Teoría y praxis del neo liberalismo en América Latina

José Luis Pizarro Theiler ^¹

“... Se dice que el actual proceso de liberalización tiende a concentrar la riqueza, el ingreso y el poder ¿Pruebas? Ninguna. La propiedad, por supuesto, también se estaría concentrando. ¿Pruebas?...”

El Mercurio (Chile), Temas Económicos, 2 de junio 1979
(Cit. por Dahse, 1983)

RESUMEN (*)

En la primera parte de este artículo se analiza la evolución del pensamiento liberal, donde lo filosófico se entrelaza con lo económico, en su más que centenaria disputa con la otra corriente del pensamiento político: el socialismo. En la segunda parte se analizan los puntos de vista de algunos destacados intelectuales latinoamericanos que han interpretado y defendido los principios filosóficos del neoliberalismo, así como los resultados prácticos de la aplicación de esta doctrina en América Latina, comenzando por la experiencia chilena de 1973, hasta su generalización en el marco del llamado Consenso de Washington, con un breve balance de su impacto económico en algunos países seleccionados. Se concluye destacando como los intelectuales neoliberales, en defensa de la doctrina y contra toda ética, aceptaron y justificaron la liquidación de buena parte del patrimonio público al sector privado, sin una adecuada contrapartida en términos de bienestar para la población.

Introducción

Podría parecer un lugar común afirmar que el liberalismo se encuentra íntimamente relacionado con la política. Sin embargo, esto que parece obvio, encierra ideas o conceptos mucho más profundos puesto que la “política”, vista como “teoría” o como “ciencia”, se cruza siempre con puntos de vista éticos o doctrinales.^² De hecho, prácticamente todos los seres humanos - incluyendo los economistas y los cientistas sociales o políticos - tienen una visión “de parte” por lo que no siempre es fácil distinguir en una argumentación, los aspectos estrictamente “científicos” y “teóricos” de los puntos de vista personales. Estos conceptos están estrechamente relacionados con los juicios de valor sobre la manera como debe funcionar la economía y la sociedad, y en particular en el “debate entre más o menos estado”, que tiene siempre connotaciones doctrinales más que científicas, porque deriva de concepciones filosóficas.

Sobre esto es útil referirse a Isaiah Berlin (1980), por su importancia como pensador y filósofo liberal, quién en un famoso artículo publicado en 1980,^³ se interroga sobre la teoría política, cuando analiza la evolución del pensamiento humano a partir del enorme recipiente de ideas que ha sido y es la filosofía. Sostiene que existen tres grandes grupos de disciplinas científicas. Mientras dos de ellas permiten obtener respuestas claras, ya sea a partir de la observación empírica (las ciencias naturales por ejemplo), o mediante reglas o axiomas formales, de los cuales se deducen o calculan los resultados (el caso de las matemáticas), el tercer grupo no consigue resultados definitivos y exactos “ni [mediante] la inducción (en el sentido amplio del razonamiento científico), ni [por] la observación directa (apropiada para las cuestiones empíricas), [o por] la deducción (requerida por los problemas formales)”. Es el campo de las ciencias humanas o sociales como la sociología, la economía y la política, para las cuales no existen respuestas únicas porque están condicionadas a un sistema de valores que subyacen o anteceden al juicio científico o teórico. Se trata de argumentos que implican juicios de valor como la ética y la metafísica, las cuales no han salido aun del ámbito de la filosofía, por tratar de las relaciones entre los hombres, sus escalas de valores y sus formas de vida. El punto clave es, por lo tanto, la frontera entre lo que es la filosofía - política en este caso - y la ciencia. Las concepciones políticas en la sola perspectiva de las ciencias sociales como la antropología, la sociología o la psicología dan respuestas insuficientes, ya que implican aspectos que no pueden ser interpretados a través de métodos empíricos, porque están relacionados o dependen de los modelos y los paradigmas por los cuales pensamos, decidimos, percibimos y juzgamos. La sociedad, la libertad, el sentido del tiempo y del cambio, el sufrimiento, la felicidad, la productividad, lo bueno o lo malo, lo correcto y lo incorrecto, las preferencias, el esfuerzo, la verdad, la interpretación, son todos conceptos que no son el resultado de un análisis inductivo o hipotético, sino claramente juicios de valor que en fin de cuentas, determinan el rumbo de las ciencias sociales y de la política.

Así como las bases conceptuales del liberalismo son filosóficas, lo son también las del marxismo. La argumentación generalmente aceptada de que el socialismo nace como oposición al liberalismo, tiene en realidad, raíces más profundas y deriva de una concepción ideológica que opone al hombre como individuo, frente al hombre como ser gregario (social). Ambas concepciones metafísicas llevan, en su aplicación practica, a introducirse en los mecanismos de la política, asociados a los esquemas económicos específicos que cada doctrina sustenta. Es por esto que hablar de liberalismo o de socialismo conlleva necesariamente, a hablar de la economía a través de la política. Siendo ésta la ciencia (o el arte) del poder y de cómo mantenerse en él, no tendría sentido estudiarla sin considerar los elementos económicos, aunque solo sea en la perspectiva de financiar el costo de conservarlo. Y sin embargo se observa, en general, al menos en los aspectos formales, una aparente dicotomía entre la teoría (o ciencia) política y la economía,^⁴ puesto que los economistas - liberales y también los marxistas - tienden a tratar ambas como si se tratara de temas que siguen un binario separado y no relacionado. La economía política como amalgama de ambas, debe considerar el modelo político (monarquía autoritaria, dictadura, democracia, etc.) en el cual se pueden (o no se pueden) aplicar los modelos económicos, tanto más cuando algunos de estos, en sus formas más ortodoxas, solo pueden darse en condiciones políticas especiales.^⁵

Se trata en resumen de elucubrar sobre el hilo conductor que nos lleva de la filosofía política (que incluye las grandes cuestiones éticas o metafísicas con respuestas no unívocas), a la ciencia política (como gran contenedor científico donde se plasman las ideas filosóficas y empíricas), para pasar a la o las teorías políticas (que serían los modelos por los cuales se busca interpretar el comportamiento “político” de los individuos o del grupo), para llegar a la ciencia económica pura, mediante la economía política, que interpreta o aplica de manera doctrinal las hipótesis (o teorías) económicas.

En ese marco este artículo analiza en primer lugar, la evolución del pensamiento liberal, donde lo filosófico se entrelaza con lo económico en su más que centenaria disputa con la otra corriente del pensamiento político: el socialismo. En la segunda parte se analizan los puntos de vista de algunos destacados intelectuales latinoamericanos que han interpretado y defendido tanto los principios filosóficos del neoliberalismo individualista, así como los resultados prácticos de la aplicación de esta doctrina en Latinoamérica, para terminar con un balance de los resultados prácticos de su aplicación continental.

1. Liberalismo viejo y nuevo

Liberalismo y socialismo, que en fin de cuentas se traducen en más o menos estado, se disputan el espacio político en el mundo desde hace casi dos siglos. Los avances de uno se traducen en retrocesos del otro. Este es aproximadamente el planteamiento de Mertz (1982), quién señala que así como la época moderna surge por oposición al mundo medieval, el socialismo surge por oposición a los valores liberales modernos. Marx sería, según este autor, la figura señera en la crítica socialista a la tradición liberal, su crítico más profundo y más radical y seguramente el más importante (aunque no único). El mismo autor sostiene, por otra parte, que el individualismo moderno “no sólo contrasta con la concepción dominante en la Edad Media”, sino que también “difiere de la concepción socialista del hombre”. Para el socialismo, “la unidad de análisis y de acción es colectiva: la clase social”. Marx por ejemplo, cuando habla del hombre, no se refiere al individuo, sino a la especie. Concluye señalando que el término “socialismo” fue justamente acuñado para expresar una deliberada oposición con el individualismo liberal (Mertz, 1984).

1.1. Los orígenes

El concepto de individuo es relativamente reciente. Parte con John Locke en el siglo XVII, definido por Giannini (2009) como “el primer gran teórico del liberalismo individualista moderno”, quién agrega que la unión en sociedad de los individuos y el sometimiento a una autoridad única, responde sólo a la necesidad de “preservación de sus propiedades (libertades y bienes). Los que viven 'de la mano a la boca', los que viven de un trabajo, están, en esta concepción, excluidos de toda decisión política”.

Según Barceló (1983) Locke fundó “el concepto de identidad personal en la mismidad de la conciencia subjetiva”. En este planteamiento “los individuos son la realidad primaria” y frente a ellos, la sociedad es sólo algo derivado y secundario. Como sólo los individuos poseen inteligencia y voluntad, la sociedad no es sino una organización producida por la necesidad de defender sus vidas y sus propiedades contra las amenazas de los restantes hombres o de la naturaleza por medio de alguna convención, asignándole la función de velar por su seguridad individual. Esta doctrina, fue “revolucionaria” con respecto al planteamiento tradicional precedente, según la cual el hombre es, por su naturaleza, un animal social, y por lo tanto “es la sociedad y no el individuo la realidad primaria”. Para el liberalismo los hombres son por naturaleza, libres e iguales, y “en virtud de esta igualdad todos los individuos tienen aproximadamente las mismas posibilidades de desarrollo, así como “en virtud de su libertad, cada individuo procurará maximizar el desarrollo de sus propias posibilidades, aun al precio de restringir las posibilidades de desarrollo o la libertad de los otros”. De este modo, el ejercicio de la libertad impulsa naturalmente a los individuos a no respetar la igualdad y a diferenciarse mutuamente. La organización y las convenciones sociales (incluyendo las autoridades) no son en este contexto sino mecanismos para defender la igualdad amenazada y el respeto de los derechos individuales. “El ejercicio de la autoridad se traduce”, en fin de cuentas, “en la restricción de la libertad natural de los individuos”, dando origen a “una nueva desigualdad: los que mandan y los que tienen que obedecer” (Barceló, en Barceló y otros, 1983).

En economía, la escuela liberal se origina en Francia con Quesnay y los fisiócratas, quienes habrían fundado la ciencia económica en la primera mitad del s. XVIII.^⁶ Entre la segunda mitad de ese siglo e inicios del XIX, destacan los nombres de los grandes economistas clásicos que le dieron forma, como Smith, Malthus, Ricardo, Stuart-Mill y Say por mencionar sólo los más conocidos y destacados.

Los principios que caracterizan esta forma de pensamiento son los siguientes: (1) Existe un orden natural, que tiende a establecerse espontáneamente en la medida que sea permitido hacerlo. (2) Este orden natural es el mejor y más perfecto mecanismo para asegurar la prosperidad de las naciones, superior a cualquier arreglo o ley artificial que los hombres pretendan darse. (3) No existe antagonismo sino armonía entre los intereses individuales y el interés colectivo, armonía que es la esencia misma del orden natural. Obviamente el principio que el orden natural es el mejor, determina que la intervención del Estado debe reducirse al mínimo. Es el individuo quién debe ser, salvo casos excepcionales, el único agente económico por lo que se le debe permitir la mayor libertad posible, de donde se deduce el cuarto principio constitutivo de la escuela que es el individualismo (Guitton, 1976). Por último aunque no menos importante, dos elementos fundamentales complementan el modelo: La moneda y el mercado. Smith (1988) sostiene que el dinero “es la medida exacta del valor real permutable de toda mercadería, lo que solo se verifica en la suposición de tiempo y lugar”. Para cada cosa particular, el “precio se regula en proporción a la cantidad que de esta hay actualmente en el mercado y la concurrencia de los que desean pagar el precio natural de ella [...]. Estos concurrentes pueden llamarse compradores”.^⁷

Los principios liberales se dieron originalmente en un mundo simplificado pero en rápida evolución, en el cual se enfrentaron progresivamente con las nuevas escuelas de pensamiento centradas en la cada vez más evidente dicotomía entre el individuo productor - propietario de los medios de producción y el individuo que no los posee y que debe recurrir al primero para ganarse la vida. Las corrientes socialistas del pensamiento económico, en todas sus variantes y las modificaciones intervencionistas (estatalistas), que progresivamente se fueron incorporando a las economías de mercado, determinaron una aparente obsolescencia de los principios liberales originales. Contribuyó no poco a esta situación, la crisis de 1930 con su secuela de depresión económica y pobreza, ante la cual las propuestas de John Maynard Keynes parecieron ofrecer una alternativa de solución frente a la incapacidad de respuesta del laissez faire. Como los economistas occidentales que visitaron la Unión Soviética en aquellos años, observaron que la crisis había poco a nada afectado ese país, dedujeron que los mecanismos de planificación centralizada y de control económico del Estado podían evitar las crisis y contribuir a un mejor manejo económico.

