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Enero 2012

Un milagro en Los Chimalapas

Emanuel Gómez

Al iniciar enero de 2009 visité la zona oriente de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, y a la altura de la comunidad San Antonio encontré con los campesinos comuneros que sostenían un bloqueo parcial de la carretera de terracería de esta región de bosques y selvas que se presume ser la más rica en biodiversidad de todo Norteamérica y que, lejos de contar con un plan de manejo forestal ordenado, se encuentran en un conflicto agrario que hace muy vulnerable cualquier programa de desarrollo sustentable o proyecto productivo. El plantón que sostenían los comuneros era contra de los permisos forestales otorgados al ejido Gustavo Díaz Ordaz, Chiapas, por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El argumento del plantón: mientras no se resuelva el conflicto agrario que desde 1967 fue resultado del reparto agrario que ocurrió hace más de 40 años, cuando una docena de ejidos ejidos adscritos al municipio de Cintalapa, Chiapas, erróneamente fueron sobrepuestos en terrenos comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, comunidades indígenas adscritas a municipios del mismo nombre, los comuneros no aceptarán que los ejidatarios aprovechen los recursos forestales, incluso fueron retenidos unos autobuses que transportaban madera. En respuesta, los ejidatarios de Díaz Ordaz retuvieron un camión de los comuneros de Chimalapas que transportaba resina extraída de los bosques en conflicto.

En ese momento, enero de 2009, aproveché la visita para entrevistarme con decenas de personas de la comunidad Benito Juárez, una de las más activas en la búsqueda de un diálogo de campesino a campesino como método de resolución del conflcito agrario, y una de las más participativas en los proyectos de desarrollo sustentable que hacía 20 años empezaron a promover grupos ecologistas como Maderas del Pueblo, la misma Semarnat, World Wildlife Foundation y muchas instituciones más que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en la zona mejor conservada del Sureste de México, y la más vulnerable a problemas derivados del conflicto agrario.

El resultado de este recorrido lo documenté en un artículo que los comuneros chimalapas titularon Pønjø tø’jquen chej tun adam. (Despacio, pero avanzamos), y que publiqué con el nombre Repensar Los Chimalapas, por ser una evaluación de los procesos organizativos y de desarrollo sustentable existentes en la zona en los últimos 10 años, valorando si era posible que ocurriera otro incendio en Los Chimalapas como el ocurrido en 1998, cuando se incendiaron más de 200 mil hectáreas de bosques y selvas, en lo que se recuerda como el peor incendio forestal del que se tenga memoria en México y Centroamérica.

Tristemente concluí que en los diez años que han pasado desde el terrible incendio de 1998, sólo se han resuelto dos conflictos agrarios de una total de 22, que las organizaciones no gubernamentales habían reducido su presencia en la zona por falta de recursos, que la Semarnat seguía trabajando pero era objeto de discordia entre ejidatarios y comuneros y que el programa con mayor expansión era la ganadería vacuna.

Sólo un milagro podría revertir esta situación de conflictos socioambientales, que incluyen problemas agrarios, de organización, de bajos ingresos económicos, en un contexto de muy ricos recursos forestales, hídricos, agrícolas y paisajísticos sin aprovechamiento alguno.

Tres años después de esta visita regresé a Los Chimalapas como parte de la caravana de derechos humnaos que hizo un recorrido para documentar la situación de conflicto abierto por un nuevo bloqueo con las mismas demandas no resueltas desde hace más de 40 años: solución al conflicto agrario con los camiones de aporvechamiento forestal retenidos tanto por los comuneros de los municipios oaxaqueños como por los ejidtarios chiapanecos. Sólo que en esta ocasión, en noviembre de 2011, el bloqueo era total, con una cadena como símbolo de la imposibilidad de abrir el paso, afectando en particular a los pobladores del ejido Diaz Ordaz.

El gobierno de Chiapas anunció la creación de un nuevo municipio de nombre Belisario Domínguez en la zona de conflicto, lo que de aprobarse entorpecería el problema mucho más, pues aun si se creara este municipio sería sobrepuesto en zonas de conflicto agrario y sin acuerdo de manejo forestal. El gobierno de Oaxaca, por su parte, respaldó el método propuesto por los comuneros de Los Chimalapas: abrir el diálogo de campesino a campesino. Los ejidatarios de Díaz Ordaz, por su parte, acusaron dolosamente y sin pruebas a los comuneros chimalapas de portar armas y tener una estructura paramilitas, situación que fue desmentida oportunamente por la brigada de derechos humanos que visitó la zona.

