Noviembre 2010

El movimiento indígena en Ecuador
Antes y después del golpe Ojarasca

Pasados los momentos álgidos de la crisis política e institucional que se vivió en Ecuador, en una primera apariencia por la insubordinación de un grupo de la Policía Nacional del cuartel más grande de Quito, que rápidamente tomó visos de una intentona de golpe de Estado y culminó con la declaratoria de estado de sitio, se vislumbra el reacomodo de los movimientos sociales, fundamentalmente el indígena, que claramente condenan a la derecha golpista que está detrás del conflicto, pero que de ninguna manera le extienden un cheque en blanco al presidente Rafael Correa, que ha dado demasiados guiños a la derecha hegemónica que prácticamente cogobierna, triunfante, con el proyecto de la “revolución ciudadana” impulsada por su gobierno.

En el contexto anterior al levantamiento, impulsado desde la derecha se aprobó una serie de leyes en las que la Asamblea (parlamento), con mayoría de Alianza País, ha jugado un triste papel de entrega al presidente, quien con sus vetos ha modificado el espíritu y la esencia de muchas leyes, como las de Aguas y Soberanía Alimentaria, que de cualquier forma estaban viciadas de ambivalencias y excepciones. Esto le generó enfrentamientos con todos los frentes posibles: indígenas, universidades (por la Ley de Educación Superior), transportistas (Ley de Tránsito), maestros (Ley de Educación), entre otros, y finalmente, con los servidores públicos, entre ellos la policía. Lucio Gutiérrez, el advenedizo y gris militar que llegó a la presidencia tras pactar con el entonces poderoso movimiento indígena de Ecuador, para después romperlo y ponerse a las órdenes de Washington, aparece como entonces como un factor útil ¿a quién?

Según fuentes consultadas por Ojarasca en la capital ecuatoriana, la alianza con los grupos de la derecha ha servido a Correa “para consolidar sus bases de poder político y económico. No podía ser más perfecta su figura de aparente tinte moderado que gobierna con un discurso ‘socialista’ y con políticas liberales”.

Los hechos del 30 de septiembre se produjeron “en medio de un enrarecido clima político marcado por los viajes de la oposición partidaria a Washington para ‘denunciar la dictadura de Correa’, y la persistencia, por otro lado, de una confrontación con las organizaciones sociales y de trabajadores”, según consigna a su vez David Suárez Changuan, de la Universidad Central de Quito y colaborador del Observatorio por los Derechos Humanos en Ecuador (revista virtual Desinformémonos, número 12, octubre).

Apenas una semana antes de los actos anticonstitucionales perpetrados en Quito, condenados en su momento por todas las organizaciones sociales que desde la izquierda se oponen a las políticas neoliberales del actual gobierno, se reafirmó, por ejemplo, la confrontación entre los movimientos que se oponen a la minería a gran escala y el presidente Correa. En una declaración conjunta, las nacionalidades y pueblos del sur reunidos en Gualaquiza el 17 de septiembre dijeron: “Frente a la continua criminalización de la lucha y la persecución judicial contra los dirigentes de las organizaciones sociales y populares, como es el caso de Pepe Acacho, presidente de la FICSH, quien junto con otros 30 dirigentes han sido acusados del delito de sabotaje y terrorismo por participar en las protestas por la defensa de la soberanía y la naturaleza, y frente al violento e injustificable operativo policial de desalojo a pequeños mineros en la zona de Conguimi (Kenkuim) del cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, que interrumpió un diálogo en curso que estaba dando salidas a los problemas generados por la pequeña minería informal, en gran medida controlada por ciertos sectores de poder económico de la provincia, y causante de graves daños socio ambientales, nos preguntamos qué pretende el gobierno nacional. ¿Acaso seguir limpiando de obstáculos el impulso de la actividad minera de gran escala controlada por empresas transnacionales, generando un ambiente de terror y zozobra?”.

El mismo 30 de septiembre, señala Suárez Changuan, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) se preguntaba: “¿Cómo apoyar a un gobierno que ha recrudecido la represión y persecución contra líderes antimineros en Azuay? ¿Cómo ponerse de parte de un gobierno que sistemáticamente ha desmantelado los espacios conquistados por los indígenas para mantener autonomía en educación, salud, desarrollo social, etcétera? ¿Hay efectivamente un golpe de Estado? ¿Dónde se ha configurado, quien lo está llevando adelante? ¿Cuáles son los intereses más importantes de los pueblos y de los trabajadores en el país?”.

Finalmente, en el debate la CONAIE sostuvo una posición clara: “Aunque la intransigencia de Correa y su actitud prepotente frente al diálogo con las organizaciones sociales haya provocado una situación de descontento de los de abajo que están organizados, lo cierto es que el movimiento de tropas en la policía y los militares no responde a la dinámica de abajo”, apunta Suárez Chaguan. “No hay ninguna ilusión posible con un movimiento que persigue demostrar que la extrema derecha existe y goza de buena salud en partes importantes del aparato estatal. La CONAIE decide condenar el golpe y define que la única forma de defender la democracia es hacer la revolución de manera profunda y verdadera. Llama al gobierno a resolver el diálogo pendiente con los trabajadores y organizaciones sociales”.

Seis días después, el 6 de octubre, ya con los ánimos en calma pero aún en estado de sitio, la CONAIE y el Bloque Pachakutik advierten “que nunca hubo ningún intento de golpe de Estado, mucho menos un secuestro (del presidente Correa), sino un hecho que responde a una desacertada conducción política del gobierno que trae el descontento popular, por las permanentes agresiones, discriminación y violaciones de los derechos humanos consagrados en la norma constitucional”.

Ante “los pronunciamientos realizados en los últimos días sobre los supuestos aportes de USAID-NED para las organizaciones indígenas”, el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, expuso en un comunicado: “Rechazamos categóricamente que la CONAIE, el Movimiento Político Pachakutik, los pueblos y nacionalidades tengan relación alguna con el organismo de USAID, NED antes, hoy ni nunca”.

La vinculación del movimiento indígena con la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), es la primera de una serie de acusaciones que, se prevé, se lancen desde el gobierno contra la resistencia a las políticas neoliberales. “Por el contrario conocemos que este organismo financia los ‘programas sociales’ de este Gobierno, como el Socio Bosque; eso sí es condenable”, declaró la CONAIE.

Qué sigue, se pregunta Suárez Chaguan: “¿Clausurar las arcas del diálogo frente a todos los que condenamos el golpe pero nos tornamos escépticos frente a las banderas verdes y el ánimo de epopeya que no reemplazan la necesidad de transformaciones profundas? ¿Habrá cacería de brujas, buscando golpistas en los movimientos sociales, en los contradictores de izquierda fundamentados, los ecologistas y ambientalistas? O habrá diálogo y reconsideración para fundar —al ver la debilidad de la ocupación temporal de un Estado— esa otra política que sólo puede arraigar en los movimientos que nacen de la profundidad. De la necesidad de un socialismo que no precisa del Estado para defender la lucha por lo sustancial, la sociedad autogestionaria de los productores directos”.

Ojarasca

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