A pesar de la preponderancia que adquirieron las posiciones keynesianas a partir del primer tercio del s. XX, los miembros de la llamada “Escuela Austriaca” insistían en la validez de los principios liberales, modificados para adaptarlos a las nuevas condiciones. En ese marco y con motivo de la publicación en francés de la obra de Walter Lippmann La cité libre (The Good Society), el profesor Louis Rougier convocó en 1938 a un coloquio en el que participaron varios intelectuales que compartían las preocupaciones de Lippmann, con el fin de ahondar en las perspectivas del liberalismo democrático. En este encuentro participaron renombrados liberistas como Friedrich A. Hayek, Ludwig von Mises, Lionel Robbins, Wilhelm Röpke, Raymond Aron y Jacques Rueff. Como resultado de este “Coloquio Walter Lippmann”, se propuso la creación del Centre Internationale des Études pour la Rénovation du Liberalism, quedando encargados Lippman, Hayek et Röpke de crear las secciones estadounidense, inglesa y suiza respectivamente. Esta organización tuvo una vida breve, puesto que sus actividades fueron interrumpidas por la segunda guerra mundial.^⁸

Terminada la guerra y para dar continuidad a la idea, algunos de los participantes al coloquio Lippman de 1938 y en particular Hayek, organizaron en abril de 1947 en la estación Suiza de Mont-Pellerin, una nueva conferencia. Allí nació la Societé Mont Pellerin, que reunió y reúne a lo más granado de los pensadores contemporáneos del liberalismo.^⁹ Antes que eso, Hayek había escrito en 1944 la obra que lo hizo famoso en el mundo entero: Camino de servidumbre, con la cual inicia una etapa en la que, sin abandonar los estudios económicos y monetarios, explora las relaciones entre la actividad económica y aspectos morales, jurídicos y políticos.^¹⁰

Hayek (1981) se dedicó a adaptar, extender y mejorar la noción de orden natural de los fisiócratas y Adam Smith, con el fin de demostrar que, a menos que exista una atmósfera propicia para el libre actuar humano, el proceso de generación de riqueza sólo encontrará obstáculos e incertidumbre. Afirma que mientras en la sociedad tribal lo que importa es la comunidad y la distribución de roles se hace sobre la base del interés común (con escaso margen de libertad para los individuos), en una civilización avanzada no existe una mente o grupo de mentes que controlan o dirigen el accionar de cada persona. La interacción social se produce y se organiza, en su mayor parte, de manera natural y no planificada, enmarcándose simplemente en una institucionalidad espontánea que incluye costumbres, tradiciones, normas de conducta y todos los mecanismos más o menos impersonales que intervienen en las relaciones de intercambio (lo que se denomina capital social). Esta institucionalidad se ha desarrollado sin un diseño previo y ha determinado la progresiva secularización de la sociedad, pasando progresivamente de una sociedad primitiva a una sociedad más avanzada. De esto deduce que la sociedad desarrollada no puede ser planificada y que lo que popularmente se denomina justicia “social” o “distributiva”, es inaplicable en una sociedad libre. Justicia social sería, desde este punto de vista, el que los individuos reciban lo que les corresponde exclusivamente en función de cuanto aporten para satisfacer directa o indirectamente, la demanda de los consumidores, en el respeto de las normas generales de propiedad y de los derechos individuales. Cualquier cambio en este modelo, incluyendo la imposición por parte del gobierno de mecanismos que modifiquen la forma de distribuir la contribución social, supone un regreso a la mentalidad y a las normas de una sociedad tribal.

1. 2. Economía y desarrollo

El neoliberalismo económico tiene sus orígenes en la mencionada “Escuela Austriaca” o “Escuela de Viena”. Su fundador fue Carl Menger (1840-1921), quien planteó (de manera casual y simultánea con Jevons y Walras, porque no se conocían), la teoría marginal del valor o teoría subjetiva del valor económico de los bienes. Estas propuestas marcaron un corte frente el objetivismo y racionalismo de los clásicos (Adam Smith, Ricardo y sus seguidores), porque plantearon que la realidad es subjetiva, individual y sicológica (de manera semejante a como fue propuesta por los fisiócratas), elementos que afectan la evaluación cuantitativa de los resultados económicos. Menger y sus coetáneos y discípulos, directos e indirectos (Von Wieser, Boehm-Bawerk, Von Mises, Hayek, Schumpeter, Hazlitt, Kirzner, Sowell entre otros), piensan que el equilibrio económico depende en fin de cuentas, de la utilidad que los consumidores ven en los bienes (de donde la denominación de “escuela sicológica”), subrayando además las diferencias metodológicas que existen entre las ciencias naturales y las ciencias sociales como la economía. Su interés por explorar y fundamentar las leyes de la economía en las particularidades del hombre como ser social, es lo que ha llevado a muchos de sus miembros a incursionar en la filosofía, la historia, el derecho y la psicología.

Eugen von Bóhm-Bawerk en particular, refutó en 1896 la teoría del valor del trabajo de Marx, sosteniendo que se debía abandonar porque presentaba contradicciones, con lo cual caían también sus planteamientos sobre la explotación y la alienación económica.^¹¹ Este análisis tuvo notable influencia al punto que una parte importante del pensamiento socialista de la época, abandonó la teoría del valor de Marx. Según von Mises, como en el sistema socialista no existe un mercado libre, es imposible conocer de manera exacta las pérdidas y utilidades, así como tampoco orientar los recursos hacia la demanda; quienes dirigen la economía socialista adquieren el privilegio de imponer sus valores y preferencias a la población y aún ellos operarán forzosamente con gran incertidumbre, por la falta de un sistema de precios que transmita la información económica. Popper asumió algunos conceptos fundamentales de Hayek como el principio del orden espontáneo y tuvo posiciones metodológicas parecidas. Desconfiaba sin embargo de los mecanismos puros del mercado libre (que Hayek sostenía de manera incontrovertible), predicando más bien cierta política reformista e intervencionista con orientación social, que no desembocara, en ningún caso, en el control o la propiedad estatal (Guittton, 1976; Fontaine, 1983; Gill, 2002).

Básicamente, los postulados del neoliberalismo acentúan y polarizan la función del mercado, saliendo del simple marco nacional, para insertar los países en el marco del comercio globalizado. Se parte de algunos principios esenciales como:^¹² (1) la defensa a ultranza de la propiedad privada, incluyendo bienes comunes de la sociedad, bienes estratégicos, etc. (2) la libertad como valor absoluto, y en particular la libertad de mercado para comprar, vender o competir sin trabas burocráticas ni fronteras, desechando cualquier intervención en los precios, permitiendo obtener los máximos beneficios e invertirlos donde plazca; (3) el predominio del mercado, descartando cualquier intervención del gobierno en la economía, eliminando cualquier tipo de subsidio y desmontando el estado del bienestar y los sistemas de protección social; (4) el gobierno debe velar por la mantención del orden y el respeto de la legalidad vigente, protegiendo a los ciudadanos, grandes y pequeños, ricos o pobres, contra cualquier abuso; (5) la defensa del individualismo y de la satisfacción personal, por la cual no importan los intereses colectivos, sino los individuos, que son el principio y el fin de todas las leyes.

Estos planteamientos no tuvieron gran impacto en los primeros años. No fue sino hasta fines de los años ‘60, cuando las propuestas keynesianas, que hasta ese momento habían dominado sin contraste en la mayor parte de los ambientes económicos, dejaron de dar explicaciones satisfactorias a los principales problemas y sobre todo a la llamada estanflación,^¹³ que los economistas se volvieron hacia Hayek y sobre todo a los monetaristas encabezados por Milton Friedman y otros docentes de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago (EE.UU.). Aunque monetarismo y neoliberalismo están estrechamente unidos, el primero se refiere esencialmente a la política monetaria y financiera, mientras el segundo abarca un campo mucho más amplio, incluyendo elementos filosóficos, políticos y socioeconómicos. El monetarismo parte de la teoría cuantitativa de la moneda, la que se representa tradicionalmente en la identidad MV ≡ QP, en la cual M es la masa monetaria, V es la velocidad a la cual los medios de pago circulan de mano en mano entre los consumidores, Q la cantidad física de bienes y servicios producida y P el precio promedio éstos. Como resulta que, en general, V es relativamente constante (compramos pan todos los días, pagamos la cuenta del agua una vez al mes y las compras de navidad las hacemos una vez al año), el nivel de precios queda determinado esencialmente por la cantidad de medios de pago y los volúmenes producidos (Pk = M/Q, con k como una constante). Así resulta que un aumento en la cantidad de dinero no tendría influencia en el largo plazo en las variables reales (producción, inversión, empleo, etc.), sino se traduce sólo en un incremento en el precio de las mercancías (es decir en inflación). Se sostiene además que en condiciones de mercado, la tasa de interés es independiente de la oferta monetaria, estando determinada por la productividad del capital (Mántey de Anguiano, 1994).

En la posguerra, la dicotomía creciente entre países pobres y países ricos, dio origen a diversas hipótesis que pretendían explicar las causas del subdesarrollo y proponer alternativas de solución.^¹⁴ Algunos economistas encabezados por McKinnon (1974), asumieron las hipótesis monetaristas neoliberales y plantearon que la represión financiera reduce la eficiencia económica de los activos financieros y frena el desarrollo de los mercados de capital, condición esencial para el desarrollo económico y para una mejor asignación de los recursos.^¹⁵ Paralelamente, se planteaba la necesidad de reducir el financiamiento inorgánico del déficit fiscal, causa de la inflación rampante e insidiosa.^¹⁶

Las tesis estructuralistas atribuían la inflación a un bloqueo del desarrollo económico determinado por causas estructurales, lo que provocaba la “brecha inflacionista” puesto que la producción no podía seguir el paso a la emisión inorgánica. Los liberales, inspirados en Milton Friedman, no contradecían este principio básico pero sostenían que el déficit público y el exceso de moneda resultante debían ser reducidos liberando las tasas de interés, lo que favorecería el ahorro y el desarrollo de los mercados financieros, con lo cual se podría financiar el desarrollo, no ya desde el sector público sino del sector privado (Calcagno, 1989).

Las soluciones neoliberales pasaban en consecuencia, por la redefinición del papel del Estado, el juego del mercado, la apertura económica para favorecer la inserción al comercio internacional globalizado, nuevas pautas en la distribución del ingreso y, sobre todo, una política monetaria tendiente a restaurar los equilibrios macroeconómicos, favorecer el desarrollo de los mercados de capital y el acceso al financiamiento externo en condiciones de mercado.

1. 3. Democracia y libertad

Ya hemos visto que para Locke, padre del liberalismo, la unión en sociedad y el sometimiento a una autoridad respondía esencialmente a la necesidad de preservar la propiedad y la libertad individual. En continuidad con estos conceptos pero en época más moderna, es importante recordar la posición de Hayek (1980) sobre la democracia, para quién “la palabra solo se refiere a un método especial de gobierno [aunque] no nos dice nada sobre cuáles deben ser los fines del gobierno”. Sin embargo, siendo “el único método de cambio de gobierno pacífico que el hombre ha descubierto hasta ahora, es, a pesar de todo, precioso y vale la pena luchar por él”.^¹⁷ El problema que preocupa a Hayek en realidad, es la confusión que existe entre los procedimientos democráticos y los objetivos igualitarios, que considera lesivos a los intereses libertarios. Ve la democracia como “una precaución sanitaria que nos proteja de un abuso de poder”,^¹⁸ aunque sostiene que “al igual que la libertad y la justicia, está ahora siendo destruida por los esfuerzos de darle un contenido ‘positivo’. La compra del apoyo de la mayoría mediante tratos con intereses especiales,[...] no tiene nada que ver con la idea original de democracia, y es ciertamente contraria al concepto moral más fundamental de que todo uso de fuerza debe estar guiado y limitado por la opinión de la mayoría”.^¹⁹ Su temor fundamental es que las políticas igualitarias se traduzcan en limitaciones a las libertades individuales, tanto más cuando “los enemigos de la libertad se describen a sí mismos como liberales”, aunque cuando hacen llamados a la democracia, “se refieren verdaderamente a igualitarismo”. De hecho, como el mismo habría declarado al diario chileno El Mercurio en 1981: “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”.^²⁰