El 22 de diciembre de 2011, el milagro ocurrió en Los Chimalapas: autoridades de las dos comunidades y municipios Chimalapas firmaron junto con 10 comisariados ejidales de los municipios Cintalapa y Ocozocuautla, Chiapas, un acuerdo de paz que permitiría la resolución del conflicto agrario y de límites, con base en el diálogo de campesino a campesino. El acto se celebró en la Secretaría de Gobernación, teniendo como testigos de honor a los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué, y de Chiapas, Jaime Sabines, y fue considerado por el Comité Nacional por la Defensa de Los Chimalapas, la coalición que agrupa a las organizaciones civiles solidarias con esta causa, como un hecho histórico.

Para que este acuerdo sea duradero, los gobiernos estatales y federal habrán de cumplir con la imparcialidad que les demanda la ocasión, facilitar los encuentros de diálogo directo entre campesinos y evitar actos unilaterales como la declaración de nuevos municipios, nuevos proyectos forestales, de mercados de carbono o de Áreas Naturales Protegidas.

Como en todo proceso de diálogo, ambas partes del conflicto tienen el reto de aceptar la voz y demandas de la otra parte, reconocer que tanto comuneros como ejidatarios han sido manipulados por los gobiernos, empezando por las autoridades agrarias que fabricaron este conflicto hace más de 40 años por el error de repartir las tierras sin medición previa.

La propuesta de los comuneros Chimalapas es que los ejidatarios cambien su situación agraria y acepten que sus territorios están asentados en tierras comunales de Los Chimalapas, lo que les permitiría mantener sus tierras incluso su condición ejidal, sólo que tendrían que aceptar a las autoridades comunales como las autoridades agrarias más importantes, aún cuando también quieran reconocer a las autoridades municipales de Chiapas. Este enredo se comprende mejor por la premisa jurídica de que las fronteras entre estados no delimitan las comunidades agrarias; una comunidad o ejido puede encontrarse entre dos, tres o más estados, sean estos municipios o entidades federativas.

Es el caso de Los Chimalapas, como se reconoce al territorio compartido entre dos comunidades de origen zoque que herederaron 594,000 hectáreas de bosques y selvas organizadas en dos municipios, Santa María y San Miguel, y que tienen un 95% de su territorio asentado en el estado de Oaxaca y sólo un 5% en Chiapas, situación que ha llevado a un falso debate entre límites de estados que ha sido complicado mucho más aun por la distribución de una veintena de ejidos en tierras comunales, así como por la invasión de pequeños propietarios ganaderos y forestales.

Esta premisa jurídica de que las comunidades agrarias no necesariamente corresponden con los territorios municipales o estatales, es reforzada aún más por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que los pueblos indígenas son aquellos que se asientan en un territorio antes aún de los actuales límites entre estados.

Los zoques de Los Chimalapas tienen asentados en este territorio cientos, incluso miles de años, según los documentos coloniales el más antiguo de 1687, según sus títulos primordiales, cuando los antecesores de Los Chimalapas compararon sus tierras en jícaras de oro, unidad de medida que se utilizaba para el pago de tributos prehispánicos, según el Códice Matrícula de Tributos.

En el caso de los tzotziles chiapanecos que están asentados en terrenos de Los Chimalapas, tienen 60 años en el territorio, lo que si bien les da un arraigo con la tierra tan sagrado como el de los zoques, los obliga a llevar la fiesta en paz con los zoques y a reconocerlos como los que llegaron primero a la zona. Cualquier persona que conozca Chiapas sabe que el territorio ancestral de los tzotziles está en Los Altos, y no en los límites con Oaxaca. La pulverización de la tenencia de la tierra en Los Altos de Chiapas, esto es, la disponibilidad de pocas tierras para pueblos en crecimiento poblacional, ha ocasionado infinidad de conflictos agrarios, religiosos, político e incluso armados desde la década de 1960, y está en el fondo de este y muchos otros conflictos sociales en Chiapas.

Esperemos que este acuerdo de paz sea duradero, en un año tendremos ocasión para evaluar cuántos ejidos han dejado de ser considerados zona de conflicto con los comuneros Chimalapas. Y si esto se logra, sentaría un precedente social para la distención en los conflictos socioambientales, agrarios, forestales y jurídicos.

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