfredo Chávez, el ex Ministro Sacha Llorenti y la ex ministra Nilda Copa hicieron una denuncia ante el Ministerio Público por el "secuestro" del Canciller mientras el Canciller declaró a medios internacionales y nacionales: 'Las mujeres me han rodeado y luego ya ha habido problemas. Ha habido algunos amagos y me han forzado, me han obligado a caminar'. Declaraciones que en ningún momento hablaron de "secuestro" ni de "rehenes", como las otras fuentes gubernamentales mencionaban. A partir de ese momento el Gobierno utilizó esta acción para acusar y categorizar a la Marcha como violenta.

Así a las cinco de la tarde del día 25 de septiembre, llegó la orden de represión y dispersión de la VIII Marcha, en la cual aproximadamente 600 policías cercaron a las y los marchistas, gasificaron el campo que ocupaban junto a sus hijos, mujeres, ancianos, que a esa hora descansaban, y violentamente los redujeron para subirlos a una caravana de buses y dispersados. Los y las marchistas fueron enmanilladas, arrastradas, perseguidas, insultadas, obligadas a esconderse en el monte, y saltar al río, despojadas de sus hijos e hijas, alejadas de sus esposos, privadas de sus pertenencias que fueron destruidas. La cadena de mando del Gobierno que secuestró, torturó, agredió física y verbalmente a las y los marchistas en ese entonces correspondía a Sacha Llorenti (Ministro de Gobierno), Marcos Farfán (ex viceministro de Régimen Interior), Boris Villegas (todavía director de Régimen Interior). Se iniciaron procesos judiciales e investigaciones para esclarecer este acto de flagrante violación de derechos humanos de parte del Estado; los mismos que no han prosperado a la fecha, que han sido paralizados y, que incluso, libraron de responsabilidad al entonces Ministro de Gobierno, al Vice-Presidente de la República y al mismo Presidente Evo Morales Ayma.

Sin embargo, en este momento, por medio del Órgano Judicial, el Gobierno boliviano ha iniciado un proceso judicial contra 26 personas, de las cuales 24 son las y los protagonistas de la VIII Marcha, acusándolos por el delito de "tentativa de homicidio y lesiones graves y leves" al canciller David Choquehuanca. En la lista de convocados por el Ministerio Público figuran siete mujeres, los principales dirigentes y diputados de las organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.

Ante estos acontecimientos, como ciudadanas y ciudadanos dignos, vivientes en un país que ama su libertad de expresión, la democracia, votantes de una Constitución Política del Estado que contiene nuestros principales derechos conquistados:

1. Expresamos nuestro total rechazo al proceso judicial seguido a las 24 personas entre dirigentes y dirigentas, mujeres indígenas y defensoras de los derechos humanos participantes de la VIII Marcha indígena en defensa del TIPNIS" bajo el delito de "tentativa de homicidio y lesiones graves y leves", por estar basadas en falsas acusaciones que tienen como único fin amedrentar al movimiento indígena, iniciar una persecución judicial y criminalización del movimiento indígena en defensa del TIPNIS y criminalizar el derecho constitucional a la protesta.

2. Apoyamos plenamente la Resolución de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM - B) contra el amedrentamiento, persecución política y judicialización de dirigentes y dirigentas indígenas, de diputados y diputadas y activistas que apoyaron la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) contra la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos a través de este parque.

3. Exigimos que el Gobierno boliviano a la cabeza del presidente Evo Morales y el Ministerio Público esclarezcan la violenta y cobarde represión de Chaparina sancionando con pena de cárcel a las y los autores materiales e intelectuales de la intervención policial, gasificación, secuestro, tortura y agresión física y verbal a las y los más de mil civiles integrantes de la VIII Marcha.

4. Reafirmamos nuestra convicción de respeto a la vida como derecho constitucional de cualquier boliviano y boliviana, respeto a las formas de vida de la diversidad de pueblos que habitan el país, a un ambiente sano con paz y tranquilidad a una democracia inclusiva con participación social, a los derechos de las mujeres que durante todo este proceso de criminalización fueron discriminadas por su condición de dirigentas o de indígenas que reclaman sus derechos.

5. Interpelamos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos indígenas y derechos de la Madre Tierra nacionales e internacionales a pronunciarse ante este atropello a los derechos humanos, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a los derechos de la mujer.

Para resguardo de las y los compañeros que han sido sumados a este manido proceso, publicamos sus nombres:

1. C. Durimar Merelis Genaro, presidenta de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP)
2. C. Rosa Chao Roca, presidenta de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO);
3. C. Berta Bejarano Congo, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni (CPEMB);
4. C. Melba Hurtado Áñez, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB);
5. C. Jenny Suárez Parada, presidenta del Comité de Marcha;
6. C. Nelly Romero López, vicepresidenta de Ia Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB);
7. C. Amparo Carvajal, Fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB);
8. C. Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ);
9. C. Femando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral del TIPNIS;
10.C. Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB;
11.C. Pedro Vare, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB);
12.C. Jorge Mendoza Valdés, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG);
13.C. Marcelo Marupa, de la Subcentral del TIPNIS;
14.C. Felipe Mayer Roca, presidente del Gran Consejo Chimán;
15.C. Celso Padilla Mercado, de la APG;
16.C. Tomás Candia, secretario de Juventudes deI CIDOB;
17.C. Eladio Uraeza, presidente del Comité de Marcha;
18.C. Félix Flores;
19.C. Roberto Rivera;
20.C. Walberto Baraona, del CONAMAQ;
21.C. Óscar Olivera;
22.C. Alejandro Almaraz, el exviceministro de Tierras
23.C. Lino Villca, el exsenador;
24.C. Bienvenido Zacu, el diputado indígena del MAS


Convocamos a la población en general a mantenerse alerta y movilizada en tomo a la defensa de los mandatos constitucionales, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, a las conquistas de las luchas del pueblo boliviano y del patrimonio natural y cultural de todos y todas los Bolivianos y Bolivianas.



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