Otro gran pensador y filósofo liberal fue Isaiah Berlin, de quién Mario Vargas Llosa se declara entusiasta admirador y sobre el que escribió un elogioso artículo de crónica que tituló “el hombre que sabía demasiado”. En su escrito afirma que en nuestros días, sólo Popper y Hayek han hecho tanto como él por la cultura de la libertad. Describe su pensamiento como uno de los más incitadores y fecundos de la tradición liberal, la que ha actualizado y renovado como pocos pensadores contemporáneos (Vargas Llosa, 2000). Darnton (2000), recuerda que Berlin, “espíritu liberal” por excelencia, se refiere a Marx y al marxismo en dos ensayos, en “Socialism and Socialist Theories” y en “Marxism and the International in the 19th Century”, en los cuales encuentra su inspiración “el cientificismo, o el intento por encontrar algún punto desde el cual la mente pueda comprender la racionalidad inherente a todos los fenómenos”. Berlin pone de relieve el lado metafísico de Marx, “asociando su pensamiento con el monismo, la doctrina según la cual todo puede ser explicado por un único principio expresado en leyes susceptibles de ser descubiertas. Y ve terribles implicaciones en esa posición: una autorización para lo que él llama la ‘vivisección de las sociedades’, un cheque en blanco para que los ingenieros sociales empleen cantidades ilimitadas de sangre a fin de tallar y dar forma al material humano de cualquier manera que, según sus estimaciones, lo requiera la lógica de la historia”. Berlin, en su conferencia inaugural como Chichele Professor de Teoría Social y Política en Oxford en 1958, bajo el título de “Two Concepts of Liberty”, acuñó los conceptos de “libertad negativa” y “libertad positiva”. Petroni (1993) describe estos dos conceptos como sigue: En la acepción de libertad negativa “yo me considero como normalmente libre en la medida que ninguna persona o ningún otro ser humano limita mi actuar. La libertad política es en este sentido simplemente el espacio en el cual el ser humano puede actuar, sin ser molestado por los otros... Siendo libre en este sentido, yo entiendo no ser molestado (importunado) por los otros”. Partiendo de este concepto negativo de libertad, vista como ausencia de coerción, se distingue el sentido positivo que deriva “del deseo que se origina en el individuo mismo, de ser su propio jefe. Yo quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mi mismo, y no de fuerzas externas o de quién quiera que sea. Yo deseo ser el instrumento de mi persona, no el resultado de acciones de otros hombres. Yo quiero ser un sujeto y no un objeto: estar animado por razones e intenciones conscientes, que sean las mías, y no por causas que me perjudican, de donde quiera que procedan”.^²¹

Darnton (2000) interpreta estos conceptos de manera parecida aunque más simple, señalando que la libertad negativa se refiere a “la capacidad de hacer lo que uno quiere sin la interferencia de los otros”, mientras la “libertad positiva se presenta en dos variantes, cada una entrañando la obediencia a una ley autoimpuesta y cada una potencialmente peligrosa: por una parte, el repliegue a un mundo interior de conciencia y contemplación, lo cual conduce al inmovilismo político; por otra, el intento por estampar la voluntad de uno en la demás gente, a pesar de su heterogeneidad, abriendo el cambio al totalitarismo”. Según Ainsa (2006), Berlin entiende la libertad “liberal” como la exigencia “de no interferencia compatible con el mínimo de requisitos necesarios para la vida social”. La libertad negativa es, por lo tanto, libertad frente al control, compulsión, restricción e interferencia por parte del Estado. Se supone que la relación entre los poderes y la libertad de los ciudadanos está regulada de tal manera que el Estado no toma partido y se mantiene neutral ante las actividades comerciales individuales. El liberalismo afirma la “santidad” de los derechos de propiedad y es hostil a toda forma de redistribución de la riqueza. La tradición republicana – según el mismo Isaiah Berlin – ofrece una concepción positiva de la libertad, lo que llama la libertad positiva. Un individuo es libre en la medida en que dispone de los recursos y los medios instrumentales necesarios para realizar o determinar sus propios planes de vida, su autogobierno o autorrealización personal. Se trata, por lo tanto, de poner en práctica un auténtico ejercicio de la libertad combinado con un regreso a la idea clásica de la ciudad, la polis, aunque invocar esa tradición parezca un antimodernismo nostálgico de vieja forma.

2. El neoliberalismo en América Latina

2. 1. Antecedentes históricos

Durante todo el tercio central del s. XX, la derecha económica latinoamericana, no fue en absoluto liberal. Asumió e hizo suyo íntegramente el modelo de desarrollo hacia adentro que se instaló desde la crisis de 1930 y que determinó en la mayor parte de los países el quiebre del modelo económico tradicional de producción, de corte semi feudal o extractivo, heredado desde la colonia.^²² Nuevos grupos económicos nacionales se crearon en esa época con ayuda directa o indirecta del estado, constituyéndose en muchos casos en monopolios en su área de producción, mientras en paralelo, los estados incursionaban en el ámbito empresarial, constituyendo empresas que debían actuar en áreas llamadas estratégicas, como los transportes (se nacionalizaron la mayor parte de los ferrocarriles, muchos de los cuales eran ya un “mal negocio”), la electricidad y los hidrocarburos.^²³

La discusión entre estructuralistas y neomarxistas (Cf. Nota 14) no sólo no afectaba el poder económico de los grupos económicos, sino que al contrario, la concepción misma del modelo de dependencia les permitía seguir creciendo protegidos de la concurrencia externa. Frente a las nuevas estrategias industriales, el sector agrícola, en particular el de producción tradicional no exportador, quedó rezagado, constituyendo un “reservorio” para los movimientos guerrilleros o revolucionarios que comenzaban a proliferar.^²⁴ Por esta razón se hizo necesario iniciar durante los años sesenta, con el beneplácito de los grupos industriales y con ayuda internacional, procesos de reforma agraria que redujeran el riesgo de explosión social. En el fondo, los gobiernos de la época, fueran militares, populistas o demócratas, de tendencia conservadora, “liberal” o socialdemócrata, no representaban en sentido estricto, un problema al poder sin contrapeso de la derecha económica.^²⁵

El modelo de desarrollo hacia adentro permitió crecer a tasas significativas, las que globalmente fueron siempre positivas entre los años ’40 y hasta 1970. Bulmer-Thomas (2003) indica un crecimiento medio anual del PIB de 5,3% entre 1950 y 1960, y de 5,4% entre 1960 y 1970, lo que permitió que en el período el ingreso per capita pasara de 306 a 513 dólares de Estados Unidos (US$) en promedio, con un incremento anual de 2,6%.^²⁶ Sin embargo, estos niveles de crecimiento ocultaban importantes dificultades. Por una parte, el déficit fiscal - consecuencia de las políticas keynesianas y de un aparato fiscal que iba más allá de las rentas del estado - determinaba una permanente e insidiosa tasa de inflación. Por otra parte, no se consiguió nunca equilibrar la balanza de pagos, determinando un creciente endeudamiento externo y una permanente vulnerabilidad a las condiciones externas adversas. Este problema quedó dramáticamente en evidencia con el colapso del sistema de Brettons Woods en 1971 y, dos años más tarde, con la primera crisis del petróleo.

En ese momento de la historia económica del continente se comienzan a implementar las políticas neoliberales en América Latina. Como veinte años atrás, cuando las doctrinas estructuralistas y neomarxistas tuvieron en Chile un espacio particular de ideas y de estudio, la aplicación práctica del “experimento neoliberal” se aplicó en este país antes que en ninguna parte.^²⁷

2. 2. Los intelectuales (neo) liberales de América Latina.

El pensamiento neoliberal encontró asidero en América Latina entre destacados pensadores (escritores, sociólogos, cientistas políticos, economistas, etc.) que en más de una ocasión tenían raíces izquierdistas.^²⁸ No fue sólo el desencanto en la gestión de los movimientos de izquierda y en el dogmatismo de los marxistas, lo que los indujo a cambiar de posición. También el convencimiento íntimo que la libertad, vista en un sentido amplio, era un bien precioso que no se podía desperdiciar. Fue el caso por ejemplo, de Octavio Paz y de Mario Vargas Llosa. Otros en cambio, como Merquior y Krauze, fueron siempre de “derecha”, o si no lo fueron, abrazaron la causa del socialismo sólo por un muy breve período.^²⁹

Según Mansilla (2004), Octavio Paz fue si duda un gran liberal que mantuvo hasta su muerte la convicción que la democracia pluralista, el individualismo y el régimen de libertades públicas representaban la cara más noble y rescatable de la modernidad occidental. Rodríguez Ledesma (2000), interpreta el concepto de modernidad de O. Paz, definiéndola en dos vertientes: libertad y democracia.^³⁰ Sin embargo, sobre estos dos conceptos, sus opiniones variaron a lo largo del tiempo, no tanto en los principios, como en las condiciones de aplicación práctica. El problema de la modernidad lo veía de manera pesimista en 1950, cuando señalaba que “las constituciones liberales y democráticas que generaron los pueblos latinoamericanos [al momento de la independencia], fueron vanos esfuerzos de vestir con un aura de modernidad a la sociedad surgida del sistema colonial. La ideología liberal y democrática sólo sirvió para ocultar una situación histórica concreta, y los regímenes de fuerza, despóticos y al servicio de oligarquías, que se dieron [...] en Latinoamérica, se ataviaron con el manto de la libertad y la democracia, y así consolidaron la institucionalización de la mentira en el ser político latinoamericano”.

La transformación de nuestros países en sociedades realmente modernas requiere básicamente “luchar contra esa mentira para instaurar realmente la libertad y la democracia”. En esa época, el marxismo era para Paz “la forma más acabada del pensamiento moderno referido al tiempo lineal”. Por ello “en los países socialistas la técnica y el trabajo se presentan como el objetivo hacia el cual hay que avanzar”. Un cuarto de siglo más tarde, sus ideas habían cambiado. En Tiempo Nublado publicado en 1983, continúa sosteniendo los principios de la modernidad, pero ya no identificados con el marxismo. “Lo que llamamos modernidad nació con la democracia. Sin la democracia no habría ciencia, ni tecnología, ni industria, ni capitalismo, ni clase obrera, ni clase media, es decir, no habría modernidad [...] y la modernización sin democracia tecnifica a las sociedades pero no las cambia” (Rodríguez Ledesma, 2000). De manera muy crítica y seguramente desde una perspectiva marxista, Espinosa y Zúñiga (2002) sostienen que “Octavio Paz se fue despeñando [desde la izquierda] hacia un conservadurismo proempresarial, fervientemente anticomunista; el deslizamiento de Paz a la derecha fue aceitado oportunamente por [la cadena de televisión mexicana] Televisa, que abrió su red nacional para que el poeta expusiera sus ideas, muchas veces lúcidas, pero también obsesivamente anticomunistas: la suya era una cruzada con tintes religiosos, como el mismísimo comunismo que tanto denostaba”.

Espinosa y Zúñiga (2002) recuerdan como las crisis y los enfrentamientos no se daban solo entre izquierda y derecha sino también al interior de la derecha, según fueran los acomodos más o menos “políticos” de los “ideólogos” con el gobierno de turno. Uno memorable se produjo en 1990 durante el encuentro “El siglo XX: la experiencia de la libertad” convocado por la revista Vuelta para “celebrar la caída del muro de Berlín y la debacle final del comunismo, así como exaltar las glorias del libre mercado”. Entre los invitados estaba Mario Vargas Llosa quién llamó el sistema político del PRI mexicano “la dictadura perfecta”, causando la ira de Octavio Paz (bien acomodado en el gobierno de Salinas de Gortari) y sus contertulios, determinando la salida del país de Vargas Llosa tres días después. El episodio es rememorado por Vargas Llosa en un artículo de su libro “Desafíos a la Libertad”, señalando “los jalones de oreja” que recibió, incluyendo del mismo Octavio Paz (Vargas Llosa, 1993). Sin embargo, cuando el sistema socialista se derrumba a fines de los ’80, Octavio Paz ve con preocupación la horrible combinación de globalización ineludible y de capitalismo salvaje que se estaba apoderando del planeta, con la expansión del consumismo a escala mundial y con el desenfreno de la economía de libre mercado. A comienzos del s. XXI esta evolución no ha producido ni la felicidad de los pueblos, ni la instauración de regímenes más razonables que los anteriores, ni menos todavía un auténtico renacimiento cultural. La desregulación de los mercados ha destruido e cambio, en amplias zonas del planeta la agricultura de subsistencia, que estaba bien adaptada a entornos ecológicamente precarios. La actual democracia de masas está unida inextricablemente a la manipulación de los votantes por medio de la llamada industria de la conciencia (Mansilla, 2004).

Algo parecido pero de mucho mayor impacto mediático fue la pública “conversión” de Mario Vargas Llosa, quién hasta fines de los años sesenta, fue un socialista marxista declarado aunque la parecer no siempre convencido. No es fácil decir cuando exactamente se produce esta metamorfosis que lo convierte en un acérrimo defensor del (neo) liberalismo en lo económico y del liberalismo en lo político, aunque dos hechos parecieran marcar la inflexión. El primero fue en 1968 y lo relata en un ensayo titulado “Impresión fugaz de Vaclav Havel”, donde se refiere a la primavera de Praga, la que - según dice - modificó su conducta porque “como muchos otros, las dudas y las críticas [al socialismo, ya las tenía, pero] no me atrevía a hacerlas públicas”. Después de la intervención armada y sobre todo después que “Fidel pronunció su vergonzoso discurso apoyando la agresión”, escribió un artículo que tituló “‘el socialismo y los tanques’, que tuvo dos efectos: enemistarme para siempre de los ‘progresistas’ latinoamericanos y devolverme una independencia para pensar y opinar que, desde luego, no volveré a perder” (Vargas Llosa, 1993). El quiebre definitivo se produce en 1971, cuando en carta del 5 de abril de 1971 dirigida a Haydee Santamaría, directora de la revista Casa de las Américas, renuncia oficialmente al Comité de Redacción, expresando su desencanto por la revolución cubana. En esta decisión habría sido significativa la prisión del escritor disidente Heberto Padilla: “No es éste el ejemplo del socialismo que quiero para mi país”, escribe, y agrega que los intelectuales progresistas han sido obligados, “con métodos que repugnan a la dignidad humana, a acusarse de traiciones imaginarias y a firmar cartas donde hasta la sintaxis parece policial, es la negación de lo que me hizo abrazar desde el primer día la causa de la Revolución Cubana: su decisión de luchar por la justicia sin perder el respeto a los individuos”. La respuesta vino un mes después, en carta de Santamaría, en la cual entre otras cosas, acusa al escritor de ser “la viva imagen del escritor colonizado, despreciador de nuestros pueblos, vanidoso”, agregando que con su actitud apoya a los “enemigos de la Revolución Cubana”. Un elemento de crítica habría sido la negativa de Vargas Llosa de ceder el monto del premio Rómulo Gallegos al Che Guevara. “¡Qué deuda impagable tiene Usted contraída con los escritores latinoamericanos, a quienes no supo representar frente al Che a pesar de la oportunidad única que se le dio!” concluye Santamaría (Defort, 2005).

Krauze (1991) en cambio, es menos dubitativo que O. Paz en sus convicciones liberales. “De los falsos profetas, líbranos señor, no sólo por aburridos y patéticos sino por equivocados y peligrosos”, escribe contra-atacando a los socialistas después de la caída del muro de Berlín. “Varias generaciones de ‘científicos sociales’ se educaron en esta fe sin saber que era sólo eso, una fe, [y peor], una fe vulgar. La revelación de 1989” los tomó por sorpresa. Hasta hace muy poco agrega, “los manuales del profetismo más popular del siglo XX, que por decenas de miles se consumían -y se consumen aún-, en nuestras universidades, sostenían que la historia es una marcha incesante, predeterminada y triunfal desde las horrendas simas de la economía de mercado hacia las nevadas cumbres del socialismo”. Hoy día, han sido “desmentidos de modo contundente”, aunque, al parecer, “no definitivo”. En efecto, aunque al principio pareció que la inmensa lección que se desplegaba urbi et orbi iba a desencadenar en ellos un proceso sin precedentes de auto-análisis. “Nuestros falsos profetas tienen una curiosa peculiaridad: en su mayoría no se consideran a sí mismos socialistas, ni se presentan públicamente como tales. Es importante mostrar que lo son de hecho. [...] Consecuentemente –aunque tampoco lo declaran de modo abierto-, creen en el Estado como en un inmenso padre benefactor, que si bien se ha portado un poco mal a últimas fechas, debe seguir siendo el dueño de empresas “estratégicas” y ejidos miserables, el empleador cuasi universal, el único posible protector de los desheredados y de la soberanía, la encarnación natural de los “más altos intereses nacionales”. En su vida material, nuestros profetas son casi sin excepción empleados de la burocracia pública, en particular la académica. Según Vargas Llosa (1993) Krauze añora “la existencia de una izquierda mexicana de nuevo cuño, como la que en España contribuyó a modernizar el país y a fortalecer la democracia. Una izquierda que rompa el autismo en que está confinada y [...] se valga de razones e ideas para convencer al adversario, y renuncie para siempre a las tentaciones autoritarias”.

Para Merquior (1987), el socialismo en sus orígenes intelectuales no era una teoría política sino una teoría económica, y más exactamente, una teoría que procuraba reorganizar la sociedad industrial. Los primeros sociólogos socialistas, los que Engel llamó “socialistas utópicos” simplemente no pensaban en las instituciones políticas. El socialismo solo se politizó con Marx, quién unió su crítica al liberalismo económico con la tradición revolucionaria e igualitaria del comunismo. Marx nunca valorizó los derechos civiles (de expresión, profesión, asociación, etc.). Al contrario, llegó incluso a condenarlos viendo en ellos meros instrumentos de explotación de clase. El socialismo marxista, y en particular el practicado por los regímenes comunistas, siempre reflejó este menosprecio por los derechos civiles. Con Lenin, la indiferencia de Marx para con las libertades civiles se transforma en verdadera hostilidad a los derechos civiles y políticos. Hoy nadie duda que en los regímenes comunistas nadie consigue, o trata de compatibilizar, socialismo y democracia. Para esto se necesitaría renunciar al dirigismo económico, a la dominación de la economía por el estado. Esto fue lo que la social democracia hizo desde sus primeras experiencias en Escandinavia. Ellos entendieron que el dirigismo político provoca ineficiencias y despotismo, ya que concentra todas las grandes decisiones económicas en las manos de aquellos que ya tienen el mando político. Esta autonomía en el mundo socialista nunca ha sido admitida por los marxistas [ortodoxos], aunque Trotsky haya observado que aunque exista crecimiento industrial, la calidad de la producción está fuera del alcance del control burocrático de la economía.^³¹

Refiriéndose al libro de Merquior Liberalism, Old and New, no extraña a Krauze (1992) que se lo haya dedicado a Raymond Aron,^³² puesto que el pensamiento de éste último contribuyó de manera fundamental a la síntesis moral que buscaba Merquior. En primer lugar, “su deslinde por partida doble, de la secta liberal de Hayek y, desde luego, de las posturas neoconservadoras inglesas o norteamericanas. En nuestros países, donde por ignorancia o mala fe se ha amalgamado a todos los pensadores ajenos u opuestos a la izquierda como reaccionarios, se ha perdido el matiz esencial en el juicio de las ideas. La voluntad de descalificación enturbia cualquier posibilidad, de distinción”. Y diferenciar es lo que logra Merquior. “Mientras que Hayek ignora las mediaciones sociales entre libertad y constreñimiento, pugna por un Estado mínimo y ha llegado a poner en tela de juicio la funcionalidad de la democracia para los fines del individualismo, Aron desemboca en un reforzamiento del constitucionalismo, tema liberal si los hay”. Según Merquior (en Krauze, 1992), Aron no cerró los ojos al papel del Estado, fuente de leyes y servicios, en la evolución social de nuestro tiempo. En el “Ensayo sobre las libertades, Aron hace una defensa de la síntesis democrático - liberal, mezcla de las libertades individuales clásicas y de los derechos sociales moderno”, así como un sobrio rechazo a confundir la libertad con el privilegio. La tradición que Merquior defendía al dedicar su libro a Aron es la que fundaron Constant y Tocqueville, liberales franceses de formación más jurídica e histórica que la de sus contrapartes ingleses. Por este camino “… ‘liberal - sociológico’ que transforma y enriquece el liberalismo insular anglosajón, Aron siguió a Tocqueville y Merquior siguió a Aron”.

2. 3. La praxis neo liberal: el “Consenso de Washington”.

Hasta este punto hemos esbozado los planteamientos ideológicos de algunos pensadores liberales de América Latina, los cuales están centradas principalmente en las libertades individuales y en la libertad empresarial, como contraposición a las hipótesis que postulan el estado patrón o empresario y la planificación de la economía. Aunque la aplicación práctica de estas ideas comienza mucho antes, en 1973, con el “experimento chileno” como veremos más adelante, el asidero formal institucional para su implantación y generalización continental se encuentra en el llamado “Consenso de Washington” de 1989.

Este Consenso es una lista de diez propuestas de cambio en la política económica, que fueron asumidas por los organismos financieros internacionales y centros económicos y de poder con sede en Washington, como el “mejor” programa económico que los países podían adoptar para impulsar el crecimiento. Williamson (1990) afirma que estaba pensado originalmente para los países de América Latina, pero con los años se convirtió en un programa general. Las medidas estaban agrupadas en tres grandes ejes: la apertura externa, la desregulación y flexibilización de los mercados y la reforma del Estado, entendida como reducción de su intervención en la economía, el rigor en los gastos públicos, la eliminación de subsidios al consumo, la privatización de empresas públicas, etc. Sucintamente, las diez reformas eran (Serrano, s.f.):

Al parecer el concepto fue propuesto por John Williamson en 1989, en un documento titulado “What Washington Means by Policy Reform” (“que entiende Washington por reformas de política”), en el cual se señala: “Este documento identifica y discute 10 instrumentos de política sobre cuya adecuada aplicación, se puede conseguir un grado razonable de consenso en Washington. En cada caso se busca sugerir la magnitud del consenso y, en algunos casos, también sugiero los mecanismos por los cuales yo desearía que estos puntos de vista puedan ser modificados. El documento pretende obtener comentarios, tanto sobre el nivel de consenso que existe sobre las medidas propuestas, como si estas sirven para dirigir su aplicación. Se espera que los estudios de países que se basen en este documento, harán comentarios sobre cuanto las propuestas del Consenso de Washington sean compartidas en ese país, así como en el grado de implementación y los resultados de su puesta en práctica (o de su no implementación)”.^³³ Es importante señalar que por “Washington”, Williamson entendía no solo los organismos financieros internacionales con sede en esa ciudad (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), sino también organismos e instituciones norteamericanas como el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal y la propia Administración estadounidense, además de empresas privadas de consultores (think tanks) que trabajan con las entidades anteriores, aunque nota con una cierta ironía que “Washington, sin duda, no siempre practica lo que recomienda a los otros”.

Es importante concluir que el “Consenso” constituye (¿constituyó?) el modelo a aplicar en los programas de ajuste estructural y en las reformas económicas, a través de las cuales se buscaba modificar substancialmente los modelos vigentes de acumulación, no solo en América Latina sino también en los otros países del mundo donde, intervienen los organismos internacionales con sede en Washington y también la administración estadounidense. En otras palabras implican la asunción, por las partes involucradas, de las premisas básicas de la doctrina neoliberal. Representan también la consolidación práctica de los “experimentos neoliberales” que ya habían sido aplicados con más o menos éxito, primero en Chile y luego en otros países de América Latina.

2. 4. El “experimento” chileno

En 1956, la Universidad Católica de Chile firmó un acuerdo con la Universidad de Chicago, que permitió a un nutrido grupo de egresados de economía chilenos, recibir becas para cursar estudios de postgrado en la Escuela de Economía de la U. de Chicago, en la cual era docentes destacados Milton Friedman y Arnold Harberger.^³⁴ Aunque el convenio concluyó en 1961 (los últimos alumnos egresaron en 1963) el mecanismo permitió a unos 30 economistas chilenos ser adoctrinados en los principios de la escuela monetarista y neoliberal, de los cuales al menos quince alcanzaron posteriormente amplia notoriedad como académicos, consultores internacionales, funcionarios públicos o ejecutivos de importantes empresas.^³⁵

En ese marco, en 1963 se creó por iniciativa de Agustín Edwards B.^³⁶ el Centro de Estudios Socio Económicos (CESEC), con el fin de contribuir al pensamiento económico y a la defensa de los principios de la libertad de mercado y del discurso neoliberal. El CESEC funcionó hasta la campaña presidencial de 1970, en la cual contribuyó con la preparación de la plataforma económica del Jorge Alessandri R., candidato de la derecha chilena en las elecciones de ese año. La derrota de Alessandri y los temores que suscitaba el gobierno socialista de Salvador Allende, indujeron a los miembros del CESEC a autodestruir los archivos y a disolver el Centro (Cáceres, 1994; Comelli, 2003).

Sin embargo, tres años después tuvieron una nueva oportunidad, a partir del golpe de estado que depuso al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Ya a fines de 1972 la Marina había solicitado a un grupo de economistas la elaboración de un plan económico para ser aplicado “con posterioridad”, que contuviera medidas de emergencia, de corto y mediano plazo. Se preparó un voluminoso informe (que fue por esto llamado “El Ladrillo”) en el cual “se hacía un diagnóstico de la economía chilena, caracterizándola como excesivamente regulada, cerrada, inflacionaria, con una balanza de pagos desequilibrada y paralizada para el desarrollo. Se sugería liberar los precios, disminuir el aparato estatal, fijar un tipo de cambio “realista”, financiar el área fiscal y las empresas bajo su mando, entre otras”.^³⁷ Prácticamente todos los economistas que participaron en la preparación del “ladrillo” habían estudiado en la U. de Chicago. El Almirante Merino llamó a Sergio de Castro – uno de los redactores del documento y líder del grupo que desde entonces ha sido llamado de los “Chicago Boys”– designándolo asesor del general Rolando González, ministro de Economía.^³⁸ A partir de entonces los neoliberales fueron copando progresivamente la mayor parte de los puntos clave de la política económica y las áreas vinculadas con el desarrollo económico (Valdivia, 2001).

Hasta 1973, el modelo de desarrollo implementado en Chile atribuía un papel preeminente al Estado, tanto como promotor directo del desarrollo económico – en particular de la industrialización, que como agente de fomento de la actividad privada. Bajo ese modelo, el Estado debía además compensar las desigualdades sociales, con medidas en favor de la salud, la educación, la vivienda y la previsión social. El programa de inspiración neoliberal se encontraba en franca oposición con estos principios. Su ejecución requería la existencia de una acentuada política de des-estructuración social, cuyo destino prioritario eran las organizaciones sociales y políticas (incluyendo la disolución de sindicatos y partidos políticos, y la eliminación – incluso física – de sus dirigentes), revolucionando no sólo lo realizado por la Unidad Popular, sino toda la conducción económica y política chilena de los cuarenta años precedentes. Como en 1974 la economía enfrentó dificultades derivadas de la crisis externa, la caída del precio del cobre y la espiral inflacionaria, al gobierno militar, agobiado por la percepción de un inminente colapso, optó por los que se llamó el tratamiento de choque. Esta política marca un hito no sólo por la dureza de las medidas, que incluían una brusca reducción del gasto fiscal y de la inversión pública, sino además por la acelerada privatización de las empresas en manos del Estado, un inédito incremento de los impuestos, la disminución significativa de los salarios, la desregulación del sistema financiero y una significativa rebaja de los aranceles con la consiguiente apertura exterior. Esta política demostró además indiscutiblemente, la hegemonía alcanzada al interior del programa económico por los neoliberales. “Fue el ‘estreno en sociedad’ de un elenco de técnicos, que de un anonimato casi absoluto pasaban a convertirse en los artífices de un nuevo modelo de desarrollo y por extensión en una de las piezas más relevantes del proyecto fundacional del régimen militar” (Cáceres, 1994).^³⁹

Durante diez y siete años, las elites económicas chilenas aprovecharon descarada y vergonzosamente del modelo. Influidos por las teorías neoliberales, los economistas dirigieron un amplio programa de privatizaciones que incluyó no sólo empresas productivas agrícolas e industriales, sino los servicios domiciliarios, la previsión y, buena parte de la salud y la educación. En 1973, el Estado chileno poseía una gran cantidad de empresas. Las más importantes habían sido creadas desde los años cuarenta del siglo pasado y otras habían sido adquiridas o embargadas entre 1964 y 1973. Muchas de éstas últimas, incluyendo las agrícolas y forestales, fueron devueltas a sus antiguos dueños, con frecuencia sin reintegrar lo ya cancelado por el Estado, lo que significó grandes pérdidas para éste. La venta de algunas grandes empresas productivas como la Compañía de Teléfonos, la Industria Azucarera Nacional, la Compañía de Acero del Pacífico, todo el sistema eléctrico y otras, se realizaron vendiéndolas por debajo el valor comercial. Se calcula que las pérdidas para el Estado excedieron los 1.900 millones de dólares y gran parte de sus acciones fueron compradas por funcionarios del régimen militar con préstamos excepcionales del Banco del Estado (Vergara, 2003).^⁴⁰ Una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada en 2005 de evaluar el impacto de las privatizaciones efectuadas entre 1973 y 1990, señala en su informe (Cit. por Walder, 2005), que “La venta de acciones a través de venta directa, la compra de éstas por funcionarios públicos y los diferentes tipos de subsidios fueron entregados dentro de la legalidad vigente. Por lo tanto, no se consideró éticamente reprobable que funcionarios de Corfo pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas, como el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou (Soquimich), Roberto De Andraca (CAP), Bruno Phillipi (actual presidente de la Sofofa), José Yuraszeck (Endesa) y otros y que compraran acciones a miembros de la junta militar y de la plana mayor de Corfo, dentro del mecanismo del 'capitalismo popular'“.

Graves errores como la fijación del cambio del peso durante cerca de tres años y la ausencia de normas prudenciales y de un adecuado control del sistema financiero, condujeron a la crisis de 1982, que ha sido señalada como la más grave en Chile después de la de 1929.^⁴¹ El gobierno militar, ante la disyuntiva de un colapso definitivo del sistema, dio un golpe de timón significativo en la conducción de la política económica. Hasta ese momento la infiltración de los grupos económicos en la política era evidente y descarada.^⁴² A partir de ese momento y sin renunciar a los principios neoliberistas, se establecieron reglas prudenciales más restrictivas para el sistema financiero, combinándolas con una nueva privatización de las instituciones financieras intervenidas para salvarlas de la crisis, la estatización de la deuda externa privada mediante el aval del Estado y una nueva privatización de las actividades económicas que habían vuelto indirectamente a manos del Estado, cuando este tomó el control de los bancos. Paralelamente se dio inicio a un proceso de reducción de la deuda externa.^⁴³

2. 5. La generalización del “experimento”.

El neoliberalismo, antes y después de la declaración del Consenso de Washington, fue por más de un cuarto de siglo, el modelo de política económica impulsada por los organismos internacionales. El país que deseaba (o estaba obligado a) recibir el apoyo financiero o técnico de éstas instituciones para equilibrar sus cuentas, debía plegarse a las reglas de la liberalización financiera, apertura de los mercados y liquidación de empresas públicas. En este capítulo se hará un breve esbozo histórico, que en ningún caso pretende ser exhaustivo, de la aplicación de las políticas neoliberales en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú como países representativos.

Argentina

El golpe de estado de marzo de 1976 buscaba - como en el caso chileno - “instaurar un nuevo orden político, social y económico”, aunque con disímiles resultados. La primera prioridad económica del gobierno militar, en paralelo con medidas de liberalización económica y de (brutal) represión política y social, fue la lucha contra la inflación. La aplicación práctica mostró una grave disociación entre “los objetivos enunciados y los resultados de la política económica aplicada” por la dictadura. En clara contradicción con éstos, el Estado argentino “aumentó la participación del sector público en la producción y el gasto” (de 31,9% al 41,8% del PIB entre 1976 y 1981), y más aún en la FBCF, que alcanzó 48% en 1982 (contra 39% en el período 70-75). Cuando estalló la crisis en 1982, el Estado socializó las pérdidas, ayudando a las empresas endeudadas y asumiendo la deuda externa privada. “Fracasó así completamente la tentativa de disociar la política de la economía”, alejando al Estado de la coyuntura social (Calcagno, 1989).^⁴⁴ El gobierno militar, para reforzar la situación interna y ganar consenso para enfrentar la crisis, comete el error político de desencadenar la ruinosa guerra de las Malvinas. La derrota desembocó en la caída del gobierno y dejó inconclusa la aplicación del modelo.

El sucesivo gobierno social-demócrata del presidente Raúl Alfonsín frena la aplicación del neoliberalismo pero fracasa en la recuperación de los equilibrios macroeconómicos. Al final de su mandato, la moneda se desvaloriza aceleradamente a un ritmo anual de 5.000% en 1989, cuando asume como presidente Carlos Saúl Menem, quién con su ministro de economía Domingo Cavallo,^⁴⁵ reinstala en la agenda la política económica neoliberal. Para frenar la inflación, implementa la Ley de la Convertibilidad en dos fases: la primera en abril de 1991 fija una relación cambiaria de 10.000 australes por dólar de EE.UU. y la segunda en 1992, determina su reemplazo por el nuevo peso convertible, en paridad con el dólar. Paralelamente se acentuó la liberalización y desregulación de los mercados y precios, la apertura externa y la privatización de las grandes empresas estatales (teléfonos, petróleo y gas, aerolíneas, televisión, etc.) (Calvento, 2006).

La convertibilidad se tradujo en diez años de crecimiento (5,8% en promedio, entre 1991 y 1998, CEPAL), ^⁴⁶ y en la estabilidad monetaria, asociados a una aparente sensación de bienestar que hasta hoy los nostálgicos del menemismo añoran. Sin embargo, aunque la política monetaria logró detener la hiperinflación, los males estructurales de la economía no habían sido resueltos sino solo encubiertos. El déficit fiscal continuó creciendo llegando casi a duplicarse en la década, empinándose hasta un 45% en 2000 y un 145,9% en 2002 (cifras de CEPAL). Este desequilibrio, asociado a un peso anclado sobre el dólar incrementó el diferencial de costos y precios, lo que se tradujo en un déficit comercial creciente. La brecha inflacionaria, el déficit y la balanza de pagos fueron financiados los primeros años con las privatizaciones (se estima produjeron unos 23 mil millones de dólares entre 1991 y 1998, Cooney, 2007) y con endeudamiento externo, el que crece enormemente, pasando de 62 mil millones a 166 mil millones de dólares entre 1990 y 2001 (CEPAL). Una vez vendidas todas las “joyas de la familia”, y llegado al punto límite del endeudamiento externo, no se pudo mantener la paridad peso - dólar, desencadenando la crisis y el default. Desgraciadamente esto no sucedió durante el gobierno Memen sino durante el sucesivo de Fernando de la Rúa, quedando en mucho del imaginario colectivo argentino, la sensación de éxito de su administración.

Bolivia

Bolivia se incorporó tempranamente a las políticas neoliberales y, a diferencia de sus vecinos, lo hizo en plena autonomía y con el estado de derecho vigente.^⁴⁷ El proyecto que estaba destinado a aplicar la llamada Nueva Política Económica (NPE) fue lanzado en 1985, con el fin de frenar la hiperinflación que había alcanzado una tasa anualizada de 23.000%, consecuencia de un déficit fiscal incontrolable en un clima social convulsionado.

Con la promulgación del Decreto Supremo 21.060 se aceptó explícitamente la aplicación del modelo neoliberal. La medidas relevantes fueron la adopción de un régimen de tipo de cambio con flotación administrada, la eliminación de los subsidios gubernamentales a los diferentes sectores de la economía, la liberalización del mercado crediticio, la fijación de un arancel único y uniforme para la importación de bienes, eliminando todo tipo de restricciones, cuotas y prohibiciones. En el plano laboral se restableció la libertad de contratación.

La aplicación de la NPE permitió frenar la inflación, equilibrar las finanzas del sector público, mejorar la recaudación de impuestos y disminuir el gasto público, a la vez que se suscitó una mayor confianza y participación en el sector privado, el que pudo contribuir de manera adicional a la recuperación de la economía. En el decenio de los ’90 se privatizaron numerosas empresas públicas.^⁴⁸ Veinte años después, el modelo se podía considerar exitoso en la recuperación de los equilibrios macroeconómicos, pero un fracaso en los resultado sociales. En ningún período en su historia, Bolivia se habría transformado tanto como las últimas dos décadas y además, de manera armónica con el desarrollo internacional. Se han desarrollado los mercados financieros, pero hay una falta palpable de acceso al crédito; se ha liberalizado la economía, pero no ha crecido ni el sector exportador ni la economía y no ha logrado superar la pobreza. En efecto y a pesar de todos los cambios, Bolivia sigue siendo un país muy pobre (con el penúltimo ingreso per capita en América Latina), y con una distribución de la riqueza que es un obstáculo para su desarrollo.

El alto nivel de pobreza está asociado además a un alto grado de informalidad de la economía, lo que no permite que las medidas de cambio estructural surtan efecto, en todos los segmentos de la sociedad (Escobar y Vásquez, 2003).^⁴⁹ Como señala Stiglitz (2004) “países como Bolivia, que se encontraron entre [los primeros seguidores del Consenso de Washington] todavía se preguntan: hemos sentido el dolor, ¿cuando nos toca la recompensa? Si las reformas expusieron a los países a un mayor riesgo, evidentemente no les dieron las fortalezas para una recuperación rápida; en América Latina en su conjunto siguió casi media década de caída en el ingreso per-cápita”.^⁵⁰

Brasil

Las reformas neoliberales fueron aplicadas sólo a partir de 1994 y, lo que es paradojal, bajo la gestión de Fernando Henrique Cardozo, ex estructuralista y socialdemócrata declarado, antiguo docente destacado de FLACSO, quién fue primero ministro de Hacienda de Itamar Franco y luego Presidente de la República por dos mandatos consecutivos (1995 y 1999).^⁵¹

Brasil convivió por varios decenios con elevados índices de inflación, caracterizados además por una fuerte inestabilidad debido a los “choques” inducidos por las autoridades monetarias para tratar de controlar el fenómeno. Poco a poco el país se había acostumbrado a convivir con este problema, estableciendo mecanismos y procedimientos para indexar los precios y los activos físicos y financieros, lo que permitía mantener adecuados niveles de crecimiento. Esta situación marcó fuertemente el comportamiento de los agentes económicos y en particular una elevada propensión al consumo.

Las medidas tomadas por Henrique Cardozo como Ministro de Finanzas para controlar la inflación le permitieron lanzar su candidatura y vencer en las elecciones de 1994. Los cambios que promovió en la economía brasilera los pone en evidencia Cruz (2005) recordando que la misión de su gobierno era “poner fin a la era de [Getulio] Vargas”.^⁵² Con el llamado “Plan Real” (del nombre de la nueva moneda), asumió la tarea de llevar a cabo el ajuste estructural y aplicar las políticas neoliberales, que permitieron acabar con decenios de inflación más o menos galopante en Brasil y abrir la economía. Estas políticas se tradujeron en una retirada del Estado de la actividad económica y de la lucha directa contra la exclusión social. El plan de estabilización económica estuvo articulado en tres fases. La primera en marzo de 1994 fue la introducción de la llamada Unidad de Valor Real (UVR); la segunda en julio de 1994 con el cambio de moneda y la introducción del “Real” equivalente a 2,750 Cruzados Reales (la moneda precedente), mientras la tercera etapa incluyó medidas que permitieran adaptar la economía a la nueva realidad. Para controlar el crecimiento de la base monetaria se fijaron niveles muy altos de reservas obligatorias y se flexibilizó la política cambiaria, estableciéndose una banda de oscilación del real frente al dólar. A nivel fiscal, se mejoró la recaudación de impuestos, lo que permitió excedentes operacionales en 1993 y 1994, se creó un fondo de amortización de la deuda pública y se suspendió por algunos meses la apertura de créditos adicionales en el Presupuesto de la Unión. Se modificó la composición del Consejo Monetario Nacional, eliminando los representantes del sector privado, con lo que la política monetaria quedó básicamente centrada en las decisiones del Ejecutivo.

Un año después de la introducción del Plan Real, el gobierno de Fernando Henríque Cardozo tenía la inflación bajo control.^⁵³ Las privatizaciones marcharon de pari passu con la estabilización. Entre 1995 y 2003, fueron vendidas numerosas empresas públicas: corporaciones mineras, ferrocarriles, puertos, carreteras, telecomunicaciones, bancos y servicios de agua y saneamiento, electricidad y telefonía (incluyendo el gigante Telebrás en 1998). En total 115 empresas públicas fueron privatizadas, por un total de 69.000 millones de dólares, a veces con financiamiento del propio Estado (Chávez, 2007).^⁵⁴

El modelo tuvo su crisis en 1999 como resultado del déficit fiscal y de la sobre-valuación del real, que se conllevaba al déficit comercial y al creciente endeudamiento. El sistema bursátil y financiero fueron duramente atacado y, según Ginesta (2002), “...si la crisis no fue más grave, se debió únicamente al Presidente Cardoso, cuyo prestigio se basaba fundamentalmente en la estabilidad monetaria, en momentos en que se daba una encarnizada lucha por la reelección”. Se sacrificó gran parte de las reservas para hacer frente a la fuga masiva de capitales y mantener el tipo de cambio. En enero de 1999, después de la elección, el gobierno decretó la flotación lo que llevó a una fuerte devaluación, luego de lo cual el real se estabilizó nuevamente.^⁵⁵

México.

La política neoliberal fue aplicada sobre todo durante la presidencia de Salinas de Gortari, aun cuando las reformas habían sido iniciadas en la administración precedente (De La Madrid, 1982-1986), durante la cual Salinas ocupó el cargo de Secretario de Programación y Presupuesto. Desde 1982 se comenzó a hablar de la “obesidad” del Estado mexicano,^⁵⁶ y de la necesidad de reducirlo para cumplir mejor su función de proporcionar bienestar a todos los mexicanos, en un proceso que fue concomitante con una profunda reforma, reestructuración y modernización política.

Salinas, quién llegó el poder en una de las más discutidas elecciones de los últimos decenos,^⁵⁷ privatizó la banca nacional y otras grandes empresas del Estado, saneó las finanzas públicas consiguiendo un superávit fiscal y controló la inflación. Los fondos resultantes de la venta de empresas públicas fueron utilizados para modernizar la infraestructura, condición necesaria para mejorar la eficiencia de la economía y aprovechar al máximo las ventajas del Tratado de Libre Comercio (conocido como NAFTA, sigla en inglés de North American Free Trade Agreement) con EE.UU. y Canadá, que entró en vigencia en enero de 1994. El crecimiento económico se vio favorecido por la estabilidad y la baja inflación, lo que hizo que se afirmara que “México estaba a punto de convertirse en una nación de primer mundo”,^⁵⁸ y de hecho fue la primera de las economías emergentes en ser aceptada en la OCDE en mayo de 1994.

La popularidad y la credibilidad de Salinas crecían con la bonanza económica, lo que permitió proponer modificaciones constitucionales que dejaron definitivamente atrás los últimos restos del “nacionalismo revolucionario”. No obstante, muchos observadores hacían notar que la economía mexicana se encontraba en un equilibrio precario debido al peso sobrevaluado, acumulando desequilibrios externos - el déficit en cuenta corriente alcanzó 7% del PIB en 1994 - tanto más cuanto los acuerdos del NAFTA hacían mucho más permeables los flujos financieros entre México y sus vecinos del norte. La vulnerabilidad económica no era reconocida públicamente por los políticos del gobierno o por los medios adictos y la política de Salinas de Gortari era ampliamente alabada por los pensadores neoliberales, con Krauze, O. Paz y Vargas Llosa en testa.

La situación hace crisis en diciembre de 1994, con el llamado “error de diciembre”, conocido internacionalmente como “efecto tequila”, cuando sube a la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quién tuvo que asumir el costo político, primero de la fuga de capitales (iniciada ya en octubre de ese año) y luego de la devaluación, cuando se hizo pública la crítica situación de las reservas, lo cual obligó a decretar la flotación del peso.^⁵⁹ La devaluación suscitó pánico en los mercados cambiarios y financieros, primero de México y luego del resto del mundo.^⁶⁰ La bolsa de valores de México perdió cerca del 40% de su valor en enero de 1995 y la tasa de interés subió en más del 60%. La consecuencia fue una fuerte recesión, cientos de empresas pequeñas cerraron, creció el desempleo y el sector bancario en su totalidad fue declarado técnicamente en bancarrota. Salinas y Zedillo se acusaron mutuamente de ser causantes del “error”. Para el primero, fueron los problemas políticos (EZLN, asesinatos políticos), una mala implementación de la devaluación y la “criminal” información enviada a los empresarios, lo que debilitó la confianza de los inversionistas y aceleró la fuga de capitales, mientras para Zedillo, el “error” fue provocado por la decisión de no devaluar oportunamente, permitiendo que se acumularan los desequilibrios externos (Salazar, 2004).

Perú.

El gobierno APRA (social demócrata) de Alan García, al momento de entregar el mando en Julio 1990, dejó la economía en precarias condiciones y con una inflación galopante por encima del 60% al mes. Alberto Fujimori, candidato triunfante, prometía estabilización con medidas que en ningún caso eran liberales, gracias a lo cual recibió el apoyo del APRA y la izquierda en la segunda vuelta, lo que causó la ira de Mario Vargas Llosa, candidato de la derecha liberal, derrotado en esa elección con un programa muy parecido al que en la práctica, aplicó Fujimori.^⁶¹

En las primeras dos semanas, el nuevo mandatario decretó un importante paquete de medidas de ajuste económico que fue llamado el fujishock. Como esta política no dio los resultados esperados, llamó en febrero de 1991 al empresario Carlos Boloña Behr al Ministerio de Economía, con instrucciones específicas de profundizar las medidas, resolviendo los problemas estructurales que impedían la estabilización. La gestión Boloña se concentró en la política antiinflacionaria a través del equilibrio presupuestario, “aumentó y reestructuró los impuestos, consolidó la relación con el FMI y la banca internacional, que por fin se decidieron a apoyar el proceso de reformas, y tuvo que soportar presiones de todos los grupos que pretendían mayores recursos presupuestarios, entre ellas huelgas prolongadas de los maestros y del sector salud”.

Las medidas de ajuste y estabilización seguían la ruta ya trazada: eliminación del control de cambios, liberación de los precios - salvo para algunos alimentos y esto, por un período muy breve, eliminación de los subsidios a bienes y servicios públicos, fijación de bajos aranceles para los bienes importados y eliminación casi completa de las prohibiciones y otras restricciones no arancelarias, así como de las exenciones tributarias y los préstamos preferenciales al sector agrícola, los que fueron posteriormente eliminados definitivamente con la disolución del Banco Agrícola. El impuesto general a las ventas se fijó en un 14% (Sabino, 1999). Paralelamente se llevó a cabo un agresivo programa de privatizaciones, el cual, según Manco Zaconetti (1999) no fue del todo transparente: “se subastaron empresas públicas rentables, yacimientos mineros y petroleros, activos a 'precio de ganga'. Se transitó de monopolios públicos a monopolios privados y encubiertos, como [fue] el caso de la telefonía”. Agrega “Es evidente la precariedad del modelo ante «shocks externos» y sustentado en flujos de capital financiero especulativo, pago creciente de deuda externa, altas tasas de interés, en la venta indiscriminada de empresas públicas, control salarial, atraso cambiarlo, estancamiento agrario, etc.” lo que se traduce “no sólo en la ampliación de los niveles de pobreza, sino también en el amplio espectro social, empresarios, trabajadores organizados, campesinos, etc., que cuestionan la política económica”.^⁶²

3. Palabras finales: COMO ECHARSE AL BOLSILLO LA ética

El neoliberalismo ha hecho su camino en América Latina. Las doctrinas se han consolidado y las teorías se han experimentado, con disímiles resultados económicos, aunque en general mediocres.

Las elites económicas y sociales abrazaron la causa neoliberal como el mejor instrumento de defensa de sus intereses contra el socialismo expropiador y concomitantemente, consiguieron enajenar a bajo precio y con mecanismos no siempre transparentes, el patrimonio público, lo que les ha permitido ampliar sus fortunas privadas hasta niveles inimaginables, asociándose con frecuencia al capitalismo transnacional. Los siguieron - o los precedieron - en este camino doctrinal, los ideólogos neo liberales, los cuales se echaron al bolsillo principios democráticos para estar al lado del gobierno que aplicara las tesis individualistas, en posiciones que con frecuencia parecían más ligadas a las elites que al interés general. Es el caso por ejemplo del apoyo a las dictaduras del cono sur, a las posiciones frente al PRI de Salinas de Gortari en México (el de la dictadura perfecta de Vargas Llosa), o al entusiasta apoyo de Krauze y Merquior al conservador no liberal, Collor de Melo de Brasil.

Hayek fue en este sentido más coherente - o tal vez más cínico, cuando declaró que prefería una dictadura liberal a una democracia que atentara contra la libertad individual de emprender. Interpretándolo, Brunelle (2003) sostiene que el “punto ciego” de los “ultra liberales” se encuentra en su incapacidad de ver, entre el orden natural y el Estado, el papel histórico que han jugado los grupos, las clases sociales y los partidos políticos en las transformaciones del poder político, la misma ceguera que los ha llevado a considerar el terror político - la “dictadura liberal” del Hayek, como parte constituyente del orden natural.

Los abusos de las nacionalizaciones, que concretan el interés de las elites económicas de apropiarse de la propiedad pública, las reconocía Krauze en un discurso pronunciado el 21 de Febrero de 2006, cuando recordaba que la política de reformas económicas de Salinas de Gortari estuvo tachada de problemas políticos y aún de corrupción, lo cual habría deslegitimado no sólo la palabra “privatización” que es hoy un “concepto casi prohibido o negativo en el diccionario político de América Latina”, sino también el de liberalismo que “fue la ideología que fundó a nuestras naciones”. Algo parecido serían las “irregularidades” admitidas por Rolf Lüders para las ventas del patrimonio público efectuadas por la dictadura chilena, y tantas otras denuncias que cruzan la historia del subcontinente.

Para Martins (2003), tratar de ser antiliberal hoy se ha hecho una tarea “difícil y hasta peligrosa, en condición de poner en riesgo las mas sólidas reputaciones”. Quién no es o no quiere ser liberal y trata de combatir el liberalismo en nombre de alguna concepción alternativa, “enfrenta un terreno minado lleno de trampas que inducen a error o exponen los incautos a críticas inmerecidas”. Y sin embargo, como señala Ainsa (2006), el funcionamiento de regímenes democráticos cada vez más identificados con formas extremas del neoliberalismo, pone en riesgo la legitimidad democrática al verse cada vez más sometida al modelo, con principios canónicos aplicados en nombre de supuestos técnicos que no aceptan lecturas alternativas. De esta manera agrega, el creciente abandono de los cometidos esenciales del Estado consolida la desigualdad socioeconómica en aras de una presunta igualdad política, lo que se traduce en conformismo e indiferencia ciudadana. Divorciada de la sociedad civil, la vida política gira alrededor de sí misma y los partidos pierden sus referentes en la base social. La política se convierte en partidocracia, buscando como mantenerse en el poder o asegurar su propia estructura antes, lejos de las normas éticas que deberían regirla.

El balance económico de un tercio de siglo de neoliberalismo también aparece muy por debajo de las expectativas y ventajas que argüían sus promotores y de las esperanzas que suscitó en su momento. Es cierto que las políticas monetaristas han permitido un control generalizado de la inflación, pero las privatizaciones que las acompañaron, la reducción del aparato estatal y la destrucción del Estado solidario que contribuía a la redistribución del bienestar en favor de los más débiles, se ha traducido en polarización de la riqueza y empujado a la pauperización y la indefensión a capas significativas de la población de todos los países, trayendo además consigo, con la desregulación, un enorme daño ambiental.

A este costo social se agrega el que las tasas de desarrollo no hayan sido mejores que las logradas en los años del crecimiento “hacia adentro”. Como señalaba Joseph Stiglitz al diario El Mercurio de Santiago el 8 de junio de 2006 “... en China la liberalización [ha permitido] que más de 300 millones de personas salieran de la pobreza, [mientras] en Latinoamérica deja mucho que desear. En los últimos quince años ha crecido prácticamente lo mismo que en los años setenta y ochenta con sus propias políticas”. La excepción en la región, sería Chile, debido “... en parte, a que no siguió al pie de la letra las reglas establecidas por el Consenso de Washington. Adaptó las políticas a su realidad manteniendo conceptos como la equidad y el combate de la pobreza”. Argentina en cambio, uno de los países que más se liberalizó y más siguió las recetas, es uno de los que ha resultado más perjudicado. Bolivia también fue un alumno disciplinado, pero la población no ha visto las ganancias”.

Cifras en la mano, podemos ver que en los 18 años que van de 1990 hasta 2008, el alto crecimiento se alterna con tasas bajas o negativas,^⁶³ con un magro promedio de 2,8% para el último decenio del siglo y de 3,2% para los primeros nueve años del presente, cifras que mal se comparan con los promedios estimados por Bulmer-Thomas (2003) 5,3% y 5,4% para los dos decenios que van de 1950 a 1970. Las causas están seguramente en la ortodoxia interesada de las elites y en los gobiernos sumisos a éstas, puesto que el modelo dogmático promueve y mejora el ambiente de los negocios. Stiglitz (2004) señala que se ha confiado demasiado en el “fundamentalismo del mercado”, en la creencia que éste lleva por sí mismo a la eficiencia económica, relegando las políticas redistributivas a otros mecanismos. Apunta a la necesidad de un consenso “post-Consenso de Washington”, el que no se puede limitar a señalar los errores cometidos, ni de ir contra las “políticas macroeconómicas disciplinadas, el uso de los mercados y la liberalización del comercio”, sostenidas por John Williamson, sino buscar un enfoque “menos centrado en la estabilidad de precios y con más de atención en favor de las intervenciones en los mercados.” ^⁶⁴

Las dictaduras militares del cono sur se impusieron en su momento como una alternativa “democrática”, ante el “totalitarismo marxista “, cuando en realidad sólo se buscaba impulsar y experimentar un modelo neoliberal que consolidara el poder de los grupos económicos nacionales e internacionales, reduciendo de pari-passu el rol de Estado y el riesgo del estatismo.^⁶⁵ Aunque en otros países el modelo se implementó sin dictadura militar, la argumentación fue siempre la misma, estado “obeso” o hipertrofiado, ineficiente, iliberal, constringente de las libertades individuales, etc. consiguiendo estructurar de esta manera un sistema que domina y controla, a través del poder económico, los acontecimientos políticos y sociales. En una perspectiva foucauldiana, podemos decir que se estructuró de esta manera un modelo que “justifica el dominio de una fuerzas sobre otras”, consiguiendo así mantener “…a raya cualquier diferencia que en su momento pudiera hacerlo vacilar en sus normas y su prestigio” (Giannini, 2009).

El problema contingente y necesario parece ser hoy, romper con estas estructuras para independizar la política del poder económico, separando los conceptos de neoliberalismo y de democracia, la cual debe reposar esencialmente en los intereses de las mayorías, quebrando con el modelo estructural de poder enquistado en el sistema político.

La cuestión es pertinente en un momento en que el péndulo viene de vuelta y que tantos comienzan a preguntarse si la hipótesis del Estado mínimo y del individualismo a ultranza es siempre válida, y si en aras de una mayor democracia el Estado no debe recomenzar de manera activa su función redistributiva, perdiendo el miedo a una política activa de intervención del Estado en la economía.

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2 La ciencia política como disciplina, remontaría a los griegos. Aristóteles se refería al hombre como "animal político" (zoon politikon); los términos sociedad y política se entendían como un único concepto, viendo en la vida política no una parte de la vida, sino su totalidad. Así la política ha sido el crisol filosófico del cual se han derivado otras disciplinas sociales, como por ejemplo la economía en un sentido social (“economía” en su significado original era la “administración de los bienes domésticos”; etimológicamente la palabra deriva del griego óikos= casa y nómos= norma).

4 En realidad, la economía política era originalmente una disciplina destinada a la formación del hombre de estado, de iniciación a la acción política (es decir en directa relación con la política). Según Guitton (1976) el primer tratado de economía política habría sido escrito en 1615 (Traité d’Œconomie politique, escrito por Antoyne de Monchcrétien, dédié au Roy et à la Reine, Mère du Roy). Se trataba de un conjunto de preceptos destinados para la administración del patrimonio de la cité, aunque más adelante el concepto evolucionó a temas más económicos, fundiéndose hoy, por ciertos aspectos, con el de análisis económico.

8 En Voltairenet.org, versión francesa [http://www.voltairenet.org/fr], se lee cuanto sigue: «Le colloque Walter Lippman (1938) auquel participent Mises et Hayek est l’occasion de rassembler des universitaires libéraux hostiles au fascisme, au communisme et à toutes les formes d’interventionnisme économique de l’État ». En notas al final se agrega: «Le colloque réunit vingt-six intervenants. Le philosophe Raymond Aron rencontre Hayek, alors professeur à la London School of Economics et son mentor Mises, professeur à Genève. Ces contacts seront confirmés lors de la mise en place du Congrès pour la liberté de la culture».

14 Dos escuelas dominaban hasta ese momento en las hipótesis del desarrollo: la estructuralista y la socialista o neo marxista, ambas centradas en la idea de la dependencia centro-periferia como explicación al subdesarrollo. El “padre” de la teoría de la dependencia habría sido un norteamericano, Paul Barán, portavoz del grupo norteamericano de la revista Monthly Review quién fue uno de los primeros que planteó la hipótesis que desarrollo y subdesarrollo son procesos interrelacionados. Sostenía que al concluir el ciclo colonial, la continuidad de la dependencia imperialista estuvo asegurada por la reproducción de las estructuras políticas y socioeconómicas de la periferia, de acuerdo con los intereses de los centros de poder (Servaes, 2000). Las ideas de Baran y su grupo prendieron entre muchos investigadores y sociólogos del desarrollo, en particular de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ambas con sede en Santiago de Chile. De esta manera, se constituyo en éste país, desde fines de los años cincuenta, un núcleo de pensadores que por más de una década, exportó el modelo profusamente hacia América Latina e incluso fuera de ella. El modelo estructuralista fue propuesto por Singer, Prebish y otros economistas como un modelo de "dependencia" por cuanto postula que (1) como la elasticidad de la demanda por bienes primarios en los países desarrollados es baja, mientras la elasticidad de la demanda por bienes industriales de los países subdesarrollados es alta, existe una tendencia desfavorable para los países menos desarrollados; (2) los bienes primarios (que constituyen los mayor parte de las exportaciones latinoamericanas) se venden en mercados competitivos, mientras los bienes industriales se venden en mercados monopolistas; y (3) los aumentos de productividad en los bienes primarios eran mucho más bajos que los aumentos de productividad de los bienes industriales. Estos tres argumentos permitían concluir en una dependencia económica de la periferia hacia el centro, que solo se podía romper con la constitución voluntarista de una base industrial. El modelo neo-marxista deriva también de los planteamientos de Baran, pero sostiene que los conceptos de desarrollo y crecimiento económico sugieren una transición de algo que es viejo hacia algo que es nuevo, lo cual sólo puede lograrse mediante una lucha contra las fuerzas conservadoras y retrógradas, que conlleve a un cambio radical de la estructura social, política y económica (Deves, 2004).

15 La represión de los mercados financieros se manifiesta principalmente a través de la fijación de las tasas de interés por debajo del nivel de equilibrio, pero también con el racionamiento del crédito, impuesto por la autoridad o decidido por los mismos bancos, como consecuencia de las tasas de interés limitadas. Esto se traduce en una reducción de la eficiencia económica del entero sistema, porque los préstamos se acuerdan con criterios no financieros, se segregan los clientes más costosos (por ejemplo los más pequeños o aquellos que el gobierno no autoriza a financiar), se limita la movilización del ahorro, etc. Cuando caen los niveles de ahorro, el Estado y/o el Banco Central se constituyen en las fuentes principales de refinanciamiento, restringiendo el rol del mercado financiero y de los bancos.

16 Un déficit público crónico financiado sobre emisión inorgánica, se traduciría en inflación por aumento de la cantidad de dinero sin contrapartida productiva. Aunque existen teóricos, principalmente keynesianos, que sostienen que esto no es intrínsicamente malo, este es el punto principal que diferencia la llamada teoría keynesiana y la teoría (neo) monetarista de Friedman y sus seguidores. La experiencia de la lucha contra la inflación ha demostrado la validez de las tesis monetaristas.

20 Citado por Juan T. López, “Hayek, Pinochet y algún otro más”, El País (España) del 22 de Junio de 1999. Las declaraciones fueron formuladas con motivo de su visita a Chile para participar en la reunión de la Sociedad Mont Pellerin, que tuvo lugar en Viña del Mar en 1981. John Quiggin señala sin embargo “I should say that, despite a fair bit of effort, I haven’t been able to verify this quote, but it’s been widely circulated and never denied, and the Mont Pellerin meeting in Chile certainly took place” (en [http://johnquiggin.com/index.php/ archives/2002/09/12/hayek-and-pinochet/]).

22 Cuando se hacen análisis retrospectivos y se crítica el modelo de desarrollo “hacia adentro” implementado en esos años, no siempre se toma en cuenta el impacto dramático de la crisis de 1930. Entre 1928 y 1932, los precios de los productos de exportación latinoamericanos cayeron a un 36% (1928=100) y los volúmenes exportados a un 78%. El efecto conjugado de ambos valores, determinó que el poder de compra de las exportaciones cayera a sólo un 43% del monto precrisis. El caso más dramático fue el de Chile cuya capacidad de compra cayó a 17%, la caída más fuerte de América Latina y una de las más severas en el mundo para un período tan corto, según Bulmer-Thomas (2003).

25 Sin embargo, no todos los países latinoamericanos asumiendo el modelo de desarrollo “hacia adentro”. Bolivia, Paraguay y Perú, con una base industrial mas limitada, volvieron al modelo de desarrollo exportador, después de fracasos en la implementación del modelo de desarrollo “hacia dentro”, mientras Venezuela y Cuba (hasta el triunfo de la revolución castrista), nunca lo adoptaron, como consecuencia seguramente de su riqueza en commodities (Bulmer-Thomas, 2003).

28 De los mencionados en este artículo, destacan Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, escritores prestados a la política y a la sociología; José Guilherme Merquior, pensador brasilero, filósofo, jurista y sociólogo, además de diplomático; Enrique Krauze, mexicano, ingeniero industrial con un doctorado en historia, profesor universitario, activo columnista y crítico literario que sucedió a O. Paz en la dirección de la revista Vuelta y actualmente dirige la revista Letras Libres.

29 Krauze (1992) en un elogioso escrito póstumo sobre Merquior, señala: “no se sustrajo - ninguno de esa generación pudo hacerlo - a la seducción del marxismo. Con todo, según recuerdan sus amigos, marxistas de entonces y de ahora, descreyó siempre del tronco ortodoxo de esa ideología y prefirió bordearla a través de Lukács y Gramsci. El bombardeo milenarista de la Escuela de Frankfurt lo curó de dogmatismo”. Espinosa y Zúñiga (2002) sostienen que a partir de 1972 el debate teórico-político en México se dividía en dos corrientes: por un lado, la que se definía como “nueva izquierda”, seguidores de la revista Revueltas y hermética a la vieja guardia comunista, y por otro lado la de los intelectuales conocidos como “liberales” (muy ajenos a las vertientes “roja” y jacobina de la Reforma y la Revolución). Ambos - que existen hasta ahora aunque con algunas variantes y reajustes - se dividieron en corrientes y publicaciones definidas: los primeros con La cultura en México y Nexos al final de los 70. Los segundos con Octavio Paz, en Plural (en su primera época) y Vuelta, y ahora con su actual heredera universal: Letras Libres de Enrique Krauze.

32 Raymond Aron, filósofo y sociólogo francés (1905 – 1983). Fue uno de los grandes analistas de la sociedad actual y de la actuación de los intelectuales de izquierda. En la página del Cercle Raymond Aron [http://cercleraymondaron.free.fr] se encuentra cuanto sigue (la traducción es del autor): El otro punto crucial del pensamiento político de Aron es su libertad frente a los dogmas. Desarrolla antes que nadie, el concepto de «religión secular » en artículos que aparecieron en «La france libre» en 1944. Ateo, descubre lo que tienen de religioso los tres grandes movimientos paganos y antireligiosos del siglo: el socialismo, el comunismo y el nazismo, presentándolas como «religiones de salud coletiva». Estudió además profundamente los totalitarismos, especialmente en «el opio de los intelectuales» (L'opium des intellectuels), libro que desencadena el odio de los existencialistas e hace felices a los gaullistas, los mismos que se sienten golpeados ante la noción de fe que reviste para algunos la adhesión a De Gaulle (y de los cuales se había atraído el odio, durante la guerra, en 1940, justamente por sus posiciones anti personalistas).

34 El proyecto de colaboración entre ambas universidades recibió la nada ambigua denominación de “Proyecto Chile”. La elección de la Universidad Católica por parte de los norteamericanos no fue fruto del azar. El interés norteamericano por Chile y por esa universidad en particular, que se caracterizaba en la época por un cierto “clasismo”, sugiere un objetivo adicional: “neutralizar, o a lo menos atenuar, la manifiesta influencia sub-regional exhibida tanto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con sede en Santiago, como por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Instituciones que aplicaban, en la docencia e investigación, un enfoque estructuralista”. Para la parte chilena, el convenio representaba además una posibilidad de modernización académica e institucional con una perspectiva diferente a la promovida por el estructuralismo o el marxismo. Para los norteamericanos, representaba la posibilidad de influir en la formación de economistas latinoamericanos permitiendo difundir un modelo diferente de desarrollo económico, centrado en el mercado, en la reducción del tamaño y la intervención del estado, privatizador y descentralizador de la actividad económica (Cáceres, 1994).

35 En los años ’60, el mismo canal, que suponía una importante ayuda económica para los estudiantes, se abrió también con Argentina. Sobre esto, Arnold Harberger, que ha dedicado toda su vida al proyecto sudamericano, lo describe como sigue: “Ahora los latinos pueden andar donde quieren pero en esa época no era así. Mientras en Chicago se podían encontrar 40 o 50 estudiantes sudamericanos sobre una población total de 150 a 180, en Harvard habían posiblemente tres o a cuatro y en el MIT cinco o seis” (Comelli, 2003; traducción del autor). No hemos encontrado información objetiva (nombres, cargos públicos) sobre el impacto político de los estudiantes de la U. de Chicago en otros países de América Latina.

38 Se ha señalado que la vinculación de la Marina con los economistas de Chicago explicaría la designación del Almirante José Toribio Merino a la cabeza del Comité Económico de la Junta Militar que gobernó el país desde el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. De Castro (1992), en el prologo de El Ladrillo señala sus principales autores: “Inicialmente trazaron las líneas generales Emilio Sanfuentes, Sergio de Castro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga”. Como “…era obvio que la tarea era inmensa y superaba con creces a este pequeño grupo. A inicios de 1973 [se incorporaron] Juan Braun, Rodrigo Mujica, Alvaro Bardón, Juan Carlos Méndez, Juan Villarzú, José Luis Zavala y Andrés Sanfuentes. Participaron “esporádicamente [...] José Luis Federici, Ernesto Silva, Enrique Tassara y Julio Vildósola [y en no] pocas las oportunidades” también participó a las reuniones Jaime Guzman Errázuriz, futuro redactor de la constitución de 1980. En paralelo con la elaboración del “programa de desarrollo económico”. “Sergio Undurraga […] Arsenio Molina, Jorge Cheyre. Gerardo Zegers de Landa y Ramiro Urenda” realizaban estudios de la “coyuntura económica” los que sirvieron de base para la “Exposición de la Hacienda Pública, efectuada en octubre de 1973 por el primer Ministro de Hacienda del régimen militar, Contralmirante Lorenzo Gotuzzo”.

39 En 1979, el gobierno informó públicamente que “habiéndose lograda la reconstrucción nacional, el gobierno pasará en adelante a ser de modernización nacional. La modernización se debía dar en siete áreas: la política laboral, la seguridad social, la educación, la salud, la descentralización regional, la agricultura y el aparato judicial” (Foxley, 1988). Poco a poco, la dictadura modificó profundamente en los años siguientes el sistema económico y social, comenzando con las leyes laborales (el Plan Laboral entró en vigencia en junio de 1979, y determinó la exclusión de las organizaciones de los trabajadores en los conflictos colectivos), desmantelando y privatizando todo el sistema de seguridad social y de salud, para terminar con la privatización de la educación (La Ley Orgánica Constitucional de la Educación fue rubricada por Pinochet el día antes de dejar el cargo en 1990).

40 Según Vergara (2003), las pérdidas para el Estado excedieron los 1.900 millones de dólares, mientras para Fazio (2005) la “…Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, […], estimó en US$ 2.500 millones en cifras de la época, las pérdidas públicas producidas”. Se calcula que “las pérdidas anotadas en esa treintena de sociedades [privatizadas] equivalía a un 6,4% del PIB. Dicho porcentaje, en cifras del año 2005, suma más de US$ 6.500 millones”.

41 En 1982 el PIB cayó un 13,6% y el déficit en cuenta corriente alcanzó 9,5%. En junio de ese año se devaluó el peso perdiendo en menos de dos meses la mitad de su valor y la cartera vencida bancaria se hizo insostenible. El 13 de enero de 1983, el ministro de Hacienda Rolf Luders ordena intervenir cinco de los principales bancos y liquidar otros tres. En total entre 1982 y 1986 el Estado intervino y cerró 16 instituciones financieras, estimándose que el costo total de la crisis bancaria representó 10,6% del PIB por concepto de liquidación de instituciones y de 6,7 % del PIB como costo (neto) incurrido en la compra de cartera insolvente (Sanhueza, 2001). La deuda externa alcanzó 110% del PIB, cinco veces las exportaciones con reservas internacionales cubrían apenas 8% de lo adeudado (Agacino, 2005). Anecdóticamente vale la pena recordar que hasta hoy se discute entre los ideólogos “ortodoxos” y “sensibles socialmente” del modelo porque mientras los primeros (encabezados por Sergio de Castro) atribuyen las causas de la crisis a la inflexibilidad de los salarios y que la solución pasaba por reducirlos, los otros (p. ej. Jose Piñera), alegaron la necesidad de devaluar.

42 El que fue potente biministro de Hacienda y Economía en el momento más álgido de la crisis, Rolf Lüders, estaba estrechamente relacionado con el grupo Vial a través del Banco Hipotecario de Chile, el segundo más importante del país en ese momento, fuertemente comprometido en las deudas relacionadas. El evidente conflicto de intereses llevó a su destitución y enjuiciamiento, aunque finalmente fue absuelto por la Corte de Apelaciones en un juicio que duró casi 20 años. Como dato anecdótico, el propio Rolf Lüders reconoció ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, “irregularidades” en las privatizaciones de empresas del Estado durante la dictadura.

43 Aunque el modelo que dejó el gobierno militar sufrido numerosas modificaciones, la economía chilena se caracteriza aún por ser una de las más abiertas y liberales del mundo. Los gobiernos democráticos que se han sucedido desde 1990 han introducido sólo correcciones de cosmética, aunque la presión social y los intereses de algunos grupos políticos de derecha - deseosos de acceder algún día al gobierno, los hace ser cada vez más abiertos a aceptar medidas correctivas, aceptando por ejemplo los subsidios o las políticas de seguridad social pública.

48 Entre 1992 y 1993, se vendieron 26 empresas públicas, obteniéndose alrededor de 30 millones de dólares. Con la aprobación de la Ley de Capitalización en 1994, se transfirieron al sector privado cinco de las seis empresas públicas más importantes, de los sectores eléctrico (ENDE), telecomunicaciones (ENTEL), transportes (ENFE y LAB) e hidrocarburos (YPFB). La capitalización de estas empresas permitió comprometer inversiones superiores a 1.671 millones de dólares. Más adelante, el proceso continuó entre 1994 y 1999, con la privatización de empresas públicas medianas y pequeñas (Escobar y Vásquez, 2003).

51 El Gobierno de Fernando Collor de Melo, que tantas esperanzas había suscitado entre los liberistas (Cf. por ejemplo a Krauze: América Latina: el otro milagro, 1990), y cuyo discurso de investidura fue escrito por el propio José Guilherme Merquior, en el cual se tachaba la historia brasilera como una sucesión de desastres y al Estado brasileño de manera extremadamente negativa, terminó con su “impeachment” y posterior renuncia a fines del 1992, siendo reemplazado por el vicepresidente Itamar Franco. Collor lanzó dos planes de estabilización económica, para tratar de frenar la inflación galopante, ambos igualmente ineficaces y en realidad nunca aplicó recetas neoliberales.

52 Se pregunta Cruz (2005) “porque Vargas y no los militares” que terminaron con la experiencia democrática en 1964. El punto es que a pesar de la represión del gobierno militar, la política económica brasilera se inscribe prácticamente en una misma línea de continuidad, desde Getulio Vargas en los años ‘40, hasta Collor de Mello en 1994. Los militares (a diferencia de lo que hizo Pinochet en Chile), se dedicaron sólo a perfeccionar el modelo existente, no a destruirlo o modificarlo.

57 Según Campuzano (2002), la candidatura de Carlos Salinas de Gortari fue vista en el gobernante PRI como un afianzamiento de las políticas neoliberales, las que no eran compartidas por todos los grupos internos. La elección el 6 de julio de 1998 fue una de las más polémicas de la historia reciente de México. Las irregularidades que contribuyeron a sembrar dudas sobre los resultados fueron, entre otras, la lentitud y posterior caída del sistema de cómputos, seguida por la proclamación, a la una de la madrigada del 7 de julio, del triunfo de Salinas; el incremento de la abstención electoral, que bajó de un 25% en 1982 a más del 48% en 1998, cosa difícil de explicar en una elección que suscitaba tal interés; el incendio accidental de las boletas de votación, que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar el supuesto fraude.

65 El premio Nóbel y miembro de la Sociedad Mont Pellerin Gary S. Becker, a 24 años del golpe militar chileno argüía en un artículo titulado "lo que Latinoamerica debe a los 'Chicago Boys'", (" What Latin America Owes to the 'Chicago Boys'"), que éstos "tuvieron que argumentar acaloradamente para trabajar con Pinochet", quién sólo después que "fracasó su voluntad" de dirigir la economía de manera planificada "a la manera militar", "en su desesperación", se volvió hacia las "políticas de mercado defendidas por los chicagoenses, [y,] mirando hacia atrás, su voluntad de trabajar para un dictador cruel e iniciar un enfoque económico diferente, fue una de las mejores cosas que le pasaron a Chile". (En [http://www.hoover.org], la traducción es nuestra). Más allá del juicio de valor, que es seguramente subjetivo, estas afirmaciones son evidentemente falsas como hemos señalado en este documento.

(*) ABSTRACT

The first part of this article analyzes the evolution of liberal thought, where the philosophy intersect with economy in its more than centenary dispute with the other stream of political thought: socialism. The second part analyzes the views of some prominent Latin American intellectuals who have interpreted and defended the philosophical principles of neoliberalism, as well as the practical results of this doctrine implantation's in Latin America, starting with the Chilean experience early '73, until their generalization under the Washington Consensus, with a brief assessment of its economic impact in selected countries. It concludes pointing as neo-liberal intellectuals, in defense of the doctrine and against all ethics, accepted and justified the liquidation of much of public assets to the private sector, without adequate compensation in terms of welfare for the population.

KEY WORDS: Latin-America, Liberalism and neoliberalism, economy, Washington Consensus.